Más de 80 personas, entre ellas un bebé, una niña, han muerto en una patera que salió hace 26 días desde Gambia hacia las Canarias con 128 ocupantes. La embarcación ha sido rescatada este jueves de madrugada a la deriva al sur de las Canarias, cuando solo quedaban a bordo 44 supervivientes. Todos son hombres de origen subsahariano. También han localizado cinco cadáveres, que los servicios de emergencias no han podido rescatar debido a las malas condiciones meteorológicas y la urgencia de evacuar a tres de los ocupantes a centros hospitalarios, según Salvamento Marítimo.

Como si fuera una cuenta de Netflix, a partir de enero de 2027, la aplicación La Meva Salut añadirá opciones de perfiles para poder gestionar las citas sanitarias de más de una persona desde un único teléfono móvil. Es el mismo sistema de las plataformas audiovisuales en el que las familias pueden añadir diversos perfiles para que cada miembro vea la oferta que más le conviene con un único inicio de sesión. Al tratarse de datos personales muy sensibles, sin embargo, los gestores de cuentas de terceras personas deberán haber sido previamente autorizados por estos titulares.

El sistema de protección de la infancia ha registrado 1.478 criaturas migrantes no acompañadas en Ceuta, pero se calcula que unas 1.200 más todavía están esperando a que se las identifique. La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado este lunes que es "imprescindible" el traslado de menores a la Península porque "no se puede dejar sola" a la ciudad, que ha sobrepasado su capacidad de acogida. En una comparecencia en el Congreso para informar sobre la gestión del gobierno español para solucionar la crisis migratoria, la ministra ha sido clara en la defensa del "derecho superior" de los menores de edad como una "conquista democrática" que distingue "el estado de derecho de una autocracia" frente a las posiciones cada vez más numerosas de los que exigen dejar de lado la ley y expulsar a los migrantes, tanto a los adultos como a los menores.

En línea recta entre Ceuta y Algeciras o La Línea de la Concepción hay unos 30 kilómetros y, en ferry, el viaje no se alarga más de una hora y poco. Pero la crisis humanitaria a raíz de la entrada masiva del 30 y 31 de julio ha convertido estos trayectos en un negocio lucrativo de mafias, que se aprovechan de la desesperación de los migrantes que malviven en Ceuta y les cobran hasta 9.000 euros por persona por subir a una patera o barca neumática. A pesar de que la ruta ha perdido el peso que tuvo hacia los años 90 por la presión policial y el control marroquí, los últimos datos del ministerio del Interior apuntan a un aumento del 16% de las entradas marítimas irregulares a la Península, mientras que los desplazamientos hacia Canarias caen un 60%, a la espera de qué pasará a partir de otoño cuando el estado del mar mejore.

La intención de las administraciones públicas de vaciar la playa de El Trampolín de Ceuta choca con el temor de muchos inmigrantes a ser deportados a la fuerza a Marruecos. Hasta en dos ocasiones (jueves por la mañana y viernes por la mañana) han sido desalojados para ser trasladados a los centros de acogida temporal, y en ambas ocasiones han vuelto a ocupar la arena. Al miedo a que los envíen al otro lado de la frontera se suma la evidencia de que las 1.800 plazas abiertas por el gobierno español en dos espacios son del todo insuficientes para atender a todos los inmigrantes, cuyo número sigue siendo una incógnita. Ante esta situación, muchos de los que el jueves fueron desalojados del campamento de la playa han vuelto este viernes al no tener un lugar donde refugiarse.

El ministerio de Juventud e Infancia trabaja para trasladar a la Península hasta a 500 niñas y adolescentes inmigrantes no acompañadas que ahora están en Ceuta, según explican fuentes del ministerio. La propuesta es que el gobierno de la ciudad autónoma mantenga la tutela de las menores y que la guarda y custodia pase a las entidades sociales que gestionan centros de acogida. Es la solución que han encontrado para acelerar el trámite habitual por el cual la tutela pasa a ser de la comunidad de acogida, que es la que tiene las competencias.

El gobierno español ha asegurado que el retorno seguro de los menores marroquíes que entraron de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio es prioritario. Pero, con la ley en la mano, las repatriaciones de jóvenes tienen una especial protección frente a los trámites ordinarios que se aplican a los adultos. De hecho, en los últimos años los retornos con las familias biológicas son la excepción absoluta y solo se hacen en casos puntuales. Además, según recoge la fiscalía, no se ha podido tramitar ninguno a Marruecos "por la falta de cooperación" de las autoridades alauíes. Sin ir más lejos, en 2024 solo se repatriaron ocho criaturas: cuatro de Colombia, tres de Rumanía y una de Francia.

