El 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco va propiciar que se hicieran manifestaciones con símbolos y cánticos franquistas. Es un fenómeno que se ha convertido ya en recurrente y que, cada vez que se produce, evidencia la incapacidad de las autoridades de evitar estas imágenes. Es justamente lo que ocurrió con la convocatoria de la Falange Española al día siguiente del 20-N en Madrid. La protesta acabó frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, dejando unas imágenes que "chocan absolutamente con lo que es la defensa de la democracia", según expresó unos días más tarde el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La delegación del gobierno español en Madrid trató de prohibir esta protesta alegando que implicaba un "riesgo real y objetivamente acreditable de alteraciones del orden público" así como de difusión de discursos de odio y humillación a las víctimas del franquismo, prohibidos por la ley de memoria democrática. Ahora bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó esta pretensión y autorizó la convocatoria aduciendo que no se puede limitar el derecho de reunión de forma preventiva y que, en su caso, había que actuar a posteriori.

En un momento en que la memoria democrática ocupa un puesto central en la agenda pública, el ARA ha reunido este miércoles a tres voces expertas para analizar cómo Catalunya y España afrontan las discriminaciones que han atravesado su historia y que todavía persisten. En la Sala Oriol Bohigas del Ateneo Barcelonés, en el corazón de Barcelona, ​​Lluís Rambla, trabajador social, profesor de trabajo social y patrón de la Fundación LGTBIQ+; Laia Gallego, historiadora y arqueóloga, y Antumi Toasijé, historiador, escritor y artista, dijeron que sin transparencia, pluralidad y una clara voluntad de incorporar todas las voces silenciadas, "no puede haber un relato democrático completo".

Cuando se fraguaron los pactos autonómicos entre el PP y Vox hubo como punto clave para la extrema derecha el desmenuzamiento de las leyes de memoria democrática que señalan el régimen franquista. Este martes han sido las Islas Baleares el territorio que ha dado el último paso para derogar la ley de memoria que había aprobado el gobierno anterior de izquierdas y ha prometido homenajear a las víctimas de los bombardeos republicanos para contentar a Vox. Ahora bien, éste no es un caso aislado. Extremadura también la ha derogado y ha impulsado una "ley de concordia", al igual que Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria. Sin embargo, el asunto divide al PP.

La comisaría de la Via Laietana ya es formalmente un espacio de memoria, pero seguirá acogiendo a la Policía Nacional española. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes publica la resolución del gobierno español por la que "el edificio situado en la Via Laietana, 43", sede de la Brigada Politicosocial durante el franquismo, es declarado como "lugar de memoria democrática". Contrariamente a lo que reclamaban las entidades memorialistas y los partidos catalanes, sin embargo, la resignificación formal de la jefatura no implicará el traslado de la policía española.

En el 2025 ha empezado como acabó el pasado año, con el gobierno español y el PP en polos opuestos, alejados incluso en la conmemoración del fin del franquismo y la llegada de la democracia al Estado hace 50 años. Pedro Sánchez ha iniciado este mediodía la conmemoración de la muerte de Franco hace cinco décadas con un primer acto marcado por la plantada de Alberto Núñez Feijóo y la ausencia de Felipe VI por motivos de agenda. "La historia nos enseña que la libertad no se conquista de forma permanente, se puede perder, como ocurrió hace un siglo. Puede volver a ocurrir. No hace falta ser de izquierdas, de centro ni de derechas para mirar con terror los años oscuros y temer que el retroceso se repita. Basta con ser demócratas y entender que la verdadera libertad es la que nos hace mejores como personas y como sociedad", ha subrayado Sánchez en su discurso. Y ha avisado: "Los valores y regímenes autocráticos están avanzando a medio mundo. El fascismo que creíamos haber dejado atrás es la tercera fuerza política en Europa".

La sección cuarta del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano ha rechazado que se incluya en el catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura, aprobado en 2022 por el gobierno valenciano, las cruces resignificadas o que carecen de inscripción "o expresión alguna" con la conmemoración, exaltación o enaltecimiento" del régimen fascista.

El gobierno de Salvador Illa también quiere conmemorar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y el regreso de la democracia a España. Lo ha anunciado la consejera y portavoz del ejecutivo, Silvia Paneque, en una rueda de prensa este martes después del primer consejo ejecutivo del año. Por el momento, se ha aprobado la creación de un grupo de trabajo que confeccionará el programa y que estará formado por representantes de todos los departamentos de la Generalitat. De esta forma, se suma al ciclo de actos impulsados ​​por el gobierno de Pedro Sánchez en todo el Estado para celebrar esta efeméride, marcada por la ausencia del rey en el primero de los actos con motivo de la recuperación de las libertades y derechos después de la dictadura, el 8 de enero. Felipe VI ha excusado la ausencia por "razones de agenda", si bien participará en dos actos. Desde el ejecutivo español sacan hierro, pero lo que debía ser una conmemoración de Estado se ha acabado convirtiendo en un nuevo flanco por el que la derecha castiga a Pedro Sánchez. la investidura ha dado la bienvenida a los actos de celebración.

