"Todo el mundo veía a venir lo que pasaría", explica al ARA Tom Grundy, editor jefe y fundador de Hong Kong Free Press (HKFP), el último gran diario independiente que resiste en la ciudad. Grundy hace referencia a la sentencia contra Jimmy Lai, magnate de la comunicación y fundador del extinto Apple Daily, que fue condenado este lunes a veinte años de cárcel por haber vulnerado la ley de seguridad nacional, impuesta por Pekín en el 2020.

Soldados israelíes clausuraron esta madrugada la redacción de la cadena qatarí Al Jazeera en Ramala, en Cisjordania. La orden de cierre, emitida por los jueces militares que controlan el territorio palestino ocupado, es de 45 días. La cadena ha emitido en directo la entrada de los soldados en la redacción y ha informado de que ninguno de sus trabajadores ha resultado herido y que han tenido que abandonar las cámaras en la oficina.

Las paredes ennegrecidas por la humedad de la celda de aislamiento de la prisión militar de Mariscal Zavala acogen desde hace dos años al fundador y director deEl Periódico (de Guatemala), José Rubén Zamora. El periodista guatemalteco fue detenido el 29 de julio del 2022 en su domicilio y, desde entonces, está confinado en un espacio de tres metros por tres metros y medio, donde no se relaciona con ningún otro recluso. Su única distracción es leer libros, andar diez kilómetros diarios y hablar desde una cabina telefónica con la mujer y los tres hijos. Quien pasó más de 30 años denunciando a El Periódico la corrupción en los distintos gobiernos de Guatemala está ahora en prisión preventiva mientras espera que se repita el juicio por el que fue condenado el 14 de junio del 2023 a seis años de cárcel por blanqueo de dinero y otros activos. Asimismo, debe hacer frente a otras dos causas que le acusan de conspiración para la obstrucción de la justicia y uso de documentos falsificados. El ARA ha accedido a la cárcel por entrevistar a Zamora, que defiende su inocencia y asegura que no existe ninguna prueba de que le incrimine.

Verano de 1789. París. En la nueva Asamblea Nacional, los diputados conservadores que apoyan al rey se sientan a la derecha. Desde entonces, en política hablamos de derechas e izquierdas. En aquella asamblea surgida de la Revolución Francesa, a la derecha había sobre todo sacerdotes, aristócratas y burgueses tradicionalistas; culpaban de lo que había pasado a la "secta filosófica" de los ilustrados –Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert...–, que años antes habían revolucionado la visión del mundo a través de la Enciclopedia (los primeros volúmenes se publicaron en la década de 1750). Los de los bancos de la derecha creían que los filósofos habían envenenado a la sociedad con ideas disolventes contra el orden establecido. No les faltaba razón. Se estaba produciendo un cambio fenomenal en las mentalidades.

Israel inicia una ofensiva contra los medios de comunicación en un intento de controlar el relato de la guerra en Gaza, al menos de cara a sus ciudadanos. El gobierno de Benjamin Netanyahu prepara una regulación de emergencia para cerrar temporalmente todos los medios que, a criterio de Tel Aviv, publiquen informaciones que "dañen la seguridad nacional". Una medida que está pensada, de entrada, para detener las emisiones del canal qatarí Al Jazeera.

"Ahora el mundo entero ya sabe que mi hijo es víctima de una injusticia, y no ha cometido estos crímenes de los que se lo acusa", proclama orgulloso Idriss Radi, padre del periodista marroquí Omar Radi. El año pasado la justicia de Marruecos condenó a su hijo a seis años de prisión por haber cometido un delito sexual, cosa que las ONG de derechos humanos consideran una fabricación del régimen. Ahora se siente reivindicado, después de la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo, que exige la liberación de los reporteros presos en el país norteafricano, y que menciona expresamente el caso de su hijo, de 36 años.

Shatha Hanaysha (Jenin, 1995) es la periodista palestina que estaba junto a Shireen Abu Akleh, la reportera de Al Jazeera en Cisjordania, cuando fue asesinada por soldados israelíes el 11 de mayo. En una conversación telefónica con el ARA, emocionada, pero con voz serena, explica como fueron los hechos y cómo ha reaccionado la población y la profesión.

