Es fascinante la manera como las televisiones privadas intentaban disimular el escándalo del ático de lujo que ha comprado la Comunidad de Madrid para utilizarlo como supuestas oficinas temporales para la presidenta Ayuso. En Telecinco, en el magazín Vamos a ver, hicieron un planteamiento rocambolesco con la voluntad de presentarlo como una inversión interesante. Enviaron una reportera a un piso en venta del barrio de Chamberí. Informaban que era el piso vecino del de la polémica, como si fuera la puerta de al lado, y después supimos que era en otra calle. Aseguraban que aquel piso era, si no exacto, prácticamente igual al que había comprado el ente público. Entraron en aquel piso con el consultor inmobiliario que lo tenía a la venta y le pidieron que pasara la visita delante de las cámaras. El hombre enseñó el salón, la cocina y las habitaciones cantando todas sus virtudes. Habló sobre las excelencias del vecindario y la magnífica inversión que suponía. También nos enseñaron la pequeña terraza presumiendo de unas vistas que eran más bien mediocres. Aquel planteamiento podía confundir fácilmente a la audiencia haciendo creer que era el piso de la Comunidad de Madrid y no un sucedáneo para cubrir el expediente en televisión. Pero cuando preguntaron por el precio resultó que costaba la mitad de lo que se habrían gastado por las presuntas oficinas temporales. Valía tres millones y medio y no seis. En la edición de verano de Espejo público en ningún momento enseñaron imágenes del piso o de la finca en el poco tiempo que dedicaron a debatir aquella compra institucional. Entre los argumentos de los tertulianos se hizo fuerte la consideración de que un piso como aquel era un “elemento de representatividad” para justificar el lujo.En Antena 3 Noticias, la siempre expresiva Sandra Golpe ni siquiera quiso hacerse cargo de aquella información. Dio paso a un redactor para que ofreciera “otras noticias”, relegándola a una categoría de menor importancia. El presentador primero informó que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, había recuperado su pasaporte y, acto seguido, añadió una cola breve: “Y finalmente, después de la polémica, la Comunidad de Madrid ha decidido poner a la venta el ático de Ayuso que iba a utilizar ella como oficina mientras durasen las obras de la sede del gobierno autonómico. Se va a vender con otros cuatro inmuebles. El dinero se va a donar a los afectados por los incendios y a la reconstrucción de las zonas arrasadas por el fuego”. Apenas quince segundos de noticia que convertían la ganga de seis millones en Chamberí en una obra de caridad para ayudar a las víctimas de los fuegos. El escándalo quedaba cerrado en pocas horas, sin cuestionar los detalles que se esconden detrás de la compra sospechosa de un ático con doscientos metros de terraza. El nivel de indagación y minuciosidad que se aplica a los casos del PSOE contrastaba con la información superficial sobre este caso de Isabel Díaz Ayuso. Pero lo que llamaba más la atención era el temor evidente de los tertulianos a analizar los hechos, con largos preliminares y muchas precauciones previas antes de manifestar su opinión. Parecía que les preocupaba más mantener la silla de tertulianos que el sentido común y la gestión del dinero público.