Un Alzheimer prematuro, diagnosticado cuando tenía 58 años, ha llevado a Lluís y a su familia a una situación insostenible. En los últimos dos meses el deterioro cognitivo de la enfermedad se ha acelerado tanto que cuidarlo en casa es cada vez más complicado, pero, por el momento, el ingreso en una residencia geriátrica no es una solución factible ni rápida. Cuando la familia ha empezado a hacer los trámites para obtener una plaza, se ha topado con un muro burocrático que no esperaba: la normativa vigente limita las residencias geriátricas para los mayores de 65 años y Lluís tiene 64 y nueve meses. Así pues, hasta octubre no podrá optar a una plaza por la vía ordinaria ni tampoco entrar en listas de espera. Es demasiado joven para una residencia.

Faltan pocos meses para que Tania Galián deje de tener 26 años, la edad a partir de la cual el sistema de salud público deja de pagar el coste de los audífonos. Estas prótesis cuestan entre 2.500 y 7.000 euros, en función del grado de sordera y, como cualquier dispositivo electrónico, de la calidad del sonido que capta y amplía. "Son dinero que podríamos destinar para una hipoteca, un coche o para ahorrar", se queja Galián, que nació con una sordera profunda en ambos oídos.

Las Barnahus, el servicio de atención integral para criaturas que han sufrido agresiones sexuales, se abrirá a otros tipos de violencia para evitarles el peregrinaje a comisarías, centros sanitarios y juzgados para repetir lo que les ha pasado. El modelo, que ya cuenta con 14 centros abiertos en toda Cataluña, ha supuesto un cambio radical en las maneras de hacer tradicionales porque las criaturas se encuentran en un ambiente confortable, espacios seguros por donde pasan los policías y los juristas para hacer todas las pruebas que servirán en caso de que haya un juicio, sin necesidad de que tengan que volver a declarar. El anuncio lo ha hecho Teresa Llorens, secretaria de ciclos de vida y ciudadanía de la Generalitat, que también ha avanzado que se creará la figura de la procuradora de la infancia, una profesional referente para atender a los menores tutelados que viven en un centro.

Empadronarse en el municipio donde se reside es un camino lleno de obstáculos para muchas personas que no tienen un contrato de alquiler. Cada vez hay más ayuntamientos que les ponen problemas para registrarse en el padrón, un trámite de doble obligación tanto para la administración local como para toda la ciudadanía, que en los últimos años se ha convertido en un arma política entre alcaldías de todos los colores políticos. En un sondeo que ha elaborado Ksnet por encargo de ECAS (la federación de entidades catalanas de acción social) entre medio centenar de entidades sociales presentes en 60 municipios (donde viven 5,1 millones de habitantes), se señala que 40 de estas poblaciones presentan dificultades o incidencias en este trámite. En la mitad, directamente se vulneran los derechos porque incumplen la ley cuando no reconocen la figura del empadronamiento ficticio o sin domicilio fijo, previsto, precisamente, para los vecinos que no pueden o no les dejan empadronarse en el piso o que viven en la calle. "No querer empadronar a todo el que vive aquí es hacerse trampas al solitario", ha resumido Pepa Fernández, defensora de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet.

"Este 14 de julio será recordado como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados". El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha subrayado así una jornada en la que el Congreso ha aprobado por mayoría dos cuestiones trascendentales del sistema de cuidados: se convalida un decreto ley para obligar al Estado a aportar, por primera vez, el 50% de la financiación de los servicios previstos en la ley de dependencia; y también que la teleasistencia sea un servicio universal para todas las personas dependientes (actualmente está sujeta a criterios de edad o al copago). De hecho, Bustinduy ha comparado la nueva legislación con el sistema de pensiones que se estableció en el siglo XX o con el acceso a la educación y a la sanidad universales. El nuevo escenario debe beneficiar a los 300.000 dependientes y a los 130.000 en lista de espera que hay en Cataluña, la comunidad con más lista de espera, que ya ha aprobado un plan de choque para agilizar los trámites en el cobro de las ayudas mientras no llega el turno de una plaza residencial. Cada día una treintena de catalanes mueren sin haber recibido una ayuda.

Hay un antes y un después de la madrugada del 7 de julio de 2016. La violación grupal a una chica de 18 años por parte de cinco hombres en Pamplona, durante los Sanfermines, dio la vuelta a la percepción social de las violencias sexuales y transformó el sistema jurídico y la manera de explicar y entender las violencias machistas. Los mismos agresores, un grupo de amigos que se convocaban bajo el nombre de la Manada, registraron las imágenes de las violaciones y las compartieron en un grupo de WhatsApp como si fuera el trofeo de aquella noche, en un gesto de tóxica complicidad masculina.

