No hacía ni dos semanas que el gobierno de Pere Aragonès había tomado posesión, que Salvador Illa ya había pensado en cuál sería su estrategia como jefe de la oposición para, cuando terminara la legislatura, ser él quien pudiera gobernar Catalunya. En el Palau Requesens, a un par de minutos a pie del Palau de la Generalitat, presentaba un gobierno alternativo para visualizar la oposición al gobierno –entonces de coalición con Junts– que encabezaban los republicanos. Nombrando consejeros en la sombra –un equipo de quince diputados socialistas que se repartieron las carteras del ejecutivo paralelo–, Illa quería visualizar cómo gobernaría el PSC la Generalitat si tuviera la oportunidad de hacerlo.

Cuando Pedro Sánchez le escogió para que ocupara el ministerio de Justicia de su primer gobierno de coalición, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) era reconocido incluso por sus rivales políticos por la experiencia y la solvencia de su carrera anterior como magistrado. Miembros del PP veían en su figura a un ministro moderado. Sin embargo, le acabarían señalando para sacar adelante una de las medidas que la dependencia de las fuerzas independentistas obligó a tomar: la aprobación de los indultos a los presos políticos. Quien les había condenado, el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, es su amigo –se refería a él en una entrevista en el 2019 en la que alababa el trabajo de Manolo en el Supremo–. Los indultos fueron prácticamente el único que pudo cumplir como ministro, porque su paso por el gobierno español fue más bien corto: en cuanto se aprobó la medida de gracia, el presidente español le destituyó. Otros 18 días duró en el cargo.

La presencia de la formación de extrema derecha islamófoba Aliança Catalana está enrareciendo los primeros actos de la Diada. Cuando la líder del partido, Sílvia Orriols, ha intentado hacer un discurso en la ofrenda floral en el Fossar de les Moreres de este martes se han vivido escenas de tensión con manifestantes que han interrumpido el acto, lo que ha requerido la intervención de los Mossos d'Esquadra.

Cambio de gobierno, y cambio de cromos en los organismos que dependen de la Generalitat. También en el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que desde el pasado martes dirige Joan Rodríguez Teruel (Barcelona, ​​1974). Politólogo de formación, la propuesta de encargarse del órgano que realiza las encuestas de la Generalitat le enganchó preparando el inicio de curso como coordinador del área de ciencia política de la Universidad de Valencia. A diferencia de su antecesor, Jordi Muñoz, proviene de la escuela de la Autònoma y del núcleo intelectual que impulsó a Isidre Molas en la UAB. Aunque no le gusta definirse como tezanista, sí es un gran defensor de la labor del CIS, pese a las polémicas y acusaciones de parcialidad contra su presidente, José Félix Tezanos. Trabajó en la Generalitat con Pasqual Maragall y José Montilla, y también para los socialistas en la Generalitat Valenciana –está muy cercano al expresidente Ximo Puig–. Su cargo es de designación política, pero quien le conoce subraya que "también hay mucha política en las unis", y que ha sobrevivido a distintas direcciones.

La elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat le convierte en el 133º, y hace a la vez que Aragonés sea el séptimo expresidente vivo. La semana pasada Pere Aragonès anunció la creación de su oficina de expresidente, que instalará en un edificio anexo al Palacio de Pedralbes de Barcelona, ​​titularidad de la Generalitat. Todos los expresidentes que mantienen oficina la tienen en Barcelona, ​​excepto Quim Torra.

La Audiencia Nacional rechaza amnistiar el delito de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) de la operación Judas, y envía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial, según el auto a la cual ha tenido acceso el ARA. De esta forma queda paralizada la aplicación del olvido judicial a la espera de que se pronuncie el tribunal europeo, a quien se pide que estudie, tal y como entienden los magistrados de la causa, si la amnistía contraviene el derecho de la UE. Los 12 activistas estaban a las puertas del juicio por pertenencia a organización terrorista y 8 también por tenencia de sustancias explosivas de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa.

