Esta semana, de una forma automática, quedan aprobados inicialmente los presupuestos municipales de Lleida para este ejercicio 2026. Sin tener ningún tipo de apoyo, el equipo de gobierno de la Paeria (del PSC), en clara minoría (9 de los 27 concejales del consistorio) ha recurrido a una vía legal que le concede la ley de administraciones locales para salir adelante. Y lo ha hecho arriesgando a su jefe, al menos de una forma teórica. Los partidos de la oposición han tenido todo un mes para ponerse de acuerdo para encontrar a un candidato que liderara una moción de censura, opción que la propia ley le permitía. Pero ni siquiera lo han intentado. La aritmética es la que es (un triple empate a cinco concejales de PP, ERC y Junts) y eso no ha dado margen para ninguna negociación. El alcalde Fèlix Larrosa ha podido sacar de momento adelante unos presupuestos sin consenso, pero con la incógnita de lo que nos presentará la política de la ciudad en los próximos quince meses que quedan antes de unas nuevas elecciones municipales.

"En teoría es una obligación de los ayuntamientos, pero, como hemos visto en Badalona, ​​algunos deciden no hacerlo". La politóloga Alba Lanau, profesora e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), lamenta que en la práctica las administraciones locales pueden salir airosas de incumplir sus obligaciones en la asistencia a las personas sin hogar. La ley fija los mínimos que debe garantizar la administración, pero apenas existen precedentes de incumplimientos que hayan llegado a los tribunales. A esto se suma la dificultad de que personas en una situación de extrema vulnerabilidad quieran –y puedan– impulsar un procedimiento judicial, y voces de las entidades sociales especializadas admiten que la falta de recursos también ha terminado pesando a la hora de descartar las acciones judiciales cada vez que se lo han planteado.

Ayuntamientos catalanes han lanzado un grito de socorro para que la Generalitat no los deje solos a la hora de atender a las personas que viven en la calle. Aunque no existe un censo oficial que ponga cifras al sinhogarismo, se ha constatado que es un fenómeno que ya sobrepasa la corona metropolitana y se extiende por localidades pequeñas de todo el país. Los consistorios comparten que, hoy por hoy, la problemática no cuenta con recursos económicos suficientes.

Broza esparcida y mal seleccionada, papeles y botellas abandonadas por las calles, gritos y música por las noches, deposiciones de perros en parques y aceras e, incluso, barbacoas en la vía pública y retos virales para defecar en las piscinas municipales. Éstas son algunas de las últimas actitudes más frecuentes calificadas de incívicas por las ordenanzas municipales y que prevén la imposición de multas que pueden superar los cientos de euros.

En esta legislatura española ha habido varias cesiones competenciales en Cataluña, pero existe una pactada este año que también puede tener un impacto significativo: la competencia de gestión integral de los secretarios e interventores municipales. Por un lado, la acordaron Junts y el PSOE el pasado viernes de mayo con una enmienda transaccional, a través de una nueva disposición adicional a la ley de bases de régimen local en la tramitación de la ley estatal de función pública. Sin embargo, la Generalitat ya había arrancado el compromiso de traspaso en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de febrero, aunque debe concretarse a lo largo del año.

Todos nos quejamos de la burocracia administrativa y tendemos a cargar las culpas contra la idea del funcionario perepuñetas o contra el político torpe. Y nos quedamos bien descansados. Pero, si somos honestos, también conocemos buenos servidores públicos que hacen un trabajo callado y poco visible, y sin los que las cosas saldrían aún peor. La administración que tenemos más cerca, la municipal, suele ser el burro de los golpes. En Cataluña, además, existe un minifundismo administrativo municipal, con 947 ayuntamientos. Son muchos. Seguramente demasiado. A efectos de eficacia y economía de escala, habría que agrupar algunos. Se intentó hace 25 años con el llamado Informe Roca, pero los partidos no se atrevieron y ha persistido la política de campanario. Con las consiguientes disfunciones y carencia endémica de recursos y profesionales. Cuesta mucho hacer rodar bien todos los engranajes de una administración, y cuando es muy pequeña no puede hacerlo todo.

