Las Barnahus, el servicio de atención integral para criaturas que han sufrido agresiones sexuales, se abrirá a otros tipos de violencia para evitarles el peregrinaje a comisarías, centros sanitarios y juzgados para repetir lo que les ha pasado. El modelo, que ya cuenta con 14 centros abiertos en toda Cataluña, ha supuesto un cambio radical en las maneras de hacer tradicionales porque las criaturas se encuentran en un ambiente confortable, espacios seguros por donde pasan los policías y los juristas para hacer todas las pruebas que servirán en caso de que haya un juicio, sin necesidad de que tengan que volver a declarar. El anuncio lo ha hecho Teresa Llorens, secretaria de ciclos de vida y ciudadanía de la Generalitat, que también ha avanzado que se creará la figura de la procuradora de la infancia, una profesional referente para atender a los menores tutelados que viven en un centro.

Empadronarse en el municipio donde se reside es un camino lleno de obstáculos para muchas personas que no tienen un contrato de alquiler. Cada vez hay más ayuntamientos que les ponen problemas para registrarse en el padrón, un trámite de doble obligación tanto para la administración local como para toda la ciudadanía, que en los últimos años se ha convertido en un arma política entre alcaldías de todos los colores políticos. En un sondeo que ha elaborado Ksnet por encargo de ECAS (la federación de entidades catalanas de acción social) entre medio centenar de entidades sociales presentes en 60 municipios (donde viven 5,1 millones de habitantes), se señala que 40 de estas poblaciones presentan dificultades o incidencias en este trámite. En la mitad, directamente se vulneran los derechos porque incumplen la ley cuando no reconocen la figura del empadronamiento ficticio o sin domicilio fijo, previsto, precisamente, para los vecinos que no pueden o no les dejan empadronarse en el piso o que viven en la calle. "No querer empadronar a todo el que vive aquí es hacerse trampas al solitario", ha resumido Pepa Fernández, defensora de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet.

"Este 14 de julio será recordado como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados". El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha subrayado así una jornada en la que el Congreso ha aprobado por mayoría dos cuestiones trascendentales del sistema de cuidados: se convalida un decreto ley para obligar al Estado a aportar, por primera vez, el 50% de la financiación de los servicios previstos en la ley de dependencia; y también que la teleasistencia sea un servicio universal para todas las personas dependientes (actualmente está sujeta a criterios de edad o al copago). De hecho, Bustinduy ha comparado la nueva legislación con el sistema de pensiones que se estableció en el siglo XX o con el acceso a la educación y a la sanidad universales. El nuevo escenario debe beneficiar a los 300.000 dependientes y a los 130.000 en lista de espera que hay en Cataluña, la comunidad con más lista de espera, que ya ha aprobado un plan de choque para agilizar los trámites en el cobro de las ayudas mientras no llega el turno de una plaza residencial. Cada día una treintena de catalanes mueren sin haber recibido una ayuda.

Hay un antes y un después de la madrugada del 7 de julio de 2016. La violación grupal a una chica de 18 años por parte de cinco hombres en Pamplona, durante los Sanfermines, dio la vuelta a la percepción social de las violencias sexuales y transformó el sistema jurídico y la manera de explicar y entender las violencias machistas. Los mismos agresores, un grupo de amigos que se convocaban bajo el nombre de la Manada, registraron las imágenes de las violaciones y las compartieron en un grupo de WhatsApp como si fuera el trofeo de aquella noche, en un gesto de tóxica complicidad masculina.

Desde que llegó a Barcelona, Silvia vive en la irregularidad administrativa. Con doce años siguió los pasos de su madre, Ángela, que el verano de la pandemia emigró desde Honduras confiando en que pronto podría regularizarse. Viendo que no sería fácil, pagó un pasaje de avión a la niña y casi dos años después aterrizaba aquí, sin saber que aquí le esperaba compartir la cama en una habitación realquilada. No recuerda por cuántos pisos ha pasado, pero sí que recuerda el día que supo que sería "diferente", cuando desde la escuela se planteó una salida al extranjero y ella no tenía pasaporte.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha finalizado con 1.174.978 solicitudes para acogerse al proceso en todo el Estado. La cifra desborda las previsiones de medio millón que había hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando anunció la apertura del procedimiento, el séptimo de estas características en democracia y el primero desde hace 20 años. Del total de peticiones, más de un 52% ya han sido admitidas a trámite, y por tanto los beneficiarios ya disponen de una primera autorización temporal para vivir y trabajar en España. A partir de la admisión, el gobierno tiene tres meses para responder, pero no se han hecho públicas las demandas rechazadas. Cataluña es, con 257.000 —dos de cada 10—, el territorio que ha registrado más expedientes, por delante de la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valenciano (167.000) y Andalucía (161.000).

