"Vox y Alianza amenazan el consenso antimilitarista que había en Cataluña"

BarcelonaEn los últimos meses, conceptos como “despensa militar”, “presupuesto de defensa” y “servicio militar” parece que han vuelto a formar parte de nuestro vocabulario habitual. En un momento en que Europa parece haber recuperado viejos fantasmas y los tambores de guerra resuenan con una intensidad que no veíamos desde hace décadas, el movimiento pacifista catalán se encuentra en una encrucijada política y social. “Cataluña históricamente ha sido un gran promotor de la paz, un país antimilitarista”, destaca Montse Santolino, miembro de Lafede, la federación de referencia de las entidades catalanas que trabajan en los ámbitos de la paz, los derechos humanos y el desarrollo. La prueba de que el movimiento pacifista catalán aún está vivo es el colectivo Dones x Dones, que, cada primer jueves de mes, se manifiesta en silencio en la plaza Sant Jaume desde hace cuatro años para protestar contra las guerras.

El movimiento por la paz en Cataluña, sin embargo, ha dado un giro en los últimos años. Según Arés Perceval, copresidenta de Lafede, el consenso transversal que existía históricamente en Cataluña "se ha visto totalmente amenazado con la llegada de Vox y Alianza Catalana", actores, a su parecer, "con premisas militaristas y partidarios del negocio de la guerra". Un cambio que, según ella, ha arrastrado al PP y ha colocado al PSC en una posición ambigua. En un comunicado reciente, Lafede criticó que los socialistas estaban “promoviendo encuentros con grandes empresas armamentísticas para facilitarles el acceso a fondos de financiación pública”.

La excusa de Ucrania

El contexto internacional, sin embargo, juega en contra. La invasión de Ucrania ha servido de excusa para una ola de militarización que ya se cocía en las instituciones europeas. Santolino alerta de que el discurso del rearme no es nuevo, pero se ha acelerado: "Este discurso del rearme sale desde Von der Leyen, desde la Unión Europea, y se está trabajando fuertemente en ello hace años". Esta tendencia se traduce en presiones para aumentar el porcentaje del PIB destinado a gasto militar, una cifra que desde el movimiento por la paz se ve como un ataque directo a las inversiones sociales. "El debate público sobre ello es inexistente", recrimina la activista.

Con el recuerdo aún vigente de las grandes campañas de desobediencia civil, Santolino advierte que si PP y Vox gobiernan en el Estado, el servicio militar obligatorio "volverá a estar sobre la mesa". Siguiendo modelos como el francés o el alemán, la activista cree que se aplicarían políticas de manera progresiva y que presentarían el ejército como una opción "superatractiva" en el ámbito profesional, casi como si fueran unas "vacaciones pagadas" donde aprender mucho. Una normalización belicista que ya se percibe en el Saló de l'Ensenyament, donde el ejército continúa presente a pesar de haber resoluciones del Parlament aprobadas que lo prohíben. Santolino lamenta que la normativa sea "papel mojado" mientras se exhiben reclamos como el de este año: un caza donde "los chicos hacían cola por miles" para subir a él.

Ley catalana

En el ámbito institucional, Cataluña tampoco parte de cero. Desde 2003, el país cuenta con la ley de fomento de la paz, una herramienta que, a pesar de ser pionera, muchos apuntan que ha quedado relegada al fondo del cajón. “Había unas directrices de cosas que se debían hacer, pero en realidad no se han hecho”, denuncia Santolino. La falta de impulso de la ley llevó a la creación del Fòrum Català de la Pau, un proceso participativo que se inició hace casi tres años. El objetivo final es volver a poner la agenda pacifista en primer plano y también forzar al Gobierno a presentar una propuesta de Plan Director de Paz al Parlament antes de que acabe el año. La pelota, pues, está del lado del Gobierno, que “se ha comprometido a presentar la propuesta antes de que se acabe el año”, afirman desde la fundación.