"Ahora o nunca". Una veintena de entidades sociales y ciudadanas reclaman que la reforma de la ley de dependencia que se está tramitando en el Congreso acelere para que se apruebe antes de que acabe la legislatura, ante el temor de que, en la próxima, el equilibrio de fuerzas de la cámara haga un giro que imposibilite mantener el espíritu positivo que hay ahora, pero "insuficiente". Las asociaciones se han reunido bajo las siglas de la Plataforma por la Autonomía y la Vida Digna para pedir que el derecho al cuidado en todas las etapas vitales y el reconocimiento de las cuidadoras, sean profesionales o familiares, queden "fuera de las negociaciones políticas".

El balance de la primera semana de la regularización de los 150.000 migrantes que viven y en muchos casos trabajan en Cataluña se resume en las colas de 12 horas a las puertas de ayuntamientos y entidades sociales para tener el informe de vulnerabilidad y en las consecuencias de haber tenido que improvisar a última hora para adaptarse a la letra definitiva de la instrucción aprobada. "Dicen que no necesitamos el informe de vulnerabilidad o el padrón, pero conozco gente a la que entonces no le cogen la solicitud", afirma Elida Rojas, boliviana con dos hijos a cargo.

Hasta 1.300 euros reclama el departamento de Derechos Sociales a un joven con un alto grado de dependencia que ha entrado en un centro especial de trabajo y, por tanto, no debería haber continuado cobrando la prestación económica fijada. Pero como la burocracia no está preparada para automatizar los cambios, la orden de la transferencia de la ayuda continúa llegando, hasta sumar una cantidad que para la familia "es como si no existiera", no se toca. Este es uno de los ejemplos que explican lo que la Generalitat llama "pagos indebidos" y que, sobre todo, se deben a errores o la lentitud de la administración; sea, como en el caso del joven, por incompatibilidades, por la revisión a la baja de un grado de dependencia o por la muerte del beneficiario. Solo el año pasado, la consejería pidió la devolución de 10.665 de estas deudas.

Se sienten desconcertadas, solas e inseguras por si, a pesar de las llamadas a denunciar al maltratador, no se han equivocado, dado que en los juzgados, la comisaría o el centro sanitario se topan con poca empatía por parte de los profesionales que las han de proteger. "Te cuestionas si has hecho bien, si tendrías que haberte callado", explica una mujer a través del canal anónimo abierto por elObservatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM) del Estado para visualizar el maltrato que todavía hoy los servicios públicos dan a estas mujeres. El año pasado recibió 139 denuncias, una veintena más que en 2024 –el primer año de funcionamiento–, pero las promotoras admiten que hay una alta infradenuncia.

Durante la presidencia rotatoria española, los Veintisiete aprobaron el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y dos años después de su aprobación, el 12 de junio, expira el período de transición para que los estados se adapten a él. A partir de esta fecha, el acuerdo estará plenamente vigente en toda la Unión Europea. El texto fija que se debe evitar la entrada irregular de personas extracomunitarias y facilitar el retorno a todos aquellos que no tienen derecho a pedir la protección oficial. Para las entidades pro derechos humanos se trata de una iniciativa que avanza hacia la necropolítica de fronteras. Con otras palabras, jugárselo todo al control y mano dura a la acogida. La profesora agregada de derecho internacional público y relaciones internacionales de la UPF, Sílvia Morgades, ha estudiado a fondo lo que supondrá este proceso.

"Ni sed, ni frío, ni oscuridad". Estas eran las causas que defendía Maria Campuzano, que ha fallecido este domingo a los 44 años (cumpliría 45 en julio) dejando atrás una vida dedicada a la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. La activista, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y miembro de Ingeniería sin Fronteras, ha sido un referente en todas las batallas por los derechos a los suministros básicos, a la vivienda y al agua. "Ha sido nuestra guía, el legado que nos deja es continuar trabajando y pensaremos como lo habría hecho Maria, en su fuerza y ejemplo", explica Andrea Vides, militante en estas dos entidades.

Solo en los tres primeros meses de este año, 2.866 personas han muerto esperando una prestación de dependencia en Cataluña. Han muerto en lo que se conoce como el limbo, el plazo entre que se presenta la solicitud y la administración valora, reconoce el grado y otorga la ayuda correspondiente a través del plan individual de atención (PIA). En este proceso se encuentran 128.000 catalanes (la inmensa mayoría de los cuales son personas mayores), que tienen que esperar hasta 397 días (13 meses) de media por demoras de su expediente, más del doble de los 180 días que fija como máximo la ley estatal de la dependencia.

