Hace casi una década que el retorno de Puigdemont marca la política catalana y española, pero ahora llega la hora de la verdad. Parece claro que el Constitucional dará amparo a la cúpula del Procés –este martes ya ha dado el primer paso– y que el Supremo retirará la orden de detención al expresidente. Esto lo confirman tanto fuentes del TC como fuentes del Supremo, y también el entorno de Puigdemont da crédito a este recorrido. Dicen, dicen... que el expresidente ahora sí que vuelve. El calendario previsto es el siguiente: este martes 22 de septiembre ha habido un primer debate en el TC en el que una mayoría de magistrados se han posicionado a favor de la amnistía para Jordi Turull y en contra de la propuesta del ponente conservador José María Macías de rechazarla. A raíz de esto, la ponencia pasará al próximo pleno, que será el 6 de octubre, donde se prevé que el presidente Conde-Pumpido presente una propuesta favorable a la amnistía de Dolors Bassa, que se apruebe por mayoría y que también tenga efectos para Puigdemont. Es decir, sería en este momento cuando el Constitucional avalaría ya en firme por primera vez la amnistía al delito de malversación relacionado con el 1-O y abriría la puerta ya al retorno.Si todo va según lo previsto, cuando se publique esta sentencia del TC, que quizás sea unos días más tarde de la decisión del 6 o 7 de octubre, Llarena se verá vinculado a ella y podría proceder, incluso de oficio, sin dar traslado a las partes, a retirar la orden de detención al expresidente, Toni Comín y Lluís Puig. Esto implicaría que Puigdemont dejaría de estar en el sistema de alertas de los cuerpos de seguridad del Estado y ya podría circular libremente dentro del estado español sin ser detenido.Ahora bien, en este punto todavía no estaría archivada del todo su causa: en el mismo momento Llarena tendría que dictar la conclusión del sumario y remitirlo a la sala del Supremo, que después de pedir la opinión de las partes (normalmente tienen unos cinco días hábiles para hacerlo), decidiría si cierra definitivamente el caso en virtud también del aval del recurso de amparo al Constitucional. ¿Cuándo volvería exactamente Puigdemont? No quiere avanzar nada y todo dependerá del contenido de las resoluciones, pero podría elegir hasta tres momentos para volver: una vez el TC haya decidido; esperar a la retirada de la orden de detención de Llarena, o una vez archivada definitivamente la causa. Desde su entorno, sin embargo, recetan prudencia y recuerdan que sea cuando sea estamos hablando de octubre, noviembre o a lo sumo diciembre –siempre que todo vaya según lo previsto.Las implicaciones del retorno

El hecho de que Puigdemont regrese a Cataluña abre una nueva etapa tanto en el Principado como en España.

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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

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Las primeras palabras de hoy deben ser para felicitar a Sebastià Alzamora.Ayer el ministerio español de Cultura anunció que le concedía el Premio Nacional de Poesía 2026 por el libro “Sala Augusta seguit de Llengua materna”, publicado por Proa. En una cultura hispánica en la que solo aquello que es castellano es auténticamente español, que el ministerio haya distinguido a un autor en catalán es un oasis de reconocimiento y convivencia que celebramos. Esto, más lo que ha dicho Alzamora, que “el premio lo ha recibido un libro escrito en catalán en Mallorca, donde la derecha y la extrema derecha españolas trabajan para cargarse la lengua catalana en todos los ámbitos”. Sea como sea, muchas felicidades, Sebastià.Por lo demás, estamos en las mismas. Con un cambio que parece menor, pero puede no serlo. El juez Llarena tuvo ayer una de cal y otra de arena sobre la aplicación de la amnistía.

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Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

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El independentismo celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar el encaje europeo de la ley de amnistía. Una noticia que, en teoría, debería acelerar su aplicación por parte de todos los tribunales que hasta ahora se han negado. Pero hay uno que, de momento, no se siente aludido. El Tribunal Supremo seguirá sin amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes condenados por malversación, según explican fuentes consultadas por el ARA. ¿Qué margen tiene para hacerlo? Hoy por hoy, todo el que quiera, a pesar de que los servicios jurídicos de Junts y ERC denuncien que hace meses que está incumpliendo la ley.

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El Tribunal Constitucional (TC) celebra esta próxima semana un pleno en el que decidirá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía por parte del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En la petición, el líder de Junts incluye que, como medida cautelar, el TC ordene al juez levantar la orden de detención en suelo español todavía vigente.