Anticlerical y hedonista. Popular e irreverente. "Una verdadera biblia laica", en palabras de la histórica militante comunista Alejandra Soler. No hace falta esforzarse mucho para imaginar cómo la revista satírica valenciana La Traca debió de correr de mano en mano entre los casinos y ateneos libertarios de todo el Estado durante los años treinta del siglo pasado. Sus caricaturas ridiculizaban la jerarquía eclesiástica y se burlaban de los líderes militares, incluido el general Francisco Franco, que era retratado como una persona afeminada. El compromiso político de la publicación se incrementó en la Guerra Civil, cuando se convirtió en un verdadero altavoz del bando republicano. Una vez ganada la guerra, el dictador no dudó en vengarse y dictó el fusilamiento de sus dos principales impulsores, el editor Vicent Miguel Carceller y el dibujante Carlos Gómez Carrera, más conocido como Bluff. Se terminaba así la historia de la cabecera más leída de la época, capaz de alcanzar tiradas de hasta medio millón de ejemplares.

Primero Aragón y ahora la Comunidad Valenciana. Este jueves el pleno de Les Corts ha aprobado con los votos del PP y Vox la llamada ley de concordia, que equipara la Segunda República con el franquismo y que elimina la condena de la dictadura y la represión fascista. La norma deroga la de memoria democrática del anterior ejecutivo progresista y ha salido adelante pese a las críticas de la ONU y las entidades memorialistas, que le han calificado de "gran acto de negacionismo y desprecio a las víctimas".

A menudo los personajes más insignificantes acaban expresando, pese o justamente a causa de su irrelevancia, alguna idea clara. Es el caso de Gabriel Le Senne, un individuo básicamente ridículo que, por carambolas de la mala política (la que hace el PP en alianza con los fascistas de Vox), se encuentra indignamente sentado en la silla de presidente del Parlament de Baleares. Este martes, a Le Senne le ocurrió algo muy propio de los de su cuerda: se ofuscó, tuvo una rabieta y acabó ofreciendo un espectáculo miserable, mientras se encontraba en el ejercicio de su cargo. Pero el episodio es esclarecedor para saber a qué nos referimos cuando hablamos de discursos del odio.

La decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir un recurso de amparo de una víctima del franquismo, Francisco Ventura, que fue torturado por la policía durante el régimen ha vuelto a frustrar las esperanzas de los colectivos de memoria histórica, que esperaban que la aprobación de la nueva ley de memoria democrática permitiera investigar a aquellos crímenes y saltar el muro de la ley de amnistía de 1977. La resolución del TC, con mayoría progresista pero donde sólo dos magistrados se han desmarcado de la decisión, argumenta que la entrada en vigor de la nueva ley no supone ningún cambio respecto a la situación anterior. Y eso que el artículo 2.3 de la norma afirma que la ley de amnistía debe interpretarse de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos, es decir, considerando que hay una suerte de delitos que no prescriben ni se pueden amnistiar, que son los de lesa humanidad, que incluye precisamente las torturas.

Se llaman Dora y Elena. Son madre e hija. Y transitan por el escenario convertidas en distintos personajes que las llevan de España a Argentina. De la guerra civil a la dictadura de Videla.

¿Tiene la Fundación Francisco Franco los días contados? El gobierno español se ha envuelto este viernes con una cuestión que colea desde la aprobación de la ley de memoria democrática, la norma que debía dejar fuera de juego a una fundación dedicada a alabar la trayectoria del dictador. En una entrevista en SER Canarias este viernes, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, ha dado por sentado que la fundación tiene los días contados. "No la ilegalizaremos, lo que vamos a hacer es extinguirla, porque si una fundación, espacio o lugar, enaltece, rememora u homenajea a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia", ha dicho.

Aviso del gobierno español a raíz de los movimientos de PP y Vox contra la memoria histórica en algunas de las comunidades donde gobiernan en coalición. Si los ejecutivos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León no rectifican, el ejecutivo de Pedro Sánchez llevará al Tribunal Constitucional (TC) las leyes de "concordia" que están impulsando. Lo ha avisado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en diversas entrevistas y también en una rueda de prensa este lunes. "Es inadmisible blanquear la dictadura", denunció.

Un día olvidaremos a Gaza, al igual que hemos empezado a olvidar Ucrania. Ejercer la memoria cuesta. Es más fácil pasar página, mirar adelante como si nada hubiera pasado. Después de una guerra, incluso es humanamente comprensible callar y dejar atrás el dolor, aunque también suponga enterrar las injusticias. De esa mala memoria se aprovechan los nuevos regímenes, los vencedores de la historia. El olvido, que tiene parte psicológicamente saludable, es también criminal. Se ha dicho muchas veces y es real: la historia la escriben los vencedores. Los vencidos apenas tienen que sobrevivir.

