El Tribunal Constitucional perdona la malversación a un alto cargo condenado por el caso de los ERE de Andalucía
Los exconsejeros de la Junta también se ven exonerados pero el tribunal ordena a la Audiencia Provincial emitir una nueva sentencia
BarcelonaEn medio de la polémica por el portazo del Tribunal Supremo a excluir el delito de malversación de la ley de amnistía, el Tribunal Constitucional, que podría forzar al alto tribunal a modificar su interpretación, ha exonerado de este delito varios condenados por el caso de los ERE de Andalucía. Y lo ha hecho gracias a la mayoría progresista de siete magistrados frente a los cuatro de la minoría conservadora. El primer recurso que estimó parcialmente fue el de Miguel Ángel Serrano, director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que era la encargada de pagar las ayudas de los ERE. Este miércoles ha continuado con el del exconseller de Empleo Antonio Fernández García, la persona que tenía una mayor condena, de 7 años y 11 meses de prisión, por prevaricación y malversación; el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el del exconseller de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y el del exconseller de Innovación Francisco Vallejo.
En todos los casos de los exconsejeros, el tribunal ordena ordena retroatraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte una nueva sentencia que no excluye la posibilidad de condena. Con estas decisiones, el TC allana el camino para anular la malversación al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años de cárcel por haber mantenido un sistema ilegal de subvenciones entre el año 2000 y el 2011 que les habría permitido repartir de forma arbitraria hasta 680 millones de euros. Su antecesor, Manuel Chaves, también fue condenado, pero a tan sólo 9 meses de inhabilitación por prevaricación. Básicamente, lo que dice la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, es que las fórmulas de concesión de ayudas sociolaborales supuestamente ilegales estaban reguladas a partir de 2002 a través de los proyectos de presupuestos. Y los tribunales no pueden hacer un control de su legalidad por respeto a la separación de poderes, defiende.
La imprevisibilidad
“Nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por el delito de malversación, es decir, por la disposición ilícita de fondos públicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula específicamente el supuesto de hecho en que este individuo se enfrenta en su condición de autoridad o funcionario público. La ley en cuestión, mientras no sea declarada inconstitucional, debe considerarse válida", argumentaba este martes el TC sobre la vulneración del derecho a la legalidad penal. Ahora bien, hubo actas de disposición de fondos que no estaban previstas en el llamado programa 3.1 L de las leyes de presupuestos que, estos sí, podrían ser delictivos, apunta el tribunal.
Para Fernández, el TC rechaza que se hayan lesionado sus derechos a la presunción de inocencia ya la tutela judicial efectiva. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y de la magistrada Concepción Espejel. La sentencia sobre Serrano consideró que también se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y en eso discrepaba Segoviano. y 17 años de inhabilitación absoluta. Es uno de los cinco condenados que están cumpliendo pena de prisión. El pleno abordó el caso de Serrano Aguilar después de que el 18 y 19 de junio resolviera los recursos de amparo de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; en la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena por prevaricación y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.
Estas decisiones están comportando fuertes críticas de la derecha, hasta el punto de que el PSOE se está planteando presentar una querella por delito de odio contra Vox. Además, el partido en Andalucía ha comunicado que aceptará el regreso a la formación a todas las personas exoneradas.