La amnistía será un nuevo test para García Ortiz, ya muy señalado y criticado por la derecha política y judicial . Se le considera muy afín al gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo General del Poder Judicial le declaró no idóneo para el cargo en una decisión insólita, sobre todo por el hecho de que el Tribunal Supremo revocara un ascenso de Dolores Delgado ordenado por él argumentando "desviación de poder". Además, el alto tribunal también ha revocado la designación del ex fiscal general y ex ministra de Justicia como fiscal de memoria democrática y está estudiando un recurso para anular el nombramiento del propio García Ortiz como fiscal general del Estado . Hay aún otra polémica: la publicación de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que explicaba que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había reconocido en el ministerio público la comisión de delitos contra Hacienda. Un juez investiga altos cargos de la Fiscalía por revelación de secretos, pero quiere saber al último responsable de autorizar la remisión de esa nota a los medios. Si se apuntara hacia García Ortiz, se le podría investigar en la sala segunda del Supremo y algunas fuentes apuntan a que habría base para imputarle.
La Fiscalía se prepara para una batalla interna por la amnistía
García Ortiz puede corregir a los fiscales del Proceso, que no quieren levantar las cautelares en Puigdemont
MadridLa publicación de la amnistía en Boletín Oficial del Estado está al caer y tendrán que empezar los movimientos en los tribunales. Si bien los jueces son los últimos responsables a la hora de aplicar la norma, jugará también un papel determinante la Fiscalía. De hecho, el jueves de la semana pasada los cuatro fiscales de la causa del Proceso en el Tribunal Supremo ya expusieron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su tesis: el delito de malversación no es amnistiable y, por tanto, tampoco deberían levantarse las medidas cautelares de detención e ingreso en prisión que ahora mismo pesan sobre Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira. ¿Será ésta la posición que adopte el ministerio público una vez que la amnistía entre en vigor? No se sabe, pero lo seguro es que si hay discrepancias con García Ortiz, será éste quien se impondrá por la jerarquía que rige el organismo.
Fuentes fiscales explican que es importante mantener un "principio de unidad", aunque no se elaborará una instrucción general como sí se hizo cuando se aprobó la ley del sólo sí es sí o con la amnistía de 1977. En el caso actual, como las causas que pueden verse afectadas por la norma son detectables –el gobierno español calcula que unas 400 personas se beneficiarán, pero la Fiscalía publicará una estimación propia poco después que la ley entre en vigor–, pueden individualizarse y analizarse caso por caso. Ahora bien, sí habrá una forma de proceder a que García Ortiz quiere que se reproduzca en todos los casos: se ha decidido que la Fiscalía no será proactiva a la hora de aplicar la ley. ¿Eso qué significa? Al día siguiente de que se publique la norma en el BOE, el ministerio público no presentará ningún escrito pidiendo que se archive una causa abierta o se extinga la pena de un condenado, sino que entiende que quien debe mover ficha son las defensas de los interesados y los tribunales. Si transcurrieran dos meses y no se hubiera hecho ningún movimiento –la ley prevé estos dos meses para actuar–, entonces sí actuaría.
Por los contactos que ya se han ido haciendo, la Fiscalía ya sabe de casos en los que los jueces aplicarán la amnistía sin obstáculos y, en otros, habrá "resistencias". De entrada, fuentes fiscales dejan claro que la de amnistía, como cualquier otra ley, tiene presunción de constitucionalidad y validez. El organismo no quiere adelantarse sobre cuál será su criterio en algunas de las causas más destacadas, si bien estas fuentes sí dan alguna pista al respecto. De entrada, coinciden con los fiscales del Supremo en que si los magistrados consideraran que la malversación es amnistiable, las medidas cautelares contra Puigdemont deberían levantarse y el expresidente podría volver con libertad a Catalunya. Ahora bien, los fiscales del Proceso creen que no lo es y plantean que se eleve una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para discutir también si la ley de amnistía puede obligar a los jueces a retirar las órdenes de detención.
"El hecho de que la ley de amnistía deje sin efecto las medidas cautelares incluso cuando se plantee una cuestión prejudicial resulta contrario al derecho europeo y al principio de efectividad", dejan claro los fiscales del Supremo en su escrito . Por el contrario, en la cúpula del ministerio público apuntan a otra solución. Si un juez plantea una prejudicial es porque cree que la ley es aplicable, pero que tiene alguna duda con su legalidad y, por tanto, debería levantar las medidas cautelares. Por dos motivos: el primero, porque lo dice la ley de amnistía; y el segundo, por el principio de tomar una resolución favorable al reo en caso de duda. En cuanto a los delitos en sí, como la malversación y el terrorismo, estas fuentes prefieren no mojarse.
La última palabra
Es fácil aventurar que habrá un choque con los cuatro fiscales del Supremo –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– y que la incógnita será la magnitud del enfrentamiento. En caso de discrepancia, el fiscal general del Estado tiene siempre la última palabra. Los subordinados pueden acatar sin protestar, acatar dejando clara su crítica y, en última instancia, pueden llegar a ser relevados. Esta guerra no se producirá, sin embargo, en el marco de la causa de Tsunami Democrático. Hace unos meses ya tomó las riendas la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, después de que la mayoría de fiscales optara por asumir el caso por terrorismo contra Puigdemont y Wagensberg. El criterio de la cúpula era que no –al igual que en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía acusa por desórdenes públicos– y se impuso el principio de jerarquía.
