El Govern pretende reformar la ley de consultas para incluir la de los Juegos Olímpicos

BarcelonaEl president de la Generalitat, Pere Aragonès, prometió hacer una consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no será una misión fácil. Después de que el departamento de Exteriores hiciera un informe alertando de las "dificultades jurídicas" para hacerla, según ha podido saber el ARA, el Govern se plantea ahora reformar la ley de consultas no referendarias y ya busca un socio parlamentario para hacerlo posible. La razón de fondo es que quiere introducir una nueva modalidad de votación: que el president del Govern pueda convocar una consulta dirigida solo a una parte del territorio. Fuentes gubernamentales interpretan que, tal como está redactada la ley ahora mismo, no está claro que Aragonès pudiera firmar el decreto de convocatoria llamando a votar sobre los Juegos Olímpicos de Invierno solo a la población del Alt Pirineu, por lo que consideran que es necesaria una reforma legislativa.

El artículo 4 de la ley establece que las consultas pueden ser de iniciativa de ámbito nacional si están promovidas por el jefe del ejecutivo, el Parlament o el 10% de los municipios; o de iniciativa de ámbito local si están impulsadas por alcaldes o plenos municipales, los consejos comarcales, las veguerías o dos quintas partes de las localidades de un determinado ámbito supramunicipal. Así pues, ahora mismo la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno podría estar impulsada por los consejos comarcales o los municipios afectados, pero desde Presidència –que es quien promueve la votación– quieren que sea convocada desde el Palau de la Generalitat.

Para cumplir con el calendario –la votación está prevista a finales de esta primavera–, el Govern tiene la intención de aprobar un decreto ley y convalidarlo después en el Parlament (se tiene que hacer en el plazo de un mes). Por lo tanto, necesita un socio en la cámara que ahora mismo no tiene. Desde el portazo de la CUP en los presupuestos que el ejecutivo no tiene un aliado estable en el Parlament y, si bien aprobó las cuentas con los comunes, su compañero de viaje en el impulso de los Juegos Olímpicos es el PSC. A lo largo de las dos últimas semanas una delegación del Govern se ha reunido con los tres grupos parlamentarios, pero hoy por hoy no tienen el sí de cabeza. De hecho, en un primer momento el decreto se tenía que aprobar en la reunión del consejo ejecutivo del pasado martes, pero se acabó aplazando para cerrar antes el apoyo parlamentario. Intentarán, pues, llegar a un acuerdo en los próximos días para poder convalidar el decreto en el primer pleno del mes de abril.

La paradoja es que el principal aliado del ejecutivo para hacer los Juegos Olímpicos, los socialistas, rechaza hacer la consulta porque no la ve necesaria, de forma que fuentes del partido explican que difícilmente apoyarán la convalidación del decreto ley. Por el contrario, los comunes y la CUP, que están en contra del acontecimiento, aparecen como las opciones más factibles para tirar adelante la reforma, puesto que los dos partidos sí que apuestan por consultar al territorio. Ahora bien, el partido que lidera Jéssica Albiach solo está dispuesto a avalar el cambio en la ley siempre que haya contrapartidas en el ámbito de votación: como la CUP, los comunes quieren que más allá de las comarcas del Alt Pirineu y el Aran voten el Berguedà, el Ripollès y el Solsonès; y también quieren claridad a la hora de definir el proyecto.

De hecho, ampliar la consulta más allá de las comarcas que ha fijado el Govern fue uno de los debates de la semana pasada en el Parlament, donde por primera vez los grupos parlamentarios de Esquerra y Junts abrieron la puerta a esta posibilidad al votar a favor de una moción de En comú Podem. En concreto, el texto instaba a la Generalitat a "consensuar con las comarcas del Berguedà, el Solsonès y el Ripollès su incorporación en el ámbito territorial del proceso participativo y de la consulta popular". Aun así, desde Presidència mantienen que no ha cambiado nada y que el ámbito de consulta continúa siendo el que anunció la consellera Laura Vilagrà: las comarcas del Alt Pirineu y el Aran, es decir, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, la Cerdanya y el Valle de Aran.

Posibilidad de impugnación

A pesar de que la reforma tenga que ver con quien convoca la consulta y con el ámbito territorial, Exteriores –que es quien tiene las competencias en materia de participación ciudadana– también apunta a otras dificultades jurídicas. En el informe se avisa que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional –sobre todo a raíz de la consulta del 9-N y del referéndum del 1 de octubre– complica la posibilidad de consultar a la población de manera general –el problema es incluir el censo electoral, sea en el ámbito local o nacional– y, a la vez, advierte del riesgo de que la consulta acabe en los tribunales si se excluye una parte de la ciudadanía. Es decir, que cualquier ciudadano que no esté llamado a votar puede llevar la convocatoria a los tribunales porque no se le está dejando participar, como ya se han quejado desde el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès. Para el informe, pues, la clave para que sea constitucional es la definición de las personas llamadas a votar. "El decreto [de convocatoria de la consulta] tendría que justificar por qué solo se llama a participar a la población de estos territorios del Pirineu, especialmente en una consulta sobre una candidatura que se define como Barcelona-Pirineus”, alerta.

Ahora, con la voluntad de cambiar la ley de consultas por parte del Govern, hay un nuevo riesgo: no solo que se impugne el decreto de convocatoria por quien puede ir a votar, sino también que el Gobierno español o un grupo parlamentario lleve al Tribunal Constitucional la misma reforma. Una vez más, el ejecutivo tendrá que ir esquivando las piedras que se sucedan en el camino hacia una votación.