El dicho según el cual hay noticias que se entienden mejor si se ponen una al lado de la otra a veces funciona. Por ejemplo, es un hecho que la Comunidad de Madrid ha comprado a través de una empresa pública un ático de casi 500 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Madrid, una compra de un valor estimado de entre cuatro y seis millones de euros que se ha hecho fuera de concurrencia pública y sin que estuviera presupuestada en ningún sitio. La respuesta de la presidenta, la inevitable Ayuso, ha sido hacerse la víctima una vez más (ha afirmado que vuelve a ser víctima de una “campaña de desprestigio”). También ofreció una especie de explicaciones según las cuales este ático de lujo será una “oficina” donde “temporalmente se puedan tener reuniones institucionales” mientras se hacen las obras de reforma de otro edificio, y que no está claro que ella lo vaya a usar. El mismo día, Ayuso anunció que abrían en la web de la Comunidad de Madrid un apartado para “canalizar con seguridad las donaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste”, y al día siguiente, la Comunidad hace el anuncio alucinante de que ahora venderán el ático en cuestión “para ayudar a los afectados por los fuegos”: ni el dinero público se gestiona así, como si fuera un juego de niños, ni la ciudadanía somos necesariamente idiotas. La “reconstrucción”, por cierto, es la palabra que usa la Generalitat Valenciana para administrar, también con notable opacidad, los fondos destinados a reparar las destrozos de la dana del 29 de octubre de 2024. Todavía en tiempos de Mazón, las arcas de la Generalitat recibieron doce millones de euros en donaciones de ciudadanos que quisieron contribuir a esta causa, de los cuales no se ha sabido nunca más nada. No hay noticias de que ni Mazón ni Ayuso hayan tenido que comparecer ante la justicia por la muy presunta corrupción a su alrededor.En cambio, es otro hecho conocido que, a pesar de la contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía, y a pesar de haber concedido en dosis homeopáticas un puñado de amnistías de perfil más técnico, el Supremo español se niega a amnistiar a los dirigentes políticos del Procés de un delito de malversación que solo ha existido dentro de la imaginación de los acusadores y de los magistrados que los condenaron. La convocatoria de un referéndum de autodeterminación era parte del programa electoral de los partidos que formaron un Gobierno plenamente legítimo y democrático, y con el gasto para llevar adelante este referéndum no se ha demostrado que se lucrase nadie. Es más, quien era el ministro de Hacienda entonces, Cristóbal Montoro, manifestó que no se había gastado “ni un duro de dinero público” en “las urnas de los chinos”. Por cierto: el llamado caso Montoro, un gran escándalo de corrupción en el que la Agencia Tributaria y el ministerio de Hacienda habrían sido utilizados para cometer extorsión y otros delitos, ha visto cómo esta semana el juez prorrogaba la instrucción seis meses más, una velocidad inversamente proporcional a la gravedad del caso. Lo que decíamos: a veces, poner noticias de lado ayuda a entenderlas mejor.

La Comunidad de Madrid ha decidido deshacerse ahora del ático de 485 metros cuadrados que compró como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha informado el gobierno madrileño este miércoles al mediodía tras celebrar su consejo de gobierno. Tras 24 horas de polémica desde que se hizo pública la compra del inmueble a raíz de una información deEl País, el gobierno de Ayuso ha decidido incluir este ático en la venta de cuatro inmuebles de su propiedad situados en la Gran Vía de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha publicado este miércoles El País. La presidenta madrileña ha admitido la compra del inmueble, en el barrio residencial de Chamberí y que incluye una terraza de 199 metros cuadrados, pero ha asegurado que no está claro que la vaya a utilizar ella personalmente y ha denunciado una campaña de "desprestigio en plena emergencia" por los incendios. "Es falso, no me estoy comprando nada ni me están comprando nada", ha dicho en rueda de prensa, si bien ha reconocido que el piso es uno de los espacios que se usarán durante la rehabilitación que se hará de la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. La oposición ha denunciado la situación y ha reclamado explicaciones.