La recta final del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español llega a su fin con un frente judicial abierto. Ante las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre el encaje de la medida con el derecho europeo, los expertos consultados por el ARA coinciden en que es poco probable que tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas. Mientras que desde el mundo jurídico señalan posibles deficiencias en la tramitación, entidades y colectivos que han ayudado a los migrantes con la papeleta –a menudo luchando contra la desinformación y la falta de medios y sufriendo el colapso de la administración– centran ahora todos los esfuerzos en garantizar que los solicitantes puedan completar los trámites antes de que expire el plazo este martes.

Los trabajadores del tercer sector social están llamados este miércoles a una huelga de 24 horas –convocados por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT– para reivindicar que se aplique la equiparación salarial con la plantilla contratada por la administración pública. La protesta es el primer acto de movilizaciones, ya que se prevén paros parciales de 15 minutos en los centros de trabajo los miércoles 15 y 29 de julio.

El departamento de Igualdad y Feminismo pondrá en marcha un nuevo servicio "de atención comunitaria" para el colectivo LGTBI que complementará el acompañamiento individual que ya se hace en el centenar de puntos de la Red de Atención Integral (SAI) en toda Cataluña. A falta de que se apruebe el presupuesto de la Generalitat y de la licitación correspondiente, el nuevo servicio dará respuesta colectiva "a demanda" con grupos de apoyo mutuo que guiará una educadora social contratada para este plan.

El día antes de que finalice el proceso de regularización extraordinaria de migrantes todavía hay quienes presentan la documentación. A Bilal, un hombre pakistaní de unos cuarenta años, le ha costado "mucho" conseguir todos los papeles, sobre todo los antecedentes penales de su país porque le habían llegado parcialmente hasta el punto de que se había planteado hacer los trámites sin adjuntar el comprobante que los había solicitado. Finalmente el papel le llegó la semana pasada, justo a tiempo para "no tener sorpresas", dice. Por contra, lleva incluso el padrón que no se requiere. A la espera de los datos definitivos, los últimos datos oficiales de hace un par de semanas apuntaban que se han hecho 900.000 solicitudes, a pesar de que informaciones periodísticas aumentaban las cifras hasta 1,2 millones de expedientes, más del doble del medio millón previstas por el gobierno español.

Habitación a 350 euros más 300 euros de padrón. La fórmula se repite en webs de anuncios y ejemplifica hasta qué punto es complicado empadronarse sin un contrato de alquiler. Ángela (no quiere decir el apellido) estuvo dos años intentando que el propietario que le alquilaba una habitación compartida en un piso del barrio barcelonés de Horta la empadronara y, desesperada por las negativas, entró en Facebook y enseguida se le abrió un abanico de posibilidades para empadronarse en otra vivienda sin vivir allí. Dice que pagó 300 euros, y dos años después tuvo la "sorpresa" de que le pedían 150 más por la renovación. "La desesperación hace que acabes pagando lo que te piden", constata esta mujer colombiana con trabajo fijo y sin expediente en los servicios sociales.

La ola de calor que azota Cataluña ha tenido un claro impacto en la salud. En dos días –lunes 22 y martes 23 de junio– se han registrado trece muertes asociadas a las altas temperaturas, coincidiendo con el pico de las altas temperaturas, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo del Instituto de Salud Carlos III. Se trata del inicio de la temporada estival con más mortalidad desde que se comenzó el cómput el 2015. De la serie, solo junio de 2022 tuvo un peor comportamiento, con decesos antes de la primera quincena de un mes que acabó con 39 víctimas.

2.218 millones de euros extras es la cantidad que el consejo de ministros ha aprobado este martes para reforzar el sistema de dependencia, uno de los pilares del estado del bienestar, pero muy criticado por la lentitud y la escasez de recursos 20 años después de la aprobación de la ley que ya nació infrafinanciada. "Hoy es un día histórico", ha proclamado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha sido el encargado de exponer el "esfuerzo" económico del gobierno español para mejorar el cuarto pilar del estado del bienestar. "Tenemos que transformar nuestro sistema de cuidados", ha dicho, "queremos avanzar hacia la garantía de un servicio público que responda a las necesidades de la ciudadanía, tanto desde el punto de vista de quien los recibe como de los que los presta".

Recta final del proceso extraordinario de regularización que debe servir para que miles de personas migradas que viven y trabajan en España (en la economía sumergida) consigan el permiso de residencia que les permita poner fin a una vida sin derechos. Después de un convulso inicio hace más de dos meses, en el que la desinformación y la falta de medios provocaron largas colas de solicitantes para que les entregaran la documentación necesaria para los trámites, el proceso se cerrará el próximo 30 de junio. Hasta ahora se han presentado más de 900.000 solicitudes, casi el doble de las 500.000 que preveía el gobierno español.

