A ojos de la mayoría de la población, el Senado puede parecer una cámara de representación con poca utilidad en el día a día de la política parlamentaria. Sin embargo, la convocatoria electoral ha demostrado que es un terreno en disputa porque puede convertirse en un contrapeso capaz de presionar u obstaculizar la acción del gobierno español, tal como ha hecho durante los últimos años el Partido Popular desde la oposición. Pero, dependiendo de las mayorías que salgan del 29-N, las derechas incluso podrían aspirar a realizar cambios más profundos: incluso en la Constitución.

Habitualmente, la noche de las elecciones se otorga poca atención a los resultados en el Senado. Pero esta vez parece que será diferente. Tanto la izquierda como la derecha han entendido que el control de la cámara alta puede ser clave en una legislatura que, gane quien gane, se prevé de alto voltaje político. Por eso, el PSOE y el Frente Amplio se han apresurado a pactar candidaturas conjuntas y ahora el PP y Vox, que ya no esconden la intención de gobernar juntos, como sí pasó en 2023, exploran fórmulas de colaboración.

Las direcciones de Esquerra Republicana y el partido independentista vasco Bildu han acordado repetir la candidatura conjunta de las dos formaciones al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, según ha informado ERC en un comunicado. Las bases de las dos formaciones soberanistas ratificarán la propuesta en los próximos días. Ambos partidos ya fueron al Senado en una sola candidatura en los comicios de 2023 pese a la independencia de actuación en la cámara –a pesar de la coordinación entre las organizaciones. Una apuesta continuista de colaboración de las izquierdas independentistas que contrasta con la voluntad del líder republicano en Madrid, Gabriel Rufián, de incorporar "otras fuerzas de izquierdas" en el Estado en una candidatura en el Estado.

Normalmente el Senado es una cámara secundaria en el día a día político en Madrid. Aunque esta legislatura el PP, que tiene mayoría absoluta, la ha convertido en el azote contra el gobierno socialista –las sesiones de control más duras a los ministros eran en la cámara alta– y la cuna de todas las comisiones de investigación que afectaban al PSOE. Ahora bien, en las próximas elecciones al Senado, fijadas también para el 29 de noviembre, no solo se juegan las mayorías en la cámara alta, también hay sobre la mesa, de manera indirecta, un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional.

Llega agosto. Las ciudades se vacían, el ritmo frenético se desvanece, el calor ahoga el asfalto y la ciudadanía hace las maletas hacia la playa o busca el refugio fresco de la montaña. Es el momento de colgar el cartel de "Cerrado por vacaciones" en los negocios y desconectar de la rutina. ¿Pero qué pasa mientras tanto con las instituciones?

Se ha hablado mucho de una alianza a la izquierda del PSOE, de todo lo que representa el espacio de Sumar con la posibilidad de ampliarlo a Podemos e, incluso, con Gabriel Rufián. Ahora bien, por ahora esta opción no está cuajando. Ante esto, dentro del PSOE ya hay quien piensa en otros escenarios si finalmente las otras izquierdas se vuelven a presentar divididas. Esto es porque hay una realidad demoscópica difícilmente inapelable: que si el PSOE no tiene opciones ahora mismo de quedarse en la Moncloa no es porque caiga en picado, sino por la bajada generalizada de Sumar, Podemos y el resto de socios de la mayoría plurinacional. Solo hay que comparar los 31 escaños que sacó Sumar en 2023 con lo que ahora les pronostican las encuestas: el último CIS los sitúa en poco más del 6% de los votos, la mitad de apoyo que tuvo hace tres años.

La batalla de PP y PSOE trasciende los asuntos internos y ya tiene consecuencias en la relación con terceros países. Más de tres años después de que el gobierno de Pedro Sánchez suscribiera un tratado de amistad con Francia, en enero de 2023 en Barcelona, todavía no ha entrado en vigor. Uno de los motivos de este bloqueo es la posición contraria de los populares, que consideran que uno de los puntos del documento es inconstitucional. En el PP justifican su oposición porque aseguran que el ejecutivo español ha hecho un "chapuza legislativa". Enmarcan la crítica en su denuncia generalizada de las formas de Sánchez, a quien acusan de pisotear constantemente el estado de derecho, también con este acuerdo bilateral con Francia. El gobierno español, por contra, atribuye al PP una voluntad de "sabotear los intereses de los españoles" por intereses partidistas.

