Han pasado 776 días desde que la ley de amnistía entró en vigor. Desde entonces, su aplicación –con cuentagotas– ha tenido que ir superando múltiples adversidades de diversos tribunales a lo largo de un tortuoso camino. Sin ir más lejos, el viernes el Supremo puso fin a cuatro causas que estaban congeladas desde hacía meses. Y quien ahora intenta hacerse el sueco es el Tribunal de Cuentas. La causa contable sobre los gastos de la acción exterior de la Generalitat y del 1 de octubre, que afecta a 35 personas, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la consejera de cuentas expresó dudas sobre si amnistiar estos hechos era “compatible” con el derecho europeo. Ahora bien, la sentencia de hace dos semanas desmontó el argumento de que la independencia de Cataluña podría haber ocasionado una reducción de los recursos propios de la Unión Europea y dio luz verde a archivar de plano el procedimiento.

Hoy tenemos colgada una noticia que empieza diciendo “Bruselas recuerda…”.En concreto, “Bruselas recuerda a los tribunales españoles que deben aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía”. La noticia podría continuar diciendo “Bruselas recuerda y Madrid desobedece”, o “Bruselas recuerda y Madrid no se acuerda”, porque no es sino desobediencia el caso omiso que el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo están haciendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la plena conformidad al derecho europeo de la ley de amnistía. El sentido de todo esto es evidente: el regreso a Cataluña del presidente Puigdemont tiene valor de humillación para todo el aparato del estado político, mediático, policial y judicial, sobre todo judicial, que convirtió el procesamiento de centenares de catalanes en una razón para vivir con la bandera rojigualda colgada en el balcón, y un mérito para escalar. Y, por tanto, alargarán el castigo tanto como puedan, porque los exilios y las inhabilitaciones impiden una reorganización estratégica del independentismo, que, por más que sea aquí y ya no se marche, no solo no ha encontrado nuevas formas de expresión de amplia aceptación ni nuevos liderazgos, sino que también ha revelado la peor cara de la desorientación y la división.La pulsión obstruccionista española, que remite, pues, a sus esencias, también tiene un componente táctico que es la cuenta atrás a la espera de la caída (y quién sabe si procesamiento) de Pedro Sánchez, que pondría los mecanismos del ejecutivo y parte del legislativo en las mismas manos que el judicial.

La primera muestra de que la aplicación de la amnistía no será fácil a pesar del aval de la justicia europea la ha dado el Tribunal de Cuentas, que se ha negado a aplicarla de entrada a pesar de ser uno de los señalados directamente en la sentencia de la semana pasada. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito a la Comisión Europea denunciando a España por el incumplimiento de la amnistía y alertando de la maniobra del Tribunal de Cuentas. En un escrito avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso el ARA, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía y que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El monotema futbolístico y el recrecimiento de las neuronas que todos juntos llevamos a estas alturas de un verano que ya es de pleno cambio climático han hecho pasar desapercibida la escandalosa reacción de la cúpula judicial española, y de la derecha ultranacionalista, a la sentencia del TJUE sobre la amnistía. El resumen es el siguiente. Tribunal Constitucional: se lo mirará al volver de vacaciones. Tribunal Supremo: mantiene la orden de detención de Puigdemont y la acusación de malversación, y se guarda el as de plantear nuevas cuestiones prejudiciales, lo que dilataría el proceso unos cuantos meses más. El PP: en palabras del secretario general Miguel Tellado, la sentencia del TJUE no entra “en el fondo del asunto”. El fondo del asunto es cargarse a Pedro Sánchez y su gobierno, tan malvado que ni siquiera da, según el PP, apoyo a la roja.Por parte de los socialistas y los socios de la investidura de Sánchez, y por parte de los directamente afectados –los líderes independentistas ahora amnistiados por el tribunal europeo–, ha dominado la cautela, la prudencia, el cálculo y la calma tensa. Rompió la cuerda del violín Óscar Puente, el ministro hooligan, que la derramó invitando a Puigdemont a “plantarse en España”. Esto –ya que mencionamos el fútbol– es porque Puente, como tantos otros, hace años que aplica a los hechos ciertamente gravísimos que han sucedido en los últimos diez años en el conflicto entre Cataluña y España la lógica burda, emocional e infantil propia del fútbol. Se creen de verdad que “Puigdemont huyó de España dentro del maletero de un coche” y, a partir de aquí, son presa fácil del relato que ellos mismos han ido construyendo. Un relato desinformado y desinformador, maniqueo, que reduce rápidamente la realidad a su nivel de caricatura. “¿Hay sentencia favorable del TJUE? Pues que se plante aquí”. Si la capacidad de análisis de un ministro es esta, hasta aquí ha llegado la riada.Con todo, lo que es verdaderamente alarmante es la actitud de los tribunales españoles hacia sus referentes europeos. El hecho de que un estado sea miembro de la UE comporta que el derecho y la jurisprudencia europeos se incorporen al corpus legal vigente en aquel estado y adquieran un rango de relevancia superior al del derecho y la jurisprudencia “nacionales”. Las sentencias de los tribunales europeos no son sentencias “extranjeras” ni intromisiones intolerables. Las sentencias europeas no se pueden posponer, ni negligir, ni eludir ni ignorar. Muy al contrario, los tribunales españoles las han de acatar, aplicar y hacer aplicar con el mismo celo y diligencia que si fueran sentencias “propias”. Ahora bien, esta del TJUE sobre la amnistía se les atraviesa especialmente. Y es comprensible, porque pone en evidencia el juego sucio que la justicia y la política españolas (en particular, el Supremo y el PP) han practicado y siguen practicando, naturalmente para defender la unidad de España. El TJUE no les da la razón en nada y, sin decirlo, dice lo que son: unos políticos que actúan al margen de la democracia, y unos jueces prevaricadores.

