El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, considera que sus primeros cuatro meses de mandato han consolidado un "cambio de etapa" en Catalunya. Es, de hecho, el objetivo que se había marcado el líder socialista cuando llegó a Palau: cambiar el frame del debate en Cataluña y enterrar definitivamente el Proceso. Por eso este lunes, en una comparecencia tras el último consejo ejecutivo del año, Illa ha celebrado haber dejado atrás "episodios que no han sido buenos y que han provocado sufrimiento".

La de este martes podría haber sido la última reunión del Govern con la coalición de ERC y Junts en vigor. Mientras se resuelve la incógnita de si Junts deja el ejecutivo o no -una decisión que está pendiente de su consulta interna-, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha trasladado a los consellers que su voluntad es que se evite la ruptura y que su gabinete "pueda continuar". Sea cual sea el desenlace, el president también ha dejado entrever que en ningún caso prevé avanzar las elecciones y que el Govern seguirá trabajando "los próximos meses desplegando los objetivos fijados".

Aunque el eje nacional sea el que ahora mismo atormenta al Govern por la desunión independentista de la Diada, el eje económico también tendrá su cuota de protagonismo este otoño de la mano de la negociación de los presupuestos de la Generalitat del 2023. Este martes el conseller de Economía, Jaume Giró, ha comunicado una de las cifras sobre las cuales se construirán las nuevas cuentas: el techo de gasto no financiero. El margen que el Govern tendrá para gastar se elevará hasta los 33.113 millones de euros, un 10,3% más que el año pasado. La cifra permite al ejecutivo asegurar que las cuentas serán "expansivas" y, así, atraer a los socios parlamentarios para aprobarlos que ahora mismo no tiene.

El primer movimiento de peso para tratar de reconducir la división independentista de la Diada ha tenido lugar este martes en el Palau de la Generalitat y ha servido fundamentalmente para constatar el abismo que separa la estrategia del president Pere Aragonès de la de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). El jefe del Govern ha citado a esta entidad, y también a Òmnium Cultural y a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), para rehacer puentes, pero la impresión es que recoser el consenso no será nada fácil. La Assemblea ha acudido a la cita con la propuesta bajo el brazo de "hacer efectiva la independencia" el segundo semestre del 2023, idea que ha quedado descartada automáticamente por Aragonès. "No se dan las condiciones para sacar adelante una propuesta así, y esto lo sabe todo el mundo", ha dicho a la salida la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha querido despedir este martes el curso político lanzando un reto a Pedro Sánchez: si de verdad cree que el independentismo va a la baja –como afirmó la semana pasada– pues que se atreva a "poner las urnas" para un referéndum para que Catalunya pueda decidir su futuro político. Él mismo ha hecho el spoiler, consciente que una votación de estas características está ahora mismo muy lejos: "Si no las ponen es que están seguros de que no ganarán". A pesar de este reproche, se ha mostrado seguro de que la mesa de diálogo funcionará y que antes de acabar el año dará nuevos resultados en términos de desjudicialización. "Se ha de concretar y se concretará".

Cada día que pasa se acumulan nuevos interrogantes sobre la viabilidad de la candidatura catalano-aragonesa para los Juegos Olímpicos de Invierno, marcada por la falta de entendimiento entre gobiernos. A pesar de que la Generalitat quiere mantener viva la llama de que organizar el certamen es posible, es consciente de que cada día hay más señales de alerta. Este martes la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha avisado al Comité Olímpico Español (COE) y el gobierno de Pedro Sánchez que renunciar a la candidatura sería "perder una oportunidad histórica". "Nos extrañaría que fuera así", ha resuelto. A pesar de las dudas, tanto desde Catalunya como desde Aragón y La Moncloa se asegura que no hay nada perdido.

Cuando queda solo un día para que expire el plazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Consell Executiu ha aprobado este lunes el decreto para responder a la sentencia que impone el 25% de castellano en las aulas. Lo ha hecho en una reunión del Govern extraordinaria convocada por el presidente Pere Aragonès.

