Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha vuelto a poner de manifiesto un problema jurídico de nuestro ordenamiento: ¿las mesas de los Parlamentos tienen la obligación de llevar a cabo un control material, con carácter general, de la inconstitucionalidad de las propuestas de resolución presentadas por diferentes grupos parlamentarios? En efecto, la sala primera del Tribunal Constitucional, en una sentencia del 23 de febrero de este año, anuló los acuerdos de admisión a trámite de la mesa del Parlament de Cataluña de unas propuestas de resolución presentadas con ocasión del debate sobre la orientación política general del Gobierno de septiembre del año 2022. Algunos apartados de estas iniciativas reconocen la legalidad y legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual se podría interpretar que comportan un reconocimiento con la eventual existencia de unos posibles efectos jurídicos, que podría ser objeto de control constitucional. Sin embargo, otros apartados se limitaban a expresar meros objetivos políticos, como por ejemplo los que instaban al Gobierno a que se desarrollasen competencias propias, con el fin de reducir la dependencia económica y política del estado español, a efectos de preparar el ejercicio del derecho de autodeterminación; los que instaban a fortalecer la soberanía económica, fiscal y financiera de la Generalitat; los que proponían sentar las bases de un proceso constituyente; los relativos al objetivo de la internacionalización de la realidad nacional de Cataluña, y los que se referían a la conveniencia de actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios, en la garantía de los derechos sociales básicos de la mayoría de la población en diferentes sectores. En todos estos últimos casos solo se expresa una mera declaración política que difícilmente se podría interpretar que comportase ningún efecto jurídico, en el sentido de su incidencia en la creación, modificación o derogación de normas jurídicas. No está de más recordar que las mesas de los Parlamentos son órganos de dirección del trabajo parlamentario. Así, la mesa del Parlament, como órgano rector colegiado del Parlament y integrado por el presidente, dos vicepresidencias y cuatro secretarías, ejerce funciones parlamentarias, funciones presupuestarias y funciones relativas a la organización de la administración de la cámara. El ejercicio de las funciones parlamentarias de la mesa se centran en la calificación, la admisión a trámite y la decisión sobre la tramitación de los escritos y documentos de índole parlamentaria.

El Tribunal Constitucional es más que un árbitro de conflictos sobre la carta magna. En los últimos años, se ha convertido en un campo de batalla política donde los gobiernos y los partidos han intentado dirimir sus enfrentamientos. A nadie se le escapa el papel protagonista que tuvo durante el Procés, con un uso permanente por parte de Mariano Rajoy para frenar la hoja de ruta del independentismo. Ahora bien, en los últimos años su preponderancia ha ido virando: los conflictos competenciales con Catalunya ya no encabezan su lista de prioridades. La conflictividad con el independentismo ha dado paso a la disputa bipartidista.

Foment del Treball se plantea llevar al Tribunal Constitucional la regulación de la compra especulativa de vivienda pactada entre el PSC y los Comunes. Lo ha anunciado el presidente de esta patronal, Josep Sánchez Llibre, durante la asamblea celebrada este lunes en Barcelona. "El reciente pacto entre el Gobierno de la Generalitat y Comunes es la socialización de la propiedad privada, es un atentado contra la propiedad privada, es una medida que no cabe en nuestra sociedad. Si es necesario, promoveremos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra esta medida, que hallamos letal para la economía y la sociedad catalana". Y ha añadido que "no se pueden cambiar las normas del juego desde una esquina ideológica, pensando en propaganda o en quedar bien".

El viento ha paralizado buena parte de la actividad del país.

El Tribunal Constitucional evita anticipar una decisión sobre la amnistía a Carles Puigdemont y, mientras estudia el fondo de la cuestión, se niega a levantar la orden de detención que impide al expresidente de la Generalitat volver en libertad a Catalunya. El TC rechazó este martes las medidas cautelares que tanto Puigdemont como Toni Comín y Lluís Puig solicitaron en el marco de los recursos de amparo que presentaron contra la negativa del Supremo a aplicarles la norma del olvido penal. El Constitucional considera que acoger su petición produciría un "despreciado del interés general", dado que hoy todavía existe un "proceso penal abierto" sobre "delitos graves".

No es para nada atrevido afirmar que los jueces de la cúpula judicial española hacen constantemente política. Resulta evidente cuando interpretan las normas a su aire ideológico de cariz predemocrático, dando la vuelta al sentido de las leyes, negando su aplicación, inventando conceptos (violencia, terrorismo) o decidiendo arbitrariamente sobre las penas (Estatuto, ley de amnistía, sentencia de los líderes del Procés). El juicio al fiscal general es solo el último ejemplo.

