El Ayuntamiento de Vic ha sido condenado por pedir un nivel demasiado alto de catalán para cubrir una plaza de funcionario de la brigada, según considera el juzgado contencioso administrativo número 15 de Barcelona. El ayuntamiento de la capital de Osona convocó un concurso público para la plaza de operario de cementerio y mantenimiento, para la que pedía el requisito de tener un nivel B2 de catalán, un nivel intermedio. Tras la denuncia de Convivencia Cívica Catalana, el juzgado considera que "la elevación del requisito al nivel B2 aplicada de forma indiscriminada no conecta con las funciones" del trabajo y "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quien no acredite ese nivel". Por eso declara nulas las bases y pide concretamente que se pida un A2 de catalán, el nivel básico.

Decíamos ayer que la sentencia contra Bolsonaro, el líder ultraderechista y expresidente brasileño, a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado es un referente internacional importante sobre judicialización de la política, una anomalía que no es exclusiva de España y que constituye un arma preferida por los populismos y las extremas derechas a la hora de desestabilizado. Como sabemos aquí, poner la justicia al servicio de intereses políticos comporta subvertir el principio democrático de la separación de poderes. Pero es una transgresión que algunos perpetran a gusto, si deben sacarles beneficio. Cuando la jugada se les vuelve en contra, les parece entonces una "dictadura judicial", que es lo que Bolsonaro y sus partidarios denuncian ahora.

El juez protagonista de la investigación de la trama rusa del independentismo y del caso Negreira, Joaquín Aguirre, rechazó el escolta de los Mossos y se aferró exclusivamente a la Policía Nacional. Según ha avanzado El Español y confirmó el ARA, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tramite con el ministerio del Interior la petición de escoltas del cuerpo policial estatal, ya que no ve "oportuno" que le hagan el servicio los agentes de la policía catalana, que son los que en condiciones normales deberían hacerlo. De hecho, así lo remitió el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, quienes confirman que han recibido la petición, aunque señalan que corresponde a los Mossos.

1. Justicia política. Por voluntad del PP, el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido cinco años de provisionalidad. Desde 2018 los mandatos están caducados y, por tanto, el organismo está en situación manifiesta de falta de legitimidad. ¿Por qué no se renueva? Porque el PP no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque hace diez años, cuando se constituyó el actual consejo, el PP gobernaba –con Mariano Rajoy como presidente– y disponía de una mayoría parlamentaria que le permitió configurarlo a su imagen y semejanza. Las relaciones de fuerza han cambiado, las normas para la renovación del CGPJ son las mismas; la diferencia es que el PP no está en condiciones de configurar una nueva mayoría cercana a sus posiciones como la actual. En consecuencia, el partido que acusa al gobierno actual de poner en juego el régimen democrático, de golpe de estado y de mil atrocidades se niega sistemáticamente a cumplir la ley, en beneficio propio. Y después de cinco años de resistencia pide ahora cambiar el reglamento como condición para poner en marcha la renovación del CGPJ. Dicho de otro modo, especula con la tendencia conservadora de la justicia para conservar la posición dominante en sus órganos.

Nuevo pronunciamiento desde el poder judicial en contra de la amnistía. En las críticas de las asociaciones de jueces y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se suma ahora la del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa del 1-O por la que acabaron condenados los presos políticos y que aún permanece abierta para el expresidente Carles Puigdemont y la resto de exiliados. "De la misma forma que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por los mismo comportamiento", ha dicho en una clara alusión a la norma para el olvido judicial del Proceso.

Se ha convertido casi en una tradición que el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aproveche su discurso en la apertura del año judicial para criticar a otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo o el ejecutivo. Si el año pasado ya cargó contra los indultos a los líderes independentistas, este año ha sido el turno de la "desjudicialización" que se negocia en la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español. Según Lesmes, lo que se busca es la "impunidad", y defiende que los tribunales no han provocado "conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad". La realidad, sin embargo, es muy diferente. Quizás en origen el conflicto político entre Catalunya y España no haya sido provocado directamente por los tribunales, pero no hay duda de que lo han agravado con actuaciones desproporcionadas que ahora son un obstáculo para la recuperación de una cierta normalidad.

