La larga espera para la dependencia: "Cada día es una batalla"

BarcelonaA la hija de Eduard Ges le diagnosticaron epilepsia cuando tenía ocho meses. A partir de entonces empezó un auténtico laberinto burocrático por el que pasan todas las familias para acceder a una prestación por la dependencia y que se resume en dos palabras: valoraciones y informes. La puerta de acceso a servicios reconocidos por la ley de dependencia —que no sólo está pensada para personas mayores— son un auténtico quebradero de cabeza por las largas listas de espera que obligan a pagar por adelantado. La niña tiene hoy dos años y cuatro meses y requiere de numerosas sesiones de fisioterapia y de psicólogos en centros privados mientras no llegan las ayudas públicas. "Cada día es una batalla con el papeleo", se queja Ges.

El 15 de marzo del año pasado empezaron a realizar los trámites tanto para la dependencia como para la discapacidad, que van por vías diferentes. En cuanto al grado de discapacidad, todavía están a la espera de que los técnicos les hagan una valoración, mientras que la de la dependencia fue más rápido de lo esperado, ya que un mes después ya estaba pasando el examen en casa que determinó que tenía un grado III. Éste es el nivel más alto de la escala e indica que la persona no tiene autonomía personal y necesita ayuda para actividades básicas rutinarias.

Ahora bien, la rapidez no ha supuesto que hayan visto ayudas. De hecho, ni siquiera tienen notificación oficial alguna sobre el grado, aunque la criatura ya ha pasado por las revisiones de grado semestrales preceptivas por ley. Mientras, desde mediados de enero, hace cinco semanas, la niña tiene aprobado el Plan Individual de Atención, conocido por sus siglas PIA, en el que se detallan las necesidades particulares y cuáles son las prestaciones a las que tiene derecho. En su caso, son 455 euros, la máxima prestación prevista por la ley de dependencia.

De momento, la familia aún no ha visto ningún euro y paga de su bolsillo todo lo que necesita la criatura. "Nos han dicho que cuando cobramos empezaremos a cobrar desde septiembre", apunta el padre, que ha dejado el trabajo y se ha acogido en la CUME, un subsidio estatal que compensa la pérdida de ingresos de los progenitores con hijos dependientes con enfermedades graves. El problema, se queja, es que esta ayuda sólo se obtiene cuando hay diagnóstico y nadie tiene en cuenta las horas de trabajo perdidas y los kilómetros realizados mientras se están realizando las pruebas.

La familia vive en Tona (Osona) y debe hacer frente también a los desplazamientos para ir al menos dos veces al psicólogo y al fisioterapeuta o los especialistas del Hospital Sant Joan de Déu. En las dificultades burocráticas se añaden los gastos extras por la discapacidad. La pequeña aún no camina y una médica aconsejó comprarle una plataforma para mantenerla de pie unas horas al día, pero valía 2.000 euros. Por "suerte", apunta Ges, finalmente ellos encontraron una gratis.