"Dado que este pleno será retransmitido por internet y lo podrá ver todo el mundo en todo el mundo, y seguramente muy venezolanos que están en Sudamérica, lo diré en castellano: desde Juntos celebramos la caída del señor Maduro..." Jordi Puigneró, teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y exvicepresidente de la Generalitat, justificó así su cambio de lengua el pasado viernes durante el plenario del mes de enero. Desde entonces, Puigneró no deja de acumular críticas en las redes por haber renunciado a exponer sus argumentos en catalán. Este mismo martes ha sido el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, quien se ha recreado, señalando la doble vara de medir de Junts: "A la hora de la verdad, los niveles de exigencia que se aplican a sí mismos son más flexibles que los que reclaman a los demás".

El ex vicepresidente Jordi Puigneró, cesado la semana pasada por el president, Pere Aragonès, ha roto su silencio este lunes: "Esquerra no quiere que estemos en este Govern". A su parecer, el hecho de que los republicanos no acepten ninguna de las propuestas que ha puesto Junts encima de la mesa es un indicador de que Aragonès prefiere un gobierno en minoría de solo 33 diputados: "Se hace muy difícil que sigamos", ha considerado, ahora que ya todo queda en manos de la militancia de Junts. Puigneró cree que las últimas horas de negociación con ERC refuerzan su tesis: ha explicado que ayer Junts retiró de sus condiciones la restitución de él mismo como vicepresidente, pero que aún así no hubo ningún pacto.

Jordi Puigneró, cesado este miércoles por el president Pere Aragonès, llegó a la vicepresidencia del Govern de rebote. El cargo se lo ofreció el entonces secretario general de la formación, Jordi Sànchez, después de que Elsa Artadi, Josep Rius y Jaume Giró lo rechazaran y de que antes la que fue candidata a las elecciones, Laura Borràs, declinara estar por debajo de Aragonès en el organigrama del ejecutivo. De hecho, Puigneró había sonado como presidenciable por su buena relación con el ex president Carles Puigdemont, pero evitó entrar en la riña con la ahora presidenta del Parlament suspendida consciente de sus escasas posibilidades de éxito.

Es martes por la noche y en el Parlament reina la calma. Todos los miembros del Govern siguen sentados en su escaño siguiendo el debate de política general, pero los pasillos se empiezan a vaciar. Solo queda un punto del orden del día potencialmente inflamable. El duelo entre el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, y el president Aragonès. Se esperan reproches, pero nada más. De hecho, altos cargos del Govern ya hace un rato que han empezado a desfilar hacia casa. A las 22 h y 37 minutos la situación da un giro que –entonces no lo sabe nadie todavía– dejará al ejecutivo al límite de la ruptura.

Que ayer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, cesara al vicepresidente, Jordi Puigneró, es una decisión todavía de consecuencias inciertas. Este jueves a las diez está convocada la ejecutiva de Junts para valorar qué escenarios se abren, con la salida del Govern de Junts sobre la mesa. "Con la decisión de ayer nos sentimos bastante expulsados del Govern", ha admitido el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a RAC1, en la que también ha explicado que los consellers han puesto el cargo a disposición del partido. Turull no ha querido avanzar nada: "Se tiene que reunir la ejecutiva del partido y yo escucharé". Para el secretario general del partido Junts tiene que actuar ahora "con la cabeza y con el corazón", no con "el estómago", y ha dejado claro que la decisión que se tome también se tiene que consultar a las bases de JxCat.

Esta semana se cumplirá un año de la imagen del president Aragonès, el vicepresidente Puigneró y todos los consellers entrando juntos en el hemiciclo del Parlament en el primer debate de política general del actual Govern. El objetivo era intentar dar una imagen de una cierta unidad pocos días después del que había sido el primer gran encontronazo del entonces nuevo ejecutivo: ERC y Junts se habían peleado por la composición de la mesa de diálogo. Como si el tiempo se hubiera parado, este martes se celebrará un nuevo debate de política general y el gran foco de atención será exactamente el mismo: examinar la estabilidad del gabinete de Pere Aragonès. La principal diferencia de ahora respecto a hace un año es que ahora todo el mundo tiene la sensación de que es un examen final en las relaciones entre Esquerra y Junts. Si el Govern lo pasa, la legislatura tendrá una oportunidad de madurar. Si no, el ejecutivo estará más cerca de la ruptura y, por lo tanto, Catalunya quedará abocada a unas elecciones más temprano que tarde.

La avería que este viernes ha paralizado los trenes que circulan por vía convencional en Catalunya y que ha dejado a unos 80.000 usuarios colgados en las estaciones de todo el país durante más de tres horas ha reavivado la tensión entre la Generalitat y el Gobierno español en cuanto a la gestión de la red ferroviaria. Para el Govern este es un ejemplo más de la necesidad de que el Estado le traspase de manera "inminente" las competencias del servicio de Cercanías, ahora en manos de la operadora de trenes Renfe, para poder tener margen de maniobra en casos como este. Pero fuentes del ministerio de Transportes aseguran que no hay ningún motivo para acelerar las negociaciones que harían efectivo el cambio de titularidad y que, además, la incidencia no ha pasado en Renfe, el operador de los convoyes, sino en el sistema de telecomunicaciones de Adif, el administrador de las vías ferroviarias; una infraestructura que "no entra en ningún plan bisiesto", recuerdan.