La periodista y politóloga Estefania Molina (Igualada, 1991) atiende a ARA después de publicar Els fills dels boomers (Destino), en la que señala la generación del baby boom como la única pata que aguanta el sistema: hace de tirita para evitar un estallido social y, al mismo tiempo, impide, cree, la reforma política. Comentarista en medios como La Ser o El País, admite que con este libro ha querido ir más allá del análisis y tomar partido.

El Tribunal Constitucional es más que un árbitro de conflictos sobre la carta magna. En los últimos años, se ha convertido en un campo de batalla política donde los gobiernos y los partidos han intentado dirimir sus enfrentamientos. A nadie se le escapa el papel protagonista que tuvo durante el Procés, con un uso permanente por parte de Mariano Rajoy para frenar la hoja de ruta del independentismo. Ahora bien, en los últimos años su preponderancia ha ido virando: los conflictos competenciales con Catalunya ya no encabezan su lista de prioridades. La conflictividad con el independentismo ha dado paso a la disputa bipartidista.

"Yo no he tenido ninguna relación nunca con Plus Ultra, ni nadie me pidió nada. No hice nada ni me interesé por el rescate". José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido durante cuatro horas en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, convocada por el PP al inicio de la campaña electoral de Castilla y León, para hablar, fundamentalmente, sobre el rescate de Plus Ultra. Un caso que está bajo investigación por presunto blanqueo de capitales –se cuestiona si parte del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de corrupción en Venezuela– y al que hace tiempo que los populares dan máxima credibilidad.

Con mayor expectación mediática que respuestas ya tres días de las elecciones en Aragón, Paco Salazar ha comparecido durante dos horas en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. Es el exdirigente del PSOE que tuvo que renunciar a los cargos en la ejecutiva del partido y como coordinador institucional de la Presidencia del gobierno español tras ser denunciado internamente por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas. A raíz del estallido del caso Santos Cerdán, estaba llamado a formar parte del nuevo equipo en la secretaría de organización, pero no llegó a ser nombrado.

El Congreso y el Senado tienen una hiperactividad de comisiones de investigación en esta legislatura. Se crean específicamente para estudiar algo con el objetivo de radiografiarlo a través de comparecencias de responsables y expertos para extraer aprendizajes, pero a la espera de obtener sus conclusiones en los próximos meses, por ahora también se están utilizando como un arma de confrontación política. Tanto el PP como el PSOE han citado a dirigentes relevantes de ambos partidos a las puertas de campañas de elecciones. ¿Son, pues, un arma electoral? Existe una lista de comparecientes que han sido convocados en fechas clave para las urnas.

Al día siguiente de chocar contra el muro del PP por la reforma de la financiación y mientras José Manuel Albares hablaba de Venezuela en el Congreso, María Jesús Montero ha tenido que comparecer en el Senado –forzada por la mayoría absoluta de los populares– para dar explicaciones sobre el caso SEPI, una investigación de la Audiencia Nacional sobre la adjudicación de contratos públicos. La vicepresidenta primera del gobierno español ha defendido "el honor, la responsabilidad y el prestigio" de la SEPI, una empresa pública que está adscrita al ministerio de Hacienda y actúa como el brazo inversor del Estado. Montero ha defendido que los procedimientos fueron "correctos". Apelando constantemente al secreto de sumario, ha subrayado que, "por ahora", no se puede afirmar que "se haya hecho nada irregular" o se haya descubierto "algún expediente que se haya tramitado de forma diferente a la legalidad" y ha sido contundente avalando la actuación de la SEPI: "No hay mal tipo". El PP ha querido arrancar el año situando en la diana los casos de presunta corrupción que rodean –y salpican– al gobierno español, pero –a menos de dos kilómetros– la Moncloa ha optado por poner el foco en la política internacional de Pedro Sánchez con la comparecencia del ministro de Exteriores en la cámara baja.

Investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán ha llevado este miércoles su estrategia de defensa en el Senado. En plena crisis del gobierno español por casos que se acumulan en los tribunales, y un mes después de salir en libertad provisional de la cárcel, el ex número tres del PSOE ha comparecido en la comisión del caso Koldo en la cámara alta para reivindicar una vez más su inocencia. Aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos por los que está encausado, aseguró que es víctima de una "persecución propia de la Inquisición" y vinculó su investigación a su papel en el acuerdo de la ley de amnistía.

