El Govern i ERC fa mesos que estan asseguts a banda i banda d'una taula. La principal carpeta que hi tenien era el nou model de finançament que, en paral·lel, negociaven amb el govern espanyol. De fet, la part catalana, en aquesta negociació, va fer front comú perquè es garantís el principi d'ordinalitat en el nou sistema, almenys per a Catalunya. S'havia anat teixint una relació de confiança que, després del no d'Oriol Junqueras a negociar els pressupostos, ha quedat tocada. Esquerra considera que el PSC "no ha fet els deures" per pressionar el PSOE perquè traspassi la recaptació de l'IRPF; en canvi, el Govern creu que els republicans han canviat de posició i ara exigeixen més garanties de les que havien demanat a l'inici. Malgrat tot, totes dues parts han reprès contactes aquesta setmana per intentar reconduir la situació. De fet, fins i tot s'han donat més marge per negociar i han ampliat el termini per presentar esmenes a la totalitat dels comptes: el debat finalment serà el 20 de març.

Con los años se ha demostrado que, en el estado de las autonomías, las inversiones del Estado tienen un papel relevante tanto para configurar las políticas públicas como para premiar o castigar a los distintos territorios en función, primero, de si se aprueban, y después de si se ejecutan. Estos días hemos sabido que, según la Intervención General del Estado (IGAE), durante el primer semestre de 2024 sólo se gastó un 20% en Cataluña, 456 millones de euros, que se sitúa en la cola de todas las comunidades autónomas, mientras que en Madrid, por ejemplo, se supera el 57%, con 694 millones de euros.

"El déficit en infraestructuras del 2009 al 2023 en Catalunya asciende a la escandalosa cifra de 42.500 millones de euros; esta es una situación intolerable, una tomadura de pelo y apelo a las administraciones públicas para que solucionen esta situación" . Así ha descrito la situación de falta de inversión pública en Catalunya el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en un encuentro con los medios este martes, junto con la presidenta de la comisión de infraestructuras, Anna Cornadó; el director de estudios y economía, Salvador Guillermo, y el presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Lluís Moreno.

Lo primero que hizo el PSC después de que el Govern echara en cara al ejecutivo español la baja ejecución –menos de un 36%– de las inversiones presupuestadas para Catalunya fue pedir más "autoexigencia". Es decir, que el president Pere Aragonès y sus consellers también se pusieran ante el espejo. El titular de Economía, Jaume Giró, respondió que si la imagen de la Moncloa era la de un 36% de ejecución, la de la Generalitat fue de un 95,5% en 2021. Pero los socialistas han querido revelar su propia fotografía y después de una auditoría han concluido que, en la última década, el ejecutivo catalán se ha dejado en el tintero 67 actuaciones "comprometidas" y ha habido una bajada del 60% de la inversión. La ejecución del Estado es "baja", pero el Govern también tiene "deberes pendientes", ha denunciado este martes el diputado del PSC Jordi Terrades.

Lejos de amainar, la tormenta entre la Generalitat y el Estado por la crisis de las inversiones sube de intensidad. De visita en Catalunya, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había convocado este viernes un acto para anunciar varios proyectos de mejora de infraestructuras que ha acabado derivando en el enésimo conflicto con el Govern. A pesar de que la Generalitat había comunicado previamente su presencia, finalmente ha decidido plantar a la ministra para hacer de nuevo evidente su descontento con el déficit inversor del Estado en Catalunya. Cada día que pasa las relaciones entre los dos gobiernos se envenenan algo más, teniendo en cuenta, además, que esta no es la única carpeta conflictiva. Todavía está abierta la herida del espionaje por el Catalangate, sin olvidar que no ha habido ningún adelanto en la negociación del conflicto político.