Los trabajadores de atención directa a la ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona han salido a la calle en otra jornada de huelga que ha provocado que los servicios sociales básicos, de atención a la violencia directa y las bibliotecas funcionaran este martes a medio gas. En el punto de mira de los manifestantes está la negativa a aceptar el nuevo convenio laboral que el consistorio ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF porque consideran que supone una "pérdida de derechos de los profesionales" de este sector y, a su vez, impacta "en la calidad de los servicios y los derechos de la ciudadanía". El consistorio ha minimizado la repercusión del paro y ha indicado que a las 10 de la mañana solo un 3,8% de los 13.000 trabajadores habían secundado la convocatoria.

Mientras que en la mayoría de oficinas de Correos habilitadas atienden sin incidentes remarcables y por rigurosa cita previa las personas migrantes que pueden hacer la regularización de papeles presencialmente desde este lunes, las largas colas se multiplican en los servicios que los ayuntamientos han montado para agilizar los trámites obligatorios. Desde el jueves 16, las solicitudes también se pueden hacer telemáticamente, pero es este lunes que se abrían los trámites presencialmente. La tardanza en la publicación de los documentos que se requieren ha hecho que hoy el grueso de los 150.000 beneficiarios que se calculan que habrá en Cataluña todavía estén pendientes de recoger toda la documentación necesaria.En L'Hospitalet la cola da la vuelta al enorme edificio de La Farga, donde se tramitan el informe de vulnerabilidad social y el volante del padrón municipal. El Ayuntamiento prevé atender hoy a 1.500 personas de las 27.000 que ya viven en el municipio. Los primeros demandantes han comenzado a llegar antes de la medianoche de este domingo. Las hermanas Sandra y María, colombianas que hace tres años y siete meses que residen en la ciudad, se esperan desde las 4 de la madrugada. "Si desde el principio nos hubieran dicho que necesitábamos la vulnerabilidad, tres cuartas partes de los que hoy estamos aquí ya tendríamos el informe", lamentan, sin tener la certeza de que hoy los funcionarios puedan dar respuesta a todos los que forman la fila.

Hasta tres veces Maika Granados intentó un alquiler social para la planta baja del barrio de La Florida de L'Hospitalet de Llobregat, donde vive desde hace años con los tres hijos y el marido. No hubo manera de que el fondo buitre propietario de la vivienda o los servicios sociales municipales que le habían firmado "todos los informes de vulnerabilidad del mundo" atendieran sus súplicas. Los ingresos familiares hacían imposible acceder a un piso en el mercado libre, ni siquiera en este barrio con un parque muy degradado: los alquileres ya superan los 1.000 euros, y una habitación, los 700.

A la familia Martínez Mejía les han denegado cuatro veces una hipoteca, a pesar de que les avala el sueldo de los cuatro miembros, y tienen que continuar viviendo de alquiler en un piso de La Torrassa —un barrio de L'Hospitalet en el que el 54% de los vecinos han nacido en el extranjero— que casi se cae a pedazos. El piso es tan pequeño que uno de los hijos, en la veintena, tiene que dormir en la habitación con los padres. A los Khan, la buena nómina que aporta el padre no les abre puertas de las viviendas que les gustan y que podrían pagar. “Ni con dinero puedo vivir donde quiero”, se queja Atusa Khan. El matrimonio y las dos hijas pequeñas están realquilados en el barrio de El Raval de Barcelona –con un 64% de los vecinos nacidos en el extranjero.

Los datos sobre el empobrecimiento de los catalanes empeoran estadística tras estadística, siendo las mujeres, los niños y las personas inmigradas las que caen más en el pozo de la vulnerabilidad social. La última demostración de que la recuperación macroeconómica no ha llegado a los bolsillos la ofrece la reciente radiografía publicada por ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), que subraya que la tasa de exclusión social empeora y roza ya a una de cada cuatro personas, muy por encima de la media europea.