El PSC, Comuns, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP han firmado este miércoles un acuerdo con el que se comprometen a garantizar el padrón universal en cumplimiento de lo que dice la ley. El Pacto por el Padrón en Cataluña es una iniciativa impulsada por más de un centenar de entidades sociales, desde Cáritas, ECAS, LaFede hasta Confavc y aFFaC, que exige el empadronamiento de todos los residentes sin preguntar la situación administrativa, si tienen contrato de alquiler o no o si viven en una infravivienda. Por el contrario, se han desmarcado el PP, Vox, Aliança Catalunya y también Juntos. Los junteros han justificado su no asegurando que el acuerdo no resuelve "en profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos". Se da la circunstancia de que sí que se ha añadido al Pacto MEScat, una formación nacida de una escisión del PSC e integrada en Junts como corriente interna.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarán con recursos récord para elaborar los presupuestos del año 2026. El consejo de ministros de este martes ha actualizado las entregas a cuenta o anticipos para ambas administraciones, tal y como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista a RNE el lunes por la mañana Alegría, en rueda de prensa este martes.

Uno de los retos del mundo local –y de la política institucional en general– es conseguir revertir la histórica presencia irrisoria de mujeres en los partidos y en las administraciones. A pesar de que durante la última década el número de mujeres en las listas electorales y en las concejalías y alcaldías se ha multiplicado, todavía existen diferencias importantes en el tipo de responsabilidades que asumen hombres y mujeres en los ayuntamientos, y no se ha conseguido que la paridad llegue a las alcaldías.

Rosa RR lleva más de tres años viviendo en un piso del barrio de Buenos Aires de Martorell, pero el Ayuntamiento le impide empadronarse porque no tiene ningún título de propiedad ni contrato de alquiler. Hasta seis veces ha pedido el ingreso en el padrón y en todos los casos no ha recibido ninguna respuesta, si bien la ley interpreta este silencio como positivo pasados ​​los tres meses reglamentarios. Pero ella sigue sin constar en el padrón.

Un 80,5% de los ayuntamientos catalanes carecen de la bandera española en la fachada, según la entidad espanyolista Impulso Ciudadano. De los 947 municipios catalanes, 763 no exhiben la enseña estatal y sólo 184 la muestran (19,5%). Así se desprende del informe que ha hecho público este lunes la entidad, que trabaja por defender que se cumpla la ley de banderas. Este porcentaje supone un aumento de dos puntos respecto a 2022, cuando entonces eran 170 (17,9%) los que exhibían la bandera de España.

Nunca han tenido una gran cuota de poder, pero pudieron llegar a tener más. Participaron en gobiernos autonómicos, llegaron a ganar unas elecciones en Catalunya y estuvieron a punto de condicionar la política en el Congreso de los Diputados con sus 57 escaños, en el 2019. Pero la caída de Ciutadans fue aún más meteórica que su ascenso. Sin embargo, todavía hoy mantienen algunas pequeñas resquicias de poder, sobre todo a escala municipal. Sin embargo, en ninguna parte como en su pequeña Galia: El Astillero.

Al menos 37 municipios de Catalunya ponen trabas a la hora de empadronar a ciudadanos que tienen problemas para presentar un contrato de alquiler o viven en una infravivienda o en la calle. Entre estas localidades se encuentran tres capitales, Tarragona, Lleida y Barcelona, ​​que este año entra en esta lista, así como el grueso de las ciudades metropolitanas. Pero también hay más pequeñas, como Alcanar, Ripoll, Tremp, Tortosa o Salt. En conjunto, estos municipios representan al 40% de la población de Cataluña. Las negativas afectan a personas adultas, inmigrantes y autóctonos, así como a menores de edad y extutelados por la Generalitat que, al no estar registrados en el padrón, se les dificulta el acceso a la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o la renovación del permiso de residencia.

Un mes y medio después de las elecciones catalanas y dos semanas después de las europeas, Ciutadans está en estado de choque. Tanto en el Parlamento como en la Eurocámara han perdido las últimas resquicias de poder institucional que les quedaban, más allá del poder municipal, que es también escaso. Para más inri, quien era el líder del partido a nivel estatal, Adrián Vázquez, saltó del barco de Ciudadanos al del Partido Popular a falta de 40 días para las elecciones europeas, y el líder en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha dimitido esta semana. ¿Qué queda entonces de Ciudadanos?