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Los Mossos d'Esquadra no previeron la posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont huyera después de su discurso en el Arco de Triunfo el 8 de agosto del año pasado Ya lo dijeron en el Tribunal Supremo, y este lunes el entonces jefe del cuerpo, Eduard Sallent, ha reiterado ante la jueza de que el movimiento de Puig fuentes judiciales, Sallent ha admitido que no puede descartar que los tres agentes investigados para ayudar a Puigdemont a huir estuvieran al corriente de los detalles del dispositivo que intentaba detenerle. en una acusación de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. sobre el dispositivo de esa jornada, en la que la cúpula del cuerpo ya reconoció que había habido "errores". Según las mismas fuentes, Sallent también ha dicho a la juez que los Mossos no hablaron con la Policía Nacional para el control de fronteras en una jornada en la que la policía activó una operación jaula que no fue suficiente para pillar a Puigdemont antes de que saliera de Catalunya.

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Ya desde el principio se vio que el Tribunal Supremo pondría todos los obstáculos posibles a la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont y al resto de principales dirigentes independentistas durante el 1-O, pero especialmente al expresidente. Això ha donat peu a una batalla judicial llarga i farragosa que aquest dilluns ha viscut un nou capítol a la sala d'apel·lacions del Suprem, on tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, juntament amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, han defensat que se li apliqui l'amnistia sense dilacions al considerar que no hi ha, tal com defensa el jutge Pablo Llarena, delicte de malversació pel mig. Boye, además, ha defendido que la causa ocurra en el TSJC y que sean los jueces catalanes los que decidan.

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El juez Pablo Llarena vuelve a este análisis como en los viejos tiempos, y lo hace con honores de portada:

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Seguramente era esperable, pero no por eso menos grave. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no se cree los argumentos que le dieron los Mossos para justificar su fracaso a la hora de detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando el expresidente protagonizó un breve acto público en el 'Arc de Triomf, y remite el informe policial a los juzgados de Barcelona para que investiguen si hubo delito. De alguna manera, Llarena da por hecho que hubo un conjura entre el gobierno de Pere Aragonès y Junts para evitar la detención de Puigdemont, y burlar así la pretensión del juez de encarcelarle. Pero para hacer una acusación tan grave haría falta pruebas de que ahora mismo no existen.

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El magistrado Pablo Llarena cuestiona el informe que le entregaron los Mossos d'Esquadra sobre la huida del expresidente Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto durante el debate de investidura de Salvador Illa y considera que se le podría haber detenido. En la providencia, el instructor del Proceso asegura que los informes que ha estudiado "no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial" hubiera detenido al líder de Junts en su recorrido hasta el lugar donde se unió a "esta aglomeración de personas que 'esperaban'. Tampoco era imposible, añade en un breve escrito de dos páginas, "el seguimiento y la detención" del expresidente, que tiene en vigor una orden de búsqueda y captura en territorio español por la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Pero su opinión choca de lleno con el parecer de la Fiscalía, que se opone a que la justicia investigue al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Parlament, Josep Rull, ya la cúpula de Mossos por la huida de Puigdemont, porque no ve indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención. Se ha pronunciado en respuesta a las querellas de Vox y Hazte Oír por este caso.

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Se había ido dilatando en el tiempo, pero entraba dentro de los cálculos de Carles Puigdemont que el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, acabara negándole definitivamente la amnistía. Se ha confirmado este martes, cuando Llarena ha respondido el recurso del expresidente –ya le había denegado la amnistía el 1 de julio– y no le amnistíará ni a él ni a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación. De esta forma, el próximo paso es que la sala que preside Manuel Marchena resuelva los recursos de apelación para, después, poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

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A pesar de todo el tiempo transcurrido, puede sorprender saber que el proceso contra Carles Puigdemont todavía está empezando, lo que abre la posibilidad de que se amplíe la investigación a otros posibles actos no averiguados todavía y no cubiertos por la ley de amnistía. Esta realidad hacía que si volvía ahora a España –lo que era incomprensible precisamente por eso– la condena hubiera podido ser, en total, de más de 10 años, que no es irrelevante para alguien de 61 años. Por eso, la tocata y fuga del 8 de agosto planteaba un riesgo jurídico inmenso, dejando a un lado su relevancia política, si es que la tenía.

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Los Mossos d'Esquadra reconocen "errores" en el dispositivo del 8 de agosto que movilizó a 600 agentes para detener a Carles Puigdemont en Barcelona y así lo han hecho saber al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el informe que les requirió el juez instructor de la causa del 1-O. Los agentes no previeron la posibilidad de que el expresidente huyera del Arc de Triomf, donde había organizado un acto político a las 9 de la mañana, y por ello, explican en el documento avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso el ARA, el dron que vigilaba la zona no puso el foco sobre Puigdemont sino que siguió a la comitiva de personas que se dirigía hacia el Parlament.

