Este 13 de marzo se cumplieron exactamente dos años desde que, tras perder la votación de los presupuestos, el entonces president de la Generalitat, Pere Aragonès, decidió convocar elecciones. Las cuentas para aquel ejercicio tenían un escollo insalvable: el Hard Rock. Por un lado, el PSC le exigía que desencallara el proyecto si quería sus votos, pero por otro, Comuns le aseguraba que si el macrocasino salía adelante, ellos se opondrían. Una pinza insalvable. Aragonès mantuvo el compromiso con los socialistas y Comuns cumplió su palabra y votó en contra de los presupuestos. El president Aragonès convocó elecciones anticipadas y las perdió en favor de Salvador Illa. Meses más tarde, Illa también necesitó el apoyo de otras formaciones para ser investido presidente y, una vez más, el Hard Rock fue moneda de cambio: una de las condiciones que le pusieron comunes y republicanos fue que suprimiera las reducciones fiscales que en el año 2014 aprobó el gobierno de Artur Mas para seducir a los inversores de la tribu Seminola de Florida, propietarios de Hard Rock. En lugar de pagar el 55% de los impuestos con los que se grava el juego, solo pagarían el 10%. Se eliminaron los beneficios fiscales, ¿pero es suficiente para que los promotores se echen atrás? La discreción de los inversores hace que nadie sepa a ciencia cierta la respuesta a esta pregunta, pero lo que queda claro es que el culebrón del Hard Rock, que empezó con Eurovegas de la mano del magnate Sheldon Adelson hace casi quince años, aún no ha terminado. Existe la posibilidad de que los impulsores del macrocasino consideren que ya no les salen los números y se echen atrás e, incluso, que denuncien a la Generalitat y reclamen una indemnización por la modificación de la fiscalidad acordada. Teniendo en cuenta que no se ha puesto ni una sola piedra, no está nada claro que la administración tuviera que indemnizar al promotor, pero llegado el caso sería un juez quien determinaría el derecho a compensación. Otra posibilidad es que aprovechen la licencia de casino que tienen y, aunque se les haya reducido la previsión de facturación, sigan adelante. "Que se sepa, por parte del inversor, no ha habido ningún cambio de posicionamiento y, en proyectos de esta magnitud, a menudo se cumple aquella máxima que dice no news, good news", apunta el alcalde de Salou, Pere Granados. El alcalde es uno de los grandes defensores del macrocomplejo porque considera que es "una apuesta estratégica para la desestacionalización" del turismo. También está a favor el sector turístico y de la restauración, así como el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, pero él no es tan optimista con el hecho de que el proyecto se acabe desbloqueando. Desde el Govern aseguran que no hay ninguna novedad y esta misma semana, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha remarcado en el Parlament que el compromiso de la Generalitat con el proyecto es "ineludible". Para que el Hard Rock pueda salir adelante, es necesario que se apruebe el Plan Director, pero antes es necesario que el Govern redacte un informe medioambiental favorable. El anterior informe medioambiental fue negativo y, desde entonces, es como si el proyecto se hubiera quedado en un cajón. "Al president no le interesa"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y su partido, el PSC, son los grandes defensores del Hard Rock, pero no están dispuestos a repetir la historia para acabar como Pere Aragonès. El equilibrio de fuerzas políticas en Cataluña vuelve a perjudicar los intereses de los seminolas, porque los socialistas continúan necesitando el apoyo de ERC y Comuns para gobernar. "Al president no le interesa", opina Eloi Redón, portavoz en la plataforma Aturem Hard Rock. Un recurso presentado por esta entidad, junto con el Gepec, fue lo que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acabara tumbando en 2020 el Plan Director del Hard Rock. Los contrarios al proyecto, que critican su impacto en el medio ambiente y la estrategia de hacer crecer el país con este tipo de turismo, están a la espera de si hay algún movimiento para presentar una nueva denuncia al TSJC, en esta ocasión para revocar la licencia de casino que se concedió a los promotores. Para hacerlo, ya tienen todo el argumentario preparado y también el dinero, que han recogido gracias a diferentes donaciones. "Después de tanto tiempo, estamos en un punto que no sabemos si montar una fiesta o presentar el recurso", dice de broma Redón.