“Todo esto acabará en los tribunales internacionales”, vaticinó el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en noviembre de 2017. De momento, la amnistía –que entonces no se podía ni imaginar– ya ha pasado la validación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no es el primer revés que la justicia europea da al Tribunal Supremo español. Desde el exilio, la defensa de Puigdemont ha encadenado una serie de resoluciones favorables en todo el continente. Una serie de victorias que, de momento, no le han servido para volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido.

Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía pondrá a prueba a las instituciones españolas y puede dejar en evidencia la politización de la justicia en los altos niveles, que ya hace tiempo que emite señales inquietantes con la mayoría gubernamental en el punto de mira. El presidente del tribunal, el juez belga Koens Lennaert, destaca el propósito de “reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”. ¿Esta idea la comparten quienes han de ratificar la aplicación de la ley? Desde el mundo judicial, se ha salido inmediatamente a marcar distancias. De momento, diferentes portavoces judiciales han querido dejar muy claro tres principios: que el TJUE puede tener la opinión que quiera, pero que sobre la amnistía quienes han de decidir son los jueces españoles; que para interpretar la Constitución ya tenemos el Tribunal Constitucional y no hace falta que lo hagan desde el extranjero, y que no puede haber una aplicación automática de la amnistía. Es decir, calma y paciencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de sentenciar que la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo. Es una decisión extremadamente trascendente. Desmonta los argumentos de quienes la presentaban como un atentado contra el Estado de Derecho y sobre todo, pone en evidencia el sectarismo de los jueces y políticos de derechas que, no contentos con oponerse a la amnistía, la presentaban como un dislate jurídico impropio de un país democrático. En última instancia, el Tribunal de Luxemburgo vuelve a situar la discusión en sus justos términos: como tantas otras medidas políticas, uno puede estar de acuerdo o en contra de no dejar de perseguir judicialmente el proces.

