En su camino hacia Montserrat, León XIV ha hecho parada en la prisión de Brians 1, en una visita inédita que ha levantado una gran expectación entre el personal y la setentena de reclusos elegidos para asistir al acto del pequeño teatro que lucía en la pared las palabras de Mateo: "Estaba en la cárcel y vinieron a verme". El Papa ha entrado en la sala con el público de pie y con música pastoral para iniciar su discurso con una frase en catalán: "Gracias a todos por vuestro recibimiento tan lleno de simpatía y cordialidad".

En octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó la ley ELA, en casa de la familia Culleré-Piqué abrieron una botella de cava para celebrar que, por fin, los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica tendrían garantizada la atención especializada permanente que les mantiene con vida. La alegría, sin embargo, se ha convertido en "rabia", a pesar de que Josep Culleré sea uno de los dos primeros enfermos que, esta semana –19 meses después–, ha recibido la ayuda económica en Cataluña una vez se ha desplegado la ley catalana, que complementa con un máximo de 4.929,5 euros mensuales la prestación de 9.850 euros prevista en la norma española –repartida entre el gobierno español y los gobiernos autonómicos–. "Es un desastre", dice Carme Piqué, mujer y cuidadora de Culleré, que hace los números y concluye: "Me sale a pagar; perdemos dinero".

Falta un año para las elecciones municipales y solo diez días para la visita del Papa a Barcelona y el conflicto laboral con parte de la plantilla del Ayuntamiento se hace bola. De hecho, los trabajadores sociales mantendrán la huelga para los días 9 y 10 de junio, coincidiendo con la presencia del pontífice. Este viernes, en un pleno extraordinario pedido por los grupos de Junts, Comuns y ERC, el gobierno de Jaume Collboni se ha quedado solo con Vox en contra de abrir un espacio de diálogo con los tres sindicatos minoritarios –CGT, Intersindical y ABACOS, con solo 3 de los 15 miembros de la mesa de negociación–, que han convocado 30 días de paros parciales en los servicios sociales básicos, de violencia machista, infancia, bibliotecas, escuelas infantiles emergencia social o atención ciudadana.

El Gobierno y la Mesa del Tercer Sector han aprobado este miércoles el perdón de la deuda de las facturas de electricidad que las familias vulnerables han acumulado entre el año 2022 y el 2025. La medida se enmarca en el caducado convenio firmado con Endesa, en marzo de 2021, y supondrá para miles de familias no tener que abonar las facturas impagadas, sin riesgo de ser denunciados. En vísperas de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, Salvador Illa y el presidente de la Mesa, Xavier Trabado, han formalizado el acuerdo entre ambas partes para destinar 250 millones de euros para reforzar políticas sociales, desde la lucha contra la pobreza energética hasta el fomento de la ocupación, la lucha contra el sinhogarismo o la pobreza infantil.

Cuatro años ha tardado la ley del tercer sector social en ver la luz. El proyecto decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas, y después de meses de nuevos debates y trámites parlamentarios en esta nueva legislatura, el pleno de la cámara catalana ha aprobado este miércoles por una gran mayoría un texto que, por primera vez, reconoce oficialmente el trabajo de las 3.000 entidades sin ánimo de lucro que atienden a más de dos millones de catalanes –una cuarta parte de la población–, la mayoría de colectivos vulnerables. La norma ha salido adelante con los votos del PSC, ERC, Comuns y Junts, la abstención del PP, Vox y la CUP y la oposición de los diputados de Aliança Catalana.

No podía faltar la música, y menos aún el piano que le acompañó tantos días, en la despedida a Dragomir Atanazov, un hombre que conseguía evadirse de las fealdades y tristezas de vivir en la calle y se transformaba cuando tocaba las teclas blancas y negras. Atanazov, elDrago, nació en 1972 en Bulgaria y murió prematuramente este mes de abril en Barcelona, ya no como una persona sin hogar sino en casa de una familia de acogida. En un emotivo acto en el taller-tienda La Troballa, que Arrels Fundació tiene en la calle Ample de la capital catalana, donde él había pasado tantas horas trabajando, seis pianistas han querido rendir un homenaje al pianista de la calle que tocaba en el Hospital Clínic y en el Sant Pau y dejaba a más de uno boquiabierto.

La jueza de Martorell que instruye la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha determinado que su hijo mayor, Jonathan Andic, debe pagar una fianza de un millón de euros si no quiere entrar en prisión. Una cantidad que el detenido ya ha depositado para eludir la privación de su libertad. La fianza de un millón de euros es la misma petición que había comunicado poco antes la Fiscalía. Además, como medidas cautelares, la magistrada ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y comparecencias semanales en el juzgado.