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"Hasta hace diez días eran extraordinarias, el mejor momento de nuestra historia. Se había recuperado lo perdido y estábamos mejor que antes del 2017". Un cargo destacado de los Mossos d'Esquadra resume así las relaciones entre la policía catalana y el Tribunal Supremo antes de que el 8 de agosto saltase todo por los aires con la visita fugaz de Carles Puigdemont a Catalunya. Fuentes del cuerpo consultadas por el ARA admiten que están expectantes a la respuesta de que el juez Pablo Llarena dé al informe que los Mossos le deben entregar próximamente sobre el dispositivo que habían diseñado para detener al expresidente de la Generalitat en el su regreso a Cataluña. "Veremos cómo respira", apuntan.

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Carles Puigdemont no se arriesga. Tras el regreso fugaz a Catalunya el día del pleno de investidura de Salvador Illa con destino final en Waterloo –con los Mossos yendo de cabeza–, el expresidente de la Generalitat no ha reaparecido en un acto anunciado en la localidad norcatalana de Pradera de Conflent para la Universidad Catalana de Verano (UCE) "por seguridad". Se ha limitado a enviar un vídeo grabado en el que ha denunciado el "colpismo" del Tribunal Supremo. En esta ocasión no ha querido tomar riesgos, puesto que ahora no es eurodiputado, no tiene la inmunidad para viajar por toda la Unión Europea y el Supremo no le ha aplicado la amnistía. Así, el magistrado Pablo Llarena podría reactivar una euroorden en cualquier momento, aunque todavía no lo ha hecho. Precisamente, el acto en el que debía tomar parte ha denunciado el "colpismo judicial" contra la amnistía, en el marco de la presentación del libro de Damià del Clot Colpismo. De la violencia militar al lawfare judicial (Voliana Edicions, 2024), prologado por Puigdemont y por el exdiputado juntero Jaume Alonso-Cuevillas, que sí ha asistido.

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Han pasado diez días desde que Carles Puigdemont dejaba con un palmo de narices a Pablo Llarena, que ya se frotaba las manos ante la alta probabilidad de que el expresidente de la Generalitat fuera detenido. Y el magistrado instructor del Tribunal Supremo no ha movido ficha para capturarle: no ha activado la euroorden pese a constatar que, a diferencia de lo que Puigdemont había anunciado, el exilio no ha terminado y ha vuelto a instalarse en Waterloo indefinidamente. El escenario del regreso con el que confiaba el juez se ha desvanecido y ahora la pelota está en su tejado.

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Con la polémica por el dispositivo fallido de los Mossos para detener al expresidente Carles Puigdemont todavía abierta, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, escenificará este miércoles su apoyo a la policía catalana en su primer acto como jefe del ejecutivo. Isla estrena mañana la agenda presidencial con una visita al complejo central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell, donde también se reunirá con los sindicatos. Irá acompañado de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que tiene el encargo de reconducir la crisis a la policía catalana de la mano del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como director de la policía. El nombramiento no es todavía oficial, pero se espera para los próximos días.

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Catalunya tiene nuevo president: Salvador Illa. Es el tercer presidente socialista que dirigirá el gobierno catalán, después de Pasqual Maragall y José Montilla, pero el primero que lo será habiendo ganado unas elecciones. Aquí tenemos el primer motivo por el que Illa es president, haber quedado primero. Sin embargo, este no constituye el principal motivo de su elección, como demuestra el hecho de que otros dos socialistas, Pedro Sánchez y Jaume Collboni, son respectivamente presidente y alcalde habiendo perdido las elecciones. La razón auténtica por la que Illa ha sido elegido 133 president de la Generalitat se basa en que el tripartito sumaba. Algunos lo advertimos reiteradamente: si el tripartito suma, se hará. Y así fue. Es una ecuación que nunca falla, excepto cuando Esquerra Republicana puede ostentar la presidencia, como ha sucedido en estos últimos años, con Pere Aragonès.

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Un día después del fugaz regreso de Carles Puigdemont a Catalunya, desaparecido tras su intervención en el atril del paseo Lluís Companys de Barcelona, ​​las miradas se dirigen a los Mossos d'Esquadra por la incapacidad de detener al líder de Junts. Entre ellas, la del juez instructor de la causa del Proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien mantiene activa la orden de detención en el Estado contra el expresidente de la Generalitat tras rechazar aplicarle la ley de amnistía. Llarena estaba preparado para activarse en cuanto Puigdemont fuera detenido, una hipótesis que en el alto tribunal se daba por hecha después de casi siete años de persecución por Europa con el anunciado regreso para la investidura de Salvador Illa. Que se haya visto frustrada esta expectativa ha llevado al magistrado a pedir explicaciones al cuerpo policial catalán y también al ministerio del Interior encabezado por Fernando Grande-Marlaska. También el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) reclamó al comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, información sobre el operativo de ayer.

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