El Supremo rechaza el indulto y deja los presos políticos en manos de Sánchez
Marchena destaca la falta de arrepentimiento y condiciona al gobierno español, que solo podrá conceder una medida de gracia parcial
MadridA Pedro Sánchez le ha llegado la hora de los indultos. Más de dos años y medio después de la sentencia, se tendrá que mojar si quiere tener un gesto con los presos políticos, después de que el Tribunal Supremo haya liquidado el trámite y trasladado la decisión final al consejo de ministros. Como era de esperar, el tribunal presidido por Manuel Marchena se opone a conceder la medida de gracia para todos los condenados, hecho que ya condiciona al gobierno español porque no podrá otorgar un indulto total. Esta decisión llega en pleno debate político sobre la medida de gracia porque la cabeza del ejecutivo ya ha dejado entrever que los concederá. "La Constitución recoge un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. El gobierno tomará la decisión en beneficio de la concordia y la convivencia", ha asegurado este miércoles durante la sesión de control en el Congreso.
El tribunal presidido por Manuel Marchena rechaza el indulto para los 12 condenados y destaca la falta de arrepentimiento de los implicados. Los presos evitaron responder a la sala cuando se les pidió su posicionamiento al respecto antes de hacer el informe y sus pronunciamientos se han guiado por el lema del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "lo volveremos a hacer". Con todo, en varias entrevistas han aceptado el indulto como "una solución individual" a la cual no pueden oponerse. Marchena escribe en el informe que no puede incluir "la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".
"Tan solo flexibilizando este requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado podríamos visualizar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es muy expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por sus ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución del jefe de estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía", resuelven los magistrados.
En esta misma línea se ha pronunciado este miércoles el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha avalado el indulto como medida de gracia en un contexto de "concordia", utilizando las mismas palabras que Sánchez, si bien ha puesto en entredicho que la parte independentista esté comprometida con este escenario. "Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar", ha manifestado en un coloquio organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.
El Supremo deja así el procedimiento en su último paso: la decisión discrecional del ejecutivo, una vez las diferentes instituciones que han tomado parte de la causa judicial se han manifestado al respecto. La Fiscalía y el tribunal han presentado sus informes en los que dan motivos para la no concesión -la Abogacía del Estado no se mojó para no anticiparse al ejecutivo- y ahora el consejo de ministros tiene sobre la mesa los expedientes. La suya ya no es necesariamente una resolución razonada -la ley dice que un indulto se da por motivos de justicia, "equidad o utilidad pública"- y los argumentos que hagan decantar la balanza no serán públicos. Los precedentes indican que son todavía más excepcionales los indultos concedidos con los informes en contra del tribunal sentenciador y la Fiscalía, pero este caso tiene sus propias reglas.
Los indultos a los líderes independentistas son una decisión con implicaciones de gran alcance y marcará la política española en las últimas semanas antes del verano. Los partidos que han apoyado la investidura y los presupuestos de Sánchez no entenderían que no hubiera un movimiento que propicie la liberación de los presos políticos a corto plazo, mientras que la derecha política ya se ha lanzado al cuello del presidente español por el privilegio para quien consideran "golpistas".
Dentro de la coalición, Unidas Podemos no ha escondido su posición favorable al indulto y la nueva líder del espacio, Yolanda Díaz, en los últimos días lo ha avalado indirectamente afirmando que el "problema de Catalunya es un problema de España" y que hay que afrontar el diálogo "sin complejos". En la parte socialista del gobierno, el primero que habló de esta medida fue el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, durante la campaña electoral de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 convocadas por el 155. Con mayor o menor claridad, varios ministros del PSOE han dejado la puerta abierta en los últimos meses. El propio Sánchez pronunció en su discurso de investidura el enero de 2020 -posible por la abstención de ERC- que empezaba una etapa de "desjudicialización".
