El Tribunal Supremo no investigará al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, por la supuesta trama rusa del Proceso. El último intento del juez Aguirre de derivar al máximo órgano jurisdiccional español la causa sobre la presunta injerencia del Kremlin en la política catalana ha descarrilado después de que los magistrados hayan archivado las actuaciones que les envió el instructor. ¿La razón? La Audiencia de Barcelona ya archivó la causa y dejó sin efectos las actuaciones de Aguirre desde el verano de 2024. Esto incluye la remisión de parte de la causa al Supremo por parte del instructor respecto a los dos investigados que tienen condición de aforados, para ser diputados en el Parlament: Carles Puigdemont y Francesc de Dalmases. "Esta sala no tiene jurisdicción por supervisar o controlar la corrección de esta decisión [de la Audiencia de Barcelona] que ha sido adoptada por el órgano judicial competente para conocer de todas las decisiones recurribles del instructor y que ha adquirido firmeza", apuntan los magistrados de la sala penal del Supremo a la resolución, consultada por el ARA. Por todo ello, la petición de Aguirre queda en nada.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha inadmitido la querella del expresidente Carles Puigdemont contra el juez Joaquín Aguirre, ya jubilado, que fue el responsable de la instrucción del caso Volhov y la investigación sobre la supuesta trama rusa del Proceso. La querella le atribuía los presuntos delitos de prevaricación y malversación para abrir una nueva pieza separada en la que investigaba el entorno directo de Puigdemont cuando la Audiencia de Barcelona ya le había ordenado cerrar la instrucción del caso.

La investigación judicial del caso Volhov sobre la supuesta financiación irregular del Proceso pierde otra de sus patas: el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha archivado la causa abierta al exconseller de ERC Xavier Vendrell por la recalificación urbanística de los terrenos de Villa Bugatti en Cabrera de Mar. Sin embargo, quien lo ha acordado no ha sido el juez Joaquín Aguirre, el polémico instructor que ha comandado la instrucción de la presunta trama rusa del Proceso y sus derivadas. Él está de baja. El archivo lo ha dictado la magistrada que le sustituye, después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción. En verano, la Audiencia de Barcelona ya advirtió a Aguirre de que había excedido los plazos de la instrucción y, por tanto, debía cerrar la causa, fuera archivándola o enviándola a juicio. Ahora la juez sustituta ha optado por la primera opción.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, han presentado este martes una querella por los delitos de prevaricación y malversación contra el magistrado Joaquín Aguirre, el juez que instruye el caso Volhov. Todo después de que Aguirre moviera ficha de nuevo y abre una pieza separada del caso Volhov e implicara a Puigdemont, Boye y Alay, además de una decena de ex altos cargos de la Generalitat y colaboradores del expresidente, entre ellos el expresident Artur Mas, imputándoles un delito de alta traición, supuesto que no incluye la ley de amnistía. En el escrito de 39 páginas presentado ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al que ha tenido acceso el ARA, los demandantes piden apartar cautelarmente al magistrado de la investigación.

El 30 de enero, cuatro meses antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso, Juntos vetó la anterior versión del texto. Los de Carles Puigdemont tenían dudas de que blindara a todos los encausados ​​y querían introducir modificaciones en cuanto a los delitos de terrorismo y traición. El no de los junteros se produjo al día siguiente de que el juez Joaquín Aguirre abriera la puerta a investigar a Carles Puigdemont por este último delito en el marco de la trama rusa del Proceso. "Me han dicho que ayer se tumbó la ley de amnistía, que se tumbó por mí", se jactó el 31 de enero el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ​​según un audio publicado este lunes por diario rojo Aguirre vinculaba así la negativa de Junts a votar a favor de la amnistía en el primer intento de aprobarla en el pleno de la cámara baja, en su decisión de prorrogar seis meses la instrucción del caso Volhov. Una decisión que acabó tumbando la Audiencia de Barcelona.

