La mano derecha del expresidente Carles Puigdemont y director de su oficina, Josep Lluís Alay, fue espiado con Pegasus. Lo acredita un informe de los Mossos presentado en el juzgado de instrucción número 4 por la causa abierta a partir de una querella de Alay después de que su nombre apareciera como uno de los nombres que Citizen Lab citaba como espiado con el software israelí. Así, el cuerpo policial demuestra que el teléfono que fue incautado cuando lo detuvieron el 28 de octubre del 2020 en el caso Volhov instruido por el juez Joaquín Aguirre –que ha quedado archivado–, estaba infectado por Pegasus desde el 11 de octubre de 2019, pocos días antes de la sentencia contra los líderes del Proceso.

La mano derecha del expresidente Carles Puigdemont y jefe de su Oficina, Josep Lluís Alay, ha sido amnistiado este lunes de una de las causas que tiene pendientes: la de Nueva Caledonia. Lo ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado en el que explica que la Audiencia de Barcelona ha decidido cerrar las actuaciones contra él y extinguir también su responsabilidad civil.

Hace pocos días, y en estas páginas, Joaquín Urías daba por muerta la ley de aministía, tras las dos decisiones del Tribunal Supremo la semana pasada relativas a la situación de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, por un lado, y Puigdemont, Comín y Puig, por otro. Yo discrepo. Existen varios escenarios abiertos que conviene que analicemos detenidamente. Y ahora aún más después de la decisión del lunes del juez García-Castellón de archivar el caso Tsunami y la del martes del juez Aguirre de pedir al Supremo que abra una causa contra Puigdemont y su entorno por traición, malversación y pertenencia a organización criminal.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, han presentado este martes una querella por los delitos de prevaricación y malversación contra el magistrado Joaquín Aguirre, el juez que instruye el caso Volhov. Todo después de que Aguirre moviera ficha de nuevo y abre una pieza separada del caso Volhov e implicara a Puigdemont, Boye y Alay, además de una decena de ex altos cargos de la Generalitat y colaboradores del expresidente, entre ellos el expresident Artur Mas, imputándoles un delito de alta traición, supuesto que no incluye la ley de amnistía. En el escrito de 39 páginas presentado ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al que ha tenido acceso el ARA, los demandantes piden apartar cautelarmente al magistrado de la investigación.

Tras meses de silencio, el 29 de enero –un día antes de que se votara por primera vez la amnistía en el Congreso de los Diputados– el juez Joaquín Aguirre sorprendió con un auto en el que prorrogaba otros seis meses la investigación sobre la trama rusa del Proceso. Una resolución en la que no sólo insistía en los supuestos vínculos entre el entorno del expresidente Carles Puigdemont con Rusia, sino que el régimen de Vladimir Putin estaba dispuesto a dar "apoyo económico y militar" al independentismo para conseguir la secesión de España. Una forma de blandir el delito de traición contra el expresidente y su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, ya que este tipo penal quedaba fuera de la amnistía. Ahora bien, esta semana con la decisión de la Audiencia de Barcelona de tumbar el último año de instrucción de Aguirre –solo considera válida la instrucción hasta agosto del 2023, como resultado de un recurso de la defensa de Xavier Vendrell–, la causa puede convertirse en un castillo de naipes. Sobre todo para Puigdemont y Alay, a los que, de hecho, el juez ya tuvo que archivar otra pieza separada sobre la compraventa de petróleo ruso.

El resurgimiento de la supuesta trama rusa del Procés coincidiendo con el tramo final de negociaciones de la ley de amnistía ha tenido esta semana consecuencias políticas fuera de las fronteras españolas. El Parlamento Europeo ha instado a investigar las relaciones de la Generalitat con Rusia, que "preocupan" a la Eurocámara por la posible injerencia del Kremlin en Europa. Lo cierto es que ya hay una investigación en curso: la comandada por el juez Joaquín Aguirre desde Barcelona y que deriva de una instrucción abierta en el 2018 para investigar si se desviaron dinero de la Diputación de Barcelona para pagar la estancia expresidente Carles Puigdemont en Waterloo.

Pese a que la tramitación de la amnistía está en marcha en el Congreso de los Diputados y en algún momento debería archivar todas las causas relacionadas con el Proceso, el poder judicial no se detiene. Este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado que la Audiencia Provincial de Barcelona juzgará la mano derecha del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el 26 y 27 de septiembre por el viaje a Nueva Caledonia con motivo del referéndum de autodeterminación del 4 de noviembre de 2018.

La sorpresa saltó el martes en el Congreso de los Diputados cuando Junts votó en contra de la ley de amnistía. ¿La razón? Los junteros consideran que no blinda tres casos clave: los dos que existen en la Audiencia Nacional contra los CDR y Tsunami Democrático por las movilizaciones postsentencia y el que se instruye en Barcelona sobre la supuesta trama rusa del Proceso. Una interpretación, en todo caso, que no comparten ni Esquerra ni el PSOE. Hay 26 personas imputadas en estas investigaciones judiciales que apuntan a los delitos de terrorismo y posiblemente de traición, difíciles de blindar en la ley. En total, el independentismo considera que entre 1.400 y 1.500 personas podrían verse beneficiadas por la amnistía, cifra que el PSOE reduce a unas 400.

