Una de las situaciones más cómicas de esta semana ha sido el encuentro de dos presentadores que son el paradigma de la manipulación y el lío: Pablo Motos invitó a Sonsoles Ónega a presentar su nuevo libro en El hormiguero. Durante la conversación, Motos le preguntó por el IVA de los libros y ella denunció que fuera del 21%, considerando que si fuera menor ella vendería más libros y la gente leería más. Ambos presentadores criticaron que el IVA de los libros fuera el mismo que el de los paquetes de tabaco. “El IVA de los libros no debería existir si quieres un país culto”, decía Motos, e insinuaban la posibilidad de hacer una campaña para que el gobierno lo rebaje, señalando a Pedro Sánchez como responsable. “Lo que pasa es que el presidente del gobierno está en China, pero bueno, ya le llegará...”, decía el domador de hormigas.Ni Motos ni Ónega sabían que, en realidad, el IVA de los libros es del 4%, y al día siguiente ambos tuvieron que rectificar en sus programas. Motos rectificó apresuradamente y cargándole el muerto a la invitada: “Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros. Nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato”. Que este resbalón con el IVA de los libros haya ocurrido en el contexto de Atresmedia es muy significativo, teniendo en cuenta que el grupo tiene como accionista de referencia al Grupo Planeta, uno de los grandes actores de la industria editorial. Debe haber provocado tensiones internas el hecho de que, dentro del mismo ecosistema empresarial, se haya difundido un error tan básico sobre el sector. Pone en evidencia el desconocimiento de la industria cultural dentro del mismo conglomerado. Ónega, afectada, hacía terapia con el psicólogo Rafael Santandreu, aprovechando que lo tenía de invitado: “Me castigo. Llevo todo el día angustiada, doctor Santandreu, por no haber confirmado el dato. Aprovecho para pedir perdón. Lo hice sin ninguna intención de desinformar ni manipular”, aseguraba. Y pidió consejo al “doctor” sobre cómo superar el trance. Santandreu la consoló con el argumento de que él había vendido más de un millón de libros y también desconocía el porcentaje del impuesto. La desanimó con sus falacias habituales: que para no preocuparse solo tenía que querer hacerlo y que un error no puede tapar todo el bien que puedes hacer. Utilizando su divulgación de andar por casa apeló al “virus de la terribilitis” como mecanismo para sobredimensionar las preocupaciones. Ónega le agradecía los buenos consejos y daba paso a más consultas para el “doctor”.La cadena de despropósitos es fascinante. Se equivocan con el IVA de los libros en una empresa participada mayoritariamente por uno de los grandes grupos editoriales. Ónega, para sobrellevar el disgusto, hacía terapia diciendo “docctor” a un invitado que ni es médico ni doctorado en nada. Y el psicólogo, en vez de desmentirlo, legitimaba su autoridad apelando a la venta de más de un millón de libros. Suerte que los presentadores reclamaban “un país más culto”.

A veces, una buena respuesta social no es una buena respuesta política. Bajar el IVA de los carburantes es una de las respuestas más habituales –y mejor recibidas por la ciudadanía– cuando el coste de la vida sube, como estamos viviendo por el estallido de la guerra en Irán. Su efecto es inmediato y visible y, por ello mismo, se convierte a menudo en una de las opciones a tomar por parte de los gobiernos. Pero, como ha advertido Bruselas, que ha cuestionado la rebaja de Sánchez, no solo se ha de poner en duda su legalidad, sino también sus efectos. ¿Hasta qué punto este tipo de medidas se han convertido en una respuesta casi automática ante los episodios de inflación sin tener en cuenta sus costes y beneficios, en comparación con otras alternativas políticas menos vistosas, pero quizás más efectivas?No es difícil entender por qué las rebajas del IVA son atractivas. En un contexto como el actual, marcado por el encarecimiento de los carburantes, reducir el IVA se traduce directamente en un precio más bajo en la gasolinera. Es una medida fácil de explicar, que llega a todo el mundo y que se percibe de inmediato, lo que la hace especialmente tentadora para los gobiernos. Pero esta misma simplicidad también es su límite: no todos los hogares se benefician igual, y a menudo acaban favoreciendo más a quien más consume. Además, al abaratar artificialmente el precio, las medidas reducen los incentivos para ajustar el consumo en un contexto en que los precios energéticos se mantienen elevados y sin perspectivas claras de reducción.Esta lógica no se limita a los carburantes. En España, una parte importante del apoyo público a los hogares se articula a través del sistema fiscal, en forma de deducciones y reducciones que benefician sobre todo a las personas que tienen suficientes ingresos para poderse aprovechar de ellas. Es el caso, por ejemplo, del mínimo por descendiente, que se traduce en un ahorro fiscal solo para quien tiene suficientes ingresos para tributar. Mientras tanto, instrumentos más directes y potencialmente más redistributivos, como el ingreso mínimo vital o el bono social, continúan sin llegar a una parte importante de los hogares que los podrían necesitar. El resultado es un sistema que combina ayudas amplias pero poco precisas con otras mejor orientadas pero con problemas de acceso.No son, por tanto, casos aislados. Nuestro sistema fiscal ha ido acumulando todo un conjunto de beneficios –tipos reducidos y superreducidos de IVA, deducciones y exenciones– que, lejos de formar un sistema coherente, reducen su recaudación y la capacidad redistributiva del sistema. Son mecanismos que llegan a muchos pero que a menudo redistribuyen poco, y que acaban funcionando más como descuentos generalizados que como instrumentos de política social. En este contexto, cada vez hay más consenso sobre la necesidad de revisar estos beneficios fiscales y reforzar instrumentos más directos y mejor orientados.El problema no es la falta de instrumentos, sino cómo los usamos. Priorizamos medidas visibles que ayudan de manera difusa, mientras que las más eficaces a menudo no llegan. El reto no es añadir más ayudas, sino conseguir que las que funcionan sean las que se aplican. Tanto si son populares como si no.