A Isabel Díaz Ayuso no parecen preocuparle demasiado los quebraderos de cabeza diplomáticos entre España y México. Más allá de lo que significó para la izquierda el encuentro progresista en Barcelona, aquella cumbre también fue relevante por otro motivo: la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Estado. Su presencia significó una reanudación de relaciones diplomáticas después de años de choque por la negativa española de pedir perdón por la Conquista. El gobierno español reconoció por primera vez la "injusticia" del pasado colonial con México y después fue el rey Felipe VI quien admitió "abusos" con un gesto que fue muy bien recibido por las autoridades mexicanas. Ahora bien, en medio de este clima de reconciliación, ha irrumpido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha utilizado a un asesor suyo en la Comunidad de Madrid para buscar y comprarse un piso nuevo en la capital española, según publica este jueves Eldiario.es. La información del digital, que el equipo de la dirigente popular no ha negado, señala que el jefe de gabinete de la secretaría de la presidencia madrileña, Álvaro Sanz, se ha encargado de las gestiones para la búsqueda de la nueva casa de Ayuso: ha hecho desde los contactos con los representantes de al menos una propiedad a la concertación de visitas del inmueble e, incluso, ha participado en la negociación del precio de compra. La izquierda madrileña ya ha pedido explicaciones al gobierno autonómico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que comience "inmediatamente" los trámites para la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, un listado obligatorio por ley y aprobado por el Consejo Interterritorial (con presencia de todas las comunidades autónomas). El acta de la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal es un nuevo paso en el pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Mónica García al resistirse a tener el registro de profesionales que se niegan a practicar abortos. De hecho, los jueces avalan las medidas cautelares solicitadas por el ministerio.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó este miércoles que le "encantaría" intervenir la Comunidad de Madrid con el artículo 155. Lo dijo en una entrevista en TVE después de que le preguntaran por el hecho de que comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, no estén aplicando el tope a los precios. "¿Qué se me ocurre a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ha dicho. Y lo único que le impediría hacerlo, ha añadido, es que los socialistas no tienen "mayoría" en el Senado, imprescindible para validar la intervención de un gobierno autonómico y en estos momentos controlado por los populares.

El pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Sanidad por elincumplimiento de la ley del aborto tiene un nuevo capítulo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El departamento de la ministra Mónica García ha presentado un recurso contencioso administrativo que reclama que sea el alto tribunal el que fuerce a la Comunidad de Madrid a crear el registro de facultativos objetores de conciencia en el aborto, una lista a la que obliga la ley del 2023 y que sirve para ayudar a planificar los servicios de ginecología en los centros. "Resulta acreditado que la administración autonómica no ha cumplido con la obligación que le impone la ley. [...] Tampoco ofrece duda de que la misma no ha contestado, ni consta que haya efectuado ninguna actuación, en relación con el requerimiento efectuado por la ministra de Sanidad a la consellera de Sanidad", esgrime el documento, al que ha tenido acceso.

El escándalo en el Hospital de Torrejón de Ardoz a raíz de unos audios destapados porEl País provoca una profunda indignación. En las grabaciones se puede oír al consejero delegado del grupo privado Ribera Salud –que gestiona el centro público en régimen de concesión– dando órdenes explícitas para aumentar las listas de espera rechazando pacientes y pruebas que no les son rentables. El caso implica una presunta mala praxis del centro hospitalario madrileño, que puede haber puesto en riesgo a pacientes priorizando la ganancia económica por encima del derecho fundamental a la salud.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la sesión de control al gobierno español de este miércoles para buscar la manera de salir del callejón sin salida en el que el ejecutivo de Pedro Sánchez hace días que le ha colocado instándole a él y el partido a hablar sin tapujos de un genocidio en Gaza. Aunque los populares no se han pronunciado sobre si consideran que en Gaza se está cometiendo un genocidio, durante el cara a cara de este miércoles con el presidente español Feijóo ha intentado salir adelante hablando por primera vez de "masacre en Gaza". "Ahorre las lecciones de humanidad", ha recriminado a Sánchez, a quien ha acusado de hacer un uso partidista de la causa palestina. "Usted pactaría incluso con Netanyahu para mantener el poder", espetó Feijóo. Ahora bien, no todo el mundo en las filas del PP anda en la misma dirección. De hecho, hace días que los equilibrios dentro de los populares son constantes.

