El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado que la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la administración general del Estado (AGE), una medida que ha contado con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF. Así lo ha anunciado este viernes durante unas jornadas deEldiario.es, en las que ha recordado que hay comunidades autónomas donde ya se está aplicando la jornada de 35 horas entre el funcionariado, pero que en la AGE y organismos públicos se dictará una resolución para implantar esta jornada la primera quincena de abril, previsiblemente después de Semana Santa.

Es posible que la siga en las redes (@congafas_ en Instagram), donde, con sentido del humor, ilustraciones y mensajes desgarradores, Laura Camps de Agorreta (Barcelona, ​​1984) defiende los derechos de la clase trabajadora. También habla de crianza, del agotamiento físico y mental de las madres, de la falta de ayudas y de la no conciliación. Esta activista digital y consultora en comunicación publica ahora el ensayo No nos da la vida (Bruguera 2025), donde reflexiona sobre el mal de nuestros días: la falta de tiempo y la relación entre el trabajo y la vida.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, aseguró este martes que las compañías y sus directivos están preocupados por el "modo electoral" en el que se encuentra la situación política, y que cada vez "dura más". En un encuentro con periodistas tras clausurar el 28º congreso del IEF, celebrado en Burgos, Rivera, reclamó a los políticos que se centren en resolver los problemas y resaltó la importancia de "hablar", porque "los retos que tenemos están claros".

Dos días antes del debate en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral, Junts se mantiene en el no y sigue defendiendo su enmienda a la totalidad al proyecto de ley estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así le hizo saber Míriam Nogueras al secretario de Estado y número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, en una reunión que mantuvieron este lunes, según confirman fuentes del ministerio de Trabajo. Por la mañana, el portavoz de Junts, Josep Rius ya había estado claro mostrándose contrario a retirar las enmiendas y repitiendo la retahíla de argumentos contrarios a la medida de pasar a las 37,5 horas semanales de forma general: "Estamos donde estábamos y si hay alguna novedad ya les comunicaremos", dijo, refiriéndose a una cuestión especialmente.

Todo el mundo lo ha experimentado alguna vez: en las semanas laboralmente más cortas, porque hay algún día festivo, nos sentimos, en general, más descansados y de mejor humor. Y, además, seguramente, los cuatro días que pasamos en el trabajo rendimos más. Esto no es una percepción personal: varios estudios internacionales han encontrado una relación positiva entre una reducción de la jornada laboral y una mejora del bienestar del trabajador, así como su rendimiento laboral.

El gobierno español, necesitado de gestos que disimulen el desdibujamiento creciente de la socialdemocracia, ha apostado por la reducción de la jornada laboral, con el rechazo de la patronal y de las derechas, que siempre ven demasiadas concesiones a las clases populares. Dos horas y media menos de trabajo semanal no da para grandes sustos. De hecho, ahora mismo ya hay varios sectores que están por debajo de las cuarenta horas: educación (34,5), administración pública (35,9) y finanzas y seguros (37,2). ¿Por qué no los demás?

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llegado en segunda vuelta al consejo de ministros de este martes bajo la atenta mirada de Junts. El gobierno español ha dado luz verde al anteproyecto de ley que ahora dará el salto al Congreso de los Diputados, donde, de momento, el ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene los votos garantizados de sus socios de investidura, ni tampoco de la oposición. De hecho, el partido de Carles Puigdemont amenazó con tumbar la norma con una enmienda a la totalidad, aunque mantiene la puerta abierta a la negociación para tratar de conseguir en un texto distinto que incluya, en particular, excepciones para Catalunya.

Leemos en el ARA que "el Día del Trabajador debía llegar dos días después de que se aprobara el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral", pero el apagón "forzó al gobierno español a aplazar la aprobación de la medida". Yolanda Díaz ha dicho que "este Primero de Mayo será el último con una jornada laboral de 40 horas", porque el gobierno aprobará su reducción en el consejo de ministros del próximo martes. Mañana me depilarás.

En plena crisis entre el PSOE y Sumar por el contrato de 15 millones de balas, finalmente rescindido, del ministerio del Interior con una empresa israelí, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el consejo de ministros de la próxima semana aprobará en segunda vuelta el anteproyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La fecha también es señalada, o al menos simbólica, porque se aprobará a las puertas del Primero de Mayo.

Que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que plantea el gobierno español no agrada a las patronales catalanas no es ninguna novedad. Quizá por eso no se cansan de recordar su cruzada contra la reforma. Este martes quien lo ha hecho ha sido Pimec, en el marco de una cumbre organizada en Madrid por Conpymes con el lema "Reducción de jornada: ¡así, no!" Desde esta patronal denuncian una "imposición" del ministerio de Trabajo, en palabras del presidente de Conpymes, José María Torres, y reclaman, entre otras cosas, que el texto se adapte a los sectores: desde el despliegue de la reducción de la jornada, pero también el nuevo registro horario o la desconexión digital previstos en la ley y que desde la pequeña y mediana empresa.

El Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del gobierno español en el que se encuentran representantes patronales y sindicatos, ha emitido su dictamen sobre el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanas, con un total de 54 votos a favor y 2 votos en contra. Los representantes del órgano han discutido hasta último momento las conclusiones del informe para tratar de alcanzar una posición de consenso sobre una cuestión que, de hecho, separa a empresarios y sindicatos –hay que recordar que los primeros ni siquiera se han sumado al texto que UGT y CCOO firmaron con el ministerio de Trabajo el pasado mes de diciembre–. Precisamente, en el informe se critica al gobierno español por haber pedido un dictamen preceptivo (no es de obligado cumplimiento) sobre la reducción de la jornada laboral con tan poco margen de tiempo (el anteproyecto se está tramitando por la vía de urgencia): "Se abordan una serie de cuestiones de gran complejidad e importancia que requieren un debate tranquilo y en profundidad", se apunta en el informe.

