La política española es el escenario de un enfrentamiento total entre el gobierno y sus detractores, pero la historia demuestra que las promesas de ruptura total por parte de la oposición acaban diluyéndose a menudo cuando entra en el Palacio de la Moncloa. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tiene toda una serie de leyes que ha prometido derogar cuando gobierne, como antes había hecho por ejemplo Mariano Rajoy. ¿Cuál fue el resultado después de convertirse en presidente?

Es evidente –como le gusta decir a Oriol Junqueras– que la propuesta de nuevo modelo de financiación no da la clave de la caja a Catalunya: no habrá concierto económico ni tampoco un modelo singular al margen del resto de autonomías. Pero también es evidente que aportará más recursos a las arcas de la Generalitat: según los cálculos del ministerio de Hacienda, casi 4.700 millones de euros en el 2027. A partir de estas dos evidencias entramos en el capítulo de las opiniones, en el que los políticos eligen bando para intentar destruir los argumentos de su rival.

Pedro Sánchez ha encarado este lunes el balance de año más difícil desde que llegó hace siete años a la Moncloa. En la habitual comparecencia antes de Navidad, el jefe del ejecutivo español ha salido a desgranar con el informe Cumpliendo en mano lo que su gobierno ha salido adelante en los últimos seis meses, pero antes ha hablado sin tapujos de la crisis que acorrala el PSOE y, en consecuencia, el ejecutivo español, fruto de los presuntos casos de corrupción y acoso laboral y sexual entre las filas socialistas.

Pedro Sánchez ha visto cómo en menos de seis meses han entrado en prisión provisional dos exsecretarios de organización del PSOE: Santos Cerdán, que ya ha salido adelante, y José Luis Ábalos, también exministro de Transportes, que lo ha hecho este jueves por el caso de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Pero también ha visto cómo el blog que le investijo presidente español en el 2023 se ha debilitado por momentos, hasta el punto de que hoy ya no existe, o al menos, a juicio de Junts, que ha decidido romper con los socialistas. "Las costuras del Estado se están tensando e, incluso, rompiendo mucho", reflexionaba Aitor Esteban este viernes por la tarde, que desde que es presidente del PNV observa en la distancia todo lo que ocurre en Madrid. Sin embargo, Sánchez busca tomar aire para cumplir el compromiso que ha repetido semana tras semana: agotar la legislatura.

Ayer ocurrió un hecho inédito hasta ahora, que es que el gobierno catalán dijo públicamente que no estaba de acuerdo con el gobierno español. No es menor porque estamos hablando de dos gobiernos socialistas, con un presidente de la Generalitat que anteriormente había sido ministro español y cuya portavoz del PSOE es del PSC. O sea, que cuando dos grupos tan similares discrepan en público es noticia.

En 1994 y 1995 los fontaneros que trabajaban en la Moncloa, entre ellos un joven Miquel Iceta, iban cada madrugada al centro de Madrid a esperar a la prensa del día. Allí a las 4 de la madrugada comprobaban in situ si ese día deberían hacer frente a algún nuevo escándalo de corrupción. La incursión nocturna les daba unas horas de margen para preparar una respuesta, antes de que las radios pusieran en marcha. Eran los tiempos finales del felipismo.

Tres semanas después de su nombramiento, Ion Antolín renuncia al cargo de responsable de comunicación de la Moncloa. Así lo informa el gobierno español, quienes explican que no tomará posesión del cargo por motivos de salud. En su lugar, Pedro Sánchez ha situado a la periodista valenciana Lydia del Canto, nombrada ya oficialmente este martes por el consejo de ministros.

Pedro Sánchez hace ya tiempo que ha entendido que para ir a la guerra se necesita un tipo determinado de gente. El modelo ideal sería Óscar Puente, gente que no se arruga en el cuerpo a cuerpo con la derecha, que es de una lealtad a prueba de bombas, y que no tiene problemas a la hora de estirar las costuras de la institucionalidad hasta extremos nunca vistos. La idea está clara. Para luchar contra personas como Miguel Ángel Rodríguez no se puede ir con el lirio en la mano porque te van a romper las piernas, y siempre será mejor ser tú quien las rompe. Es en esta clave que debe interpretarse el relevo al frente de la secretaría de estado de comunicación. Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional, hombre discreto y de formas exquisitas que se siente especialmente cómodo en el registro institucional, deja paso a Ion Antolín, un sanchista fiel y persona también de trato amable pero con mucha peor baba que el catalán. No en vano, es una de las bestias negras de la fachosfera madrileña, con la que se ha peleado públicamente desde su cargo de jefe de comunicación del PSOE.