Un lunes al mes, la asamblea de Papers para Tothom de Martorell se encuentra frente al ayuntamiento del municipio para ayudar con la instancia del padrón. Una veintena de personas se reúnen en torno a los activistas, que responden dudas o, incluso, se encargan de rellenar los datos personales del documento que estas personas entregarán individualmente a la unidad de atención al cliente. El de Martorell (Baix Llobregat) es uno de los muchos consistorios que están señalados por la Generalitat y la oficina de la Síndica de Greuges por poner trabas a los vecinos que quieren empadronarse, lo que incumple la ley estatal de régimen local que obliga tanto a la administración como a la ciudadanía a registrarse en el municipio donde reside.

El problema de la financiación de los ayuntamientos es estructural y viene de lejos. Las sucesivas reformas en su financiación no la han resuelto. Sigue siendo la administración menos dotada económicamente. Y, en cambio, es la más cercana al ciudadano y, por tanto, la que nota más los problemas del día a día de la gente y siente, pues, la inmediatez de la presión popular. Por eso los ayuntamientos tienden a hacer más de las que, a derecha ley, les corresponden. Acaban asumiendo servicios como los de guarderías, residencias de ancianos u oficinas de empleo, además de cuestiones culturales, deportivas y de medio ambiente, entre muchos ejemplos más que se suman a cuestiones centrales como la limpieza, la seguridad, el alumbrado o el transporte. Se calcula que prestan entre un 15% y un 20% de servicios que deberían dar los gobiernos autonómicos o el Estado. En Cataluña, debido al ahogo económico endémico que también sufre el gobierno de la Generalitat, esta labor de sustitución es muy relevante y persistente. El esfuerzo del gobierno catalán en apoyo de los ayuntamientos se ha ido reduciendo.

La última vez que el presidente, Pere Aragonès, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se vieron en el Palau de la Generalitat fue el día en que el socialista accedió al cargo con el pacto sorpresa entre el PSC, los comunes y el PP. "Es un acuerdo hecho desde Madrid", espetó en ese momento Aragonès en la misma recepción institucional, después de que el PSC dejara en papel mojado el pacto JxCat-ERC para gobernar la capital. Pero ese clima hostil ya se ha esfumado: este miércoles el presidente Aragonès y el alcalde Collboni han mantenido el primer encuentro institucional y ya han anunciado un pacto. Tras casi dos horas de conversación, han trasladado que Barcelona cederá hasta 27 solares a la Generalitat con el objetivo de construir hasta 1.764 viviendas públicas.

El pistoletazo de salida de un nuevo mandato municipal hace aflorar cada vez una cuestión polémica: los sueldos de los alcaldes y concejales. El Ayuntamiento de Barcelona ha subido los salarios un 4% y lo ha reivindicado porque "es una manera de valorar lo que hacemos: no queremos pedir perdón por trabajar en la política", en palabras de la teniente de alcaldía, Laia Bonet. También se han incrementado los sueldos en Badalona un 13% –aunque el del alcalde se ha mantenido igual– y en Sant Cugat un 17,2%. En cambio, otros municipios como Terrassa y Sabadell han decidido congelarlos y Girona ha optado por una rebaja del sueldo del alcalde, el cupero Lluc Salellas, de 14.000 euros. En Lleida se ha hecho una ligera actualización del sueldo del alcalde, pero con reducción del coste para el conjunto del ejecutivo.

La cara de Natalia Onofriychuk acumula el cansancio de un viaje de cuatro días, el miedo de los bombardeos y la guerra y la angustia por encontrar a su hija adolescente, a quien la invasión rusa de Ucrania enganchó de vacaciones en la ciudad de Barcelona. Onofriychuk aterrizó en la capital catalana ayer jueves después de un periplo desde su Odesa natal. El lunes cogió su coche y condujo de un tirón hasta Moldavia y de allí a Bucarest, donde voluntarios desplegados para la ayuda de los refugiados ucranianos la ayudaron a llegar hasta Turín, donde pudo coger un vuelo hasta Barcelona. Sin conocer nadie en la ciudad, pero gracias a la red solidaria improvisada por la urgencia, ha podido pasar la primera noche en casa de una compatriota, pero lo que quiere ahora es abrazar a su hija, que, como no pudo volver a su país porque se cerró el espacio aéreo, está en un piso con 10 jóvenes más.