La guerra en Irán ha vuelto a poner la inflación en el centro del debate económico. Como ya ocurrió con la invasión de Ucrania, el repunte de los precios energéticos empieza a trasladarse al resto de la economía y vuelve a tensionar el coste de la vida. La OCDE anunciaba esta semana un aumento de la inflación alrededor del 3% para este 2026.
Pero este repunte de los precios no lo notamos igual en todos los hogares. Depende, en gran parte, de qué consumimos cada familia, y en qué cantidad. Cuando suben la energía o los alimentos, el impacto es mayor para los hogares con menos ingresos, porque estas partidas representan una parte más elevada de su presupuesto familiar. En cambio, otros gastos tienen más peso en los hogares con rentas más altas y condicionan menos su capacidad de adaptarse a una subida de precios.
Son muchas las familias que, ante el aumento de los costes, no tienen más opción que consumir menos. En contextos de inflación, el ajuste no siempre pasa por reducir cantidad, sino por cambiar la calidad de lo que se compra. Lo vemos por ejemplo en la lista de la compra: a medida que los precios suben, los hogares con menos ingresos tienden a sustituir productos frescos por opciones más baratas y menos saludables. Un estudio reciente en Barcelona apunta, precisamente, a un aumento del consumo de ultraprocesados en los barrios con menos renta. No es solo una cuestión de precio, sino de margen de decisión: cuando el presupuesto es más ajustado, la capacidad de elegir se reduce. El coste de la vida no solo presiona los presupuestos familiares; también acaba afectando decisiones que tienen impacto directo en la salud y el bienestar.
Para hacer frente a este aumento del coste de la vida, el gobierno español ha aprobado un nuevo paquete de medidas centrado principalmente en la energía. Es una respuesta rápida para intentar contener el impacto de los precios. Pero no todas las medidas funcionan igual. Las reducciones fiscales llegan a todo el mundo, pero benefician más a quien más consume. En cambio, instrumentos más focalizados —como el bono social— pueden proteger mejor los hogares con menos ingresos. Lo que ocurre es que a menudo no llegan a todas aquellas personas que los necesitan. Esto hace que una parte importante de los recursos no se dirija a los hogares donde hacen más falta, en un contexto en que las diferencias entre familias son especialmente relevantes.
En un contexto como el actual, marcado por la incertidumbre, los mercados no solo reaccionan a decisiones, sino también a señales. Lo hemos visto estos días con Donald Trump, capaz de tensionar o relajar el precio del petróleo con un mensaje en las redes sociales. Y esta lógica no es exclusiva de los mercados. También los gobiernos envían señales. El paquete aprobado esta semana busca contener los precios, pero también transmitir una idea de protección ante un escenario incierto. La cuestión es si esta señal se traduce en una protección real para todos los hogares —o solo para algunos.
