La Seguridad Social ha dado un paso adelante a la hora de hacer diagnósticos sobre el sistema de las pensiones tan completos como sea posible y sin la necesidad de depender de informes externos. El ministerio que pilota Elma Saiz acaba de lanzar una nueva herramienta que le permitirá hacer proyecciones casi en tiempo real tanto del gasto como de los ingresos del sistema. El objetivo es observar si es sostenible o no, sobre todo a largo plazo. Pero ¿se ha acabado la discusión sobre lo que es una de las cajas de los truenos de la política económica? En paralelo a la Seguridad Social, Bruselas hace el mismo ejercicio, pero a su manera.

El 2 de abril de 2025 Donald Trump anunciaba desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca una lista de aranceles "recíprocos" para diferentes países de todo el mundo y abría la puerta de par en par a una guerra comercial sin precedentes. El caos y la incertidumbre se apoderaban de las relaciones comerciales por unos aranceles que oscilaban entre el 10% y el 50%, y que en el caso de la Unión Europea se situaban en el 20%. Durante doce meses, el choque comercial ha atravesado diferentes fases, la última marcada por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de declarar ilegal gran parte de aquella decisión. Eso sí, ha dejado huella en las relaciones comerciales, como mínimo con España, sobre todo en lo que respecta a las exportaciones.

Venezuela es desde este miércoles el último reducto de Telefónica en América Latina. Es el único país en el que la teleco mantiene el negocio después de llegar a un acuerdo para deshacerse de su filial en México por unos 389 millones de euros. En concreto, Telefónica ha alcanzado un pacto con el consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, para la venta de su participación en la filial mexicana, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, han exhibido unidad con propuestas concretes sobre el despido, la vivienda, el contrato a tiempo parcial y el diálogo social y la negociación colectiva. Este martes, las dos organizaciones han presentado un plan conjunto en torno a estas cuatro materias que suponga un revulsivo para la acción sindical, sobre todo a las puertas del Primero de Mayo, pero que también sirva como "correa de transmisión" de aquellas preocupaciones que afectan a los trabajadores y que, a juicio de las organizaciones, la agenda política marcada por la crispación no está recogiendo. "Estamos ante una iniciativa [sindical] que tiene pocos precedentes", ha indicado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en rueda de prensa.

Cuando José Bogas fue nombrado consejero delegado de Endesa en el año 2014 tenía una misión: diseñar un nuevo plan industrial y de inversión en España, un mercado que conocía de primera mano porque hasta entonces era director general del negocio en el Estado y en Portugal. Bogas ejercía el cargo con una Endesa ya en manos de la italiana Enel, que hoy controla el 70% del capital social. Y lo hacía, precisamente, después de que a la energética le quedaran pocos activos más allá de los de la península Ibérica: Enel acababa de hacer que su actividad llegara a América Latina, algo que se leyó como un primer paso para adelgazar Endesa.

Cataluña ve pasar de largo (por ahora) el AVE que debe conectar Barcelona y París. El proyecto ferroviario que debía conectar la capital catalana con la francesa queda en espera después de que Renfe haya decidido renunciar a él fruto de las trabas del país gal que han acabado suponiendo un lastre para su culminación, inicialmente prevista para 2024, tal como ha avanzado Eldiario.es y confirman fuentes de Renfe a l'ARA. El año pasado, también quedó suspendida la conexión Barcelona-Toulouse.

Giro de 180 grados en la empresa tecnológica y de defensa Indra. El exdirectivo de La Caixa Ángel Simón ha sido nombrado nuevo presidente de Indra tras la dimisión de Ángel Escribano –un mandato que ha durado poco más de un año–, tal como ha informado la compañía este jueves de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La propuesta de Simón la hizo el gobierno español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su brazo inversor, que es el primer accionista de Indra con un 28% del capital social.

El gobierno español prevé una "resiliencia" de la actividad turística ante el conflicto en Oriente Medio. Y no solo se aferra a las estimaciones para esta Semana Santa, que son "fantásticas" en palabras del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, sino también a una "capacidad de adaptación y resistencia" de un sector que en los últimos años ha superado crisis como la de la pandemia de la covid-19. "La situación es completamente diferente [a la del coronavirus]. No se puede comparar", ha dicho Hereu en rueda de prensa este martes, después del consejo de ministros. El ministro, que ha comparecido precisamente para explicar cuál es el pulso actual del turismo y cuáles son las previsiones para esta Semana Santa, ha reconocido que existe una preocupación por el impacto del conflicto, pero lo ha vinculado a "segundas derivadas" que dependerán de cuánto se alargue la guerra. "Estamos analizando con el sector [la situación actual] y qué puede pasar si el conflicto no dura semanas, sino meses", ha dicho. Por ejemplo, si este escenario deriva en una crisis de precios aún más grave.