La policía israelí ha cargado este viernes al mediodía contra la multitud congregada para despedir a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, asesinada el miércoles en Yenín de un disparo por el ejército israelí, según denunciaron compañeros que cubrían con ella una operación israelí en un campo de refugiados. Los agentes han atacado con porras y granadas de sonido la procesión que llevaba el ataúd –que casi ha caído al suelo– desde el Hospital Francés de San Luís, a tocar de la Ciutat Vieja de Jerusalén, hasta el Patriarcado griego, en el interior de las murallas. Decenas de personas han resultado heridas.

Se llamaba Shireen Abu Akleh, tenía 51 años y era una veterana periodista de la cadena de televisión catarí Al Jazeera. Este miércoles por la mañana ha muerto de un disparo en la cabeza a manos del ejército israelí, afirma la cadena, mientras cubría los enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos armados en la ciudad de Yenín, en la Cisjordania ocupada. En el momento de los hechos, Abu Akleh iba identificada claramente como periodista y llevaba casco y chaleco antibalas. La cadena ha acusado al ejército israelí de haberla asesinado "a sangre fría". Abu Akleh era todo un icono del periodismo en el mundo árabe y cubría la situación en los territorios ocupados palestinos para la cadena desde el año 2000, cuando estalló la segunda Intifada.

El régimen de Putin ha suspendido la publicación de Novaya Gazeta días después de silenciar la emisora de radio Ekho Moskvi y pasadas pocas semanas de la ilegalización de la asociación cívica Memorial. Eran los tres grandes reductos de libertad que quedaban en la Rusia de Putin. Al Kremlin le da igual que el director de Novaya Gazeta sea el Premio Nobel de Paz Dmitri Muràtov o que lo fuera Andréi Sájarov, el fundador de Memorial. Novaya Gazeta había salido adelante con el recuerdo doloroso del asesinato, en octubre de 2006, de la reportera Anna Politkóvskaya, y ahora cierra teniendo que recoger la muerte de la colaboradora y redactora de The Insider Oksana Baulina en un bombardeo en Kiev.

El periodista Pablo González, que lleva cuatro días detenido, ha sido acusado de espionaje por parte de Polonia, país donde se encontraba cubriendo la guerra de Ucrania. El reportero, que trabaja para medios como La Sexta, el diario vasco Gara y Público, fue detenido este lunes por parte de las autoridades polacas cuando salía del hotel donde estaba alojado y se dirigía a cubrir la llegada de refugiados a Rzeszów, cerca de la frontera con Ucrania. Hasta hoy no se han hecho públicos los motivos de la detención.

Citizen News, un medio online pequeño pero crítico con el poder, es la última pieza en caer bajo la agresiva presión contra la prensa independiente en Hong Kong. La ley de seguridad nacional, impuesta por Pekín en 2020, es una poderosa arma con la cual cualquier medio de comunicación puede ser acusado de sedición por expresar opiniones o informaciones contrarias a la posición oficial del gobierno.

El año que se acaba nos deja, políticamente, a los líderes del Procés indultados y al primer presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana desde antes de la guerra. Pere Aragonès llegó al cargo por unas urnas impuestas, cosa que, en democracia, tendría que ser un oxímoron imposible de tragar. Las elecciones se tuvieron que convocar —que el tiempo nunca lo borre— porque se inhabilitó al president Quim Torra por no haber retirado a tiempo una pancarta. Encima, las elecciones se celebraron el 14 de febrero porque el TSJC se pasó la pandemia por donde le pareció y dijo que de aplazarlas a finales de mayo, nada de nada. De aquella jornada electoral salieron cuatro titulares. El PSC, con Salvador Illa, había cogido el relevo de Ciutadans como partido más votado en Catalunya. La mayoría independentista en el Parlament era inédita (74 de 135 escaños). Esquerra superaba a Junts por un solo escaño y 35.000 votos. Y Vox entraba en el hemiciclo como cuarta fuerza, por delante de la CUP, Podem, Ciutadans y el PP. A pesar de todos los pesares, la repetición de Govern entre Junts y ERC fue posible. Por la voluntad electoral, los republicanos se habían ganado la presidencia. Aragonès hizo un ejecutivo de caras nuevas (solo repetían Puigneró y Jordà) que rebajara tensiones pasadas. De momento, a pesar de la pandemia, de los delicados equilibrios entre socios y de la falta de liderazgo con el aeropuerto o los Juegos de Invierno, el Govern gobierna. Cuanto menos, gestiona a la espera de que coja velocidad de crucero. Si una virtud han tenido ERC y Junts es que, sin tener la mayoría absoluta, han sabido pactar con quien ha hecho falta sin poner líneas rojas. Hemos visto que es compatible llegar a un acuerdo de investidura con la CUP, pactar los flamantes presupuestos con los comuns y acordar el relevo de cargos caducadísimos (Síndic, Corpo, CAC) con el PSC. La geometría variable es esto. Política. Sin casarse con nadie, pactar con quien sea por el bien de todos.