El president Pujol ha pasado una noche tranquila y está estable, después de que este fin de semana hubiera tenido que ser ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

Hace 522 días que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley de amnistía, tras una negociación convulsa entre el PSOE y Junts y los intentos del PP de torpedearla en el Senado. Sin embargo, los líderes del 1-O siguen sin haberse beneficiado en su totalidad por las reticencias del Supremo en aplicarla al delito de malversación. Ahora bien, tanto ellos como el resto de encausados ​​por el Proceso comienzan a ver la luz al final del túnel: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se ha pronunciado esta semana avalando el gran grosor de la norma. Hace reproches menores, como que el tiempo de dos meses que se dio para aplicarla —y que muchos tribunales igualmente no han cumplido— es insuficiente, pero defiende la finalidad de "reconciliación" política y social.

Pedro Sánchez reiteró este martes que antes de que acabe el año presentará un proyecto de presupuestos para 2026. Ahora bien, el presidente del gobierno español, consciente de su precaria mayoría parlamentaria, también afirmó en la entrevista que concedió a la Cadena SER que seguirá gobernando aunque no logre aprobarlos. Esa pretensión del líder socialista de agotar la legislatura hasta el 2027 aunque sea con las cuentas del 2023 prorrogadas indigna al PP, que lo ve una demostración del carácter "antidemocrático" de Sánchez y una evidencia de que la legislatura "ya nació muerta". Ante esto, los populares han anunciado este viernes que la próxima semana darán un primer paso para llevar al gobierno español al Tribunal Constitucional por no haber presentado aún presupuestos.

El Tribunal Constitucional ha dado un paso importante esta semana para acercar la amnistía a Carles Puigdemont con la admisión a trámite de su recurso de amparo. Este primer aval ha llegado un mes más tarde de lo previsto como consecuencia de un movimiento de la defensa del expresidente catalán que causó desconcierto en el órgano: el líder de Junts recusó a tres magistrados conservadores sabiendo que no prosperarían y que únicamente provocaban dilatar unas semanas el recorrido de su recurso. Ahora los expedientes de los líderes del 1-O que todavía están inhabilitados o encausados ​​–Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig– ya están en manos de los magistrados del TC, que deben dictar unos meses, pero aún tardarán. "Es realista pensar que los recursos se resolverán en el primer trimestre del próximo año", advierten fuentes del tribunal.

Poco a poco se acerca el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía de Carles Puigdemont, pero todavía quedan pasos por dar. Al día siguiente de que el órgano de garantías admitiera a trámite su recurso de amparo –es decir, que empieza a estudiarlo–, este miércoles ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón contra la ley que hacía referencia a la malversación. El TC avala la amnistía por este delito, si bien nada dice sobre si es aplicable a las causas contra los líderes del Proceso. La decisión ha contado con el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes la petición de Carles Puigdemont de que se le levante de forma urgente la orden de detención que pesa contra él en territorio español. Tal y como ya había explicado el ARA, el pleno del órgano de garantías ha admitido a trámite el recurso de amparo del expresidente catalán, pero se ha opuesto a las medidas cautelarísimas que pedía: obligar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a permitir el regreso del líder de Junts sin escuchar el criterio de las distintas. Lo que hace ahora el TC es abrir un expediente al respecto y preguntará a los actores implicados si debe retirarse la orden de detención antes de resolver sobre el fondo del asunto, que es si la ley de amnistía opera en la causa por malversación contra Puigdemont.

La semana pasada el catalán marcaba el día del Once de Septiembre no sólo porque se ha convertido en un reclamo de consenso de la mayoría de fuerzas del Parlament, sino también porque el día antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulaba el decreto de régimen lingüístico que el gobierno de Pere Aragonès aprobó para evitar que se aplicara el castillo. Una resolución que el Govern ya ha anunciado que recurrirá y que puso en pie de guerra a partidos y entidades pro lengua. Ahora bien, la cuestión no saldrá del limbo en el que se encuentra en un plazo corto de tiempo, ya que todo este debate está pendiente, en realidad, de lo que diga el Tribunal Constitucional (TC) sobre ambas normas (una ley y un decreto ley) que se salieron adelante en el 2022 para intentar proteger el modelo de inmersión lingüística y de las que se derivaba el decreto tumbado por el TSJC.