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, quiere que el partido se desmarque completamente del gobierno de Salvador Illa, pese a haberlo investido hace algunas semanas. Por este motivo ve necesario que el presidente cese todos los altos cargos del ejecutivo que hayan sido nombrados por ERC y sean militantes: “El traspaso responsable que ha hecho ERC ya ha terminado. Hacer un traspaso en agosto es difícil, cuesta encontrar a gente que pueda ser designada para ejecutar todas las funciones del gobierno de la Generalitat, pero Illa debe acabar de cesar a los altos cargos de gobierno”, ha dicho en una entrevista en TV3 .

El juez Manuel García-Castellón está ya jubilado. El magistrado de la Audiencia Nacional que ha ido investigando, entre otras causas, el caso Tsunami Democrático, cuelga la toga después de que este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya haya publicado su jubilación forzosa. García-Castellón cumple 72 años el próximo 16 de octubre, la edad máxima en la que podía presidir el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero pidió adelantar la fecha de la jubilación a este lunes. Lo que hoy publica el BOE es el acuerdo que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó a finales de junio para dar cumplimiento a la petición.

La polémica en torno a la política migratoria en Canarias no se detiene y sube el tono este lunes. El presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado que su gobierno denunciará al Estado por la llegada de migrantes a las islas: “Vamos a tomar decisiones en el Consejo de Gobierno. Estableceremos un proceso jurídico contra el Estado. Canarias ha hecho la tarea de atender a los menores que llegan a las islas, pero el gobierno de España nos ha dejado solos”, ha expresado en las redes sociales.

La economista y ex diputada Àngels Martínez Castells (Mollet del Vallès, 1948), ha fallecido este domingo a la edad de 76 años. Lo ha explicado la periodista Rosa María Artal, su amiga, en las redes sociales, y lo han confirmado al ARA fuentes que han compartido militancia con ella. Doctora en ciencias económicas y profesora de política económica de la Universidad de Barcelona, ​​tuvo una larga trayectoria política y en el activismo. Militó en el PSUC desde los 20 años, todavía bajo la dictadura franquista, y participó en la fundación la Assemblea de Catalunya, así como del Partido de los Comunistas de Catalunya y de la sección de educación del sindicato Comisiones Obreras de Catalunya.

Desde octubre de 2017, ha habido siete relevos al frente de los Mossos d'Esquadra. La vuelta de Miquel Esquius (Súria, 1963) al cargo de comisario jefe del cuerpo, dice Interior, debe dejar paso a una etapa de estabilidad en la dirección de la policía catalana. Diplomado en ciencias religiosas, de ahí le viene el apodo de cura, que gente que le ha conocido asegura que es en sentido positivo: "Tiene un talante reflexivo, humanista". Su carácter tranquilo es lo que todo el mundo le valora, y también que es muy difícil verle enojado. Sin embargo, no se pasa el día encerrado en un despacho, aunque lleva años asumiendo cargos de gestión.

El otoño ha sido en los últimos años una época caliente para la política catalana y este año no se espera menos, con la coincidencia de dos congresos clave de los dos principales partidos soberanistas, en un momento de profunda desorientación del movimiento. Después de que Salvador Illa se haya convertido en presidente de la Generalitat gracias a un pacto con los republicanos y una vez la mayoría independentista se ha perdido por primera vez desde el inicio del Proceso, ambas formaciones llegan a sus congresos más peleadas entre sí que nunca, y con cuestiones pendientes de resolver. Pero lo que deben abordar, en uno y otro caso, es diferente.

Después de un regreso de las vacaciones centrada en las rencillas en torno a la política migratoria, el Partido Popular vuelve a su programación habitual en el inicio del curso político. En un acto con el expresidente español Mariano Rajoy –que no ha tomado la palabra–, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a señalar al pacto por la financiación de Cataluña como un agravio insalvable para los territorios del Estado. Es por ello que, desde Galicia, ha prometido, junto a los presidentes gallego, valenciano y castellano-leonés, que su partido será capaz de hacer que ninguna minoría "imponga cómo debemos vivir en España".

