Las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7% a partir del 1 de enero de 2026. El incremento es resultado de calcular la media del índice de precios al consumo (IPC) de los últimos 12 meses (entre diciembre del 2024 y noviembre de este año), de forma que cuando se confirme la inflación de este mes de noviembre3% en términos interanuales) se confirmará por completo el aumento de las prestaciones. Esto ocurrirá el próximo 12 de diciembre.

La duración de la carrera laboral tiene un impacto directo en la prestación por jubilación que una persona recibe una vez deja de trabajar y, de rebote, en que se vea abocada a posponer o retrasar la salida de la etapa laboral durante más años. De hecho, para poder jubilarse es necesario cotizar un mínimo de años, además de tener la edad legal para ser pensionista. Pero existen una serie de condicionantes que dificultan este camino, sobre todo entre los jóvenes actuales. Uno de ellos es el de entrar más tarde en el mercado laboral, como constata un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha dicho este miércoles que confía en que "en los próximos meses" esté resuelto el proceso de convocatoria de las plazas para el nuevo centro de innovación de la entidad en Barcelona. En total son 25 plazas de profesionales tecnológicos, para las que se han presentado ya 900 personas, según el organismo. Sin embargo, el ente no descarta que se pueda ampliar el número de plazas. El Banco de España ha firmado ya un acuerdo con el Barcelona SuperComputing Center para colaborar en el impulso de la implementación de la inteligencia artificial en el sector financiero.

Una fría y otra caliente. Esa es la conclusión que se extrae del primer gran examen de la reforma de las pensiones que el gobierno español inició en 2020. Este lunes la Autoridad Fiscal (Airef) ha publicado los resultados de la prueba de fuego –el organismo tiene el mandato de evaluar cada tres años las medidas– y, si bien confirma que se cumple con la "regla de gasto" del sistema de las Airef, Cristina Herrero, en rueda de prensa. En cambio, el gobierno español ve en las conclusiones de Airef un aval a todos los cambios aprobados. De hecho, desde el ministerio de la Seguridad Social hablan de "éxito" de la reforma. ¿Por qué opinan tan distinto?

El ex ministro socialista y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, le dejó un encargo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuando elaboró ​​la última gran reforma de las pensiones: sería la encargada de analizar la sostenibilidad del sistema. Ahora ese momento ha llegado.

"Este señor que está a menos de un metro está hablando por teléfono y no me deja hablar ni oír", decía José Luis Escrivá mientras intentaba responder a las preguntas del PP en el Senado en una comparecencia este abril. "La última vez me interrumpieron tres veces", añadía, y le decía al presidente de la cámara, sin demasiado éxito: "Eso denigra al Senado". Poco después, el ministro decidía abandonar el cuarto.

Uno de los retos que tiene España es el del gasto público del sistema de pensiones y, en particular, cómo se cubre en el medio y largo plazo teniendo en cuenta que en unos años se jubilará la generación del baby boom, la más numerosa. La Comisión Europea, online con lo que ya ha anticipado la autoridad fiscal (Airef), considera que a pesar de la reciente reforma del gobierno español harán falta más ajustes para cubrir el coste del sistema. Esto exigirá activar un mecanismo que pasa principalmente por un incremento de las cotizaciones sociales. Sin embargo, el Banco de España trata de reojo esta opción: "Sostener la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española", advierte el organismo supervisor en un nuevo capítulo delInforme anual 2023, publicado este martes al mediodía.

Tras conocerse que las pensiones contributivas subirán un 3,8% el próximo año, la flamante ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz (PSOE), adelantó este martes que el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas se incrementarán en un 6,9%. Asimismo, también explicó que la pensión más baja de todas, la de viudedad con cargas familiares, se incrementará un 14% en 2024 y, finalmente, situó el incremento de las pensiones mínimas entre un 5% y un 7 %, según ha detallado en una entrevista en la agencia Efe.

En 2021, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, declaró la guerra a las jubilaciones anticipadas. Ésta fue una de las medidas estrella de la primera parte de la reforma del sistema de pensiones, que apenas se ha culminado este 2023. Ahora, las medidas desplegadas para incentivar que se alargue la vida laboral y penalizar la decisión de jubilarse antes de la edad legal comienzan a dar sus frutos, o al menos así lo ven desde la Seguridad Social, que defienden que se ha "consolidado" la tendencia a retrasar la jubilación anticipada voluntaria.

Con los datos de la inflación actual en mano, el ministerio de la Seguridad Social calcula que las pensiones contributivas podrían revalorizarse entre un 3,5% y un 4% el próximo año. De hecho, en las proyecciones sobre la evolución del gasto público del sistema de pensiones enviadas a Bruselas se sitúa la revalorización en el 4% y en el 2% a partir de 2025, "coincidiendo con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo", según se desprende del informe publicado este martes.

Tanto el PSOE como Sumar han salido en tromba esta mañana contra Alberto Núñez Feijóo por haber dicho en una entrevista en TVE que el PP siempre revalorizó las pensiones según el IPC, hasta el punto de que el candidato del PP se ha visto obligado a rectificar esa afirmación falsa. Ya durante la entrevista, sin embargo, los periodistas le han desmentido en directo. "No es correcto, señor Feijóo", le ha espetado la periodista Silvia Intxaurrondo, después de que el líder del PP dijera que su partido siempre había subido las pensiones vinculándolas a la inflación. Él ha insistido y se ha comprometido a corregir si incurría en un error, y así ha sido.

