Del Tribunal de Cuentas al escolta de Puigdemont: las causas judiciales pendientes
La concesión de los indultos solo afecta a los 9 condenados a penas de prisión en el juicio del Procés que se hizo en el Tribunal Supremo en la primera mitad del año 2019. Por lo tanto, deja fuera todo el resto de causas abiertas contra miles de personas, unas 3.000 según los cálculos de Òmnium Cultural, y que se mantienen vivas en diferentes juzgados e instituciones de la administración del Estado, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Desactivarlas será uno de los retos de la nueva etapa de diálogo entre el gobierno español y el catalán. Este es un resumen de las principales causas pendientes:
El juzgado nº 13 y el TSJC
La Audiencia de Barcelona reabrió hace poco el sumario del juzgado de instrucción número 13 para tomar nuevas declaraciones a los 29 investigados por malversación, desobediencia y prevaricación, entre otros. La causa es la génesis del entramado judicial contra el 1-O y hay una derivada aen el TSJC con Lluís Salvadó y Josep Maria Jové. Meritxell Serret también está pendiente de juicio.
Los alcaldes
El ex conseller y actual delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, fue el primer alcalde (Agramunt) condenado por su participación en el 1-O. Ahora está pendiente del recurso. Hay al menos siete más contra los cuales la Fiscalía ha decidido abrir un proceso judicial para inhabilitarlos. De momento, la única absuelta en primera instancia ha sido la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan.
Las protestes postsentencia
Es la parte más confusa porque hay multitud de causas abiertas contra los CDR, contra los organizadores y seguidores del Tsunami Democràtic y contra manifestantes en las numerosas concentraciones de rechazo a la sentencia del 1-O. El activista Marcel Vivet es el último en sumarse a la lista de condenados, y, en su caso –y en otros– se suma un nuevo condicionante: la Generalitat actúa como parte acusadora en los procesos judiciales.
La mesa del Parlament
Todos los miembros soberanistas de la mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell fueron inhabilitados. El último, Joan Josep Nuet. Las causas contra el órgano rector de la cámara no se han parado: la Fiscalía abrió una nueva contra la presidida por Roger Torrent por haber permitido que en el Parlament se debatiera sobre la autodeterminación y se reprobara la monarquía.
Escoltas de Puigdemont
El ex conseller de Interior Miquel Buch ya sabe que la Fiscalía le pide seis años de prisión por haber fichado como asesor al escolta de Puigdemont, a quien el ministerio público también quiere ver encarcelado. Los Mossos que acompañaban al ex president cuando fue detenido en Alemania también están pendientes de juicio porque la Fiscalía recurrió el archivamiento del caso.
La pancarta de Torra
Quim Torra se convirtió en septiembre de 2020 en el primer presidente de la Generalitat inhabilitado en el ejercicio de sus funciones. La pancarta de apoyo a los presos y exiliados colgada en el Palau de la Generalitat fue la causa. Ahora tiene pendiente un segundo juicio por haber mantenido la misma pancarta cuando el TSJC le ordenó retirarla y ya arrastra una inhabilitación de 18 meses.
El Tribunal de Cuentas
La vía que ha activado el Estado para recuperar el dinero que considera que se destinó al 1-O es el Tribunal de Cuentas y los 4,8 millones de fianza que ya han tenido que depositar los miembros del Govern que convocó el referéndum. Ahora, además, se ha sumado una segunda causa que implica a una cuarentena de altos cargos del Govern sobre la acción exterior del ejecutivo entre 2011 y 2017. El 29 y 30 de junio se conocerá el importe de la nueva fianza.
El TEDH
El objetivo de los presos políticos y otros represaliados por el Estado es que muchas de las causas judiciales acaben en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que haya una cascada de sentencias en contra del poder judicial español. El tribunal de Estrasburgo ya ha empezado a recibir los primeros recursos contra la sentencia del Supremo por sedición.