Después de la validación de la justicia europea a la amnistía, quedan un par de preguntas inmediatas, la primera: ¿quién queda por amnistiar?Aquí lo explicamos: los CDR (encausados en la Audiencia Nacional por terrorismo) y los pendientes del Tribunal de Cuentas, acusados por la Fiscalía y por Societat Civil Catalana, que les reclama cinco millones, pero después hay un pequeño goteo de casos que se reparten por diversos puntos del país. Y la otra: ¿cuándo podrá regresar Puigdemont? La Núria Orriols, nuestra delegada en Madrid, repasa todos los escenarios posibles, que incluyen el hecho de que el Tribunal Supremo no tiene ningún plazo que le marque ninguna prisa para pronunciarse y que incluso podría volver a preguntar a Europa si la malversación es amnistiable, por más que el Tribunal Constitucional ya hubiera dicho que la amnistía era constitucional. Lo único que es seguro es que el Constitucional se pronunciará en otoño precisamente sobre que la malversación es amnistiable. Y aquí es donde entra el calendario político: por Madrid corre que será en otoño cuando Pedro Sánchez puede anunciar la convocatoria de elecciones. Si Puigdemont llega antes o en plena campaña, las consecuencias son diversas: ayuda a Junts, le hace la campaña a PP y VOX contra el PSOE en España y ayuda al PSC en Cataluña. Ayer Aznar dijo que “la agresión sediciosa” no podía quedar impune. Y es que en la amnistía confluyen dos agravios según el PP, el agravio patriótico (España no se vota) y el del poder, y aquí es donde se encuentran los dos enemigos públicos número uno: Puigdemont y Sánchez. Los quieren a los dos en prisión. El PSOE gobierna habiendo perdido, gracias a la amnistía pactada con Junts. Aznar, por cierto, recordó que la unidad de España es básica para la Unión Europea, como lo es la de Italia o la de Alemania o la de cualquier otro país. Aznar y buena parte de la política española ponen primero la unidad y después la democracia, con la reserva mental de que sin unidad no hay democracia. De este enredo entre bandera agravada y el poder que no tienen, se deriva la razón de la negativa de la cúpula judicial española a aplicar una ley que hace más de dos años que está aprobada, que es Constitucional y conforme a la legislación comunitaria. Recuerden el Estatuto 2006. Llevamos 20 años igual. Y el problema es que en estos 20 años el país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, se han multiplicado las necesidades y no tenemos todas las herramientas. Y los partidos de Cataluña están demasiado divididos para superar la enormidad del reto que representa el futuro del país. Una cierta unidad de acción es condición necesaria.Buenos días.

La legislatura española acabará más o menos como empezó: debatiendo sobre la ley de amnistía. Pero mientras Pedro Sánchez ya hace tiempo que asumió los costes políticos, parece que el poder judicial todavía tiene facturas pendientes y no está claro si querrá cobrarlas o guardarlas en un cajón. No en vano, la ley del olvido penal, validada el jueves de forma contundente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha afrontado desde el inicio la hostilidad de la derecha política y mediática, pero sobre todo de la derecha judicial, herida por lo que se ve en su amor propio (y en su patriotismo), incluso antes de que el Parlament, única instancia con legitimidad democrática directa, decidiera dejar sin efecto los severos escarmientos impuestos por un puñado de modernos torquemadas a los fautores del Procés. No en vano, la ley ha experimentado muchos obstáculos políticos, como las minas que le puso en el Senado la mayoría del PP, la petición de informes consultivos prescindibles o la intervención de la Comisión de Venecia. Pero también ha tenido que superar el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Constitucional (TC) —a instancias de la sala segunda del Supremo de Marchena y Llarena— y ante el TJUE —en este caso, por parte de la Audiencia Nacional, que juzga a los CDR por terrorismo (!), y del Tribunal de Cuentas, que dirime la responsabilidad contable por el 9-N de decenas de altos cargos—, con el pretexto de que había dudas sobre el encaje de la ley en la Constitución o en el derecho europeo.Primero fue el Constitucional el que reafirmó la plena constitucionalidad de la ley en una veintena de sentencias derivadas de recursos de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso del inefable García-Page. Y ahora ha sido el TJUE el que se ha pronunciado en dos sentencias sobre la adecuación inequívoca de la amnistía al derecho de la UE, reconociendo que ha servido para rebajar la tensión y que ha actuado como una “herramienta de normalización”, tal como mencionaba el preámbulo de la norma. Este argumento, fundamental, reafirma lo que en su día expresó el abogado general del tribunal, Dean Spielmann, que descartó que se tratara de una "autoamnistía" surgida de un trapicheo político. Además, el Tribunal de Luxemburgo no se opone a que se pueda amnistiar la responsabilidad contable exigida por el Tribunal de Cuentas, porque, como es lógico, una efímera “desconexión” de Cataluña no podía afectar los intereses financieros de la UE, y declara que la ley cumple con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al excluir expresamente de los beneficios los delitos graves y la violación de derechos fundamentales. Game over.

