La menor de 13 años que fue víctima de una macrored de pederastia liderada desde Barcelona mientras se encontraba bajo control de la antigua dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) "muy posiblemente" sufrió más agresiones de las que se han podido acreditar. Es la conclusión del instructor de la causa una vez terminada la investigación judicial, que se ha dividido en tres piezas por la magnitud del caso, en la que también hay otra víctima, un menor de 14 años. Las dos primeras piezas estaban ya en manos de la Audiencia de Barcelona pendientes de juicio, y en la primera la Fiscalía ha pedido 107 años de cárcel para el líder de la trama.

Hasta cinco años ha tenido que esperar a una joven extutelada por la Generalitat para tener en su cuenta las mensualidades de la pensión de orfandad queantigua DGAIA –actualmente reconvertida en DGPPIA– guardaba hasta llegar a la mayoría de edad. La joven tiene ahora veintitrés años y ha cobrado de repente 15.000 euros, pero el suyo no es el único caso de demoras injustificadas en este colectivo de chicos.

Bakary y Lassana eran menores de edad y la Generalitat provocó que acabaran en la calle asegurando que eran adultos. Ahora la justicia da la razón a los dos chicos gambianos. Las pruebas de edad que les hizo la Fiscalía para determinar que eran adultos, y que sirvieron para que la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) les expulsara de los centros de menores, no tenían validez. El de Lassana y Bakary son sólo dos casos. Pero hay muchos más repartidos por todo el territorio. En Girona ciudad ya hay otras dos resoluciones judiciales, y en la Garrotxa, por ejemplo, ya ha habido una decena en los últimos meses.

Los llamaban "los Erasmus" porque se diferenciaban de los demás menores extranjeros no acompañados que llegan en patera. Quizás porque llevaban un teléfono caro o por las historias que contaban. Finalmente, el apodo que les puso la Policía Nacional ha resultado ser cierto porque se ha destapado un fraude en Tarragona en el que varios progenitores abandonaban a sus hijos para que éstos se declararan desamparados y pudieran entrar en el sistema de protección. De momento, hay una treintena de padres detenidos y 22 de estos chicos han vuelto con su familia biológica, aunque la investigación está todavía abierta.

El Parlamento ha constituido este martes la comisión de investigación sobre las irregularidades de la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia) entre 2011 y 2025, que el pleno de la cámara aprobó por unanimidad en julio. A raíz del goteo de informaciones periodísticas sobre el deficiente funcionamiento del ente, prestaciones pagadas indebidamente a los jóvenes extutelados o el mantenimiento de plazas fantasma en centros, PSC, ERC y Comuns impulsaron la creación de la comisión, presidida por el diputado socialista Jordi Riba y con la vicepresidencia de la republicana Anna Balsera. En la distribución de cargos de la mesa, a Junts le ha tocado la secretaría, que recae Maria Àngels Plans. En principio, los diputados tendrán que presentar las conclusiones antes de finales de año.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre el escándalo de la extinta dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El objetivo, según ha avanzado El Nacional y confirman fuentes del ministerio público al ARA, es esclarecer si el organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales incurrió en una "posible responsabilidad contable" por las irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados. Todo ello, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara más de 167 millones pagados indebidamente en el conjunto de prestaciones entre 2016 y 2022. De éstos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes extutelados, que el Gobierno ha aprobado condonar este martes, una decisión pactada entre PSC, ERC y Comuns.

Poco antes de cumplir los 18 años, Nico (un seudónimo) pidió la prestación para la emancipación a la que los jóvenes extutelados tienen derecho cuando hacen la mayoría de edad para facilitarles el aterrizaje en la edad adulta, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen el apoyo emocional ni económico de las familias. El trámite se prolongó más de un año, hasta el punto de que, sin otra fuente de ingresos, tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en Olot a un hombre de 23 años por presuntamente agredir sexualmente a una menor que vivía en un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) de la Generalitat. La agresión fue sobre la una de la madrugada del viernes al sábado durante las fiestas del Tura de Olot. Todo apunta a que podría haber más de un implicado, aunque fuentes con acceso a datos del caso señalan que la agresión habría sido pepretrada por una sola persona.

Aquella tarde tenía un examen y me aferraba al clásico repaso de última hora, ese con el que confías en que la memoria podrá vencer el tiempo, grabando a contrarreloj contenidos que no has conseguido retener en semanas. Entre apuntes desordenados y subrayadores medio secos (penúltimo examen del curso), recibí una llamada de la L., y, entre somics y palabras entrecortadas, entendí: "Derechos Sociales" - "mail" - "36.000 €" - "no sé cómo" - "llame".