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El Parlamento Europeo acaba de aprobar un informe crucial para la libertad de expresión. Versa sobre las SLAPP, las siglas en inglés de strategic lawsuits against public participation, es decir, los pleitos estratégicos contra la participación pública. El informe surge de la propuesta de la EU Citizen Network del 2020, que aquel año alertó de este fenómeno internacional, que en los Estados Unidos es muy conocido y, de hecho, está regulado, pero que en la Unión Europea todavía no había recibido atención, a pesar de ser un fenómeno creciente. Según el informe, hasta ahora, la carencia de un abordaje legal y judicial consistente y comprensivo de las SLAPP en la Unión Europea ha impedido identificarlas con prontitud y reconducirlas de forma eficiente. Las SLAPP son acciones legales abusivas, civiles o criminales, que usan privados (individuos y/o empresas) y administraciones con el propósito de disuadir la participación pública y estrangular la crítica y la denuncia social sobre asuntos de interés público. Estas acciones legales se aprovechan del hecho de que muchos países consideran la difamación como un delito; de hecho, incluso se ha generado el denominado libel tourism, que consiste en elegir el país en el que se presentará la demanda judicial según la severidad de su legislación sobre difamación.

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La detención del periodista Albert Garcia y la posterior acusación de atentado contra la autoridad se ha resuelto judicialmente con una absolución. En su sentencia, el magistrado Jorge González Ibarburen señala que los miembros de la Policía Nacional que declararon no aportaron pruebas para demostrar que Garcia hubiera agredido a uno de los agentes. "Hay serias dudas de que pasara lo que relata el escrito de acusación", dice la resolución. El fotógrafo trabajaba en la Vía Laietana el 18 de octubre del 2019, cubriendo para El País los disturbios derivados de la sentencia contra el 1-O.

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Nueva embestida del gobierno polaco a la libertad de prensa. El Parlamento del país aprobó la semana pasada una polémica ley que prohíbe dar licencias de emisión a canales que sean propiedad de empresas de fuera del Espacio Económico Europeo. La medida se ha interpretado como un ataque directo a TVN, el principal operador privado de televisión de Polonia, propiedad del grupo norteamericano Discovery y que tiene una línea editorial contraria al gobierno del ultraconservador Mateusz Morawiecki. El primer ministro, sin embargo, argumenta que la norma es una defensa ante las "amenazas híbridas y los peligros de la desinformación" que podría afrontar Polonia en caso de que países hostiles como China o Rusia consiguieran el control de medios locales.

]]> Con todos sus defectos, el sistema de medios norteamericano es uno de los que tiene la libertad de prensa más garantizada. Pero algunos nubarrones en el horizonte hacen temer que las cosas puedan cambiar. Estas últimas semanas, algunos jueces prominentes han multiplicado los comentarios críticos contra los medios. Según un estudio citado por el New York Times, las referencias negativas se han disparado y esto tiene que ver con la polarización, sí, pero también con el hecho de que los jueces de tendencia más progresista han dejado de apoyar a la prensa, tal como solían hacer tradicionalmente. Y, más allá de desbravarse, hay magistrados que piden revisar un caso de 1964, ganado por el diario neoyorquino, que convirtió en mucho más difícil para un funcionario o agente oficial querellarse contra la prensa.

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La carpeta de los presos políticos catalanes también ha llegado a la Casa Blanca. Al menos al informe sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito mundial que publicó este martes el departamento de Estado norteamericano. Sin posicionarse en ningún momento, la administración de los Estados Unidos recoge todas las veces que organismos supranacionales han condenado la situación de los presos políticos e incluso cuando han pedido su libertad. Concretamente, la Casa Blanca dedica un apartado del informe específicamente a "presos y detenidos políticos", donde recuerda que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas pidió liberar a "siete de los nueve presos proindependentistas catalanes" por su papel en "el referéndum" del 1-O. Estos hechos se remontan a julio de 2019, cuando el grupo calificó de "arbitraria" la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y pidió su "libertad inmediata". Entonces todavía no había sentencia y todos estaban en prisión preventiva (Carme Forcadell y Jordi Turull no pidieron posicionamiento sobre su situación).

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