Laura Morro tomó en abril el relevo en Conxita Peña como decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña, cargo que compagina con el trabajo como responsable de trabajo social del Consorci Mar Parc de Salut. Afirma que se ha propuesto que sociedad y políticos reconozcan el valor de las profesionales.

Mireia Martínez tenía 22 años el 17 de agosto de 2017, cuando su hermano Xavi de tres años fue asesinado en la Rambla de Barcelona. Durante los últimos años ha decidido formarse como psicóloga de emergencias y ha sido junto a su padre en el activismo por los derechos de las víctimas de terrorismo. Con él y otros miembros, el mes de mayo presentaron la Asociación 17-A: Queremos Saber la Verdad.

Ocho años después de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, las víctimas mantienen el objetivo de que una investigación judicial aclare todo lo que rodea al 17-A. La sentencia de la Audiencia Nacional, que se centró sólo en la explosión en Alcanar el día anterior, obvió la posible relación entre el CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki se-Satty. Sin embargo, en el último año la comisión de investigación en el Congreso sobre el 17-A ha desvelado documentos que revelan que el CNI había intentado captar a Es-Satty. En esta misma comisión, uno de los tres condenados por los atentados, Mohamed Houli, acusó abiertamente al CNI de conocer "las intenciones del imán".

Cuando se enteró de que había habido un atropello con numerosas víctimas mortales y heridos en Barcelona, Laura Morro estaba comiendo, estaba en casa después de toda una jornada de trabajo en el hospital. "Era justo el día que había vuelto de las vacaciones. Me llamó una compañera que en ese momento estaba en el Fnac de plaza Catalunya y me dijo que pasaba alguna gorda, porque no les dejaban salir a la calle", recuerda. Ella no es ni médico ni enfermera: es trabajadora social sanitaria en el Hospital del Mar. "Enseguida pensé que llevarían a la mayoría de los pacientes a nuestro hospital", dice. Salió de casa sin pensárselo y se plantó en su puesto de trabajo, como hicieron muchos otros profesionales sanitarios ese día. "Recuerdo que por las calles no había nadie, todo el mundo se encerró en casa, y cuando llegué a Urgencias dije: «¿Qué puedo hacer?» Y me respondieron: «Haz lo que sepas»", explica.

La Asociación 17-A: Queremos Saber la Verdad se ha presentado este miércoles con el objetivo de "no sólo recordar a las víctimas y el dolor, sino también dar algo a la sociedad". Es la forma en que lo ha resumido Javier Martínez, padre de Xavi que falleció con tres años durante el atentado en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017. Martínez presidirá esta nueva asociación que tendrá como tesorera a su hija y hermana de Xavi, Mireia Martínez, que a raíz del atentado decidió formarse como psicóloga sanitaria y de emergencias. Completan la junta directiva el exmosso de escuadra David Torrents, que será el vicepresidente, y el abogado y ex diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas como secretario, que ha representado a la familia de Xavi en el procedimiento judicial sobre los atentados y trabaja para intentar que otros países investiguen los ataques.

El imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty cobraba 500 euros mensuales del CNI como confidente antes de los atentados del 17-A. Esto es lo que explica este lunes el diario Abc, y el independentismo ya se ha apresurado a volver a pedir la comparecencia del ex director de los servicios secretos Félix Sanz Roldán en la comisión de investigación abierta en el Congreso. Y es que las declaraciones de Sanz Roldán han ido variando: en su visita a la Cámara Bajo manifestó que Es-Satty "nunca había sido colaborador ni informador" de los servicios de inteligencia, pero la documentación clasificada que el CNI aportó reveló que se había mantenido el contacto con el imán después de que saliera de la cárcel, sin embargo, había pagos que se tramitaban a través de la oficina de Girona.

"El sufrimiento lo tienes toda la vida. ¿Cómo sería mi hijo ahora?" Francisco Javier Martínez, padre de Xavi Martínez Mompart, el niño de tres años asesinado en el atentado de la Rambla el 17 de agosto del 2017, ha sido la primera víctima en comparecer en la comisión de investigación en el Congreso sobre el 17-A. Martínez ha denunciado, siete años y medio después, que en todo este tiempo las administraciones no han atendido bien a las víctimas, que han quedado "marcadas de por vida". "Somos los juguetes rotos de una sociedad. Necesitamos empatía para que nos ayude a volver a levantarnos", ha dicho. Martínez ha explicado que les ha faltado acompañamiento, información sobre sus derechos y sobre los trámites que debían seguir. Y ha denunciado episodios de carencia de "humanidad". Su testimonio, remarcó, busca "mejorar" la atención de cara al futuro. "No se olviden que les puede pasar a cualquiera de ustedes", ha dicho.