¿Qué habría dicho Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) del neofranquismo que vuelve a campar alegremente por las Españas, primo hermano del populismo autoritario neoliberal de los Milei, Bolsonaro, Trump, Orban, Meloni, Le Pen, Wilders y compañía? ¿Cómo destriparía al Vox de Abascal y al PP de Ayuso? Su principal estudiosa, Mari-Paz Balibrea, se negó ayer elegantemente a hacer de médium de su autor de referencia, pero sí que dejó clara una cosa: “Manolo estaría presentando batalla mediática e intelectual a favor de la razón democrática, sólo puedo imaginarlo combativo”.

"De Almazora venía uno, uno de allí de Cabanes que le pagaban y venía a pegar. Las mujeres, cuando lo veían por aquí, ya lloraban". La voz de mi abuela Maria, que murió en 2009, sale ahora de mi ordenador gracias a la recuperación de una entrevista que le hizo en 2005 una miembro del Grupo por la Investigación de la Memoria Histórica de Castellón. Mi abuela explica el drama que vivían las mujeres de los presos republicanos que estaban encerrados en el antiguo convento de la Merced de Burriana, cómo se ayudaban las unas a las otras, cómo compartían el dolor. Sororidad en estado puro. Como en toda experiencia traumática, ella tenía algunos recuerdos vivísimos en la memoria, como el día en el que, en la cola para entrar a la visita con los presos, hizo callar a una mujer que explicaba cómo se escuchaban sus gritos desde fuera de la calle por las noches. En aquel contexto, aquello no ayudaba, sino que hacía más grande la herida. Se hace difícil imaginar el sufrimiento de aquellas mujeres que se quedaron solas de un día para el otro, sin medios de subsistencia, y sin saber si sus padres, hermanos, maridos o hijos saldrían vivos de aquel infierno.

La Associació Catalana d’Expresos del Franquisme, que se financia con las cuotas de los socios, es una de las entidades que este año renunciará a la subvención del Memorial Democràtic: les daban solo 170 euros y habían pedido 3.000. “La precariedad de las subvenciones es un problema que se arrastra desde hace tiempo y es de fondos. Nosotros tenemos la suerte de que Comissions Obreres nos ha acogido en su local, porque si tuviéramos que pagar alquiler ya ni existiríamos, habríamos desaparecido”, dice Carles Vallejo, que formó parte de la lucha antifranquista, sufrió torturas en la comisaria de Via Laietana y actualmente preside la Associació Catalana d’Expresos del Franquisme. “Somos un servicio público. Vamos a las escuelas, a los institutos, hacemos proyectos, libros, revistas y ponemos en marcha campañas como la recogida de firmas para reivindicar que la memoria democrática forme parte del currículum escolar. Lo hacemos de manera voluntaria, a veces poniendo dinero de nuestro bolsillo”, denuncia. Por eso han decidido renunciar a esta ayuda tan raquítica, según ha podido saber el ARA.

ERC, JxCat, el PDECat, la CUP, EH Bildu y el BNG se han vuelto a aliar en el Congreso para presentar una batería de enmiendas conjuntas a la ley de memoria democrática que hace pocas semanas empezó su tramitación en el Congreso. Y entre las propuestas que han puesto por escrito los seis grupos está la de retirar el título de rey de España que el régimen franquista otorgó a Juan Carlos I . "De acuerdo con lo que dispone el artículo 41, se suprime el título de rey de España así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que se derivan de él", exponen en una de las enmiendas que han registrado este lunes. El artículo 41 de la ley de memoria democrática que impulsa el ministerio de Presidencia, pilotado por Félix Bolaños, establece eliminar una serie de títulos nobiliarios (todavía por determinar) que se otorgaron entre el 1948 y el 1978 y que representan "la exaltación de la guerra y la dictadura". En este capítulo, los grupos soberanistas catalanes, vascos y gallegos proponen que también se suprima el título de rey porque fue otorgado por el régimen franquista, que consideran "ilegal".

La nueva ley de memoria histórica catalana permitirá retirar el monumento franquista de Tortosa, diga lo que diga la justicia. La consellera Lourdes Ciuró ha asegurado que el texto incorporará criterios "claros y diáfanos" sobre qué es y qué no es fascismo para evitar situaciones como la del monolito, del cual el desmontaje está parado por el juzgado contencioso de Tarragona. La magistrada, que estudia el recurso de un colectivo a favor de reinterpretarlo, no ha respondido a la apelación del Departamento contra las medidas cautelares que impidieron sacarlo este verano. Ciuró ha lamentado el atraso que está generando la judicatura y ha garantizado que se desencallará la vía judicial con la nueva ley, que puede estar aprobada a principios del año que viene; según recoge el ACN.