Catalunya se ha despertado este viernes prácticamente sin trenes: no funcionaba ninguna línea de Cercanías, ni de regionales ni de larga distancia. Con la única excepción del alta velocidad, todo estaba parado y sin una previsión de recuperación de servicio por una avería inédita en el sistema de telecomunicaciones de Adif, como ha informado Renfe, que desde el inicio recomendaba a los usuarios usar medios de transporte alternativos y no veía viable poder establecer transporte por carretera para suplir todos los trenes interrumpidos. La afectación era, decían, demasiado grande y demasiado repentina. El caos total se ha alargado durante más de tres horas. Solo a partir de las ocho de la mañana se ha dado por solucionada la incidencia "grave" en el software que permite comunicar el centro de mando del operador (en la Estación de Francia de Barcelona) con el resto de las estaciones. Esto ha permitido anunciar que la circulación de los trenes se restablecía "de manera progresiva", pero de hecho sigue con "afectaciones destacadas", como iba repitiendo la megafonía de las estaciones. Y la previsión es que la afectación, que llega solo una semana después de que se pusiera en marcha la gratuidad del servicio de Cercanías anunciada por el Estado , se alargue durante buena parte del día.

Más dudas que certezas. Esta es la sensación inicial que ha dejado el anuncio, este martes, de Pedro Sánchez, sobre la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia de Renfe a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. La medida ha cogido por sorpresa tanto a los usuarios como a la Generalitat y a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), que es quien fija los precios de las tarifas integradas en Catalunya. La medida, que se financiará con un crédito extraordinario, ha llegado sin ninguna letra pequeña y sin concretar cómo se aplicará –de forma práctica– esta gratuidad al entramado de títulos y billetes diferentes que conviven en el sistema de transporte público. Hay que recordar, además, que hace solo una semana el gobierno español ya había anunciado una rebaja del 50% en los abonos, que ahora se amplía hasta el 100% en el caso de Renfe.

A partir de ahora, Esquerra y Junts tratarán sus diferencias "en privado" y entre ellos habrá "el máximo traspaso de información". O mejor dicho, estos son los dos compromisos que cierran la crisis entre socios de gobierno generada por la reunión de la consellera Laura Vilagrà con el ministro Félix Bolaños de la semana pasada. El acuerdo llegó este lunes en un encuentro de coordinación con la presencia del president, Pere Aragonès, y del vicepresidente, Jordi Puigneró, y ha sido la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien lo ha anunciado. Se ha pactado que la relación entre socios sea ahora más transparente entre ellos después de que Junts denunciara la opacidad de ERC en las relaciones con el Estado, a pesar de que Plaja ha dejado claro que Aragonès tiene "libertad absoluta" de agenda.

La Generalitat y el Estado se verán cara a cara este viernes para abordar la crisis de las inversiones, que estalló ahora hace dos semanas cuando un informe del propio Gobierno español admitía una flagrante falta de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya. A pesar de que las dos administraciones aseguran tomarse seriamente el problema, ni el uno ni el otro enviarán sus máximos representantes a la reunión de la Comisión Bilateral de Infraestructuras. De hecho, no se convoca ni la comisión propiamente dicha, sino una subcomisión. Según ha podido saber el ARA, por la Generalitat estarán los secretarios generales Ricard Font (Territorio), Núria Cuenca (Presidencia) y Jordi Cabrafiga (Economía), mientras que en representación del Gobierno español estará el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y el director general de Cooperación Autonómica, Fernando Galindo.

Cuando todavía está lejos de cerrarse la crisis por el Catalangate, a la Generalitat y al gobierno español se les abre otra controversia de magnitud considerable: el déficit inversor del Estado en Catalunya, que no por habitual ha dejado de generar polémica cuando se ha hecho público un informe del ministerio de Hacienda centrado en el 2021. Este miércoles se han visto las caras para hablar del tema el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el vicepresidente, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El encuentro no figuraba en ninguna agenda, pero se ha producido porque los tres han coincidido en el acto de presentación de la nueva oficina de Google en Barcelona. Horas después, por la tarde, ha sido la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, quien ha mandado una carta a la ministra y también a la delegada del gobierno español en Catalunya, Maria Eugènia Gay, a quien ha citado de forma "urgente" en el Palau de la Generalitat para exigirle explicaciones por el déficit de inversiones.

Los taxistas volverán a parar mañana para avisar a la Generalitat de que el "modelo Ayuso" no funcionará en Catalunya. Las asociaciones Élite Taxi, el Sindicato del Taxi de Catalunya y la Agrupación Taxi Companys han convocado un "paro total" este miércoles entre las 10 h y las 14 h para exigir al Govern que mantenga la proporción de una autorización para los vehículos con conductor (VTC) por cada 30 licencias de taxi.