En política parece que se ha consolidado el todo vale. La semana pasada, sin ir más lejos, se permitió –se pidió, de hecho– que un terrorista se sentara en un órgano de representación ciudadana para dar su opinión. La amable invitación la recibió de Junts per Catalunya. Esperamos que los de Míriam Nogueras estén satisfechos con el resultado: que un fanático que preparaba bombas para dinamitar el Camp Nou o la Sagrada Família fuera recompensado con unos inmerecidos minutos de gloria.

Lo ocurrido ayer en el Congreso fue insólito: un condenado por los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto del 17 acusó al CNI conocer las intenciones del imán de Ripoll.

No cabe duda de que las palabras iniciales del yihadista condenado por el 17-A Mohamed Houli en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, acusando directamente al CNI de conocer las intenciones del imán de Ripoll, suponen un terremoto político. Sus palabras exactas han sido: "El CNI tenía conocimiento de las intenciones del imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no antes por temor a represalias o que pudiera perjudicarme, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder". Un terrorista tiene la credibilidad que tiene, y de las palabras de Houli se desprende una cierta intención autoexculpatoria cuando acusa a Abdelbaki es-Satty de haber "comido la cabeza" a los chicos de la célula, y también es cierto que no cuenta con ninguna prueba documental, pero aún así su testimonio resulta impactante porque es alguien totalmente ajeno a la trifulca política.

Las afirmaciones de uno de los condenados por el 17-A, Mohamed Houli, que ha asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) conocía las "intenciones" del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, no han sorprendido a los abogados de una de las acusaciones del juicio. Concretamente, la de los padres de Xavi, el niño de 3 años fallecido en la Rambla, que durante el procedimiento intentó que se investigara si los servicios secretos estaban detrás de los ataques o, al menos, si cometieron una negligencia grave. "Lo estamos estudiando y viendo cómo lo enfocamos", afirma en el ARA el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que adelanta la intención de presentar una nueva querella contra el responsable del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y sus responsables políticos. Si sería contra el expresidente Mariano Rajoy, la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal o el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, no está todavía decidido. Cuevillas cree que no hay base suficiente para condenar a nadie, pero sí para abrir una investigación.

Josep Lluís Trapero defiende la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los atentados del 17-A y reitera haber tenido una relación de "lealtad" con el CNI. El mayor de los Mossos –ahora director general de la Policía– ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados de agosto del 2017 en Barcelona y en Cambrils y, aunque admitió que siempre puede haber mejoras, Trapero considera que "no existe una relación directa entre la perpetración del atentado y las decisiones que se hubieran podido tomar u omitir". En este sentido, quiso rebatir la "tergiversación" de los hechos que, asegura, se ha hecho en los últimos años contra el cuerpo de Mossos d'Esquadra. "No hubo desorden, ni improvisación ni descontrol", aseveró. ¿Tuvo la policía catalana información sobre el imán de Ripoll por parte del CNI antes del 17-A? Trapero ha dicho que no y el exconseller de Interior Quim Forn, que ha intervenido a continuación, ha respondido en la misma línea aunque él sí ha denunciado una "enorme negligencia" de la policía española y del ejecutivo estatal en este caso por ocultar estas informaciones de inteligencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha registrado la demanda de los padres del niño de tres años que murió asesinado en los atentados del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona. Esta notificación del tribunal supone el primer paso para intentar que la justicia europea aclare los interrogantes sobre el 17-A que los padres de Xavi Martínez creen que todavía no se han resuelto.

La decisión de la mesa del Congreso el jueves sobre una iniciativa de Junts que plantea que se debata una cuestión de confianza –es decir, no es una cuestión de confianza en sí misma– es clave en las relaciones con el PSOE. Y según fuentes del gobierno español, los socialistas prevén votar en contra de su tramitación, aunque la resolución dependerá del posicionamiento del PP y Sumar. La derecha es partidaria de avalar la proposición no de ley de los de Carles Puigdemont, mientras que la formación de Yolanda Díaz, que tiene dos representantes en la mesa, lo está estudiando todavía. Gerardo Pisarello se ha reunido esta tarde con miembros de Junts y del PSOE, pero fuentes de la formación aseguran al ARA que será este miércoles que tomarán una decisión final. Se inclinan, por ahora, hacia el no y, por tanto, la petición de Junts de debatir sobre una cuestión de confianza a Pedro Sánchez (que sólo puede presentar él mismo) quedaría vetada definitivamente.