El juez Aguirre ha reactivado este lunes la investigación de la trama rusa del Proceso y en los despachos de las defensas han saltado todas las alarmas. El instructor habla de la supuesta disposición de Rusia a dar "apoyo económico y militar" al independentismo para conseguir la "secesión" de España y, de rebote, la desestabilización de la Unión Europea, hechos que abren la puerta a imputar el delito de traición a los investigados de Volhov. Aparte de ser un delito con penas muy altas, hay otro hecho que hace relevante esta vía: la ley de amnistía que se aprobará este martes en el Congreso la excluye expresamente; en consecuencia, si saliera adelante, ni la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ni otros miembros de su entorno afectados por esta causa podrían beneficiarse. Y quién sabe si en la lista de investigados acabaría apareciendo el propio expresidente del Gobierno.

En las últimas horas ha aparecido un obstáculo en la investidura de Pedro Sánchez que no es menor: Junts no ve bien el pacto al considerar que no existen garantías de que la amnistía englobe todas las causas del Procés. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del Procés? Este es el quid de la cuestión y es lo que ahora mismo impide que haya un consenso entre socialistas, republicanos y Junts, que quiere ampliar el perímetro de la amnistía. "No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips", aseguraba este viernes el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un mensaje enviado a la ejecutiva del partido. Ahora bien, el PSOE echa el freno, pues cree que según se plasme en la ley de amnistía no pasará el filtro del Tribunal Constitucional, imprescindible para ellos para sacar adelante el acuerdo. A continuación desgranamos causas que quedan en el perímetro de la amnistía, unas más discutidas que otras, que desde Junts consideran "contaminadas" por el Procés:

Unos días antes de la DUI, entre el 21 y el 24 de octubre, Carles Puigdemont envió a Elsa Artadi a una reunión con emisarios rusos para hablar de criptomonedas. Sabiendo que la conversación giraría en torno al dinero electrónico, el entonces president pidió a Artadi, en aquel momento directora general de Coordinación Interdepartamental, que acudiera por su condición de economista. El encuentro duró 20 minutos, tuvo lugar en el Hotel Colón de Barcelona, ante la catedral y muy cerca del Palau de la Generalitat, y participaron de ella el exresponsable de internacional de CDC, Víctor Terradelles -el impulsor de la reunión-, un emisario ruso y otro catalán con vínculos con Moscú.

Las declaraciones del portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, tildando de "James Bond" y "señoritos" al entorno del expresident Carles Puigdemont por sus contactos rusos todavía traen cola. Este lunes el ex líder republicano en el Congreso Joan Tardà las ha ratificado en una entrevista en El Cafè de les Idees, de RNE y TV2 –"Agradecí la rotundidad de sus palabras", ha dicho–, y desde Junts per Catalunya han atribuido las declaraciones a la voluntad de "romper el Govern" para aliarse con el PSC. El portavoz de JxCat, Josep Rius, se ha preguntado en rueda de prensa si detrás de las palabras de los dos dirigentes republicanos hay una "voluntad constructiva" o "tratar de romper el gobierno con el apoyo de los socialistas".

El 3 de septiembre de este año el New York Times hacía un reportaje sobre los presuntos vínculos del Procés con Rusia. Citaba como fuentes, entre otros, informes de la Guardia Civil –de la causa del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que dirige Joaquín Aguirre– y también informes "de inteligencia europeos". Pues bien, según contesta la Agencia de Inteligencia Europea en una respuesta parlamentaria a Junts, este organismo no está detrás del informe que cita el diario norteamericano. "El Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea (EU INTCEN) no es el autor del informe de inteligencia que menciona el artículo del New York Times", dice textualmente este órgano, y añade que desconoce la autoría del informe en cuestión.

Josep Lluís Alay (Barcelona, 1966) es el responsable de la oficina del 130 president y una de las personas que jueves le esperaban en el aeropuerto de Alguer.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del ex president Carles Puigdemont, y lo manda a juicio por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con motivo de un viaje a Nueva Caledonia el 4 de noviembre de 2018 y el pago de peajes para visitar a los presos políticos en Lledoners. El tribunal argumenta que Alay fue invitado a este viaje "a título personal" porque se celebraba un referéndum y que no correspondía que el gasto lo asumiera la Generalitat. En cambio, la defensa alegaba que el control de los fondos estaba a cargo de terceros ajenos al procedimiento y que Alay actuó "en función del cargo que ocupaba y de manera leal con lo que se le había encomendado". El propio Alay ha denunciado en Twitter lo que ha considerado que se trata de una persecución política. "Perseguido por motivos políticos. Después de veinte días asediándome con Rusia, ahora me juzgarán por haber representado al president Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia de 2018", ha denunciado.

Ante el extenso reportaje del New York Times sobre presuntos vínculos con Rúsia de Josep Maria Alay, jefe de la oficina del ex president Carles Puigdemont, y el abogado Gonzalo Boye, el Kremlin ha negado este martes todos los supuestos contactos con el entorno de Puigdemont. Y no solo con el ex president, sino que el gobierno ruso ha desmentido cualquier vínculo con el movimiento independentista. "No es más que una mentira", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias Sputnik.

El New York Times publica este viernes un extenso reportaje sobre presuntos vínculos del jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, y el abogado del expresident, Gonzalo Boye, con Rusia. Explica una serie de viajes a este país en 2019 y en 2020 y una serie de encuentros con personajes vinculados al Kremlin y a los servicios secretos rusos. Esta información, de la que también se hace eco El Periódico, es fruto de una larga investigación y bebe de informes "de inteligencia europeos" y de investigaciones de la Guardia Civil en la causa que hay en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pilotado por Joaquín Aguirre, por la que el octubre del año pasado se detuvieron a 21 personas, entre las cuales a Alay.