La unidad efímera de Junts y ERC en la negociación de la amnistía

BarcelonaUna llamada de Jordi Turull a Marta Rovira lunes hizo devolver, sólo por unos días, la unidad estratégica entre Junts y ERC. Pese a algunos contactos entre ambas formaciones en los últimos meses, el grueso de la negociación de la ley de amnistía se había llevado por separado: los socialistas hablaban con Junts por un lado, y con Esquerra por otro. Solo en el acuerdo de finales de enero hubo conversaciones a tres para firmar unas enmiendas transaccionales que acabaron descarrilando por el no de Junts en el pleno. Ahora, para evitar que se repitiera el escenario, la llamada del secretario general de Junts a la de Esquerra –ambos han mantenido el hilo desde la experiencia de Junts pel Sí en el Parlament– abrió una negociación de tres días entre las dos formaciones independentistas que pilotaron el abogado Gonzalo Boye, que ya había negociado por encargo de Junts con los socialistas la ley durante los últimos meses; y la vicesecretaria de derechos, libertades y lucha antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, que ya había formado parte también del equipo negociador de la norma.

El principal escollo que separaba junteros y republicanos era cómo quedaba redactado el artículo que hacía referencia al terrorismo. Juntos defendía que tal y como había quedado redactado en enero dejaba a personas represaliadas fuera, mientras que para los republicanos la redacción ya era aceptable. Esta cuestión la desatascaron Boye y Vilaret el mismo lunes. El texto dejó fuera la referencia al Código Penal español y sólo mantuvo la de la legislación europea. Superado el arrecife principal, el resto de llamadas telefónicas e intercambio de documentos que mantuvieron los dos interlocutores –en paralelo con el PSOE– sirvió para modificar el artículo relacionado con el delito de traición y también lo que se refería a la malversación. En este último caso, para introducir las recomendaciones de la Comisión de Venecia y que Junts reivindica como la propuesta que ya hizo cuando se presentó la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar la malversación. Se añadió, en este sentido, que en los actos relacionados con el Proceso incluidos en la ley no hubiera ningún "propósito de enriquecimiento" para ser amnistiados.

Una vez abierta la negociación, Esquerra también aprovechó para introducir dos enmiendas que había mantenido vivas y que habían quedado fuera del acuerdo de enero. Los republicanos propusieron añadir reembolsar las multas que se impusieron en aplicación de la ley mordaza, así como introducir cambios en el apartado de los actos de torturas –exclusiones de la amnistía– para garantizar que los casos más graves de violencia policial del 1-O no puedan beneficiarse de la norma, cuestión que también había defendido Juntos.

La batalla de relatos

El miércoles, Boye y Vilaret sellan el acuerdo sobre el articulado entero y lo trasladan a Turull y Rovira, para que lo valide el PSOE. Por la noche, las tres formaciones emiten un comunicado conjunto anunciando el acuerdo, aunque las enmiendas conjuntas no se harán públicas hasta el día siguiente. A partir de ahí, se confirma que la unidad independentista será efímera porque ambas formaciones empezarán la batalla para ganar el relato. ¿Ha merecido la pena esperar un mes más para tener un nuevo acuerdo? Por Junts sí, porque hasta ahora la ley no estaba del todo blindada. Fuentes del partido aseguraban el jueves que ahora existen "entre 150 y 200 personas que pueden estar tranquilas gracias a estos cambios". Por contra, por Esquerra se han perdido cuatro semanas porque los cambios que se han introducido han sido "estéticos", en palabras de la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. La diputada de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, además, reprochó a los junteros que si la ley se hubiera aprobado en enero, se habrían podido evitar algunos juicios. Vallugera se refería a lo que debe empezar el 10 de abril contra Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga por los preparativos del referéndum.

Ahora que el texto está encauzado, queda por ver cómo lo aplicarán los jueces. Y esto también puede ser una nueva fuente de conflictos entre Junts y ERC a la hora de reprocharse las cesiones de unos y otros en función de la interpretación que haga cada magistrado. Y es que la unidad estratégica sigue rota pese al pequeño paréntesis de esta semana y nada hace pensar que la próxima negociación que tendrán que afrontar ambos partidos, la de los presupuestos generales del Estado, se haga de forma coordinada. Además, cada uno mantiene su propia mesa de negociación con el PSOE sobre el conflicto político por separado, sin intención de unirlas.

Todo ello forma parte de la guerra que tienen abierta desde hace años y que se agravó con la ruptura del Gobierno de la Generalitat. Y a corto plazo tampoco se prevé una tregua: comienza un nuevo ciclo electoral. En junio hay elecciones europeas en las que Junts volverá a jugar la carta de Carles Puigdemont ante la candidata de los republicanos, Diana Riba. Y en menos de un año, deberían celebrarse las elecciones catalanas. ERC ya ha liquidado el debate sobre quién iba a ser su candidato, si Oriol Junqueras o Pere Aragonès, decantándose por este segundo. Y Junts está por resolver la incógnita: ¿volverá a ser Puigdemont su carta en las urnas?