El Supremo pone las primeras trabas con la amnistía en vigor

MadridEl primer día de vida de la amnistía fue ya un presagio del camino de obstáculos que le espera. La publicación en Boletín Oficial del Estado y, por tanto, su entrada en vigor, propició un alud de decisiones en cadena en los tribunales. Y algunas ya auguran trabas para que se aplique. El juez instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, insinúa que amnistiar la malversación puede ser contrario a los intereses financieros de la Unión Europea, tal y como sospecha la consejera del Tribunal de Cuentas que tiene pendiente dictar sentencia por el 1-O y el acción exterior de la Generalidad. En su caso, Elena Hernáez directamente pregunta a la Fiscalía y demás partes que informen si ven conveniente plantear la duda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La llei d'amnistia publicada al BOE de l'11 de juny de 2024

Los tribunales tenían listo su primer movimiento y muchos afectados su petición para ser amnistiados. Sólo unas horas después de que entrara en vigor la ley, muchos juzgados concernidos dictaron una providencia con el trámite habitual: trasladar a las partes personadas para que en pocos días –cinco en el caso del Supremo por el 1-O y diez en el resto de casos– emitan su criterio sobre cómo debería aplicarse, o no, la norma. Lo inmediato previsto en la amnistía es el levantamiento de las medidas cautelares –las órdenes de detención e ingreso en prisión– que pesan sobre los exiliados. Por el momento, Llarena las mantiene para Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira, a la espera de tomar la decisión.

En su providencia, el magistrado instructor solicita a acusaciones y defensas que se mojen sobre el conjunto de la aplicabilidad de la norma en la causa del Proceso. Pero Llarena ya da una pista: pide que se haga una “referencia particular” en el apartado de la norma que excluye de la amnistía a los delitos cuando afecte a los intereses financieros de la UE. Los tratados son especialmente incisivos a la hora de no dejar espacios de impunidad a delitos de corrupción o desviación de fondos y con mayor motivo si existe algún tipo de perjuicio europeo. El margen interpretativo sobre qué es una afectación a los intereses financieros de la UE es el que llevó a los fiscales del Supremo a defender que, por este motivo, no se puede amnistiar la malversación.

Discrepancias en la Fiscalía

Ayer volvió a haber una segunda reunión entre dos de los fiscales del juicio del Proceso, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Éste último les hizo saber que debían preparar informes que respondan concretamente a las providencias, dado que el escrito que le trasladaron el día que se aprobó la amnistía en el Congreso era de carácter "genérico" y contenía opiniones sobre las que "no tienen competencia", afirman fuentes de la Fiscalía General al ARA. La batalla interna está servida. En ese escrito, los fiscales del Supremo proponían que el Supremo planteara una cuestión prejudicial al TJUE y que, mientras no se resolviera, no se levantaran las órdenes de detención. En cambio, la cúpula de la Fiscalía sostiene que dirigirse a Luxemburgo implica asumir de facto que la malversación puede ser amnistiable y que, por tanto, deberían retirarse las medidas cautelares a la espera de la decisión del TJUE. Fuentes de la Fiscalía del Supremo avisan de que no cambiarán de criterio, así que García Ortiz deberá imponerse.

Sea cual sea la posición de la Fiscalía, habrá que ver cuál es la decisión de Llarena y si llega antes del 25 de junio. Es la fecha en la que está previsto que se nombre al candidato a la investidura en el Parlament y Puigdemont prometió que volvería para estar ahí. ¿Habrá levantado el juez instructor de la causa del 1-O, Pablo Llarena, las órdenes de detención contra él? El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, aseguraba ayer que el líder de Junts cumpliría su compromiso, aunque se arriesgue a ser detenido.

En el caso de los ya condenados por el Proceso, Marchena mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull mientras no se pronuncien las partes. De momento, ni Marchena ni Llarena hacen referencia alguna a la hipótesis de plantear una cuestión prejudicial al TJUE. ¿Quiere decir que se plantean no aplicar la amnistía sin siquiera preguntarlo en Luxemburgo? Que no lo hayan hecho ahora no significa que no puedan proponerlo después. Quien sí lo puso sobre la mesa fue la consejera del Tribunal de Cuentas, quien también tiene dudas sobre el retorno inmediato de la fianza prevista en la ley de amnistía.

El caso Tsunami Democrático

Por su parte, la juez del caso de Tsunami Democrático en el Supremo, Susana Polo, dio diez días para que las partes informen si es amnistiable el delito de terrorismo que se imputa a Puigdemont y Ruben Wagensberg. Por el momento se mantiene la declaración voluntaria por videoconferencia que fijó entre el 17 y el 21 de junio, aunque todavía no se ha concretado cómo se hará. En la Audiencia Nacional, el juez que investiga al Tsunami, Manuel García Castellón, también da diez días a las partes. Algunos de los implicados reclamaron enseguida la amnistía, como el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, argumentando que el delito de terrorismo no está excluido de la norma. "No cabe duda de que no consta ninguna violación grave de derechos humanos relativa a la vida ni a la tortura", subraya en su escrito, con el objetivo de esquivar los obstáculos que la ley establece para los casos de terrorismo.