Pere Aragonès fue el primer presidente de la Generalitat que, con el arranque de su gobierno, entonces todavía de coalición con Junts, se llevó a sus consejeros de convivencias. Este viernes, el nuevo ejecutivo de Salvador Illa, inicia unas jornadas de trabajo –desde el Govern rechazan decirle convivencias, colonias, o nada que pueda sonar en infantil–, que se alargarán hasta el sábado al mediodía, en Poblet (Cuenca de Barberá).

Raquel Sans deja de ser la portavoz de Esquerra. Ella misma ha presentado su renuncia este miércoles por la mañana. Según ha avanzado Nación y ha podido confirmar el ARA, la cara visible de los republicanos en las ruedas de prensa y comparecencias de la formación pliega para volcarse en la candidatura alternativa a Oriol Junqueras cara al congreso del 30 de noviembre. Se perfila así como una de las caras visibles del sector que apuesta por la "renovación de liderazgos" y para que se abra una nueva etapa sin el expresidente de la formación al frente. La candidatura se presentará en sociedad con su proyecto este jueves al mediodía, en el Espacio Innovación del Hub Social de Barcelona. Así lo ha anunciado un comunicado de un grupo de militantes republicanos encuadrados bajo el nombre de Nueva Izquierda Nacional, que dan "un paso adelante de cara al próximo congreso nacional del 30 de noviembre", en el que se escogerá la nueva ejecutiva del partido .

Un cambio de gobierno suele comportar una retahíla de ceses y nombramientos al frente de las conselleries y entre los altos cargos de la administración de la Generalitat. Cuando ya se conocen la mayoría de los principales cargos del sottogobierno, que se han aprobado este martes, hay una tendencia clara: el mundo local es la cantera del PSC.

El desembarco de un nuevo partido en el Govern implica cambios en la cúpula de la administración de la Generalitat. Más allá de los nuevos consejeros, este martes el Govern ha nombrado a la mayoría de los cargos que, lejos de los focos, son claves en el liderazgo político de los departamentos: los secretarios generales de las consejerías, que hacen de puente entre los consejeros y los secretarios y directores generales. En la práctica son los números 2 de los consejeros, nombramientos de confianza que deben mover el engranaje de altos cargos y funcionarios. Como con los consejeros, no todos los secretarios generales vienen del partido, sino que los titulares de los departamentos también han incorporado perfiles de gestión de fuera del partido. De hecho, sólo siete de los catorce conocidos son militantes del PSC. En el consejo ejecutivo, sólo la mitad de los consejeros tienen carné socialista.

La paridad de género en las altas instituciones del estado español va por barrios. Aunque el poder ejecutivo y el legislativo son de los más paritarios de Europa y de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el poder judicial tiene todavía deberes pendientes, especialmente en su cúpula. Lo recoge el informe Government at a glance 2023, hecho público recientemente y que publica la OCDE. Sitúa a España como el segundo país con mayor igualdad de género en el gobierno, pero el penúltimo entre los países analizados en cuanto a la cúpula judicial, concretamente en el Tribunal Supremo.

"Hice una descripción de la realidad. Son datos objetivos". De esta forma se ha justificado este martes el alcalde de Badalona, ​​Xavier García Albiol, del alud de críticas en respuesta a su tuit racista sobre unos inmigrantes que viajaban en un barco con él, donde criticaba que llegaran a Barcelona todo y tener móvil, gafas de sol y un estado saludable.

Durante el pleno de investidura anunciaron una oposición dura, y no hace ni diez días que Salvador Illa es presidente de la Generalitat, que Junts ya han pedido su comparecencia en el Parlament. ¿El motivo? El supuesto “nepotismo” en el nombramiento de altos cargos en las consejerías de Presidencia y Territorio. Según ha comunicado la formación, han registrado este lunes la solicitud de comparecencia en el Parlamento del presidente para que dé explicaciones sobre la composición del Govern, así como de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.