El Estado trató de asustar a Catalunya con los atentados del 17 de agosto del 2017? ¿Hubo mala fe en la actuación del CNI? Es lo que insinuó el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo hace casi tres años, dando alas así a teorías conspirativas que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 17-A no desvaneció. En una comparecencia este miércoles en la comisión de investigación en el Congreso, Villarejo ha ratificado todo lo que dijo, pero ha añadido matices contradictorios. Por un lado, el policía retirado volvió a acusar al ex director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, de haber auspiciado un "comando virtual" con el objetivo de desarticularlo "cuando estaba a punto actuar". De esta forma, el Estado "hubiera quedado muy bien y los sueños del independentismo se habrían desmontado un poco viendo que lo necesitan".

El ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, dijo ayer a la comisión del Congreso que investiga los atentados de agosto del 2017 que "si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos, es una infamia, una maldad y una vileza". Claro, ¿quién puede creer que un estado atentará contra sí mismo? Y, al mismo tiempo, sabemos que el terrorismo de estado existe, y también que hay acciones que se van de las manos. Y que existen bienes supremos a proteger que lo justifican todo. Pensar que gracias a un atentado se protegerá a la unidad de España a un precio razonable no es una maldad sino una hipótesis, cruda pero planteable.

La situación política es extraña: generales en Valencia, jueces contra el fiscal general del estado pero también exjueces contra la regularización económica del rey Juan Carlos, problemas sociales urgentes como la vivienda y congresos de partidos. En el caso de Esquerra, hoy hay debate entre candidatos a la presidencia y, por tanto, con la participación de Oriol Junqueras. Y este fin de semana debe haber el debate de aspirantes en la secretaría general. Más que un congreso sobre el futuro de Esquerra parece un congreso sobre el futuro de Junqueras, o un referendo sobre el hasta ahora presidente del partido.

"Míreme a la cara y dígame que yo pude evitar un atentado y no lo hice". Con esta indignación ha negado el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán las preguntas sobre una posible "negligencia interesada" del Estado en los atentados del 17 de agosto de 2017. Él ha sido el primero en comparecer en la comisión de investigación sobre los ataques en Barcelona y Cambrils en el Congreso. "Si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos, es una infamia, una maldad y una vileza", ha asegurado en respuesta al interrogatorio de la diputada de Junts Pilar Calvo, quien ha denunciado que el gobierno español no haya desclasificado la información sobre el 17-A que había solicitado el órgano parlamentario. El ex director del CNI se ha escudado en que la documentación sea aún secreta para no revelar ningún detalle de los contactos con el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, el cerebro de la célula terrorista.

El consejo de ministros podría desclasificar documentación sobre los atentados del 17-A Éste sería otro de los gestos del PSOE con Junts para acercar posiciones, después de que este martes se detuviera la votación de la senda de estabilidad para negociarla con la formación de Carles Puigdemont. El jueves se reactivan las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y sobre el 17-A, pactadas entre el PSOE y Junts para votar a la presidencia de Francina Armengol, con la aprobación de los planes de trabajo. Y, tal y como ha avanzado el medio The Objective y ha confirmado el ARA, figura la petición de documentación clasificada relacionada con los atentados en Barcelona y Cambrils que, en principio, el ministerio de Defensa no tendría reparos por revelar. "No tenemos nada que esconder", aseguran fuentes cercanas a la ministra Margarita Robles.

Este final de agosto ha llevado a las primeras escaramuzas de cara al nuevo curso político, centradas en la interpretación que se puede hacer del pacto entre los socialistas y ERC en materia de financiación. Era de esperar. Se trata de un acuerdo que compromete al gobierno de Pedro Sánchez, y que ya veremos cómo acaba, porque las presiones para hacerlo fracasar serán muy fuertes por todos lados. El otro dolor de estómago sigue siendo la búsqueda de explicaciones sobre la desaparición de Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa, sorteando a los Mossos y sus drones de observación. No cabe duda de que estas dos cuestiones, la inaplicación de la ley de amnistía a todos los acusados ​​por hechos relativos al Proceso y la supuesta nueva soberanía fiscal de Catalunya, serán dos de los asuntos más destacados de otoño. Se trata de dos cuestiones que forman parte de la lucha por el poder y que implican a todos los resortes del sistema. Pero resultaría muy reduccionista pensar que no hay nada más acuciante ni importante en pantalla. Son muchos los problemas pendientes de los que debe ocuparse.