Vox no podrá echar atrás la amnistía aunque gobierne

BarcelonaDesde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

El obstáculo principal para las aspiraciones de Vox se encuentra en la misma carta magna. Como explica Rafael Rebollo, catedrático en derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) "con independencia de lo que diga Vox o el PP, hay un precepto, que es el artículo 9.3 de la Constitución, que implica que las leyes no pueden ser nunca limitadoras de derechos individuales con carácter retroactivo". De esta manera, aunque la formación alcanzase una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso para derogar la ley orgánica, "la derogación no tendría nunca efectos retroactivos por imperativo constitucional y no afectaría a los beneficiarios de la amnistía".

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos encausados a quienes los tribunales aún no hayan aplicado la medida de gracia en el momento de una hipotética derogación política? Ante un Tribunal Supremo que, según Rebollo, "hará todo lo posible, lo imaginable y lo inimaginable, para no aplicar la ley en determinados casos", dado que los magistrados de la sala segunda ya la consideran "una decisión arbitraria del legislador", pueden surgir dudas procesales generadas por este limbo en el que los jueces quieren dejar los casos pendientes. Ramon Ragués, catedrático de derecho penal en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) aclara la cuestión y cierra la puerta a cualquier efecto negativo: la medida favorecería igualmente a los encausados pendientes. El experto recuerda que la amnistía actúa como una clara causa de extinción de la responsabilidad criminal —incorporada, por la misma ley de amnistía, al artículo 130 del Código Penal— y subraya que, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, "una vez entra en vigor una causa que elimina la responsabilidad penal, aunque después se derogue, la persona consolida la situación que le beneficia".

Ninguna disposición del legislativo, pues, podría modificarlo, y para ilustrarlo, Ragués hace un paralelismo directo con la ley del solo sí es sí': "Por error legislativo se atenuaron ciertos delitos sexuales y, cuando se reformó el Código para endurecerlo de nuevo, el Supremo dijo que mientras la reforma había estado en vigor se había consolidado una situación jurídica y esto no podía empeorar". Así pues, concluye Ragués, por el hecho de que la ley haya estado un tiempo vigente, los derechos adquiridos por la norma favorable ya se han consolidado y deben aplicarse igualmente, de manera que la propuesta de Vox resulta "jurídicamente absurda".

En conversación con el ARA, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, reconoce compartir esta misma opinión jurídica y admite abiertamente que la derogación "no puede ser retroactiva". Por este motivo, a pesar de insistir en que derogarán "a través de una ley orgánica, la ley de amnistía", Garriga señala que su propuesta también incluye impulsar una reforma del Código Penal para "reincorporar los delitos de sedición, de convocatoria y celebración de referéndums ilegales y el endurecimiento de la malversación". Todo ello para dirigir un mensaje simbólico que busca "revertir lo posible de los pactos políticos entre el separatismo y los socialistas", afirma el portavoz.

Más discurso que ley

Llegados a este punto, si la promesa es meramente papel mojado, ¿por qué Vox insiste tanto en su discurso público? Carles Ferreira, profesor de ciencia política en la Universitat de Girona, señala que toda esta ofensiva no debe entenderse como una propuesta de política pública, sino como "una herramienta de propaganda política" y de comunicación. "Lo que están buscando aquí Vox no es que la amnistía no se aplique, sino lanzar un mensaje de contundencia contra el independentismo y los hechos del año 2017", destaca el experto, "sobre todo mirando de reojo al PP, el partido con el que compiten todos los votos". En esta misma línea, el profesor de ciencia política en la UAB, Ricard Vilaregut, subraya que el objetivo de este discurso no tiene ninguna vocación de aplicación práctica, sino que está diseñado exclusivamente para movilizar "a los suyos" y para "atrapar" votantes del PP.

La extrema derecha, explica Ferreira, libra una batalla por la "credibilidad" conservadora para evidenciar que los populares se arrugan ante la izquierda. "Vox se erige en la garantía para derogar el sanchismo", apunta el politólogo, recordando cuando tildaban a los populares de "derecha cobarde". Ferreira destaca que a la mayoría de los votantes no les importan los "tecnicismos" sobre si la derogación es aplicable, ya que el suyo es "un voto de autoexpresión" y de "protesta". Vilaregut lo refuerza apuntando que hoy "la política es de percepciones" y "los datos han quedado desplazados". Para el profesor, Vox lanza mensajes como "ondas magnéticas" que resuenan rápidamente; aunque el votante intuya que la derogación no tiene efectos prácticos, le atrae la oposición frontal. En conclusión, el elector busca expresar que está "enfadado" o reafirmar su "identidad antiindependentista". Esta necesidad emocional queda satisfecha, independientemente del recorrido jurídico de la propuesta.