Las familias a quienes la Generalitat abra un expediente por desamparar a los hijos menores de edad contarán con asistencia jurídica gratuita desde el mismo momento en que se inicia el procedimiento administrativo. Esta es una de las propuestas que plantea la consejería de Derechos Sociales e Inclusión dentro del plan de reforma del sistema de protección de la infancia anunciado hace un año en el que han participado profesionales de diferentes sectores. De hecho, se han recogido buena parte de las demandas del sector jurídico (abogados y fiscales), que en algún punto también coincidían con las familias afectadas al reprochar que la retirada de tutelas es un proceso poco transparente.

No sabe si fue un olor, la sensación de frío de cuerpo y espíritu, pero el 24 de enero de 2014 Marta Plujà dice que casi tuvo que morir para renacer. Aquel día sufrió un ictus que la ayudó a, definitivamente, “despertar” y “romper con el silencio” que desde muy pequeña arrastraba sin tan siquiera saberlo. Tampoco sabe datar cuándo comenzaron ni acabaron las agresiones sexuales y las violaciones de un familiar. Hace el cálculo a partir de la biografía del agresor, que es 10 años mayor y ya era mayor de edad. “Yo tendría 9, 10, 11 años”, dice.

Isabela no quiere pensar qué será de su vida si no puede acogerse a la regularización extraordinaria que el gobierno español va a poner en marcha las próximas semanas para conceder permisos de residencia a medio millón de extranjeros que cumplan unos criterios que, a día de hoy, son provisionales. El decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado para regresar otra vez al consejo de ministros. Si bien hay incógnitas de cómo quedará la letra pequeña, Isabela tiene muy claro que la suya es una misión imposible porque no han pasado los 10 años pertinentes desde que completó la condena para poder anular sus antecedentes penales y, en el borrador del texto, es invalidante cualquier mancha en el historial delictivo.

Por el grupo de WhatsApp de los directores y gerentes de centros y servicios de atención a la dependencia corren los comentarios sobre la información publicada en ARA sobre las multas de 5,2 millones de euros a residencias geriátricas. Lo explica el presidente de DiGESCAD, Andrés Rueda, que lamenta la “criminalización” de estas instalaciones.

El retrato de una España con las fronteras cerradas a la inmigración perfila una sociedad más envejecida, pero también con pérdidas importantes, tanto en la población como en la mano de obra en sectores esenciales como son los cuidados, la educación o la sanidad. También habría un inevitable aumento de impuestos e incluso el cierre de escuelas, bares, comercios y explotaciones agrarias. Este panorama casi distópico responde a la siguiente pregunta: ¿cómo sería la España de 2075 si los flujos migratorios se redujeran un 30% siguiendo las políticas restrictivas que impulsan casi todos los socios de la Unión Europea?

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès endurecerá el empadronamiento exigiendo realizar los trámites presenciales y aplicando más controles administrativos e inspecciones de la policía. El gobierno municipal aprobó una nueva instrucción que, según explicaron este martes el alcalde de la localidad, Josep Maria Vallès, y el teniente de alcaldía, Jordi Puigneró, persigue que el padrón "refleje la realidad" del municipio vallesano y se eviten "fraudes". "

Una mala administración de medicación, una dieta pobre o inadecuada, una pésima higiene del centro o no garantizar la atención continuada de los usuarios. También falsear datos, ignorar las advertencias de la administración u obstaculizar la inspección y la información a la familia. Son sólo parte de los motivos que han llevado a sancionar a residencias de gente mayor de Catalunya. Desde 2020 las multas económicas firmes ascienden hasta los 5.321.733 euros, según los datos aportados al ARA por el departamento de Derechos Sociales en respuesta a una petición a través del portal de transparencia de la Generalitat. Aunque no se detallan cuántas son las residencias sancionadas, salvo 2020 y 2024, en el resto de años se superan el centenar de expedientes sancionadores. Sin embargo, el departamento permite a las residencias que han corregido las infracciones invertir el importe de la multa en actuaciones de mejora en las instalaciones.

Unas 3.000 familias catalanas están pendientes de que les asignen una vivienda social, pero la gran demanda y la poca oferta disponible de pisos a disposición de entidades y administración hace que las listas de espera no paren de crecer pese a que los usuarios cumplen los requisitos y han recibido una resolución favorable. Mientras no llega esta solución, la mayoría de familias sobreviven en un realquiler o incluso en hostales sociales.