La exclusión social de las personas que viven en la calle también se nota en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que hasta el 30 de junio está abierto para medio millón de personas en todo el Estado. Se nota porque las personas que viven en la calle, en tiendas de campaña o en asentamientos tienen muchos problemas para cumplir los requisitos –por muy laxos que sean– a la hora de reunir la documentación necesaria o, incluso, para enterarse de que hay un proceso en marcha y que se pueden acoger a él.

Uno de los catorce pasajeros españoles del crucero MV Hondius aislados en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional por hantavirus en la PCR que se le hizo cuando el grupo ingresó en este centro militar de Madrid para pasar la cuarentena. Los otros trece cruceristas, en cambio, han dado negativo y se les hará una segunda prueba dentro de siete días. El pasajero positivo es un hombre que, según el ministerio de Sanidad, se encuentra bien y no presenta síntomas. Siguiendo el protocolo, en las próximas horas se le volverán a analizar las muestras biológicas y, en caso de que se repita el mismo resultado, será trasladado a la planta de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del mismo hospital, con unas condiciones más estrictas y específicas para atender enfermedades infecciosas. El resto de pasajeros continuarán en las habitaciones individuales. La noticia médica ha coincidido con la finalización del operativo de evacuación del barco y de la repatriación de todos los pasajeros, a excepción de una veintena de tripulantes que han zarpado en dirección al puerto de Róterdam, en los Países Bajos. "Misión cumplida", ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia desde el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde ya solo queda desinfectar las instalaciones.

El aniversario de los 21 años para una persona con discapacidad grave suele ser un momento crítico, porque a partir de esta edad se acaba la etapa de escolarización y comienza la vida laboral o la de centros de día. En este punto, la persona acostumbra a perder la rutina de asistir a clase, con los mismos compañeros, maestros y monitores, y se adentra en un mundo de adultos, aunque continúa requiriendo atención y cuidado permanentes, que recaen totalmente en la familia.

Casi la única incógnita que queda por conocer del dispositivo de llegada del crucero de lujo MVHondius a la isla de Tenerife es la hora en que echará el ancla para quedarse fondeado hasta que las autoridades españolas ordenen el desembarco. Las buenas condiciones de la mar han hecho que el barco vaya a buen ritmo y este viernes se ha dicho que la nave llegaría el sábado por la tarde y no el domingo por la mañana, como se había previsto. No obstante este adelanto, se dejará pasar la noche antes de poner en marcha el engranaje para hacer bajar a las 151 personas que van a bordo, contando 147 pasajeros y tripulantes y cuatro profesionales que subieron a Cabo Verde para asistirles. De momento, el balance del brote se mantiene en cinco contagios confirmados, aparte de las tres que han fallecido, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) confía en que ningún otro pasajero más dé positivo.

Ninguno de los cruceristas que continúan en el barco Hondius, foco de un inusual brote de hantavirus, tiene síntomas de haberse contagiado a bordo, pero ahora la atención se centra en los pasajeros que bajaron antes de tiempo y algunas personas que coincidieron con ellos. Este viernes a mediodía, las autoridades sanitarias han informado que una mujer de 32 años se encuentra aislada en un hospital de Alicante porque presenta síntomas compatibles con la infección después de haber estado en el mismo avión que una de las afectadas del crucero y que, horas después, murió. Por la noche, el gobierno español ha comunicado que también se ha identificado a otra pasajera del avión, residente en Cataluña, que se considera contacto de la víctima mortal y, a pesar de no presentar ningún síntoma, hará cuarentena en el Hospital Clínico de Barcelona por prevención. No se había identificado antes a esta persona por un cambio de asiento en el avión.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha afirmado este jueves que el número de casos confirmados de hantavirus a bordo del crucero de Oceanwide Expeditions ha subido a cinco y que la principal línea de investigació sobre el origen del brote se encontraría en un viaje de observación de aves por Uruguay, Chile y Argentina en el que participó el matrimonio de neerlandeses que más tarde enfermaron y acabaron muriendo. A día de hoy, ellos se consideran los primeros contagios del brote. Con todo, la directora de prevención de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y ha subrayado que este brote no tiene nada que ver con el inicio de la pandemia de la covid-19: "No es covid, no es gripe, se propaga de manera muy diferente".

La Generalitat, las patronales del sector social y los sindicatos CCOO y UGT han firmado este miércoles un acuerdo para llegar a la plena equiparación salarial de los 120.000 profesionales que trabajan en los ámbitos de residencias geriátricas, discapacidad, infancia, drogodependencia y salud mental. El pacto establece subidas graduales de salario hasta 2030, año en el que se espera que los trabajadores contratados por empresas privadas tengan el mismo sueldo que los que están bajo un convenio de la administración. Para conseguirlo, el departamento de Derechos Sociales e Inclusión instaurará un nuevo sistema de financiación de las empresas en el que se condiciona un incremento de la tarifa pública a un aumento efectivo de las nóminas.