El Catalangate ha abierto una nueva fisura en las siempre delicadas relaciones entre la Generalitat y el gobierno español. El caso de espionaje tiene múltiples derivadas y, en el ámbito del Govern, el principal conflicto que deja abierto es si tiene sentido o no continuar con la mesa de diálogo ante esta nueva crisis entre ejecutivos. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido este martes por la tarde para abordar el caso. Lo ha hecho para avisar al presidente español Pedro Sánchez que el caso puede tener "importantes consecuencias políticas de forma inmediata" si no da explicaciones y si no busca a los responsables. No ha dado por muerta la mesa, pero ha admitido que las relaciones vuelven a quedar tocadas.

La reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat que se ha celebrado este viernes en Barcelona se ha cerrado como se preveía: con varios acuerdos sobre transferencias competenciales y de patrimonio de manos del Estado a las manos del Govern. Con una hora de encuentro en el Palau de la Generalitat ya han tenido bastante. El punto caliente, sin embargo, ha sido a la hora de escenificar el resultado de la reunión. Para el gobierno español, la Bilateral es la constatación de que el diálogo entre los dos ejecutivos funciona después de la ruptura que supuso el 155. "Se trata de un acuerdo histórico", ha dicho la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Para la Generalitat, todo lo contrario. Al salir de la reunión, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (JxCat), ha criticado que todo son "avances exiguos, de poca entidad y demasiado lentos". "Tiene que haber resultados más tangibles", ha añadido, más conciliadora, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC).

Si no hay un giro de guion mayúsculo, la Comisión Bilateral donde la Generalitat y el Estado dirimen sus conflictos competenciales encarrilará este viernes sus primeros acuerdos en una década. No son, ni mucho menos, todas las demandas que exige el Govern al Estado, pero es la primera vez que la comisión dará algún fruto desde que el ejecutivo español del PP, en 2011, decidió congelar la actividad. "Son acuerdos de mínimos. Nos gustaría avanzar mucho más", avisan desde Presidencia.

A la espera de que se pronuncie el presidente del gobierno español o algún ministro, su delegada en Catalunya, Teresa Cunillera, ha asegurado que el excomisario José Manuel Villarejo "no tiene ninguna credibilidad" después de que haya vinculado al CNI con los atentados en Barcelona de agosto del 2017. "Tiene una larga trayectoria de intentar sembrar sombras de sospecha sin aportar nunca pruebas", ha denunciado en una rueda de prensa, donde ha insistido que "las insinuaciones no tienen base lógica ni material". "No hay más explicación que las ganas de enredar", ha resuelto. Cunillera también ha lamentado que desde algunos sectores se le dé credibilidad y se ha dirigido particularmente al Govern para pedir que "no le haga el juego" al excomisario porque en Catalunya "no se necesita crispación". "¿Hasta qué punto queremos hacer grande una mentira y dar credibilidad a quien acusa sin pruebas?", ha pedido. También ha reclamado "respeto" a las víctimas y a la investigación que se hizo de los hechos.

Las paredes del edificio son de color blanco impoluto. Una vez atraviesas una entrada coronada por un árbol solitario y una bandera de Catalunya llegas a la sala principal, que es bastante grande y está cubierta con una moqueta gris. A través de una claraboya se observa una vista panorámica de la montaña de Montserrat, mientras que si sigues las escaleras hasta el segundo piso también toparás con una gran pecera sin peces.

La mesa de diálogo no forma parte de las prioridades de Pedro Sánchez y él no lo esconde. En su discurso de balance del 2021 solo se refirió a ello ante preguntas de los periodistas y lo hizo para enfriar la urgencia, y tampoco hizo mención de la mesa el viernes durante el comité federal del PSOE. Con la gestión de la pandemia como escudo, el presidente español ha vuelto a rechazar este lunes poner una fecha a la nueva reunión entre la Generalitat y el Estado para no "atarse", según ha argumentado en una entrevista a la Cadena SER. Pero ha asegurado, eso sí, que la mesa se convocará como mínimo dos veces este 2022. ERC, mientras tanto, sigue presionando para que el encuentro sea "lo antes posible", a pesar de que quiere evitar una nueva polémica con el calendario.

De la crisis entre Esquerra y Junts para aprobar los presupuestos con los 'comuns' ya hace más de quince días, pero sus efectos todavía están por determinar. El vicepresidente del Govern y más alto dirigente de JxCat dentro del ejecutivo, Jordi Puigneró, ha alertado este domingo en una entrevista a El Punt Avui que la estabilidad de la legislatura está "en riesgo". ¿Por qué? Según Puigneró, el "socio preferente" del mandato tendría que ser la CUP, pero después del no de los anticapitalistas a los presupuestos se tiene que ver cómo se sostiene la legislatura. Y, si con socios como los comuns, es posible el cumplimiento del pacto ERC-JxCat que habla, por ejemplo, de preparar un "embate democrático" si la mesa de diálogo no da frutos.