Mientras Emmanuel Macron está en Barcelona este jueves para participar en la cumbre hispano-francesa, Francia se moviliza contra la reforma más importante del último quinquenio del presidente de la República, la de las pensiones. Todos los sindicatos han convocado una huelga general –en Francia oficialmente se le denomina huelga intersindical– que se espera que tenga un seguimiento muy amplio. Es la primera de una serie de protestas que los sindicatos y los partidos de izquierdas tienen previsto impulsar en las semanas próximas. Quieren que el gobierno retire el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que probablemente se aprobará en el consejo de ministros de la semana que viene. El texto prevé alargar la edad de jubilación de los actuales 62 años a los 64 y también el periodo de cotización mínima para poder optar a la pensión máxima, que se ampliará hasta los 43 años.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes, en el marco de la negociación con los agentes sociales para culminar la reforma de las pensiones, que planteará subir progresivamente la pensión máxima y elevar la base máxima de cotización para favorecer la sostenibilidad del sistema.

Este no será un otoño tranquilo ni para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni para el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. A pesar de haber aprobado medidas estrella como la reforma laboral, las dos carteras tienen que recoger la negociación con sindicatos mayoritarios y patronales alrededor de varias reformas en materia laboral y de la Seguridad Social: desde un nuevo acuerdo para el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la segunda parte –no poco convulsa– de la reforma de las pensiones. Todo ello, en un contexto marcado por unos precios que continúan desbocados, con una previsión de inflación media para este 2022 de entre un 7% y un 8%, y unos salarios que, por el contrario, se mantienen estancados, lo que provoca una pérdida con cuentagotas del poder adquisitivo de muchos trabajadores. Estas son los trabajos pendientes de cara al nuevo curso:

La Comisión Europea ha dado luz verde al segundo desembolso del Plan de Recuperación, y el más importante en cuanto al volumen: 12.000 millones de euros. El gobierno español solicitó esta parte de los fondos europeos Next Generation a finales de abril. A pesar de que la decisión final, es decir, su ejecución, depende del conjunto de los estados miembros (en concreto del Comité Económico y Financiero), Bruselas ha aceptado el desembolso después de valorar positivamente el cumplimiento de una cuarentena de hitos pactados en el Plan de Recuperación español, entre ellas la reforma laboral y algunos de los cambios de la reforma del sistema de las pensiones. La decisión final del Comité, sin embargo, no se espera que sea contraria. El órgano tiene hasta 4 semanas de margen para estudiar la validación de forma que el desembolso llegaría a finales de julio. Así, los 12.000 millones se sumarían a los casi 20.000 millones cobrados durante el 2021.

Este jueves en el Congreso se debatirá una de las medidas más polémicas de la reforma de las pensiones que está llevando a cabo el gobierno español. Se trata de la puesta en marcha de los fondos de pensiones de promoción pública, una especie de planes de pensiones complementarios que tendrán gestión privada a pesar de que será el Estado quien los controlará. Empresas y trabajadores tendrán que hacer aportaciones y serán un complemento, a modo de ahorro, de la pensión final. De momento parece que la votación será ajustada, a pesar de que la semana pasada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la quiso asegurar pactando con EH Bildu su abstención a cambio de aumentar un 15% las pensiones no contributivas este año. El proyecto de ley, sin embargo, llega al Congreso sin acuerdo social, puesto que ni sindicatos ni patronales se han sumado, y con la oposición de ERC y del PP y el apoyo condicionado a una retahíla de enmiendas del resto de grupos.

El ministro de Inclusión y la Seguridad Social, José Luis Escrivá, celebraba todavía no hace un año un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones. El consenso, sin embargo, era sobre un primer bloque de medidas que, entre otras cosas, recuperaba la revalorización de las pensiones según el IPC y dejaba atrás el factor de sostenibilidad del PP aprobado en 2013. Escrivá dejó para la segunda mitad de este 2022 toda una segunda fase (y no poco polémica). Son los elementos más pesados, como por ejemplo los planes de pensiones públicos, que llegan precisamente este jueves al Congreso de los Diputados, y lo hacen en una votación muy ajustada. A esta norma, sin embargo, se suman otros que apenas se tienen que empezar a negociar y que tienen por objetivo "compensar" el gasto futuro. Eso sí, todas están comprometidas con Bruselas.

"El pacto de rentas ni existe ni se espera que exista". Así resumía el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el estado de uno de los planteamientos de Pedro Sánchez para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y, en particular, a la espiral inflacionista actual, marcada sobre todo por los costes energéticos. Un pacto que tendría por objetivo repartir los daños del choque actual entre empresas y trabajadores. Si bien parece que desde sindicatos, pero también patronales y gobierno español, ya han tirado la toalla para materializar este tipo de acuerdo, quien continúa confiando en ello es el Banco de España.

La inflación ha puesto en el punto de mira el sistema de las pensiones. Después de la reforma del gobierno de Pedro Sánchez, las prestaciones se vuelven a revalorizar en función del índice de precios al consumo (IPC) para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. La medida ya la aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero después la tumbó el ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), que a cambio –y con el objetivo de recortar el déficit del Estado– aprobaba el factor de sostenibilidad: desde entonces las pensiones se revalorizarían como mucho un 0,25%, independientemente de la inflación. 

Luz verde del consejo de ministros para que los casi diez millones de jubilados que hay en España vean aumentar este año su pensión. Con la reforma del sistema, negociada con los agentes sociales y aprobada en el Congreso de Diputados, las pensiones contributivas, entre las cuales el subsidio por jubilación, se revalorizarán un 2,5%. El aumento es fruto de calcular el IPC medio entre el mes de diciembre de 2020 y el de noviembre del año pasado, tal como se acordó con los sindicatos y las patronales el verano pasado con el objetivo de dejar atrás el factor de sostenibilidad introducido por el Partido Popular en 2013 (provocaba aumentos anuales de un 0,25%). A grandes rasgos, la reforma deja la jubilación mínima en 721 euros al mes (10.104 euros al año), y la máxima en 2.819 euros mensuales en 14 pagas (39.474 euros al año).