La Fiscalía Anticorrupción reclama la imputación de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, el mismo día que Pedro Sánchez ha pedido "disculpas a la ciudadanía", sin dar más explicaciones. El ministerio público ha enviado un escrito este miércoles al juez de la Audiencia Nacional que investiga esta presunta trama de corrucpión en el que se muestra partidario de elevar la causa al alto tribunal, que sería competente para investigar al exministro de Transportes , que es aforado ante el Supremo como diputado en el Congreso. Los delitos que se le atribuyen son el de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Ábalos no ha aparecido este miércoles en la cámara baja durante una sesión de control en la que el PP ha intentado acorralar al presidente español por las causas que salpican al PSOE.

Cuando faltan pocos días para que el consejo de ministros decida sobre los indultos, este tema ha monopolizado este miércoles la sesión de control al gobierno español en el Congreso. Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han cargado contra el presidente español, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una fotografía de Colón en diferido, utilizando argumentos similares. Hasta el punto de que la número dos del ejecutivo ha criticado a la líder de los naranjas, Inés Arrimadas, por "dejarse llevar por los socios que la han llevado hacia la nada en política".

Con la decisión de Pedro Sánchez de allanar el camino al indulto de los presos políticos, y pese al informe en contra del Supremo conocido este mismo miércoles, la política española ha entrado en un nueva etapa. La discusión ya no es si el consejo de ministros concederá la medida de gracia, sino que la Moncloa y la derecha española han entrado en el terreno de los argumentos y los reproches, ante la promesa del PP, Vox y Ciudadanos de recurrir los indultos en el Supremo. Este nuevo escenario ha cristalizado este miércoles en el Congreso, donde el presidente español ha defendido por primera vez los indultos en sede parlamentaria y ha pedido al jefe de la oposición apoyo en este sentido en un tenso cara a cara en el que, de nuevo, Pablo Casado ha vaticinado los últimos días de la legislatura.

Cada vez que España sufre una crisis humanitaria y migratoria en la frontera sur se abre un nuevo frente entre el gobierno español y la oposición. Marruecos lo sabe bien y aprovecha esta debilidad. A pesar de que Pablo Casado llamó el martes a Pedro Sánchez interesándose por la crisis en Ceuta y dando todo su apoyo para "garantizar la integridad territorial" del Estado, este consenso se ha hecho añicos este miércoles durante la sesión de control en el Congreso, en la que la crisis con Marruecos ha pasado a monopolizar el cara a cara entre el gobierno español y la oposición y no la pandemia, como era habitual, y más después del fin del estado de alarma. A pesar de que el líder del PP ha tendido la mano al presidente español, también le ha reclamado que rectifique en política exterior y lo ha acusado de alimentar los problemas con Marruecos. "Esta era la crónica de una crisis anunciada", ha dicho. Sánchez ha acusado al jefe de la oposición de utilizar cualquier "calamidad" para intentar "derrocar el gobierno de España". "No solo es desleal con el gobierno [español], sino que lo es con el interés general de los españoles", ha replicado el presidente.

El bloqueo total en las negociaciones entre ERC y Junts per Catalunya, con la amenaza de una repetición electoral, ya se hace notar en Madrid. Significaría los terceros comicios este 2021 en un momento en el que la Moncloa quería estabilidad para sacar adelante las reformas para salir de la crisis del coronavirus. Pero a la vez una nueva convocatoria en las urnas les podría servir para quitarse la espinita de las elecciones madrileñas con una nueva victoria del PSC -el 14-F empató con escaños con los republicanos pero ganó en votos- y unos previsibles malos resultados para el PP de Pablo Casado, crecido por las elecciones madrileñas.

¿Por qué Vox pudo llegar a plantar carteles con un mensaje tan racista en un espacio público como el metro de Madrid? ¿Quién lo autorizó? Esta es la pregunta que todavía colea en el gobierno español, después de que saliera a la luz que Renfe, una empresa en manos del mismo gobierno, fuera la responsable de autorizar la publicidad electoral, aunque fuera a través de una empresa externalizada. Pero si había un ente que tendría que haber actuado sin más dilación es la Junta Electoral Provincial de Madrid, apuntan desde el gobierno español. La Moncloa, de hecho, acusa al órgano electoral de inacción por no ordenar la retirada inmediata de los carteles xenófobos actuando de oficio. Unidas Podemos presentó el martes una queja, pero todavía no ha habido respuesta. Ante esto, fuentes del gobierno de Sánchez consideran que la actuación tendría que ser "de manual" y lamentan que últimamente la Junta Electoral madrileña "se esté columpiando".

La campaña madrileña se judicializa. A la denuncia del PP contra Pablo Iglesias ante la Junta Electoral Central (JEC) por haber anunciado su candidatura desde su despacho de vicepresidente segundo del gobierno español se sumará ahora una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por parte de Podemos contra el número dos de los populares, Teodoro García Egea, por "soborno" por los casos de transfuguismo en Murcia que hicieron fracasar la moción de censura del PSOE y Ciudadanos en la región.

Solo ha pasado una semana desde el inicio del terremoto político en España con la presentación de la moción de censura en Murcia, y en el Congreso de los Diputados ya ha arrancado la precampaña para las elecciones madrileñas del 4 de mayo. El líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado la sesión de control al gobierno español para difundir los eslóganes de Isabel Díaz Ayuso en la cámara. "En Madrid ganará la libertad", ha afirmado, después de decir con sarcasmo que Pablo Iglesias vuelve a Vallecas -es donde se encuentra la Asamblea de Madrid- pero en coche "oficial". El jefe del ejecutivo también se ha salido del guion y lo ha aprovechado para criticar al PP el transfuguismo promovido en Murcia y lo ha calificado de "corrupción". Por eso le ha recomendado a Casado no cambiarse de sede: "Ahórrense el traslado. Representan la peor versión del PP: la de la corrupción y la ultraderecha".

Pedro Sánchez toma partido por primera vez después de las elecciones catalanas. Un día después de que la Moncloa sacara hierro al 51% de los votos del independentismo, el presidente español ha defendido que los resultados indican que los catalanes quieren la formación de un gobierno del PSC con los comunes. Durante la primera sesión de control en el Congreso después del 14-F, el líder socialista ha puesto a Vox y Junts per Catalunya en un mismo saco, por alimentar "expresiones de odio y xenofobia" y ha apostado para que el próximo Gobierno sea "diferente" y "progresista", "liderado por el partido socialista y los comunes". Es lo que a su parecer pide la sociedad catalana porque considera que los resultados evidencian que la única salida es "de izquierdas" y por "un reencuentro y diálogo dentro de la legalidad".