Como cada año ha llegado nuestro particular Día de la marmota (¿recuerdan la distraída y angustiante película de Bill Murray?): el día de los datos de ejecución real de la inversión del gobierno central (ministerios y organismos dependientes) del año anterior. La realidad no ha faltado a la cita; tampoco la consiguiente indignación, que ha llenado, como mandan las tradiciones, líneas y minutos en medios convencionales, y también en las redes sociales. Todo, seguido de un vigoroso anuncio del gobierno catalán de exigencia (no sabemos si muy vigorosa) de explicaciones, acompañado del renovado lamento de varios grupos de interés económico, otra nota tradicional. Finalmente, también ha acudido la renovada autoresponsabilización: si en Madrid no se ocupan de hacer proyectos ejecutables por falta de personal en las delegaciones ministeriales en Catalunya (no quiere venir nadie porque aquí somos raritos), hay que suplirlo con la iniciativa catalana. Tan sencillo que sería contratar externamente la realización de los proyectos, si no tienen suficiente personal en Catalunya. Como es bastante habitual en otros lugares, por cierto. 

Las excusas ya las conocemos, incluidas las que señalan la propia complejidad de la sociedad catalana como la causante de los endémicos déficits inversores del Estado en Catalunya. Podrían explicar en parte algunos retrasos, sí, pero no el incumplimiento estructural, persistente y creciente que muestran los datos. Es más: si, en efecto, este fuera el problema –cosa, repetimos, muy discutible–, ¿no es una realidad perfectamente conocida ante la cual hace tiempo que se tendrían que haber aplicado mecanismos eficaces de arbitraje, por ejemplo más diálogo con las administraciones locales y con la sociedad civil? Y aún más: ¿cómo es que en las obras que hace la administración catalana no se dan estos escandalosos atrasos? La obra en infraestructuras de la Generalitat en el periodo 2001-2019 se ha ejecutado en un 88%.

La desventaja competitiva debido a los retrasos de infraestructuras esenciales que sufre Catalunya desde hace décadas es un lastre grave e injustificable. La situación de Cercanías, de muchas carreteras clave o de accesos estratégicos –por ejemplo, el del puerto de Barcelona– es una piedra en el zapato de la economía catalana. Los atrasos endémicos se acumulan y hacen el transporte de mercancías y de personas menos eficiente y más caro. El dinamismo económico hace tiempo que se resiente. Precisamente por eso, tiene un mérito añadido que las cosas salgan bastante bien y que ahora estemos asistiendo a una recuperación notable. En realidad, sin embargo, el peso recae en las empresas, que, a falta de infraestructuras necesarias, acaban exportando gracias a un sobreesfuerzo y unos sobrecostes constantes y agotadores. Claro que si las infraestructuras se hicieran a tiempo, si las inversiones reiteradamente prometidas se cumplieran en los plazos iniciales, iríamos mejor. Mucho mejor. De esto se queja, y con razón, una vez más la patronal Foment, que ha elaborado un nuevo informe técnico en el cual se cifra en 35.000 millones de euros el déficit público en infraestructuras en Catalunya en el periodo 2009-2020.

Catalunya recibirá el 17,2% de la inversión regionalizable del gobierno español. En total, la cifra equivale a 2.230,34 millones de euros, según el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022 que se ha presentado este miércoles en el Congreso de Diputados. Una vez más, esta cifra está por debajo del peso de Catalunya en la economía española (19%). El conjunto de comunidades recibirán 13.007 millones de euros (el año pasado recibieron 12.125 millones) si se cumple el presupuesto para el año 2022, es decir, si se ejecuta toda la inversión presupuestada. La encargada este miércoles de presentar las cuentas públicas en el Congreso ha sido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la sala Ernest Lluch.

Quién nos lo iba a decir. En 2007, los principales empresarios y directivos catalanes se encontraron en el Iese para pedir al gobierno español la gestión no centralizada y más inversiones en el aeropuerto de El Prat. En cambio, catorce años después han hecho otra reunión –esta vez en Esade, a 700 metros de distancia– en la cual la petición es que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona no se opongan a las inversiones que Aena (gobierno central) quiere hacer en El Prat. El mundo (Catalunya, en concreto) al revés. La gestión descentralizada también ha caído por el camino, por cierto, y casi nadie parece echarla de menos.