A media mañana, los medios de comunicación se hacían eco de la sentencia del TJUE que avalaba la ley de amnistía. En las televisiones privadas españolas, la noticia les provocaba un cierto desconcierto. La resolución les rompía el relato condenatorio de los últimos nueve años y no sabían cómo gestionar este nuevo rumbo informativo. La contrariedad se hizo evidente en el tiempo que dedicaron a la noticia. Puigdemont ha sido uno de los protagonistas contra el cual han invertido más horas y, esta vez, no se recrearon mucho en el análisis. En Espejo público, con Griso de vacaciones, optaron por preguntarse: “¿Vuelve Puigdemont?” y “¿Está más cerca el regreso de Carles Puigdemont a España?” Más allá de especular con la respuesta, la presentadora Lorena García giró página con bastante rapidez del tema para abordar nuevas cuestiones. Ana Terradillos hizo lo mismo en La mirada crítica de Telecinco. Tan pronto como la redactora, situada delante de la Audiencia Nacional, comunicó la sentencia, la presentadora fue directa a la hora de dar paso a nuevos asuntos matinales: “Bueno, pues este es el titular. Y ahora les dejamos con otras imágenes de la mañana”. En Vamos a ver, el programa de después, no dijeron ni mú sobre la noticia. En Cuatro también se preguntaban por el regreso de Puigdemont con rótulos en la pantalla. En En boca de todos, el sensacionalista Nacho Abad pidió la valoración en directo de la portavoz del PP, Esther Muñoz, que relativizó el interés de su partido sobre las decisiones de los jueces. Mientras tanto, Pilar Rahola lo escuchaba riendo desde otro recuadro de la pantalla. Rahola hizo notar las evasivas de la portavoz y, después de plantear el nuevo paisaje judicial que se vislumbraba a partir de ahora, lanzó una pregunta desafiante al presentador: “¿A quién le interesa más que venga ahora Puigdemont? ¡Te aseguro que al PSOE no es!” Nacho Abad, en lugar de responder, dio el tema por acabado de manera abrupta: “¡Lo dejamos ahí! ¡Lo dejamos ahí! ¡Perdonad!”, y cortó la conexión para tratar otra cuestión de la actualidad sobre Vox. 

La ley de amnistía para los encausados por el procés independentista entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que llegue a todos los implicados?

