Cataluña es la comunidad con más impuestos ambientales, mientras que Madrid no la tiene

BarcelonaLos impuestos ambientales son la brecha que han encontrado las comunidades autónomas para recaudar más dinero. Ante el agujero que ha dejado al Estado en la fiscalidad verde, las comunidades han creado impuestos propios para gravar la contaminación y frenar las emisiones. Eso sí, depende claramente de la necesidad de recursos y financiación de cada comunidad. Así, Cataluña se ha convertido en la comunidad con más impuestos ambientales y la que más recauda por este tipo de tributos, mientras que Madrid no tiene ningún impuesto verde y, por tanto, su recaudación por impuestos ambientales es cero.

Los datos están extraídos del Panorama de la fiscalidad autonómica y foral que cada año elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales. El informe publicado este año recoge los datos fiscales del año 2022, los últimos disponibles en el momento de su elaboración. Una primera conclusión está clara: Catalunya recaudó 525 millones de euros en impuestos ambientales de los 1.580 millones que sumó el conjunto de las comunidades. Es decir, una tercera parte de los impuestos ambientales de las comunidades los recauda Cataluña cuando representa un 19% del PIB (de la economía) del Estado. Por otra parte, la recaudación de Madrid –que aporta otro 19% del PIB– por este tipo de tributos fue cero.

El estudio indica que los impuestos verdes son el 59,9% del total de impuestos propios de las comunidades. En el caso de Cataluña, son el 56,9%. Es decir, estos tributos se sitúan en el Principado muy cerca de la media del conjunto de las comunidades. Que los impuestos ambientales han sido la gran fuente de creación de tributos propios para las comunidades lo demuestra el hecho de que existen cuatro comunidades que obtienen el 100% de sus ingresos por impuestos propios de tributos medioambientales, y otros cinco obtienen más del 90% de sus ingresos por impuestos propios.

El Informe destaca también que, en conjunto, los impuestos propios "son una escasa fuente de financiación para las comunidades", ya que sólo aportan el 2,2% de los ingresos tributarios, pese a su aumento: en 2022 la recaudación por tributos propios creció casi un 11% frente al año anterior. Y un segundo aspecto: en el 2024 se ha creado el impuesto estatal de residuos, lo que obliga a las comunidades que tienen un impuesto similar a suprimirlo o dejarlo a cero.

Los datos del estudio dejan claro que los territorios más infrafinanciados son los que más impuestos propios han creado y los que más recaudan por impuestos ambientales. Así, si Catalunya abre el podio con 525 millones recaudados por impuestos verdes, le siguen la Comunidad Valenciana, con 303 millones, y Andalucía, con 143 millones. Cataluña es la comunidad que más tributos propios ha creado, 19 en total, de los que 11 están vigentes. De estos, 5 están relacionados con el medio ambiente: el canon del agua, el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas en el atmósfera de la industria, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. En el caso de Madrid, el informe aclara que la comunidad ha renunciado a los impuestos propios, pero "recibe una parte importante de recaudación a través de la tributación del juego, que no aparece entre los impuestos propios porque son tasas, y lo mismo ocurre con el agua".

Unidad de mercado

El Consejo de Economistas de España ha elaborado un informe que ha presentado esta misma semana sobre la fiscalidad ambiental en el Estado. El informe constata que los tributos propios de las comunidades, muchos de ellos medioambientales, son origen de litigios. Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, los problemas que surgen "podrían solucionarse, dentro de una estrategia o replanteamiento de la fiscalidad en España, estableciendo determinados impuestos por parte del Estado cediendo la recaudación a las comunidades , y teniendo estas cierta capacidad normativa para adecuar tipos y deducciones".

Pich reclama "unidad de mercado para la fiscalidad medioambiental". “No tiene sentido que unas comunidades autónomas no exijan prácticamente ningún tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos sí, para un mismo tipo de hecho imponible. Los ciudadanos y las empresas contaminan con independencia de dónde se resida”, señala.

El director del servicio de estudios del Consejo General de Economistas, Salvador Marín, se pregunta qué nivel de la administración debe crear los impuestos medioambientales, siendo España un estado descentralizado. En este sentido, indica que si el impuesto lo ponen las comunidades y refleja realmente el coste contaminante, "el impacto del impuesto sobre los sectores económicos más afectados en esta comunidad autónoma será elevado y su efectividad medioambiental más que dudosa, al poder, por ejemplo, eludir el pago del tributo fabricante desde otra comunidad en la que el impuesto no exista”

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