El crucero afectado por hantavirus desembarcará de aquí tres o cuatro días en Granadilla de Abona, un puerto secundario al sureste de la isla canaria de Tenerife, muy cerca del aeropuerto. Aquí se espera que todos los pasajeros y la tripulación puedan ser evaluados por equipos médicos, pero no podrán bajar del barco. A partir del lunes que viene serán repatriados a sus países de origen si no presentan ninguna sintomatología compatible con la infección. En el caso de las 14 personas de nacionalidad española que están a bordo —entre ellas, cinco catalanes—, serán trasladadas en un avión del ejército hacia la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser ingresadas en el hospital militar Gómez Ulloa, donde pasarán la cuarentena. Las autoridades no han determinado aún durante cuánto tiempo, pero sí que el periodo de incubación del hantavirus es de unos 45 días. El barco zarpó este miércoles al atardecer y Sanidad calcula que tardará tres días y 12 horas en atracar en Canarias si no hay ningún imprevisto.

Acosos, insultos, fotografías manipuladas para mofarse o el espionaje del teléfono de alguien. Son las violencias digitales que ejercen los jóvenes españoles, mayoritariamente contra personas de su misma edad, amistades o compañeros de trabajo y ocio y también contra la pareja. Un estudio elaborado por FAD Joventut señala que el 26% de los que tienen entre 15 y 29 años han sido agresores digitales en los últimos 15 años, sin que haya grandes diferencias en cuanto al género, pero sí en cuanto a la edad: el 32% de los adolescentes (15-19 años) afirman haber tenido conductas ciberviolentas frente al 24% de los de 20-24 años y el 20% del tramo entre 24 y 29 años. El perfil de la víctima es un adolescente que pertenece a un colectivo vulnerable, como una persona inmigrante, del colectivo LGBTIQ+, con una discapacidad o de familia vulnerable socialmente.

"Ahora o nunca". Una veintena de entidades sociales y ciudadanas reclaman que la reforma de la ley de dependencia que se está tramitando en el Congreso acelere para que se apruebe antes de que acabe la legislatura, ante el temor de que, en la próxima, el equilibrio de fuerzas de la cámara haga un giro que imposibilite mantener el espíritu positivo que hay ahora, pero "insuficiente". Las asociaciones se han reunido bajo las siglas de la Plataforma por la Autonomía y la Vida Digna para pedir que el derecho al cuidado en todas las etapas vitales y el reconocimiento de las cuidadoras, sean profesionales o familiares, queden "fuera de las negociaciones políticas".

El balance de la primera semana de la regularización de los 150.000 migrantes que viven y en muchos casos trabajan en Cataluña se resume en las colas de 12 horas a las puertas de ayuntamientos y entidades sociales para tener el informe de vulnerabilidad y en las consecuencias de haber tenido que improvisar a última hora para adaptarse a la letra definitiva de la instrucción aprobada. "Dicen que no necesitamos el informe de vulnerabilidad o el padrón, pero conozco gente a la que entonces no le cogen la solicitud", afirma Elida Rojas, boliviana con dos hijos a cargo.

Hasta 1.300 euros reclama el departamento de Derechos Sociales a un joven con un alto grado de dependencia que ha entrado en un centro especial de trabajo y, por tanto, no debería haber continuado cobrando la prestación económica fijada. Pero como la burocracia no está preparada para automatizar los cambios, la orden de la transferencia de la ayuda continúa llegando, hasta sumar una cantidad que para la familia "es como si no existiera", no se toca. Este es uno de los ejemplos que explican lo que la Generalitat llama "pagos indebidos" y que, sobre todo, se deben a errores o la lentitud de la administración; sea, como en el caso del joven, por incompatibilidades, por la revisión a la baja de un grado de dependencia o por la muerte del beneficiario. Solo el año pasado, la consejería pidió la devolución de 10.665 de estas deudas.

Se sienten desconcertadas, solas e inseguras por si, a pesar de las llamadas a denunciar al maltratador, no se han equivocado, dado que en los juzgados, la comisaría o el centro sanitario se topan con poca empatía por parte de los profesionales que las han de proteger. "Te cuestionas si has hecho bien, si tendrías que haberte callado", explica una mujer a través del canal anónimo abierto por elObservatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM) del Estado para visualizar el maltrato que todavía hoy los servicios públicos dan a estas mujeres. El año pasado recibió 139 denuncias, una veintena más que en 2024 –el primer año de funcionamiento–, pero las promotoras admiten que hay una alta infradenuncia.