Punto final a la idea de profesionalizar el acogimiento familiar. El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha decidido liquidar el Acogimiento Familiar Especializado de Especial Preparación (AFE-EP), un plan piloto inspirado en la experiencia consolidada desde hace dos décadas en Euskadi. El objetivo era conseguir sacar de los centros criaturas tuteladas por la Generalitat de entre 7 y 18 años con trastornos graves de conducta o salud mental para que crecieran en una casa que no sólo les ofreciera cariño sino también una atención intensiva. De las cuatro familias que estaban en el plan, tres están decididas a continuar, mientras que la cuarta criatura está a punto de cambiar a otra familia. La decisión se ha tomado por "razones administrativas", justifica la directora del Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción (ICAA), Elena Lledós, que no revela si más adelante se reanudará.

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha calificado de encuentro "cordial" la reunión que este miércoles ha mantenido la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, con cinco portavoces de los jóvenes extutelados a los que la Generalitat reclama que vuelvan entre 12.000 y 36.000 euros por supuestos "pagos indebidos". En el encuentro, que tuvo lugar a primera hora de esta mañana en el Parlament, la consellera se disculpó por todo el sufrimiento y revuelo que causó al colectivo el envío de las cartas y también les mostró su disposición a "acompañarles" en el proceso para la aportación de la documentación que se les requiere en el periodo de diez días. Por su parte, la síndica de agravios ha pedido que se apruebe la condonación de estas deudas, como ya se hizo con los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía.

Con el espanto todavía en el cuerpo, un grupo de jóvenes extutelados se han concentrado este lunes ante la dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), que sustituye a la DGAIA, para denunciar la "indefensión" en la que les deja la reclamación para que devuelvan miles de euros por supuestos pagos indebidos de la prestación algunos casos supondría devolver más de 36.000 euros.

Más de un centenar de jóvenes extutelados por la Generalitat han denunciado sentirse el chivo expiatorio de una mala gestión de la administración y por el reproche de la Sindicatura de Cuentas sobre los 167 millones de euros de prestaciones sociales pagadas a personas que ya no cumplían los requisitos. Como ha avanzado el ARA, la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) ha empezado a enviar a cientos de estos chicos mensajes en los que reclama miles de euros por "impagos indebidos" y les da diez días para que puedan presentar alegaciones. Son cantidades que superan los 10.000 euros y en muchos casos incluso los 30.000.

La dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA, que sustituye a la DGAIA) ha empezado a enviar correos electrónicos a jóvenes extutelados para reclamarles supuestos "pagos indebidos" de las prestaciones a las que, por ley, tienen derecho desde la mayoría de edad hasta los 23 años. Según ha podido saber el ARA, se han enviado "centenares" y las cantidades reclamadas ascienden a más de 10.000 euros y, en algunos casos, la cifra llega a superar los 36.000 euros. El envío de estos mensajes llega tan sólo quince días después de que la Sindicatura de Cuentas cifrara en 167 millones de euros los impagos indebidos otorgados por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión a unas 230.000 familias, de los cuales 4,7 millones (el 2,8%) correspondían a los que se habían dado a los jóvenes que habían pasado parte de su infancia en el sistema de protección. reclamándole unos 30.000 euros. "Le he querido tranquilizar diciéndole que debía ser un error", explica la joven, que tiene 22 años. me reclaman yo estudiaba bachillerato y no tengo ninguna ausencia tan larga y no tengo informes negativos de mi referente", comenta indignada a este diario. "Parece que nos vayan a joder a los más débiles, poniéndonos bastones en la rueda; ¿quién puede devolver estas cantidades?", se pide la chica que afirman casos con "cantidades exageradas" que han sembrado de nerviosismo a estos jóvenes y han hecho que los teléfonos y los WhatsApps echen humo. el expediente de reintegro, una vez finalizado el proceso de revisión, deberá ser objeto de reintegro por parte del interesado. ni tampoco llegarán a entender que disponen de diez días a partir de recibir el correo para realizar las pertinentes alegaciones y para presentar la documentación. "Muchos quedarán como morosos de verdad", lamenta.

En el informe, la síndica Maria Àngels Cabacés había constatado irregularidades en el cobro de la prestación de los extutelados a jóvenes que estaban trabajando o vivían fuera de Catalunya, criterios excluyentes para ser beneficiarios de la ayuda. atribuir estos pagos indebidos a las deficiencias tecnológicas del mismo departamento para poder actualizar los datos de las personas beneficiarias y al hecho de que no comparte datos con la administración de Hacienda o la Seguridad Social. recalcularan qué cantidad debía recibir de la prestación. Como respuesta, afirma, recibió un "tú sigue cobrando la ayuda ya la declaración de Hacienda del año que viene ya lo notificarás". sobrevivir, sin ser conscientes de que, una vez les llegue la prestación, como ya ingresan un sueldo, no tendrán derecho a cobrar la prestación o, por lo menos, no completamente. tiene una recepción certificada.