España "violó los derechos políticos" del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull yJordi Turull cuando los suspendió como diputados sin ninguna sentencia en el marco del proceso judicial contra el 1-O. Esto no es ningún eslogan del Once de Septiembre, a pesar de que lo podría parecer porque faltan pocos días; lo ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es una decisión que da la razón a los afectados y desacredita, una vez más, la pretensión del gobierno español de definir el estado como democracia llena. No, violar los derechos políticos de cargos electos no es digno de una democracia.

La mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español ha dado este miércoles, en su tercera cita, unos primeros y modestos resultados. En dos campos: el de la protección y promoción del catalán, y el de la desjudicialización del conflicto. En el campo de la lengua hay algunas concreciones. En cuanto a la necesidad de poner fin a la represión, apenas se apunta un camino plausible. Naturalmente, queda mucho por hablar y por abordar sobre el problema político de fondo, el de la autodeterminación.

La Generalitat y el Estado acumulan ya varios documentos como resultado de sus reuniones. En la de hace dos semanas en Barcelona, por ejemplo, el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà acordaron un texto para poner las bases sobre cómo encarar el conflicto político. Y este miércoles los integrantes de la mesa de diálogo han acordado dos documentos más. El primero, más bien genérico, sobre cómo desjudicializar el conflicto. El segundo, para tratar de blindar e impulsar el catalán. Estos son los puntos más relevantes.

La reforma del delito de sedición ha vuelto a aparecer como una posible medida para la desjudicialización del Procés. Cuando se habla de ella, sobre todo se piensa en la situación de los exiliados. Pero según los expertos no queda claro que la reforma aligere su camino de vuelta.

Laura Borràs se sentaba este jueves en primera fila en el acto de Òmnium Cultural en el patio de la Modelo de Barcelona, donde se ha ampliado la lista hasta las más de 4.200 personas represaliadas "por defender el derecho a la autodeterminación", más de 1.000 víctimas más respecto al anterior recuento. En esta actualización del "mapa de la represión", elaborada en colaboración con varias organizaciones antirrepresivas, jurídicas y de defensa de los derechos fundamentales, se ha incluido a la presidenta del Parlamento. Pero el motivo no es el caso de presunto fraccionamiento de contratos por el cual la Fiscalía le reclama seis años de prisión –y que ella atribuye a una persecución política–, sino su condición de víctima del escándalo por el espionaje con Pegasus a una sexagésima de independentistas, según confirman desde la organización.

En los próximos meses un término tomará fuerza a la política catalana: la desjudicialización. No es nuevo ni mucho menos, pero ha cogido fuerza desde que el pasado viernes la Generalitat y el Estado llegaron a un acuerdo por el cual "los dos gobiernos se comprometen a contribuir al final de la judicialización del conflicto político". En otras palabras, el compromiso de intentar frenar las causas abiertas en los tribunales vinculadas con el Procés para poder fortalecer la negociación política. Una de estas batallas se librará en el Tribunal de Cuentas, donde hay uno de los casos más mediáticos que afecta a una cuarentena de cargos vinculados al 1-O y a la acción exterior de la Generalitat, a quien se reclama 3,4 millones de euros. Este miércoles los encausados de Esquerra han dado un primer paso que pondrá a prueba si esta desjudicialización es posible.

¿Cómo seguirá ejerciendo de diputado Lluís Puig? A las dificultades inherentes de estar exiliado en Bélgica se le ha sumado el rechazo a su delegación de voto por parte del Tribunal Constitucional, que ahora el independentismo quiere intentar esquivar. Este martes el Parlament ha recibido la notificación del TC y la mesa se ha reunido durante toda la mañana y todavía ha seguido por la tarde para intentar tomar una decisión. En un receso, fuentes presentes en la reunión han explicado que finalmente han acordado por mayoría –sin el PSC– mantener vigente la delegación del voto de Puig "a todos los efectos". Lo que todavía no tienen claro es la vía para poder hacerlo, y por este motivo continúan las conversaciones.

Giro de guion, al menos temporal, en la causa contra la anterior mesa del Parlament por haber permitido el debate y votación de resoluciones a favor del referéndum y en contra de la monarquía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado la recusación del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, planteada por el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa. Esto quiere decir que el tribunal aparta a este magistrado de la causa y, automáticamente, también aplaza el juicio –previsto inicialmente para los días 12, 13 y 15 de julio– para que se sustituya a Barrientos por otro magistrado. El TSJC admite la recusación por el hecho de que Barrientos se levantara y se fuera de un acto en el que se denunciaba la situación "de los presos políticos". Era el 23 de febrero del 2018 en el Col·legi d'Advocats y quien hablaba era el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, que está imputado en la causa. Costa esgrimía que esta acción denotaba su parcialidad y el tribunal también cree que "no es un acto neutral, sino una manifestación en forma pública y contundente del desacuerdo con la persona".