Es uno de los casos que ha dejado una de las imágenes de más unidad del sindicalismo: la entrada en prisión el pasado verano de seis sindicalistas de la CNT de Gijón conocidas como Las Seis de La Suiza; y que este martes escribe una nueva página con la aprobación del indulto por parte del gobierno español.

Al rechazo del gobierno español al uso de las bases norteamericanas de Rota y Morón para operaciones que tengan que ver con la guerra en Irán –continúan activas para el resto de actividades– se suma ahora el cierre del espacio aéreo a los aviones que participen en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, tal como ha avanzado El País y confirmado el gobierno español. Con esta decisión, el Estado da un paso más en su "no a la guerra": "Todo el mundo sabe cuál es la posición de España. No se autoriza el uso de las bases [de Rota y Morón] y, por supuesto, no se autoriza el uso del espacio aéreo español para actuaciones que tienen que ver con la guerra en Irán", ha afirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una atención a los medios de comunicación este lunes.

El conflicto en Oriente Próximo no ha pasado desapercibido en la actualización de las previsiones macroeconómicas del Banco de España a pesar del poco margen de tiempo entre el estallido de la guerra y la elaboración de un nuevo informe. El ente supervisor reconoce que el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las ramificaciones en la zona tendrán un impacto en el crecimiento de la economía española, pero sobre todo en la evolución de los precios. De hecho, si el conflicto se enquista la tasa de inflación media para este 2026 podría dispararse hasta el 5,9% por las disrupciones en el mercado energético global. Ahora bien, el organismo que preside el exministro socialista José Luis Escrivá estima que el paquete de medidas fiscales del gobierno español que este jueves validó el Congreso ayudará a "amortiguar" el choque económico de una guerra que por ahora no parece tener fin.En términos generales, el Banco de España (BdE) prevé que el producto interior bruto (PIB, el indicador que sirve para medir el tamaño de una economía) crezca un 2,3% en 2026, tal como se desprende del informe publicado este viernes. Puede parecer contradictorio, porque supone una ligera mejora respecto de las previsiones del mes de diciembre, es decir, las previsiones de antes de la guerra, cuando el ente preveía que la economía española crecería un 2,2% en 2026.

El ministerio de Trabajo reclama 110 millones de euros a Uber Eats por haber dado empleo a 60.000 repartidores como falsos autónomos entre los años 2022 y 2026, según ha avanzado El País y han confirmado a el ARA fuentes del ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo, que depende de la cartera que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, inició una investigación el verano del año pasado y llegó a la conclusión de que estos trabajadores debían ser asalariados.

En medio de la guerra en Oriente Medio y el consiguiente impacto sobre el mercado global del gas y el petróleo, muchos países han entrado en una carrera de fondo para encontrar quién les puede garantizar el suministro de estos combustibles fósiles, o asegurarse de que el vínculo con sus principales proveedores es robusto. Es el caso de España, que acaba de anunciar el "refuerzo" de la asociación energética con Argelia, de quien depende el suministro de gas natural al Estado porque es su primera fuente. A modo de ejemplo, entre enero y diciembre de 2025 el 34,5% del gas natural que llegó a España (128.504 GWh) provino del país africano, mientras que este año el gas argelino ya supone el 29,2% de este combustible fósil (19.243 GWh). De hecho, este refuerzo se traducirá ni más ni menos que en una "ampliación" de los volúmenes de gas que llegan al Estado provenientes de Argelia. Lo mismo pasó en el año 2022, cuando la guerra en Ucrania y las consiguientes decisiones de Occidente sobre sus vínculos con Moscú, entre las cuales empezar a desligarse a largo plazo del gas ruso, ampliaron la capacidad del gasoducto que conecta España con el país argelino: de 8.000 millones de metros cúbicos a 10.000 millones.