En ese punto de su vida política, y sobre todo por cómo está yendo la actual legislatura, no hay dudas de que Pedro Sánchez es un hombre de suerte. No se trata sólo de su capacidad de resistencia, sino de cómo sabe aprovechar las ocasiones que le proporciona el azar. En la comparecencia del jueves en el Senado, el líder socialista tuvo la suerte de tener por delante a un representante del PP que difícilmente pudo ser menos competente. Sánchez había sido citado para dar explicaciones a la comisión de investigación sobre el caso Koldo que pusieron en funcionamiento los populares como parte de su estrategia de desgaste del gobierno de coalición del PSOE y Sumar. El PP lo había pensado mucho, durante más de año y medio. Esta iniciativa se aprobó en marzo del 2024. Pero hasta ahora no había citado a quien considera como el principal responsable político del asunto, que ya no es el caso Koldo –un simple asesor de un exministro, José Luis Ábalos–, sino que implica lo propio extitular del ministerio de Fomento y Santos Cerdán, estos dos últimos ex secretarios de organización del PSOE. La cita de Sánchez suponía un paso cualitativo muy importante: pasar de las actuaciones preliminares a una redada de caza mayor.

El PP hace ya tiempo que decidió sacrificar el valor del Senado como cámara de representación territorial y de segunda lectura para convertirla en una caja de resonancia de su oposición a Pedro Sánchez. Por eso pensaron que era una buena idea citar a declarar al presidente del gobierno español a una comisión sobre el caso Koldo en un cuarto que controlan completamente. Pero una vez más, y ya van varias, el PP ha vuelto a fracasar y Pedro Sánchez ha salido muy vivo del espectáculo lamentable que se ha vivido en el Senado.

El PP quería someter a Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo/Ábalos del Senado, pero en ocasiones como éstas sabe cómo desesperar a la formación conservadora, hasta que se impone el caos. El presidente español se puso la chaqueta de líder del PSOE para confrontar las acusaciones de corrupción de la derecha y la discusión se convirtió en un nuevo capítulo del "y tú más" entre los dos grandes partidos del Estado. "Creo que esto es un circo", espetó Sánchez desde el principio. El espectáculo ha llegado sobre todo al final, durante el tenso interrogatorio del senador del PP Alejo Miranda de Larra, impotente ante las respuestas del presidente español, algunas evasivas y otras directas. "Había un circuito de dinero negro en la calle Génova, no en Ferraz", ha dicho Sánchez, que se ha ido "muy satisfecho" de la comisión.

Las sesiones de control del gobierno español en el Senado sirven para que el PP continúe su asedio particular para señalar la presunta corrupción del ejecutivo español desde una cámara en la que los populares cuentan con mayoría absoluta. Pero lo que no es habitual es que el ejecutivo de Pedro Sánchez avise de que quedan años de corrupción de la coalición de izquierdas. "Queda gobierno de corrupción por rato. De corrupción por rato. Sigan así y nunca gobernarán", ha asegurado este martes en la cámara alta la vicepresidenta segunda española y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El lapsus de la ministra de Sumar ha dejado el hemiciclo boquiabierto y ha provocado un aplauso masivo de toda la bancada del PP, en una salida irónica entre risas estupefactas y la repentina asimilación de lo que acababa de decir la dirigente gallega.

Los incendios continúan en el noroeste peninsular, así como las comparecencias de ministros en el Senado, como la de este jueves del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explícito a la hora de describir la actitud del PP. "No puedo estar de acuerdo con el uso partidista del Senado de una catástrofe para servir a los intereses de un partido y su estrategia de acoso en el gobierno español, basada en la manipulación y el ruido. Lo vimos con la DANA y lo vemos ahora con los incendios: el intento del PP, y cuesta decirlo pero hay que decirlo pero hay que decirlo pero hay que decirlo pero hay que decirlo pero hay que decirlo pero hay que decirlo hecha y enmascara los errores de su gestión", ha dicho sólo de arrancar su intervención.

El segundo episodio del choque entre el gobierno español y el PP en el Senado por la gestión de los incendios tenía como protagonista este miércoles a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, después de que el martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, provocara el PP con la exhibición de vídeos del UME durante cincuenta minutos interviniendo en la extinción. La vicepresidenta tercera tiene un perfil menos combativo, si bien no se ha estado de blandir que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en medio ambiente y gestión forestal. "Cualquier pacto debe tener dotación presupuestaria y debe ser un trabajo conjunto con medidas y actuaciones que puedan significar un cambio y sean implementadas en el marco competencial que tenemos", se ha escudado Aagesen, tras escuchar cómo los grupos políticos le exigían recursos si quiere que se avengan al pacto de estado contra la emergencia climática que ha planteado Pedro S.