Presión al gobierno español para que se incluyan cuotas específicas de catalán en la ley del audiovisual

BarcelonaLa protección y fomento del catalán, en plena regresión en cuanto a hablantes según los últimos estudios, es uno de los pilares de la acción de numerosas entidades de la sociedad civil y uno de los objetivos del Govern Aragonès. Así lo reivindicaban las conselleres de la Presidencia y Cultura, Laura Vilagrà y Natàlia Garriga, a principios de septiembre en un artículo en el ARA. Es por eso que las alarmas han saltado este lunes cuando ha trascendido que el texto del nuevo proyecto de ley de comunicación audiovisual que ultima el gobierno español no incluiría la protección del catalán a través de cuotas en las plataformas de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime. Según ha publicado El Periódico, el borrador de la norma, que habría pasado a una segunda fase de audiencia pública, excluye por ahora las reivindicaciones de la Generalitat y el sector audiovisual catalán en este sentido. El ejecutivo había reclamado entre otros que, dentro del porcentaje reservado a obras europeas (30% del total, tal como se fija en una directiva europea), hubiera un porcentaje para el catalán también del 30%. Sin embargo, el texto con que trabaja la Moncloa en estos momentos solo habla de reservar la mitad de las producciones europeas a "obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas". Fuentes del gobierno estatal aseguran que este texto no es el definitivo, la misma versión que defienden desde el Palau, pero tanto partidos como entidades han redoblado la presión para que el proyecto final asegure cuotas específicas para los títulos en catalán.

"El borrador en el que trabajaba el consejo de ministros desprotege la lengua catalana y no prevé ninguna acción positiva hacia las lenguas minorizadas", ha denunciado ERC en un comunicado, con el que ha reiterado el compromiso de trabajar, al margen de lo que pase en el Estado, para impulsar la ley audiovisual catalana, que quedó aparcada en un cajón la legislatura pasada. Esta ha sido, de hecho, la solución planteada desde JxCat al conocer la noticia, pero el partido de Carles Puigdemont también ha puesto sobre la mesa actuar ya desde el Govern por la vía de un decreto propio. "No hay excusas para no aprobar el decreto ley de la Generalitat para salvaguardar la lengua catalana en el sector audiovisual", ha tuiteado su secretario general, Jordi Sànchez. Y Òmnium, que ha calificado la situación de "nuevo embate contra el catalán", ha anunciado que está preparando un frente común y acciones de protesta.

En paralelo a las reacciones, desde la Moncloa se ha dejado claro que la última versión del proyecto de ley no es la definitiva y que, a pesar de que se prevé que se apruebe pronto, no se llevará este martes al consejo de ministros. En la misma línea, y a pesar de las quejas de los partidos del Govern, fuentes de la Generalitat consultadas por el ARA aseguran que "no hay ningún borrador cerrado" y que continúan convencidos que se aceptarán las alegaciones para la protección de la lengua catalana que han hecho llegar al ministerio. Este fin de semana hubo un contacto con el gobierno español y esta misma tarde, según explican las mismas fuentes, se ha vuelto a hablar a "nivel técnico", pero ya se había abierto el melón durante la reunión de la Comisión Bilateral del mes de agosto. En un hilo en Twitter, el secretario de medios de comunicación del Govern, Oriol Duran, ha marcado como objetivo introducir cambios en el texto antes de que llegue al consejo de ministros, pero también ha defendido corregirla si hace falta una vez llegue al Congreso.