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un severo recordatorio de que el juicio del Procés fue una pantomima en la que se vio de todo: se dieron impunemente falsos testimonios que todo el mundo sabía que lo eran, se vieron fiscales que recitaban de memoria lo que debían decir los policías citados a declarar, los testimonios de la defensa eran cuestionados por el tribunal, las pruebas de la defensa no se pudieron mostrar para respaldar la veracidad de las declaraciones de los acusados, por primera vez la acusación particular fue ejercida por un partido de extrema derecha, las entidades de derechos civiles y derechos humanos sufrieron todo tipo de trabas para llevar a cabo su labor de supervisión, y un larguísimo etcétera de irregularidades que se saldaron con una sentencia que confirmó a España como un país con presos y exiliados políticos. No se buscaba justicia, sino venganza por una movilización (las urnas del 1-O) que dejó en evidencia las carencias democráticas de un estado que, ante la disidencia legítima, solo supo acudir a la represión.La sentencia, sin decirlo explícitamente, recoge todo esto. Y más cosas: España perdió la categoría de democracia plena en el índice de The Economist, y pasó a democracia defectuosa, precisamente por la respuesta que dio al independentismo catalán, una respuesta brutal en todos los aspectos: policial y judicial, pero también institucional y político (el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre, la aplicación –inventada sobre la marcha– del 155). Quedó claro que España tiene un grave problema interno: recuperó años después la etiqueta de democracia plena, pero el desarrollo de los hechos ha demostrado que es una expresión que le queda grande a un estado en el que la policía fabrica pruebas falsas contra los enemigos de la derecha ultranacionalista, en el que se espían ciudadanos con programas como Pegasus (recientemente hemos conocido los casos de David Fernàndez y Carles Riera), en el que un rapero lleva más de cinco años en la cárcel por una canción satírica, en el que la ley mordaza no se deroga nunca o en el que ayer mismo dos activistas en Mallorca que habían hecho pintadas contra la saturación turística han sido detenidas y acusadas por la Guardia Civil de pertenencia a banda criminal.O un estado, también, en el que la justicia no tan solo actúa de parte, sino que se niega a aplicar una ley vigente como la de amnistía, ahora reforzada también por la sentencia del TJUE. Previsiblemente, ahora el TC sentenciará a favor de los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas exiliados y condenados por malversación por la organización del referéndum del 1 de Octubre, y el Supremo intentará torpedearlo, porque la alta magistratura española ni tan solo intenta disimular las filiaciones políticas de jueces y fiscales. Los magistrados del TJUE obviamente también son conscientes del contenido político de su sentencia. Ellos, sin embargo, no tienen interés en dar la razón a unos partidos políticos o a otros: dicen más bien que lo que está en juego en España es la democracia misma, y el estado de derecho.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un aval nítido a la ley de amnistía, hecho que ha provocado una oleada de reacciones que une al independentismo y a los gobiernos catalán y español en una misma exigencia: la aplicación inmediata de la norma por parte de la judicatura española. La resolución ha sido recibida como una "victoria rotunda", aunque con la prudencia de saber que la última palabra ejecutiva la tienen los tribunales estatales. En palabras del expresidente Carles Puigdemont, "el partido ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados hacia un lado".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acabado diciendo lo que, en realidad, ya sabíamos. No porque la respuesta fuera previsible o deseada desde una perspectiva política, sino porque cualquier lectura mínimamente rigurosa del derecho de la Unión hacía muy difícil sostener que la ley de amnistía vulnerara los principios europeos que algunos invocaban con una convicción más ideológica que jurídica. La cuestión no es, pues, qué ha dicho Luxemburgo, sino por qué algunos tribunales españoles decidieron preguntarle lo que ya sabían que respondería.Cuando el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional plantearon sus cuestiones prejudiciales no se encontraban ante una auténtica duda interpretativa, porque no había una incertidumbre jurídica de suficiente entidad que justificara trasladar la decisión al TJUE. Había, sobre todo, una voluntad de ganar tiempo. De dilatar la efectividad de una ley aprobada por el legislador democrático y de mantener viva una confrontación que hacía años que había dejado de ser jurídica para convertirse, esencialmente, en política.Esta es, probablemente, una de las grandes anomalías institucionales de la última década. El gobierno de Mariano Rajoy decidió subcontratar a los tribunales la respuesta a una cuestión esencialmente política. En cualquier estado de derecho maduro, los jueces garantizan las reglas del juego, pero no sustituyen a quienes tienen la legitimidad democrática para resolver los conflictos políticos.