La Comisión Europea ha advertido a España que reducir al 10% el IVA de los carburantes, como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en el decreto para aliviar a los hogares del impacto de la guerra en Irán, vulnera las normas europeas. Así lo comunicó en una carta enviada al gobierno español a finales de marzo, según han explicado fuentes del ejecutivo europeo a El País. "Es importante señalar que la directiva de la UE sobre el IVA no prevé la posibilidad de aplicar un tipo reducido a los suministros de combustible", explican en la Comisión, dice el rotativo madrileño. También Polonia, otro país que ha optado por la misma vía que España, ha recibido una carta similar.

El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.

En la política no todo deben ser proclamas y gestualidad. También hace falta pragmatismo. En resumen, ser prácticos para que los ciudadanos, los administrados, tengan la sensación de que no se les deja a un lado cuando van mal dados. Y ésta parece ser la vía que ha emprendido el gobierno español con el paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. El conflicto, cuyo final se vislumbra lejano, ha disparado los precios del gas y del petróleo y, por tanto, de todo lo que se deriva, como los carburantes y las tarifas de la luz. Por eso las medidas anunciadas por Pedro Sánchez supondrán unos 5.000 millones de euros, lejos de los más de 20.000 millones movilizados en el 2022 a raíz de la invasión de Ucrania –pero todavía estamos en los inicios e ignoramos cuánto puede durar la guerra.

Visiblemente satisfecha con la propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta española María Jesús Montero, pero consciente de que no se puede obtener el 100% de lo que se quiere, la consejera de Economía, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976) recibe el ARA en el Palau de la Generalitat convencida de que Catalunya sale. Y afirmando que no ve imposible que salga adelante.

Existe un motor que impide que la capacidad de gestión del gobierno español se paralice. Es la recaudación de impuestos, que hasta noviembre supera por primera vez los 300.000 millones de euros. Se trata de un nivel sin precedentes, a tan sólo un mes del cierre del ejercicio. Así pues, esta cifra anticipa que 2025 ha sido un nuevo año de ingresos récord.

La semana pasada leíamos que la inflación volvía al 2,9% por el encarecimiento de los precios de la energía. Sin duda, el precio de la electricidad y el de los combustibles son los principales factores de alza de precios en la economía doméstica, ya que no afectan sólo al bolsillo familiar sino también a los costes —y, por tanto, a los precios— de las empresas. Ahora bien, ¿se ha parado alguna vez a pensar qué pagamos en la factura de luz?

Que los ciudadanos más ricos no pagan demasiados impuestos es una conclusión a la que se llega echando un simple vistazo a la mayoría de estudios sobre fiscalidad en Catalunya, en España y en el mundo. Sin embargo, parece que la situación empieza a virar y que los gobiernos de todo el planeta dejan atrás las ideas de décadas pasadas que bajar la tributación era positivo, para centrarse en corregir unas desigualdades que en los últimos años han ido a más.