Días decisivos para desencallar el acuerdo entre los partidos políticos por el catalán en la escuela mientras se acerca la fecha tope del plazo fijado por el Tribunal Superior Justicia de Catalunya (TSJC) para ejecutar la sentencia que impone la cuota del 25% de castellano en las aulas. Esta mañana ha habido contactos entre el PSC, ERC, JxCat y los comuns en el Parlament después de la tormenta del jueves de la semana pasada, cuando Junts se descolgaron del pacto original para cambiar la ley de política lingüística. PSC, ERC y comuns han dado 24 horas al partido de Laura Borràs para encontrar un acuerdo sobre un texto legal que responda a la sentencia y que se vote en el pleno. Pero no solo en el Parlament la actividad ha sido hoy frenética. En paralelo, el Govern ha abierto un nuevo frente legislativo anunciando que prepara un nuevo decreto para intentar "proteger a los centros y sus proyectos lingüísticos" de la sentencia del TSJC.

La mesa de diálogo está desde hoy algo más congelada del que lo estaba ayer. Si hasta ahora la Generalitat era quien mostraba más interés por reactivarla, el Catalangate ha hecho que también desde la plaza Sant Jaume se ponga freno a este instrumento de negociación, al menos momentáneamente. Este martes el Consell Executiu ha aprobado un acuerdo que establece que el Govern a partir de ahora restringirá "las relaciones políticas" con el Estado a las "mínimas imprescindibles". Por si quedaba alguna duda, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que la decisión impactará directamente en la mesa. "No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar", ha dicho en la comparecencia posterior a la reunión del ejecutivo.

Hay unos cuantos interrogantes que sobrevuelan la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero el más inmediato es cómo celebrar la consulta que ha prometido el Govern para que sean los ciudadanos de las comarcas del Alt Pirineu y Aran los que validen si se tiene que presentar la candidatura o no. La consulta plantea algunas dudas jurídicas y, para intentar salvarlas, el Govern ha aprobado este martes un decreto para blindar la votación de hipotéticas impugnaciones, tal como adelantó el ARA. En concreto, el decreto prevé modificar la ley de consultas aprobada por el Parlament en 2014 para que el presidente de la Generalitat pueda convocarla solo en una parte de Catalunya y que esto no le comporte después problemas en los tribunales.

La mesa de diálogo para resolver el conflicto político ha entrado en una nueva fase de parálisis por la indefinición del gobierno español sobre cuándo se tiene que volver a reunir. Ante este escenario, la Generalitat empieza a mostrar síntomas de que la paciencia se le está agotando. Este martes, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reprochado al ejecutivo de Pedro Sánchez que "juegue de manera electoralista con la negociación del conflicto político". No hay nada roto, pero estas palabras sí que marcan un cierto cambio de tono del Govern respecto al pasado, cuando prefería no polemizar demasiado con el tema.

Si no hay un giro radical de los acontecimientos, Catalunya dejará de tener toque de queda nocturno a partir del 21 de enero y volverá la libre circulación. Lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha argumentado que la Generalitat ha tomado esta decisión porque prevé llegar en breve "al pico" de contagios de la sexta oleada y que, a partir de entonces, empiece una nueva fase de "desaceleración" de la pandemia. A pesar de esto, el ejecutivo catalán no prevé todavía levantar el resto de restricciones y no fija un horizonte para dejar de limitar los encuentros a 10 personas o poner punto final a las medidas que afectan al sector del ocio nocturno.

Por segundo año, las restricciones marcarán las celebraciones de Navidad fruto del empeoramiento de la pandemia. Y no serán unas medidas cualquiera. Si el lunes la Generalitat presentaba la recuperación de algunas de las restricciones más drásticas como el toque de queda, este martes ha entrado algo más en detalle y ha precisado que, si la justicia le da luz verde, el confinamiento nocturno se aplicará de 1 a 6 de la madrugada en los municipios de más de 10.000 habitantes con una incidencia alta de contagios. Los expertos del departamento de Salud fijan este criterio en 250 contagios por cada 100.000 habitantes y, por lo tanto, todas las grandes ciudades que superen este umbral tendrán que aplicar el toque de queda. Con los datos actuales en la mano, será una medida muy generalizada. Solo dos municipios están por debajo de este límite: Salt (que registra 207 casos cada 100.000 habitantes) y el Vendrell (216). Así, tres de cada cuatro catalanes podrían verse afectados por esta restricción, más de 5,6 millones de personas.

"¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones de no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?". De toda la espiral de exageraciones y mentiras que la triple derecha ha vertido en el debate sobre de la inmersión lingüística, esta frase del pasado viernes del líder del PP, Pablo Casado, fue la gota que hizo colmar el vaso de la paciencia de la Generalitat. Así, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que el ejecutivo catalán ya ha presentado una querella contra el líder popular. Es la segunda iniciativa de estas características que se da a conocer en pocos días. Junts, uno de los dos socios del ejecutivo, ya presentó el sábado una querella propia por su cuenta.

La ponencia de vacunas, constituida por expertos a propuesta del ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, estudia este miércoles si hay que administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid a las personas de más de 40 años y a los trabajadores esenciales, como por ejemplo maestros, policías o bomberos, según han informado a Efe fuentes gubernamentales. La decisión de ir ampliando la franja de edad de vacunación de la dosis de refuerzo (hasta ahora solo recomendada para las personas de más de 60 años) se ha impulsado por parte de las consejerías de Salud de las comunidades autónomas. De hecho, Galicia ya anunció lunes su decisión de citar a la franja de edad de 50 a 59 años para poner la tercera dosis "para ir ganando tiempo", según palabras del presidente Alberto Núñez Feijóo, que precisó que incluso empezarían a vacunar a algunas personas "inmediatamente".

El Govern no asumirá la dirección de la escuela de Canet de Mar que tiene que impartir el 25% en castellano en una clase de P5 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). No lo hará a pesar de que es una propuesta de uno de los socios que forman parte del consejo ejecutivo, Junts, y que este lunes puso en el centro del debate público la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Borràs consideró que la Generalitat no hacía lo suficiente para defender la inmersión lingüística y que una opción era ponerse a dirigir la escuela afectada. Así, a pesar de las palabras de la presidenta del Parlament, el Govern ni se lo plantea. La portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha querido cerrar el debate con dardo incluido a Borràs: "Necesitamos soluciones efectivas y no inventos".

Después de la crisis de gobierno por el pacto de los presupuestos con los comuns, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que, a pesar de todo, hay "unidad de acción". Preguntada por la intervención del portavoz económico de Junts, Joan Canadell, ayer en el Parlament –en donde acusó a Esquerra de "autonomista"– ha dicho que el ejecutivo trabaja por "aislarse" del "ruedo" de sus propios grupos parlamentarios y situarse por "encima" de las "discrepancias partidistas". Es decir, el Govern intenta trabajar, ha dicho, al margen de los partidos que le apoyan. Una afirmación que ha sido consensuada entre los consellers de Esquerra y Juntos después del consejo ejecutivo, ha explicado, teniendo en cuenta que eran conscientes de que sería una de las cuestiones que se plantearían en la rueda de prensa. "Esta afirmación ha sido compartida por el grosor del Govern y no puedo hacer diferencias entre consellers de ERC y de Junts", ha dicho Plaja, que ha reiterado, ante varias preguntas de los medios de comunicación, que el Govern está unido.

Sense necesidad que haya unas elecciones anticipadas o una moción de censura, el Govern ha cambiado de color. No de color político, sino corporativo. Los más observadores deben de haber notado que desde hace dos semanas la sala de prensa del Palau de la Generalitat ha registrado una mutación notable: el color azul predominante los últimos 11 años, desde que Artur Mas asumió la presidencia, se ha sustituido por el blanco. Forma parte de un conjunto de retoques, en el fondo y en la forma, que ha querido introducir Esquerra desde que el mayo pasado es la nueva inquilina del Palau de la Generalitat.

Primer paso del Govern para elaborar una nueva ley del audiovisual catalana que actualice la normativa actual, aprobada en 2005. Es apenas la aprobación de la memoria preliminar de la ley, cosa que abre un proceso de consulta pública para que quien quiera pueda aportar las consideraciones que crea. Por lo tanto, para llegar a la aprobación definitiva en el Parlament todavía quedan meses. Pero el detalle más trascendente es el momento en el que el ejecutivo decide hacer este movimiento. El Govern hace el anuncio en pleno conflicto con el gobierno español, que también prepara una ley estatal sobre la misma materia que ha generado controversia porque no incluye una protección específica del catalán. Habrá que ver, pues, si las dos normativas acaban chocando.