La reducción de la jornada laboral comienza su andadura para ser aprobada en el Congreso. O no. La falta de consenso social, que se ha visto reflejada en los meses de negociaciones entre el ministerio de Trabajo y el de Economía, volverá a ponerse de manifiesto. Los sindicatos llevan semanas dando luz verde a la propuesta. Las patronales, en cambio, se ponen las manos en la cabeza; de hecho, la respuesta de la CEOE a la propuesta de reducción de jornada fue que necesitaríamos trabajar 41,2 horas a la semana para compensar la baja productividad respecto a la media europea.

Anteayer el consejo de ministros aprobó la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, y no 40 como hasta ahora. Esto significa trabajar media hora menos al día. Aprobada la medida, ahora debe ir a votación al Congreso, donde no tiene mayoría.

Juntos aumenta la presión en el PSOE. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de que pedirán elecciones si no consigue la confianza de su formación: en el pleno del 25 de febrero o en el del 11 de marzo se debatirá la propuesta de Junts para instar al presidente español a someterse a una cuestión de confianza. "Si nosotros le decimos que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedir que convoque elecciones, ya partir de ahí es él quien debe decidir", ha señalado en una entrevista en TVE Catalunya. Según Turull, al PSOE le cuesta mucho cumplir sus compromisos y ha insistido en que no pueden seguir por el mismo camino, por lo que están a la expectativa de su actitud el próximo mes. Tanto la cuestión de confianza como la convocatoria electoral son prerrogativas exclusivas de Pedro Sánchez. Si Junts quiere intentar forzar al presidente español a optar por una de estas opciones, lo único que podría hacer sería romper definitivamente la relación con el PSOE.

Inversión privada y consumo. Son dos de los elementos principales sobre los que se sustenta la previsión de crecimiento económico del gobierno español para este 2025. Tras conocer que la economía española mejoró un 3,2% de media en 2024 (uno de los crecimientos más fuertes de la zona euro), el ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de actualizar el cuadro macroeconómico con una estimación al alza del producto interior bruto (PIB) –que es el indicador que mide el tamaño de una economía– tanto este año como el próximo. En el caso de 2025 prevé que la economía crezca un 2,6%, mientras que de cara a 2026 estima un rebote de un 2,2%.

Tras aplazar la decisión dos veces y de la tensión que ha generado entre el PSOE y Junts, la mesa del Congreso ha dado luz verde finalmente a debatir la cuestión de confianza que los junteros reclaman a Pedro Sánchez. Los de Carles Puigdemont van conseguir el apoyo de los socialistas a cambio de tramitar el decreto ómnibus y, una vez rubricado este acuerdo, el órgano parlamentario ha aceptado por unanimidad, también con el aval del PP, que se debata la proposición no de ley (PNL) de Junts que insta al presidente del gobierno español a " considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza". La previsión es que se debata la PNL en el pleno del martes 25 de febrero o en el del 11 de marzo, según el resto de grupos agoten sus turnos para presentar iniciativas. El texto de la PNL registrada finalmente es mucho más aguado que el original y admite que el desenlace de la propuesta está en manos del presidente español y que la iniciativa carece de vinculación jurídica. Sánchez reiteró que no prevé el escenario.

El Consejo de Ministros ha aprobado por vía de urgencia el texto del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que el ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, acordaron en el diciembre. La patronal, por el contrario, se desmarcó y, de hecho, mantiene su cruzada contra la reforma. La futura norma no sólo recoge una reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sino que prevé que deberá aplicarse sin devaluación salarial y antes del 31 de diciembre de 2025. Además, refuerza la desconexión digital y el registro horario. ¿Cuáles son las claves de la reforma?

El gobierno español ha presentado este miércoles su propuesta de aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales, que ha topado por el momento con el silencio de la patronal y la reclamación de los sindicatos de subirlo aún más, mientras que los ministerios de Economía y Trabajo se han atascado en la negociación por la rebaja de la jornada laboral.

El envenenado debate sobre la reducción de la jornada laboral enfrentó primero al gobierno español y los sindicatos con la patronal y semanas después ha propiciado una ruidoso encontronazo entre los ministerios de Economía y Trabajo. Y antes de que esta medida tenga el camino libre, un segundo tema, aparentemente más sencillo de abordar, amenaza con complicar de nuevo las relaciones entre agentes sociales en materia de mercado laboral.

De todo el tiempo que tenemos cuando no trabajamos sale nuestro descanso, clave para la salud física y emocional; los cuidados, imprescindibles para la sostenibilidad de nuestra sociedad; e ideas creativas que, como Nike o Apple, promueven el espíritu empresarial y la innovación económica. Estas ganancias en derechos se han traducido a lo largo del último siglo en una reducción de la jornada laboral, tanto la regulada como la real. Hace poco más de cuarenta años el debate estaba en el acortamiento de 44 a 40 horas semanales, como parte de las reformas laborales promovidas por el gobierno de Felipe González. Entonces, la patronal se opuso, argumentando que aumentarían los costes salariales y reduciría la competitividad. Incluso el ministro Boyer expresó sus reservas. Pero finalmente, con el apoyo de los sindicatos y la presión social de una ciudadanía satisfecha con las reformas laborales aplicadas, el gobierno logró una implementación gradual de la jornada de 40 horas, permitiendo a las empresas ajustar los procesos productivos, y representando un importante avance en los derechos de las personas trabajadoras.