La Generalitat se compromete a pagar las ayudas económicas de dependencia en dos meses y medio
La evaluación del grado se simplificará y las personas más dependientes cobrarán de entrada 200 euros mientras esperan
BarcelonaSolo en los tres primeros meses de este año, 2.866 personas han muerto esperando una prestación de dependencia en Cataluña. Han muerto en lo que se conoce como el limbo, el plazo entre que se presenta la solicitud y la administración valora, reconoce el grado y otorga la ayuda correspondiente a través del plan individual de atención (PIA). En este proceso se encuentran 128.000 catalanes (la inmensa mayoría de los cuales son personas mayores), que tienen que esperar hasta 397 días (13 meses) de media por demoras de su expediente, más del doble de los 180 días que fija como máximo la ley estatal de la dependencia.
Es en este limbo donde la Generalitat centrará en los próximos dos años los esfuerzos para “desbloquear” el primer “cuello de botella” con que se topan los que quieren beneficiarse de la ley. El plan, que el presidente Salvador Illa ha anunciado este domingo en las jornadas de trabajo del Govern en el Monasterio de Sant Benet, se compromete a reducir la espera para tener el PIA en solo 60 días y 15 días más para empezar a cobrar la prestación económica a la que se tenga derecho.
El programa solo asegura las ayudas económicas para cuidadoras, pero no la asignación de servicios que están dentro del catálogo de la ley, como una plaza en un centro de día, en residencia, la atención domiciliaria o un asistente personal. Desde Derechos Sociales quitan hierro asegurando que el 80% de los usuarios piden ayuda económica, pero no ocurre así entre los más dependientes. Las demoras para obtener una de estas ayudas pueden alargarse años, una situación que impacta no solo en la calidad de atención a la persona beneficiaria sino también en sus familias, que tienen que asumir a menudo los gastos económicos y emocionales de cuidados constantes.
Un solo acto
El ahorro de tiempo se realizará con la simplificación de los trámites, ya que en una sola visita al demandante se hará a la vez la valoración del grado de dependencia y el PIA, es decir, al acabar el examen, la persona beneficiaria ya sabrá el importe de la prestación que le corresponde. Actualmente, este proceso se alarga en exceso porque primero hay una evaluación de los servicios sociales básicos municipales y después la asignación de la ayuda por parte de técnicos del departamento de Derechos Sociales.
El Plan Cura se enmarca dentro de la tendencia a llegar a una coordinación mayor entre los servicios de los departamentos de Derechos Sociales y de Salud que tendrá el punto álgido con la creación de una ventanilla única contemplada en la futura Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña. De hecho, desde la atención primaria se conoce casi la totalidad de las personas dependientes que acaban solicitando una ayuda, así que “el criterio clínico” ganará en relevancia en este nuevo modelo, que los responsables de las dos consejerías afirman que supone “un cambio de paradigma” y sitúa Cataluña al frente de la gestión de la dependencia.
debe aportar un copago para hacer uso de elloEn este contexto tecnológico, la Generalitat señala que ya tienen detectados hasta 18.200 casos potenciales de personas en las listas de espera que a partir de los informes médicos se identificarán perfiles que encajan con los criterios de grado III, el máximo del baremo de dependencia. Se trata de personas mayores, pero también de pacientes psiquiátricos o niños con necesidades muy específicas. A partir del mes de mayo se priorizará este grupo, a los cuales se les hará "un PIA exprés", y antes de la evaluación ya podrán recibir una prestación de 200 euros, el mínimo que establece la ley. Una vez ya se tenga la resolución final, se abonará la totalidad del importe que les corresponde. Ahora bien, en caso de que pidan una plaza de residencia u otro servicio, deberán seguir en la lista específica de cada centro, pero responsables de Derechos Sociales afirman que se aliviarán situaciones personales, en muchos casos en el final de vida. Es el mismo trato que reciben los enfermos de la ELA, para los cuales se ha creado una pasarela diferente mediante la creación del grado III+ de dependencia.
Dos décadas de servicios
El despliegue de la ley de dependencia hace veinte años supuso un paso importante para universalizar la atención de las personas dependientes, a pesar de que a diferencia de la educación o la sanidad, el usuario debe aportar un copago para hacer uso de ella. La iniciativa, sin embargo, ya nació deficitaria y las familias critican que tanto los servicios como los criterios para la evaluación están pensados básicamente para personas mayores, obviando a los niños que necesitan cuidados. La Generalitat admite que el sistema actual no se ha adaptado al incremento constante de la entrada de nuevos usuarios y más dependientes (el doble en diez años), y tampoco se han actualizado los sistemas de gestión ni ha habido un aumento de profesionales.
La previsión es que este martes el Govern apruebe el decreto de medidas urgentes para desplegar el Plan Cura. Comportará una inversión inicial de 25 millones de euros para contratar 200 profesionales para agilizar la maquinaria interna del departamento de Derechos Sociales, que se encarga de los PIA y del aumento de los servicios de evaluación de grado, que podrán hacer 25.000 visitas extras para recortar listas. Sin presupuestos para este año, la partida comprometida saldrá del suplemento de crédito de 9.100 millones de euros con los cuales también se tiene que pagar la subida de sueldo de los docentes.