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Muy rara vez la decisión de retirar una custodia llega a manos de la justicia, y cuando ocurre, casi siempre la sentencia resuelve a favor de la administración. Sólo un 4% de las familias biológicas a las que la DGPPIA (la sigla de la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia que sustituye a la DGAIA)retira la tutela de los hijos recurren contra la medida administrativa que en muchos casos supone para la criatura el ingreso en un centro de acogida o pasar a vivir con tíos o abuelos Y, según datos de la DGAIA, en nueve de cada diez casos pierden la batalla judicial porque el juez avala la decisión de un pero es una fotografía que coincide con los datos más recientes aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de las 10.000 retiradas de tutelas que se dictan en todo el Estado cada año, un millar de familias recurren a los tribunales y sólo en un 2% de los casos se revocan los desamparos de Marta Tortosa y consejera del Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac), hay que tener en cuenta que si hay tan pocos recursos judiciales es porque las familias afectadas "son vulnerables, sin recursos" y no pueden permitirse un abogado por reclamar. "Los abogados de oficio sólo podemos intervenir cuando sea preceptivo por su necesidad, y un procedimiento administrativo contra la DGAIA no es considerado así", apunta en una conversación con el ARA. Sobre cómo es el proceso de decisión de retirar una custodia, Gellida critica: "La administración instruye el asunto, dicta la resolución y además ejecuta el acuerdo. En un estado de derecho siempre hemos tenido presente que la ley la hace uno, lo ejecuta otro, y quien condena es el poder judicial. Incluso en el ámbito penal hay un juez que instruye y otro". Y concluye: "En la DGAIA lo hacen todo, lo que queremos es que haya separación de poderes".

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La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles en el Parlament la capacidad de la DGAIA para proteger la menor explotada sexualmente por una red de pederastia, aunque también admitió que no hizo lo suficiente para evitarle el dolor. Con el informe elaborado por los servicios jurídicos del departamento, la consellera compareció en comisión a petición propia sin ánimo de "buscar culpables", matizó, y sí con la voluntad de encender fuego nuevo a un sistema que "hace muchos años" necesitaba una refundación. "El sistema protegió a la menor como pudo, y pese al acompañamiento de los profesionales, se falló y nada puede compensar el daño que se le hizo en la adolescencia", ha subrayado.

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El departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. Así lo constata un informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público este miércoles en el que se apunta que estos pagos indebidos "no responden sólo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza". Parte de estos pagos, no reclamados y prescritos por la inacción de la administración a la hora de realizar un seguimiento y control, han producido un "menoscabo efectivo a la hacienda" pública y, por tanto, podrían dar lugar "a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". En este caso, que afecta sobre todo a la renta garantizada de ciudadanía ya las prestaciones de dependencia, la vía judicial podría abrirse contra los responsables que autorizaron indebidamente estos pagos. Por su parte, Derechos Sociales mantiene que 156 de los 167 millones ya han sido reclamados a los beneficiarios de estas ayudas.

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Una nueva DGPPIA (la sigla de la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia que sustituye a la DGAIA) menos privatizada y con mayor participación de los trabajadores de los centros con criaturas tuteladas por la Generalitat. Son dos de las reivindicaciones que han planteado este martes los sindicatos CGT y CATAC en una concentración ante la sede de la institución, en la que también han denunciado que los planes de reforma presentados por la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión no son sino "una cortina de humo" para que todo siga igual. El acto ha reunido a medio centenar de educadores, un día antes de que la consellera Mònica Martínez Bravo comparezca en comisión parlamentaria para explicar los cambios en el sistema.

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Las noticias sobre el fracaso de la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia), del departamento de Derechos Sociales, a la hora de atender adecuadamente sus responsabilidades, han sacudido a la opinión pública y han comportado reacciones nominalmente radicales de la consejera del departamento responsable. He echado de menos, en todo este tristísimo episodio, algunos elementos de realismo, que algunas veces se han escolarizado por las rendijas de las informaciones y entrevistas. Me refiero a la queja –o denuncia, por ser precisos– de las pésimas condiciones laborales de las personas a las que se confía la delicadísima labor de cuidar de las personas –niños y adolescentes– que han terminado bajo la tutela de la DGAIA.

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Justicia gratuita desde que se inicia un proceso de desamparo y limitar el tiempo que las familias tienen abierto un expediente de riesgo y se les hace un seguimiento por parte de los servicios sociales. Son dos de las propuestas que hace el Consejo de la Abogacía Catalana para mejorar y modernizar el sistema de protección de los menores, que considera que ha quedado obsoleto y no se adapta a las necesidades sociales actuales.

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