¿Son seguros los barrios? Atendiendo a los datos de delitos se puede concluir que sí. O, al menos, lo suficiente. Aun así, se constata un aumento de la percepción de inseguridad y un sentimiento de miedo a la hora de salir de noche o de pisar según qué calles, sobre todo entre las mujeres jóvenes y las personas mayores. Marta Murrià, jefa del área de convivencia y seguridad urbana del Institut Metròpoli, afirma que entre el 15% y el 20% de los residentes del área metropolitana de Barcelona se sienten inseguros, pero, aun así, más del 60% de la población no modifica sus conductas ni sus trayectos, aunque en determinados lugares o momentos puedan activar las alertas.

Tiene un deje ligero y una cadencia que hacen que se deduzca que proviene de muy lejos y que el catalán no es su lengua materna. Con todo, tanto la pronunciación como el vocabulario de Alejandro González, un joven hispanocolombiano de 25 años, son de diez. Y más teniendo en cuenta que no ha vivido nunca en Cataluña ni, por ahora, tiene ninguna intención de instalarse allí. No le mueve la necesidad, ni la obligación, ni tan siquiera el amor, que son los factores que acostumbran a empujar a alguien al aprendizaje de un idioma. De hecho, no fue hasta que aterrizó en Toulouse de Languedoc a estudiar un máster hace cuatro años que le picó la curiosidad por una lengua y una cultura de una amiga que se presentó como "catalana de Barcelona".

Sale de la tienda de campaña que, alrededor del mediodía ya debe ser un horno en el interior. “No problems, no policia”, dice mientras mira a uno y otro lado. Desde la decena de tiendas que hay en este rincón de la ronda del Litoral, entre L'Hospitalet y Barcelona, nadie saca la cabeza al oír una voz extraña. En la puerta de cada una hay zapatillas y chanclas de piscina que delatan que los propietarios han preferido continuar ajenos a lo que pasa fuera y evitar problemas. Les da miedo que hacerse visibles les obligue a trasladarse otra vez. Este grupo se ha instalado en un descampado entre carreteras, provenientes de los desalojos del aeropuerto, la Ciutadella y la Zona Franca. “Buscan la periferia”, ilustran desde las entidades, que apuntan que optan por pasar más desapercibidos ante la policía y también de los vecinos.

Manuel Heredia se levanta cada día a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Se lava la cara y los dientes, se recoge el pelo, coge el tren y a las 6.20 horas ya entra por la puerta de la empresa. Ocho horas después, se ducha y hace el camino a la inversa. Hasta el día siguiente. Es la misma rutina de tantos y tantos trabajadores, pero la particularidad de Heredia es que vive en la calle, una excepcionalidad cada vez más normalizada, alertan las entidades sociales. El informe FOESSA de Cáritas estima que en Cataluña 1,4 millones de trabajadores son pobres.

Ya han pasado más de cuatro años de la muerte de Munir y Jéssica en el barrio de barracas de Montcada i Reixac. En este tiempo, sin embargo, la situación del asentamiento no ha cambiado en absoluto y sus habitantes continúan malviviendo entre el río Besòs y la carretera BV-5001, invisibles a ojos de las administraciones a pesar de la tragedia. Aquel día de enero de 2022 hacía frío, la pareja encendió un fuego para calentarse y murieron asfixiados dentro de su infravivienda, dejando tres criaturas huérfanas. La llegada de un nuevo verano no mejora la perspectiva de los vecinos, ya que con el aumento de las temperaturas deben buscar refugio fuera de la barraca —construida con chapa o materiales poco resistentes— cuando el sol aprieta más y hace que el ambiente en el interior sea irrespirable. Es el caso de un hombre que descansa a la sombra sin camiseta. No quiere decir su nombre, ni que le hagan fotografías y le entrevisten, está cansado de denunciar la situación y enfadado por la falta de ayuda que han recibido: "Murieron allí al lado y todo sigue igual; no quiero hablar con vosotros porque no servirá de nada".

El Papa se ha reservado para el segundo y último día de su visita a Barcelona los dos actos de pequeño formato, más íntimos, para encontrarse con colectivos vulnerables. Por la mañana se ha reunido con una ochenta de reclusos en el centro penitenciario Brians 1, de Sant Esteve Sesrovires, antes de dirigirse hacia el monasterio de Montserrat. Por la tarde ha elegido la modesta iglesia de Sant Agustí, en el corazón del Raval de Barcelona, en su camino hacia el acto central de la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. Ha sido, pues, una jornada marcada, por un lado, por dos grandes símbolos de la espiritualidad catalana y, por otro, por dos puntos donde se dejan sentir los problemas sociales actuales.