Con la salida de María Jesús Montero, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha optado por reforzar el perfil político del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, así como por pescar fuera del ministerio de Hacienda al nuevo encargado de esta cartera. Por un lado, Cuerpo asumirá la vicepresidencia primera. Por otro, la batuta de las cuentas públicas la llevará el valenciano Arcadi España, actual secretario de Estado de Política Territorial. Los cambios los ha comunicado el mismo Sánchez este jueves por la tarde en una declaración institucional desde la Moncloa. El gobierno pierde la paridad que había hasta ahora: habrá 12 ministros hombres y 10 ministras mujeres.

El tiempo de cuenta atrás para la votación del decreto con las medidas de vivienda que el gobierno español ha aprobado para afrontar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio ha desencadenado en un llamamiento por parte de colectivos sociales y partidos de izquierda a los inquilinos a pedir "ya" la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los términos y las condiciones del contrato en caso de que este finalice antes del 31 de diciembre de 2027. Esta es una de las medidas estrella del decreto que, a la espera del resultado de la votación en el Congreso, está en vigor (el límite temporal para que sea votado son 30 días hábiles desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado).

"Siempre le gusta recordar que es licenciada en medicina". Es uno de los rasgos que recuerda un exdiputado catalán en el Congreso encargado de los temas económicos cuando se le pregunta qué destacaría de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora que sale del gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que la trayectoria de Montero está marcada por la Sanidad. No solo es médica de formación, sino que los primeros pasos profesionales los dio como gestora de hospitales. Esta, de hecho, fue su puerta de entrada a la consejería andaluza de Salud en el año 2002. Y quizás por eso, Montero vuelve ahora a su tierra natal anunciando que si gana las elecciones –es la candidata del PSOE–, una de las primeras medidas será aprobar un plan para "salvar" la sanidad pública andaluza.

Indra ha vuelto a esquivar la trifulca política. El actual presidente, Ángel Escribano, continuará al frente de la compañía pese a la tensión de los últimos días con el gobierno español, primer accionista de Indra a través de la SEPI. De hecho, en el consejo de administración de este miércoles por la tarde ni siquiera se ha discutido un plan B, según explican fuentes conocedoras del proceso en el ARA. El cónclave de máximo poder de la empresa tampoco ha entrado a cuestionar la continuidad del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a quien se le acaba el mandato en junio. Fuentes conocedoras del proceso explicaban a Europa Press que el punto tampoco ha figurado en el orden del día de la reunión.

Isabelle Ferreras (Bélgica, 1975) ha estado coordinando el Informe sobre la democracia en el trabajo. El texto, presentado recientemente por una comisión de expertos de alto nivel que depende del ministerio de Trabajo y que ella misma ha dirigido, cuestiona las estructuras de poder en el ámbito laboral: "Están conectadas con la posibilidad de vivir en una sociedad democrática", reflexiona Ferreras. La investigadora belga atiende al ARA a través de una videollamada, mientras el ministerio ha arrancado la negociación con los sindicatos, pero sin las patronales, para dar pasos adelante en esta materia.

Un Palacio de Vistalegre casi a oscuras, iluminado únicamente con unos cuantos focos y con un escenario en medio sobre el que colgaban unas grandes pantallas de leds con luces azules y lilas. Suena Panic Show, del grupo de rock La Renga, y al público, la mayoría del cual eran hombres jóvenes, no le hace falta saber mucho más para prepararse para quien está a punto de entrar en el recinto. Unos focos de colores iluminan una de las puertas de la entrada a la pista y, alzando las manos y aplaudiendo, al más puro estilo estrella musical, aparece Javier Milei, el presidente de Argentina. "Yo soy el león", exclama desde arriba del escenario. El público, de pie, no duda en aplaudirle durante minutos mientras entona "Milei, presidente" o "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Forestalia es una gran empresa aragonesa de energías renovables que en el Camp de Tarragona conocen bastante bien: pretendía impulsar una línea de alta tensión de 287 kilómetros, 181 de los cuales en territorio catalán, para hacer llegar la electricidad desde Aragón hasta Cataluña. Un proyecto, polémico en su día, que hoy ya es historia. Los quebraderos de cabeza para la compañía, sin embargo, no han terminado y ahora la polvareda la genera un presunto caso de corrupción ambiental que, de momento, se ha saldado con seis detenciones. ¿Qué se investiga?

Vamos por partes. La causa ya se ha bautizado como el caso Forestalia. Este viernes hay prevista precisamente una vista de medidas cautelares por parte del magistrado responsable del caso. Finalmente, sin embargo, lo ha aplazado cinco días. A grandes rasgos, se investiga una supuesta trama de corrupción ambiental que afecta a la provincia de Teruel, en Aragón.

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