Desde que llegó a Barcelona, Silvia vive en la irregularidad administrativa. Con doce años siguió los pasos de su madre, Ángela, que el verano de la pandemia emigró desde Honduras confiando en que pronto podría regularizarse. Viendo que no sería fácil, pagó un pasaje de avión a la niña y casi dos años después aterrizaba aquí, sin saber que aquí le esperaba compartir la cama en una habitación realquilada. No recuerda por cuántos pisos ha pasado, pero sí que recuerda el día que supo que sería "diferente", cuando desde la escuela se planteó una salida al extranjero y ella no tenía pasaporte.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha finalizado con 1.174.978 solicitudes para acogerse al proceso en todo el Estado. La cifra desborda las previsiones de medio millón que había hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando anunció la apertura del procedimiento, el séptimo de estas características en democracia y el primero desde hace 20 años. Del total de peticiones, más de un 52% ya han sido admitidas a trámite, y por tanto los beneficiarios ya disponen de una primera autorización temporal para vivir y trabajar en España. A partir de la admisión, el gobierno tiene tres meses para responder, pero no se han hecho públicas las demandas rechazadas. Cataluña es, con 257.000 —dos de cada 10—, el territorio que ha registrado más expedientes, por delante de la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valenciano (167.000) y Andalucía (161.000).

La recta final del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español llega a su fin con un frente judicial abierto. Ante las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre el encaje de la medida con el derecho europeo, los expertos consultados por el ARA coinciden en que es poco probable que tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas. Mientras que desde el mundo jurídico señalan posibles deficiencias en la tramitación, entidades y colectivos que han ayudado a los migrantes con la papeleta –a menudo luchando contra la desinformación y la falta de medios y sufriendo el colapso de la administración– centran ahora todos los esfuerzos en garantizar que los solicitantes puedan completar los trámites antes de que expire el plazo este martes.

Los trabajadores del tercer sector social están llamados este miércoles a una huelga de 24 horas –convocados por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT– para reivindicar que se aplique la equiparación salarial con la plantilla contratada por la administración pública. La protesta es el primer acto de movilizaciones, ya que se prevén paros parciales de 15 minutos en los centros de trabajo los miércoles 15 y 29 de julio.

El departamento de Igualdad y Feminismo pondrá en marcha un nuevo servicio "de atención comunitaria" para el colectivo LGTBI que complementará el acompañamiento individual que ya se hace en el centenar de puntos de la Red de Atención Integral (SAI) en toda Cataluña. A falta de que se apruebe el presupuesto de la Generalitat y de la licitación correspondiente, el nuevo servicio dará respuesta colectiva "a demanda" con grupos de apoyo mutuo que guiará una educadora social contratada para este plan.

El día antes de que finalice el proceso de regularización extraordinaria de migrantes todavía hay quienes presentan la documentación. A Bilal, un hombre pakistaní de unos cuarenta años, le ha costado "mucho" conseguir todos los papeles, sobre todo los antecedentes penales de su país porque le habían llegado parcialmente hasta el punto de que se había planteado hacer los trámites sin adjuntar el comprobante que los había solicitado. Finalmente el papel le llegó la semana pasada, justo a tiempo para "no tener sorpresas", dice. Por contra, lleva incluso el padrón que no se requiere. A la espera de los datos definitivos, los últimos datos oficiales de hace un par de semanas apuntaban que se han hecho 900.000 solicitudes, a pesar de que informaciones periodísticas aumentaban las cifras hasta 1,2 millones de expedientes, más del doble del medio millón previstas por el gobierno español.

Habitación a 350 euros más 300 euros de padrón. La fórmula se repite en webs de anuncios y ejemplifica hasta qué punto es complicado empadronarse sin un contrato de alquiler. Ángela (no quiere decir el apellido) estuvo dos años intentando que el propietario que le alquilaba una habitación compartida en un piso del barrio barcelonés de Horta la empadronara y, desesperada por las negativas, entró en Facebook y enseguida se le abrió un abanico de posibilidades para empadronarse en otra vivienda sin vivir allí. Dice que pagó 300 euros, y dos años después tuvo la "sorpresa" de que le pedían 150 más por la renovación. "La desesperación hace que acabes pagando lo que te piden", constata esta mujer colombiana con trabajo fijo y sin expediente en los servicios sociales.