Magnífica noticia: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado ampliamente la ley de amnistía.Lo ha encontrado conforme al derecho comunitario, porque ha considerado que la amnistía no es contraria ni a los intereses financieros de la Unión Europea ni es contraria a la directiva en materia de terrorismo (delito por el cual habían sido procesados algunos CDR). Dice más, de manera contundente: el TJUE establece que la amnistía no perjudica la igualdad de trato, en el sentido de que era una ley solo pensada para favorecer a unos, sino que se aprobó “en un contexto real de reconciliación política y social” y que, por tanto, no constituye una “autoamnistía”. Con esta sentencia, el Tribunal de Cuentas debería archivar sus expedientes, y la Audiencia Nacional, también. Y el Supremo, está claro. Pero en el momento en que les hablo, se mantiene la orden de detención sobre Carles Puigdemont o la inhabilitación de Oriol Junqueras. Y es bastante probable que se espere a otoño para levantarlas, que es cuando el Tribunal Constitucional dictará sentencia sobre la negativa del Supremo a aplicar la amnistía. Por decirlo así, Carles Puigdemont está un paso más cerca de volver a Catalunya, y ahora ya parece que solo es cuestión de pocos meses.La sentencia del TJUE es una gran noticia, pero que la amnistía no se aplique completamente es una desgracia que solo se explica por el “a por ellos”. Es importante recordar de dónde venimos: el TS procesó a los presos políticos por rebelión, delito que debería haber pedido violencia armada, condenó por sedición, que igualmente debería haber pedido violencia, y ahora se niega a aplicar la amnistía por malversación, que tampoco la ha habido. Es un despliegue de justicia creativa, patriótica.El presidente Illa ha hecho una declaración en catalán, castellano e inglés:“Comparezco ante todos ustedes para expresar mi satisfacción y la del Gobierno de Cataluña por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una sentencia explícita, que avala la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. La más alta instancia de la justicia europea se ha pronunciado de manera clara: la ley cumple con el derecho europeo. Europa dice «sí» a la amnistía, Cataluña dice «sí» al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. No hay vuelta de hoja. La ley de amnistía forma parte, con todas las consecuencias, de nuestro marco legal, y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento.”

Mañana a las 9 se jugará el España-Francia, y el nacionalismo banal español se infiltra por todas partes, incluida la pantalla del móvil de los clientes de Movistar, que, en vez de decir “Movistar” dice “con la selección”, con independencia de que el cliente pase olímpicamente del Mundial o la selección le caiga mal. El rendimiento que obtienen los estados y las empresas de sus selecciones deportivas explica hasta qué punto el deporte también es política y la identidad también es negocio. Cruel paradoja para tantos catalanes que han gritado alguna vez “ni España, ni Francia, Países Catalanes”, y resulta que mañana, o la una o la otra. Sobre M. Rajoy y su comentario de que Francia juega sin franceses, decir que: primero, siguiendo su razonamiento, España juega sin españoles, y segundo, que la Francia republicana se ha sentido muy ofendida, pero que estaría bien que mirara si la indignación que siente por el comentario racista es coherente con la ausencia de racismo en la vida de cada día. En contra de lo que dice este artículo, no es que personas como Rajoy lleven el Mundial al terreno de la identidad, es que todo el Mundial es una competición de identidades (solo hay que ver los himnos, las banderas y los jefes de estado en los palcos). Otra cosa es qué se entiende por identidad nacional en cada país. Pero esta semana tiene otra cita importante, que es la del jueves, día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar sentencia sobre la amnistía, en concreto sobre si el delito de malversación es amnistiable o no. Es un episodio más de esta canción del enfado judicial en que se ha convertido la negativa del poder judicial español a aplicar la ley de amnistía tal como la aprobó el poder legislativo ya hace más de dos años, en mayo del 2024. Recuerden que, para impedir su aplicación, el Supremo llegó a establecer que, como el referéndum se pagó con dinero público, los líderes del Procés se enriquecieron personalmente porque se ahorraron de poner dinero de su bolsillo, como aquel que paga con dinero público la boda de la hija (el ejemplo es del Supremo). Bien, el jueves el TJUE se pronunciará, pero aunque la sentencia diga que la amnistía es conforme a la ley europea, no se aplicará automáticamente, sino que entonces, el Tribunal Constitucional debe decidir si la interpretación que hizo el Supremo es correcta o no, se supone que dirá que no, pero esta sentencia no llegará hasta el otoño, prácticamente cuando harán 9 años que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig están en el exilio.  

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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La recta final del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español llega a su fin con un frente judicial abierto. Ante las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre el encaje de la medida con el derecho europeo, los expertos consultados por el ARA coinciden en que es poco probable que tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas. Mientras que desde el mundo jurídico señalan posibles deficiencias en la tramitación, entidades y colectivos que han ayudado a los migrantes con la papeleta –a menudo luchando contra la desinformación y la falta de medios y sufriendo el colapso de la administración– centran ahora todos los esfuerzos en garantizar que los solicitantes puedan completar los trámites antes de que expire el plazo este martes.

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El Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias a las que ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valenciano, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

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