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha estado a punto de aprobar una nueva resolución cargando contra España porque "aún hay numerosas causas penales" por la organización del referéndum del 1-O y se mantienen las euroórdenes contra los exiliados. El texto ponía el estado español junto a Turquía y aspiraba a responder a la pregunta: "¿Se tendría que juzgar a los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?" Y la respuesta que planteaba el ponente del informe, el diputado socialista letón Boriss Cilevics, consistía en felicitar al gobierno español por los indultos, criticarlo por el hecho de que ahora se puedan revertir y recomendarle, de nuevo, reformar los delitos de sedición y rebelión. Pero La Moncloa nunca recibirá un documento que la emplace a hacer todas estas cosas porque el PSOE y el PP se han aliado para evitar que se apruebe. Socialistas y populares, seduciendo a unos cuantos representantes más a última hora, han conseguido que se elimine cualquier referencia a España y su nombre ya no aparece junto al de Turquía.

Una asociación profesional de guardias civiles y entidades como Convivencia Cívica Catalana, Hablamos Español y la plataforma Escuela de Todos llevarán este lunes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una reclamación para que se ejecute la sentencia que pretende forzar el 25% de castellano en las aulas. Es el primer aviso de una situación que era evidente: pequeños grupos que buscan el conflicto lingüístico ya hace tiempo que han descubierto que pueden conseguir victorias por la vía judicial y no se detendrán. Seguirán presionando para aumentar el peso del castellano en la escuela, partiendo de la falsa premisa de que la inmersión en catalán –que ya tenemos claro que no se cumple del todo– impide un aprendizaje correcto del castellano. 

Una de las pocas imágenes de unidad que ha brindado el independentismo los últimos tiempos fue cuando, justo esta semana ha hecho un año, registró conjuntamente una ley de amnistía en el Congreso para intentar poner fin a todas las causas judiciales que hay abiertas a raíz del Procés. Esta unidad no ha sido suficiente para saltar el muro que plantea el Estado también en esta cuestión, que hoy por hoy no ha permitido ni siquiera que la norma se haya llegado a debatir en el pleno. ¿Qué ha pasado? Y, sobre todo, ¿y ahora qué?

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envía a juicio al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la anterior mesa de la cámara por haber permitido en otoño del 2019 la tramitación de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación. En una resolución emitida este miércoles, la magistrada instructora Maria Eugènia Alegret considera que Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Ariadna Delgado podrían haber cometido un delito de desobediencia grave y les da un plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa.

Pau Juvillà fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por no retirar un lazo amarillo de su despacho de la Paeria de Lleida, de la cual era regidor durante las elecciones municipales del 2019. A partir de aquí, la Junta Electoral Central (JEC) instó al Parlament a ejecutar la inhabilitación del ahora diputado, con el plazo de este viernes para su cumplimiento efectivo, sin esperar a que el Tribunal Supremo resolviera las cautelares que tanto el Parlament como el mismo Juvillà le han pedido. La retirada del escaño al representante de la CUP supone una interferencia externa inaceptable y desproporcionada por parte de un órgano administrativo como la JEC. Además, según el reglamento del Parlament, el caso en cuestión no cumple ninguno de los supuestos para hacer perder el escaño a Juvillà o para que sea suspendido. Así pues, el fondo de la cuestión resulta evidente: Juvillà tendría que continuar siendo diputado.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados contra los indultos a los presos políticos catalanes con un argumento que le permite no tener que entrar en el fondo de la cuestión. Lo que ha determinado es que los partidos (PP, Vox y Cs), entidades y personas particulares que interpusieron los recursos no están legitimados para hacerlo. Punto final. A pesar de que todavía existe la posibilidad de recurrir la decisión, todo apunta a que se acerca el final de la pesadilla de las condenas de prisión que la sala segunda del mismo tribunal impuso a nueve líderes políticos y sociales del independentismo.