Fue en una fecha tan lejana como el 2007 cuando el entonces conseller de Economia, Antoni Castells, puso sobre la mesa la necesidad de armonizar en todo el Estado algunos de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, especialmente el de sucesiones, para que no hubiera una carrera a la baja entre todos los territorios. Castells fue muy criticado entonces porque incurría en una aparente contradicción: un federalista partidario de la máxima soberanía fiscal para Catalunya reclamaba al Estado que pusiera un límite a esa soberanía. Sin embargo, el conseller señalaba que lo que no tenía sentido es que un impuesto cedido para que las autonomías pudieran financiarse mejor acabara convirtiéndose en un arma, a base de dejarlo prácticamente a cero, para robar bases fiscales, es decir, contribuyentes, a otros territorios. Esto es lo que se conoce como dumping fiscal, que a escala europea practican países como Irlanda y Luxemburgo, pero que dentro del estado español practica especialmente la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso fue a pasar dos días en un chalet de la Comunidad de Madrid situado en el pueblo de Rascafría, en el norte del territorio madrileño, con su familia hace dos fines de semana, según avanzó El País. La presidenta madrileña había criticado siempre que el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez, utilizara "cuatro palacios" que son de patrimonio nacional y que utilizan habitualmente los presidentes españoles. Este lunes Ayuso salió a defenderse y aseguró que sus dos días en Rascafría no son comparables con "el Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios" de Sánchez. De hecho, aseguró que en el chalet madrileño Ayuso acudió con comida de casa, fue a comprar al supermercado Covirán del pueblo y también a comer en un restaurante de Rascafría.

Conpymes, de la que forma parte la patronal catalana Pimec, interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por la concesión de subvenciones "a dedo". La denuncia ya fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según esta organización, que preside José María Torres.

Más de cinco años después la justicia empieza a ajustar cuentas por las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Por primera vez dos ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso tendrán que declarar como investigados en un procedimiento judicial, según informaron en un comunicado dos asociaciones de víctimas y confirman fuentes jurídicas. Durante todo este tiempo la presidenta madrileña ha evitado hacer autocrítica por la actuación de su ejecutivo durante la covid-19.

Cataluña recaudó 525 millones de euros en impuestos ambientales durante 2022, un tercio del total que recaudaron todas las comunidades. Es una cifra desproporcionada: Cataluña representa el 19% del PIB estatal, no un 33%. La Comunidad de Madrid, por su parte, que también representa otro 19% del PIB, no recaudó ni un solo euro en impuestos ambientales durante el mismo 2022. Y eso que, de media, los impuestos verdes son un 59,9 % de los que crean las comunidades.

Hace apenas un año, Isabel Díaz Ayuso conseguía imponerse en las elecciones autonómicas del 28-M por mayoría absoluta. Los cuatro anteriores, había gobernado primero en coalición con Cs –del 2019 al 2021– y, tras romper con el partido naranja y adelantar elecciones, con un ejecutivo monocolor, aunque se quedó a cuatro escaños de no depender de nadie en la Asamblea de Madrid. En ambos períodos la presidenta madrileña necesitó el apoyo externo de Vox. ¿Ha cambiado algo en los últimos doce meses? El hecho es que pese a no depender de los votos de la extrema derecha, algunas de las normas tienen su sello ideológico, como la reforma de la ley trans autonómica (que fue aprobada por el PP en la época de Cristina Cifuentes), que el Defensor del Pueblo ha llevado al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos de los menores.

Madrid lidera el crecimiento económico entre las comunidades autónomas, tanto en 2022 como en la salida de la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras esto ocurre, Cataluña se mantiene como la cuarta economía del Estado, con un ritmo de crecimiento más moderado que el de la capital española.

El torero retirado José Ortega Cano será uno de los nuevo vocales del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, según ha anunciado el consejero de Justicia, Interior y Presidencia del Gobierno madrileño, Enrique López. José Ortega Cano, de 68 años, es una de las principales figuras del toreo de los años ochenta y noventa, ha remarcado en un comunicado el Gobierno madrileño. La nota añade que, a lo largo de su carrera, consiguió salir hasta cuatro veces de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid a cuestas. Retirado de las plazas definitivamente en 2017, el matador murciano siempre ha mantenido su vinculación con el mundo de la tauromaquia, tanto como ganadero desde el ámbito de la cría del toro bravo, como como apoderado, lanzando a jóvenes promesas del toreo, como en el caso del joven novillero Álvaro Burdiel, al que apodera actualmente.