Tras blindarse con la nueva ejecutiva del PSOE, el presidente español, Pedro Sánchez, da un paso más y se lleva otro de sus más fieles escuderos hacia la Moncloa. El director de comunicación del partido desde 2022, Ion Antolín, pasará a ser el nuevo secretario de estado de Comunicación, según avanzó El País y ha confirmado el ARA. Antolín releva en el cargo al catalán Francesc Vallès, que ha hecho esta función en los últimos tres años y medio y que había pedido ser relevado hacía un tiempo. Vallès cerró la etapa como secretario de estado de Comunicación con un último acto oficial este lunes: la toma de posesión de los nuevos consejeros de RTVE.

La trifulca política por la DANA en el País Valenciano ha estallado. En paralelo a la búsqueda de los desaparecidos y el balance de daños materiales, a medida que pasan las horas se multiplican las voces que reclaman responsabilidades políticas por la tragedia, sobre todo por el hecho de que no se alertara antes a la población para evitar que fuera a trabajar o, simplemente, se expusiera a los riesgos. La Moncloa, en este sentido, ya ha apuntado en la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Pedro Sánchez y Carlos Mazón han escenificado unidad y colaboración en su comparecencia conjunta este jueves por la mañana, pero por detrás se multiplican los reproches y, entre líneas, también se perciben mensajes cargados de intención.

Isabel Díaz Ayuso eleva el choque contra Pedro Sánchez: no asistirá a la Moncloa y su pareja se querellará. A diferencia del resto de varones del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudirá a la reunión a la que le había convocado el presidente español el próximo viernes, en el contexto de la ronda de encuentros con todos los jefes de gobierno autonómicos. Así, se desmarca del criterio de Alberto Núñez Feijóo. Por un lado, por el rechazo a la financiación singular catalana que, según Ayuso, es "la preparación de un nuevo golpe"; y, por otro, porque Sánchez calificó de "delincuente confeso" a su pareja, Alberto González Amador. Precisamente, el empresario reclama 100.000 euros de multa a Sánchez y otros 50.000 al ministro Félix Bolaños como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias.

A diferencia de los ministros, acostumbrados a la exposición mediática, en la Moncloa existe un equipo de caras desconocidas para el gran público que asesora a Pedro Sánchez y que tiene incluso más poder. Se trata del gabinete de la presidencia del gobierno español, desde hace dos semanas liderado por Diego Rubio (Cáceres, 1986), que simboliza la nueva impronta que el jefe del ejecutivo del Estado quiere dar a lo que queda de legislatura. Se trata de un perfil académico y con experiencia internacional que llegó a la Moncloa en 2019 de la mano de Iván Redondo —el primer jefe de gabinete de Sánchez cuando accedió al gobierno español— para elaborar el documento España 2050. Es decir, por imaginar el futuro. Rubio ha sido en los últimos años el sherpa de Sánchez en Europa, un rol especialmente relevante el pasado año cuando ostentó la presidencia rotatoria de la UE.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta al juez Juan Carlos Peinado en la que se muestra dispuesto a declarar por escrito en el caso de su mujer, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según el escrito, avanzado por la agencia Efe y al que ha tenido acceso el ARA, Sánchez ha asegurado que su voluntad, "como no podría ser de otra forma", es la de "colaborar" con la justicia. De este modo, el presidente del gobierno español se mostró abierto a declarar por el caso, aunque solicitó hacerlo por escrito: "Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente".

Pedro Sánchez decidió que debía dar la vuelta a la judicialización del Procés. Empezó por los indultos, siguió con la supresión del delito de sedición y lo culminó con la ley de amnistía. Lo hizo más por necesidad que por convicción, pero detrás había una hipótesis que el 12-M ha validado: deshinchar el relato de la represión supondría un apaciguamiento del movimiento independentista. La contundente victoria de Salvador Illa da la razón a la estrategia del presidente español, que, lejos de querer dar una respuesta mínimamente satisfactoria al anhelo soberanista, lo que siempre ha pretendido es enterrarle y alejar la idea de que una mayoría de catalanes apuesta por celebrar un referéndum . Ahora bien, la aritmética en el Congreso es la que es y el líder del PSOE sigue necesitando el apoyo del independentismo para sacar adelante la legislatura. Precisamente, de eso le advirtió el PP, que celebra que vuelve a ser la primera fuerza de la derecha españolista en Catalunya.