El movimiento de Puigdemont en el TC no solo ha desconcertado a los miembros del alto tribunal, sino también a varios dirigentes de Junts, que no acaban de ver la virtud de retrasar la decisión sobre el recurso de amparo de la amnistía. Sin embargo, en medio del desconcierto hay fuentes que dan dos posibles explicaciones.

A menos de 24 horas que el Tribunal Constitucional (TC) tuviera previsto dar el primer paso para estudiar el recurso de Carles Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo, la defensa del expresidente hizo un movimiento que, en la práctica, implicaba dilatar los plazos del procedimiento. La recusación de tres magistrados conservadores –José María Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel– automáticamente paralizaban la admisión a trámite del recurso de amparo, tal y como ha sucedido este martes en el pleno del TC. Ahora el órgano de garantías debe estudiar si accede a apartar a estos magistrados, lo que puede alargarse como mínimo un mes, y después ya podrá entrar a valorar el posible levantamiento de la orden de detención y si la amnistía es aplicable en su caso por el delito de malversación.

Giro de última hora en el ámbito judicial. Carles Puigdemont ha presentado este lunes un escrito en el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide que se aparten tres magistrados conservadores de la resolución de su recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarlo. Según explican fuentes jurídicas a Efe, este movimiento supone que se aplace durante al menos un mes la decisión del TC. Todo apuntaba a que el expresidente recibiría este martes una fría y otra caliente: estaba previsto que el tribunal admitiera a trámite el recurso, pero que, al mismo tiempo, no le retirara la orden de detención de forma inmediata, según confirmaban fuentes consultadas por el ARA, y que impidiera el regreso del expresidente. Pero al final habrá que esperar, al menos hasta que se resuelvan las recusaciones.

Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda más longevo de la historia –ocupó el cargo con José María Aznar de presidente del 2000 al 2004 y con Mariano Rajoy del 2011 al 2018), está imputado junto a 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, su supuesta relación con altos cargos con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.

Cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional acaban mandado este diciembre y eso sitúa a PSOE y PP ante una nueva negociación para renovar el máximo intérprete de la Constitución. Se necesita una mayoría de tres quintas partes del Senado y, por tanto, los dos grandes partidos deben ponerse de acuerdo. A finales del 2025 habrán cumplido nueve años como miembros de este organismo el actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Ricardo Enríquez y María Luisa Balaguer, nombrados por la cámara alta en el 2017. En cuanto a José María Macías, fue designado en julio del 2024 para cubrir 2022 por motivos de salud— y podrá ser elegido de nuevo porque no habrá cumplido un tercio de mandato. ¿Cómo afectarán los cambios a la resolución de los recursos sobre la amnistía?

Agotadas todas las vías de recurso ante el Tribunal Supremo, la defensa de Santos Cerdán mueve prenda y recurre ahora al Tribunal Constitucional para conseguir que el exsocialista salga de Soto del Real por su supuesta implicación en la trama de corrupción en el ministerio de Transportes. Su abogado, Benet Salellas, ha presentado este miércoles un recurso de amparo en el que pide que se revoque la decisión del instructor del Supremo de enviarle a prisión provisional sin fianza. El juez Leopoldo Puente tomó esa decisión para evitar que Cerdán destruyera pruebas de la supuesta red para cobrar mordeduras en las adjudicaciones de obra pública que organizó presuntamente con el resto de implicados de la trama. Ahora bien, para la defensa del ex secretario de organización del PSOE, este riesgo no existe y, por tanto, no está justificado que se le mantenga entre rejas. Por todo ello, reclama su liberación inmediata.

Puigdemont vuelve a estar en manos del Constitucional. Lo estaba en primera instancia hasta que el tribunal avaló la ley de amnistía. Esto ya se logró, pero no es suficiente. Pasada esta pantalla, lo importante es cómo se resolverá el recurso de amparo que ha presentado ante el mismo órgano de garantías. La respuesta no llegará hasta dentro de algunos meses, pero sin embargo podría no ser el último capítulo. De momento, el Constitucional no tiene prisa por dictar sentencia. No tiene plazos concretos y antes de discutir si en este caso hubo o no vulneración de derechos fundamentales, primero debe escuchar a las partes del proceso. Por otra parte, la petición de Puigdemont de una medida cautelarísima para que se levante la orden de prisión que sigue vigente si pisa territorio español no se modificará de forma inmediata. La medida cautelarísima que ha pedido la defensa –a cargo del abogado Gonzalo Boye– no es de las que suelen prosperar. Más bien lo contrario.