Estamos acostumbrados a que el diésel sea unos 10 céntimos por litro más económico que la gasolina. Sin embargo, a partir de 2025 esto dejará ser así, ya que el gobierno central ha decidido subir el impuesto de los hidrocarburos en 9,37 céntimos sólo en el diésel. De acuerdo con esta política, el precio de ambos combustibles prácticamente se equipara. La medida no es irrisoria, puesto que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 83% del consumo de la automoción en 2024 ha sido diésel. Ahora bien, cuando pagamos el combustible, ¿sabemos lo que estamos pagando?

El Tribunal Supremo ha establecido este lunes que es necesario aplicar un IVA superreducido a todos los tipos de panes, algo que no ocurría hasta ahora, porque se diferenciaban los panes especiales –normalmente los considerados de categoría gourmet–, que tenían un IVA del 21%, y el pan común, más básico, que sí tenía el tipo mínimo del 4%.

La rebaja del IVA sobre algunos alimentos dará un paso atrás este martes. En el decreto de medidas para hacer frente a la crisis energética y de precios aprobado en junio, el gobierno español prorrogó esta bonificación fiscal, pero con la particularidad de que se recuperarían de forma escalonada los tipos habituales.

Leemos en el ARA que “se mantiene hasta el 30 de septiembre la rebaja del IVA del 4% al 0% para los alimentos de primera necesidad”, que eran hasta ahora el pan, la leche, la harina, los huevos, frutas y verduras, legumbres y cereales. A partir de ahora se añade el aceite de oliva. La pasta y algunos aceites mantendrán un IVA del 5% también hasta finales de septiembre (el tipo normal es del 10%).

El gobierno español mantiene la máxima de no precipitarse a la hora de retirar las medidas desplegadas desde hace meses para ayudar a familias y empresas a afrontar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, que han dado alas a la crisis energética y de precios. Ahora bien, la normalización de ambos choques económicos, así como el retorno de una política fiscal más restrictiva marcada por la reactivación de las reglas fiscales, empuja al ejecutivo de Pedro Sánchez a mover ficha.

El gobierno español reducirá el IVA del aceite de oliva al 0% a partir del 1 de julio y lo incluirá en el grupo de bienes de primera necesidad a los que se les aplica el tipo superreducido. Según han informado este viernes fuentes del ejecutivo, el ministerio de Hacienda aprobará el próximo martes la reducción del impuesto. Actualmente, este producto básico de la dieta mediterránea ya gozaba de una rebaja del IVA al 5%. Con la reducción al cero, el aceite se une a otros productos básicos como el pan, huevos, frutas o verduras. Las mismas fuentes no han especificado durante cuánto tiempo se mantendrá esta rebaja, que será temporal. Después el IVA del aceite de oliva volverá a fijarse en el 4%.

¿Pagan suficientes impuestos los ricos? ¿Y las familias más pobres? ¿Y las empresas? ¿Hay que cambiar el modelo fiscal en España? Estas preguntas recurrentes son algunas de las que intentan responder a los técnicos del ministerio de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado con un nuevo libro provocativamente titulado Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing).

El final de la rebaja del IVA sobre el recibo de la luz y el aumento del coste de los paquetes turísticos y otros servicios de ocio a causa de la Semana Santa hicieron repuntar la inflación en Catalunya en marzo, según las datos del índice de precios al consumo (IPC, el indicador que mide la evolución de los precios) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En verano de 2021, y ante el incremento de los precios de la energía, el gobierno español decidió tocar la fiscalidad del recibo de la luz para aliviar su impacto. Lo que el ejecutivo de Pedro Sánchez no preveía era que meses después el estallido de la guerra en Ucrania sólo empeoraría la situación y se vería obligado a prorrogar una medida anunciada como "excepcional". Ahora, más de dos años después, parece haber llegado a su punto final, al menos en la rebaja del IVA de la factura de la luz.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado hoy una reforma de las normas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que da más flexibilidad a los gobiernos para aplicar el impuesto reducido, excluye los productos perjudiciales para el medio ambiente y permite añadir otros productos considerados esenciales. La reforma ha costado tres años de negociaciones "maratonianas", en expresión del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que ha recordado que la propuesta de Bruselas llegó en 2018 y las negociaciones se han alargado hasta hoy.

Oxígeno económico para las comunidades autónomas, o así lo ha defendido el gobierno español después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles. El ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades que el importe de las entregas por anticipado o anticipos, es decir, los recursos del sistema de financiación que recibirán las comunidades en 2022, será de 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. De esta cantidad, según ha podido saber el ARA, Catalunya recibirá 21.057 millones, un incremento del 6,8% respecto a la última entrega.