Tras meses de silencio, el 29 de enero –un día antes de que se votara por primera vez la amnistía en el Congreso de los Diputados– el juez Joaquín Aguirre sorprendió con un auto en el que prorrogaba otros seis meses la investigación sobre la trama rusa del Proceso. Una resolución en la que no sólo insistía en los supuestos vínculos entre el entorno del expresidente Carles Puigdemont con Rusia, sino que el régimen de Vladimir Putin estaba dispuesto a dar "apoyo económico y militar" al independentismo para conseguir la secesión de España. Una forma de blandir el delito de traición contra el expresidente y su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, ya que este tipo penal quedaba fuera de la amnistía. Ahora bien, esta semana con la decisión de la Audiencia de Barcelona de tumbar el último año de instrucción de Aguirre –solo considera válida la instrucción hasta agosto del 2023, como resultado de un recurso de la defensa de Xavier Vendrell–, la causa puede convertirse en un castillo de naipes. Sobre todo para Puigdemont y Alay, a los que, de hecho, el juez ya tuvo que archivar otra pieza separada sobre la compraventa de petróleo ruso.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ​​el juez Joaquín Aguirre, recibió el pasado jueves un falso paquete bomba que fue detectado antes de que llegara a su despacho de la Ciudad de la Justicia, según avanzó El Mundo y ha podido confirmar el ARA. Dentro del paquete, de tamaño similar a una caja de zapatos, había una estación meteorológica que simulaba ser un temporizador y justo debajo había un paquete más pequeño envuelto, que a simple vista parecía la carga explosiva.

La imagen del ministro de Justicia y la Presidencia, Félix Bolaños, reunido en Bruselas con el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la mediación del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, da la exacta medida de la excepcionalidad en la que se ha instalado la justicia española desde hace años. El PP lleva cinco años negando a renovar el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo la Constitución, por no perder la mayoría conservadora actual con la excusa de que quiere despolitizar el órgano y negociar un cambio en el sistema de elección de los suyos jueces. Pero la realidad es que los populares lo que quieren es asegurar que siempre habrá mayoría conservadora. Mientras tanto, hay decenas y decenas de nombramientos de tribunales bloqueados, lo que agrava aún más la situación en los juzgados. amnistía para los encausados ​​del Proceso, hasta el punto de que se han llegado a producir manifestaciones de togados contra una ley que es potestad del poder legislativo y que no está ni aprobada. O sea, que mientras desde la judicatura se pide respeto para sus decisiones, resulta que ellos sí pueden manifestarse en la calle contra una ley.

La sorpresa saltó el martes en el Congreso de los Diputados cuando Junts votó en contra de la ley de amnistía. ¿La razón? Los junteros consideran que no blinda tres casos clave: los dos que existen en la Audiencia Nacional contra los CDR y Tsunami Democrático por las movilizaciones postsentencia y el que se instruye en Barcelona sobre la supuesta trama rusa del Proceso. Una interpretación, en todo caso, que no comparten ni Esquerra ni el PSOE. Hay 26 personas imputadas en estas investigaciones judiciales que apuntan a los delitos de terrorismo y posiblemente de traición, difíciles de blindar en la ley. En total, el independentismo considera que entre 1.400 y 1.500 personas podrían verse beneficiadas por la amnistía, cifra que el PSOE reduce a unas 400.

Unos días antes de la DUI, entre el 21 y el 24 de octubre, Carles Puigdemont envió a Elsa Artadi a una reunión con emisarios rusos para hablar de criptomonedas. Sabiendo que la conversación giraría en torno al dinero electrónico, el entonces president pidió a Artadi, en aquel momento directora general de Coordinación Interdepartamental, que acudiera por su condición de economista. El encuentro duró 20 minutos, tuvo lugar en el Hotel Colón de Barcelona, ante la catedral y muy cerca del Palau de la Generalitat, y participaron de ella el exresponsable de internacional de CDC, Víctor Terradelles -el impulsor de la reunión-, un emisario ruso y otro catalán con vínculos con Moscú.

La Fiscalía se opone a enviar la parte de la causa Volhov que tiene que ver con el Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional. Según ha avanzado El Mundo y ha confirmado el ARA, el ministerio público ha presentado un escrito en el que se posiciona en contra de que el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pilotado por Joaquín Aguirre, se haya abstenido para que lo lleven desde Madrid: "Al auto le falta la más mínima motivación fáctica y jurídica. No relata ni los hechos atribuidos a Xavier Vendrell, David Madí, Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Oriol Soler, Marta Molina y Josep Lluís Alay, ni su calificación jurídica". En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía rechaza los argumentos de Aguirre y considera que su actuación "rompe con el derecho de las partes a conocer los hechos que se les imputan" y también a conocer "les razones por las que el juzgado se inhibe en favor de la Audiencia Nacional".

El empresario y ex dirigente de CDC David Madí ha explicado este martes al juez del caso Volhov que no dio mucha credibilidad a la posibilidad que Rusia ayudara Catalunya durante el 1-O. Según ha explicado Madí, no vio ninguna base sólida en la revelación del ex dirigente de CDC Víctor Terradellas sobre la posibilidad de tener el apoyo del gobierno ruso. El empresario también ha negado que aprovechara sus contactos políticos para beneficiar sus negocios, que conociera como se financiaba el proceso soberanista y que se quisieran comprar criptomonedas para hacerlo.