Pocos minutos después de las doce y media del mediodía, Pedro Sánchez y Pere Aragonès han entrado en el Salón de los Diputados del Palacio de la Generalitat para reunirse e inaugurar, así, la nueva etapa de diálogo. La última vez que Sánchez pisó el Palau de la Generalitat para reunirse con Aragonès ambos aún llevaban mascarilla. Era el 15 de septiembre del 2021 y fue un encuentro previo a la segunda reunión de la mesa de diálogo entre la Generalitat y la Moncloa en la que Junts ya no participó. Entonces hacía pocos meses que se habían concedido los indultos a los líderes independentistas y la pandemia había dejado en standby el diálogo entre la Generalitat y la Moncloa. Dos años después, el presidente español regresa este jueves a Barcelona para reunirse con Aragonés en un contexto bien distinto: aparte de los indultos, el gobierno español ha derogado el delito de sedición, la ley de amnistía ha comenzado su trámite en el Congrés i Junts también se ha sumado a la estrategia negociadora –sin coordinación con ERC–. Pedro Sánchez ha revalidado la presidencia del gobierno español gracias a los votos del independentismo, el encuentro de este jueves al mediodía supone escenificar el inicio de esta segunda fase del diálogo con el Estado.

Han pasado seis años desde el referéndum del 1 de octubre del 2017 y algunas de las principales caras visibles que se enfrentaron han ido a parar a segunda fila o han desaparecido de la vida pública. Pero algunos todavía se mantienen. ¿Qué se ha hecho de los encargados de combatir esa votación? ¿Qué hacen ahora Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Enric Millo y los demás protagonistas de la otra cara de esa jornada histórica?

Pedro Sánchez ha puesto en marcha oficialmente esta mañana el curso político de un año preelectoral que será clave para el Gobierno español. El presidente se juega su continuidad en la Moncloa y, hoy por hoy, las encuestas le señalan la puerta de salida. Por eso, Sánchez se ha propuesto ponerse manos a la obra y que la acción de gobierno llegue a la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta lo que plasman los últimos sondeos: que la distancia entre el ejecutivo español y la población no para de crecer. La estrategia de la Moncloa pasa, pues, porque Sánchez vuelva a la calle. Lo hizo este fin de semana en Sevilla, en el primer acto de campaña de El gobierno de la gente, y este lunes ha dado un paso más: ha abierto las puertas del Palacio de la Moncloa para que entraran una cincuentena de ciudadanos. Personas seleccionadas –entre 250.000– por el Gobierno español que habían escrito cartas a Sánchez a lo largo de su mandato expresándole preguntas, dudas o preocupaciones.

La pugna política por el decreto energético se ha convertido ya en una nueva trama de suspenso que da la impresión de que no se resolverá hasta el último minuto de la película. El jueves el Congreso de los Diputados tendría que validarlo para garantizar que continúan en vigor las medidas adoptadas por el gobierno español, como la limitación de la temperatura de los termostatos a 27 grados en verano y a 19 en invierno y la prohibición de mantener abiertas las luces de los escaparates por la noche. Pero aparte de las decisiones más polémicas, hay otras asociadas que miles de ciudadanos esperan a penas empiece el mes de septiembre. Si el decreto no supera la votación del jueves, el gobierno español ha advertido que decaerá la gratuidad del transporte público que se había anunciado a bombo y platillo.

"Una cosa es informar y la otra intoxicar [...] Las intoxicaciones no tienen nada que ver con lo que pienso y en cómo actuaremos este semestre, que creo que es importante". De este modo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha quitado hierro a las informaciones publicadas este lunes sobre una posible remodelación del ejecutivo. Unos cambios que tendrían por objetivo encarar lo que queda de legislatura, pero también las citas electorales del año que viene, tanto las municipales como las autonómicas en algunos casos.

En octubre de 2017, Carles Puigdemont anunció que no convocaría elecciones a pesar de la amenaza del 155. Dijo que no tenía ni suficiente confianza en Mariano Rajoy ni suficientes garantías de la Moncloa para lograr un acuerdo. Con el PP fuera del Gobierno español se abría una nueva etapa en la que se querían dar dos pasos fundamentales: rehacer las confianzas y retomar el diálogo. Cuatro años después, estos son todavía los mismos objetivos y, de hecho, se utiliza más la palabra reiniciar que continuar. En febrero de 2020, días antes de la primera reunión de la mesa de diálogo –Sánchez y Torra ya se habían reunido tres veces–, el presidente español dijo que serviría para "volver a empezar y retomar el diálogo". Dieciocho meses después, el nuevo president, Pere Aragonès, afirmó que la segunda reunión de la mesa era un "reinicio". Y ocho meses más tarde, la reunión prevista ahora entre Aragonès y Sánchez servirá para "volver a emprender un proceso de negociación", en palabras de Marta Vilalta (ERC).