El Tribunal de Cuentas pide un informe a la Abogacía del Estado por las dudas sobre los avales del Govern
Dictará una orden de embargo a dos de los encausados por la acción exterior que no han presentado fianza
MadridEl Tribunal de Cuentas ha pedido un informe a la Abogacía del Estado ante las dudas sobre los avales presentados a través del Institut Català de Finances (ICF) para pagar las fianzas por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Según detallan fuentes del ente fiscalizador, la delegada instructora tiene dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales sobre "si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por culpa grave", puesto que el objetivo de la causa es recuperar dinero presuntamente malgastado de la Generalitat y a través de los avales se pretende que sea "la misma administración autonómica perjudicada" la que pague la fianza. En concreto, la delegada instructora ha pedido a la presidencia de la sección de enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.
Más allá de esto, ha procedido a ordenar el embargo de dos de los 34 ex altos cargos encausados que, según explican desde el Tribunal de Cuentas, no han pagado la fianza. En cuanto al resto, de momento el ente fiscalizador se espera a la decisión de la Abogacía del Estado para sacar adelante o no las providencias de embargo. Sería lo que haría en caso de no aceptar los avales del ICF. El límite para entregar las fianzas venció el pasado miércoles pero, en el último momento, la delegada instructora amplió el ultimátum hasta la medianoche del lunes a las defensas para que acabaran de presentar los avales correctamente después de la rectificación de última hora de la Generalitat: primero dijo que no avalaría y al final sí que lo hizo, lo cual provocó una ruptura dentro de ICF.
Una vez venció el plazo el lunes, se ha procedido a estudiar los casos y ahora lo que se hace es pedir consejo a la Abogacía del Estado. Lo que se busca así es que el gobierno de Pedro Sánchez se moje sobre el caso, después de que cuestionara la legalidad del fondo pero de momento no haya presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, como le pide la oposición. Está a la espera de la decisión del Consejo de Garantías Estatutarias. El PSC ha apuntado que el fondo sí que es legal.