Tribunales

La otra vía de los investigados del 13 para librarse de la cárcel

La dilación de la causa, que lleva casi siete años alargándose, podría comportarles la reducción de pena en caso de que no llegue antes la amnistía

BarcelonaLa investigación judicial por el 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona lleva casi siete años en marcha, y va por largo. Empezó incluso antes del referendo y hay una treintena de altos cargos y trabajadores de la Generalitat investigados por gastos asociados al Proceso, en una macrocausa que se ha convertido en un cajón de sastre de imputaciones de malversación y desobediencia. El retraso en el procedimiento, que ha actuado como espada de Damocles para muchos de los investigados, puede convertirse ahora en una oportunidad para librarse de la cárcel.

Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, las penas a las que podrían enfrentarse podrían verse sensiblemente reducidas en aplicación del atenuante de dilación indebida. Este atenuante, que se aplica en casos de retrasos excepcionales no provocados por las partes, puede rebajar la pena de los delitos fijada en la ley en uno o dos grados. Por ejemplo: en el caso de la malversación más grave, penada con entre 4 y 8 años de cárcel, el atenuante podría obligar al tribunal a aplicar una condena de entre 2 y 4 años menos un día (reducción en un grado) o, incluso, de entre 1 año y 2 años menos un día (reducción en dos grados).

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Por debajo de las condenas de dos años de prisión, lo esperable es la suspensión de la pena si el condenado no tiene antecedentes. Esto permitiría a los acusados ​​esquivar la cárcel incluso si el procedimiento llegara a juicio y aunque se les aplicara la malversación agravada, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, que no considera que la reforma pactada entre PSOE y ERC –dirigida a rebajar las penas cuando no haya ánimo de lucro– encaje con el 1-O.

La previsión pasa por la amnistía

Sin embargo, la previsión de los abogados es que no haya que llegar ni a este punto gracias a la amnistía. Tal y como confirman en el ARA, calculan que la medida de gracia entre en vigor antes de que la juez que lleva el caso pueda terminar la instrucción y, por tanto, tenga que archivar la macrocausa del 1-O entera.

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Según los letrados consultados, las diligencias en marcha deberían decaer en el momento en que entrara en vigor la ley de amnistía (y esto ha llevado a un juzgado de Girona, por ejemplo, a suspender un juicio para ahorrarse una vista que puede acabar siendo "inútil"). Si el juzgado decidiera consultar al Tribunal Constitucional antes de ponerle fin, el procedimiento quedaría suspendido el tiempo que el TC tardara en resolver.

La investigación, que empezó el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer aprovechando como excusa las declaraciones del ex senador de ERC Santi Vidal, que aseguraba que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes, ha llegado a tener 48 investigados –los más conocidos, Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, que serán finalmente juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sunyer falleció en noviembre del 2018 y ahora es la magistrada Alejandra Gil quien se encarga de la instrucción. Ahora, además, debe incorporar los expedientes provenientes de la causa del juzgado de instrucción número 18, que hasta hace unos meses investigaba en paralelo gastos de acción exterior supuestamente relacionados con el Proceso. Un movimiento que las defensas asumen que todavía llevará más tiempo y que, por ese motivo, no habrá juicio porque la amnistía llegará antes.

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En 2021 estuvo a punto de cerrarse el sumario, pero la Audiencia de Barcelona le reabrió estimando en parte las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Causas paralelas

Las instrucciones en el juzgado 13 y en el juzgado 18 subsistieron en paralelo hasta febrero de 2023, cuando la Audiencia estimó un recurso de la abogada Judit Gené que pedía la unificación por la conexión de los hechos investigados. Es una reivindicación que las defensas esgrimieron desde el principio y que la Fiscalía ignoró cuando, basándose en un informe del Tribunal de Cuentas sobre gastos de acción exterior, escogió abrir una causa separada en lugar de llevarla ante el juzgado 13. La Audiencia de Barcelona ha tardado dos años en resolver el recurso de Gené, que sostiene que, llegue o no la amnistía, el caso se puede ganar con argumentos "jurídicos y penales".

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En la causa del juzgado 18 había diez investigados, tres de los cuales lo estaban ya en la macrocausa del juzgado 13. La juez tendrá que decidir ahora qué hace con los otros siete investigados del 18 (entre ellos, el exconseller Raül Romeva), que se suman a los 27 de la causa que ya tiene el 13.

Desde el principio del procedimiento, los investigados han denunciado que la causa ha sido "llena de irregularidades", ya que aseguran que los informes elaborados bajo el paraguas de esta investigación no han hecho más que nutrir a otras imputaciones sobre el 1-O . En particular, el juicio ante el Tribunal Supremo que acabó con los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación, y, ahora, el proceso contra los republicanos Jové, Salvadó y la consellera Natàlia Garriga, ya con fecha de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.