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Este lunes cumple un año exacto de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Y, mientras que algunas cosas han cambiado (la primera y más importante, el color político del gobierno), otras siguen donde estaban. Es el caso de la tramitación urbanística del macroproyecto del Hard Rock, uno de los grandes protagonistas de la convocatoria electoral: el entonces presidente, Pere Aragonès, disolvió el Parlamento cuando se vio incapaz de aprobar los presupuestos para 2024 por el veto cruzado entre el PSC y Comuns sobre este complejo turístico en Vila-seca y Salou. Un año más tarde, Aragonès ha mantenido este lunes que no se arrepiente de haber avanzado elecciones porque había un "bloqueo" que hacía inviable la gobernabilidad y por la "pinza entre PSC y Junts" con el Hard Rock. "Había un interés por que el gobierno republicano no continuara", ha dicho a Ser Catalunya en relación con la falta de apoyo para aprobar los presupuestos. En cualquier caso, el entendimiento que no pudieron cerrar ERC, Comuns y el PSC fue posible tras las elecciones, cuando los tres partidos pactaron, en los acuerdos de investidura, eliminar el privilegio fiscal en este casino. Con el departamento de Territori en manos de los socialistas y el privilegio fiscal ya tumbado por el Parlament, ¿cómo está el proyecto?

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Nueva polémica por el complejo Hard Rock en el Camp de Tarragona. Esta vez, la disputa gira en torno a la cifra que debería pagar el Gobierno si frenara el macroproyecto. A principios de año, El País se hacía eco de un documento del Govern de ERC que cifraba en hasta 50 millones de euros las indemnizaciones que deberían pagarse en caso de cancelarlo. La CUP solicitó este informe del gabinete jurídico al Govern del PSC, pero en el documento que les ha enviado la conselleria de Economía no consta esa cifra –estaba en un anexo que no han remitido al partido anticapitalista–. Más aún: en el informe, el gabinete jurídico expone varias vías a disposición de la Generalitat para desvincularse del proyecto sin tener que pagar nada o, en todo caso, debiendo pagar indemnizaciones mucho menores. ¿Cuál sería el precio de cancelar el Hard Rock? De 0 a 50 millones, según el propio ejecutivo, en función de cómo se interprete judicialmente.

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El gobierno de Salvador Illa tenía dos decretos críticos este miércoles: el primero, que podía dejar muy debilitado al ejecutivo si no se aprobaba, es el decreto que debe regular la prórroga de presupuestos; y el segundo, sobre la derogación de las sanciones en los municipios por la sequía. Ambos salieron adelante, pero con alianzas divergentes. Mientras que el de la prórroga de las cuentas le han salvado ERC y los comunes, los socios de la investidura, el PSC se ha aliado con Junts y el PP para cargarse las sanciones a los ayuntamientos por el consumo del agua. Una geometría variable que no ha gustado ni a republicanos ni a comunes, pero que ha permitido al ejecutivo salvar sus muebles.

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La apuesta por atraer visitantes más allá del sol y playa está dando sus frutos a las comarcas tarraconenses. El número de turistas que visitaron el sur del país durante el año 2024 superó, por fin, los datos prepandémicos al registrar un total de 21,4 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 5,23% respecto al 2023. El año anterior al confinamiento mundial, en 2019, el turismo registró 20,9 millones de pernoctaciones en las comarcas tarraconenses y el sector ha trabajado con este dato en la cabeza durante estos cinco años para conseguir superarlo. Alcanzado ya este hito, el objetivo es ahora cerrar un año de récord, es decir, superar las cifras de 2017, con sus 22,3 millones de pernoctaciones, según ha explicado este lunes Berta Cabré, la presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), que representa el 90% de las plazas de la demarcación.

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El pacto del PSC con los comunes y ERC para eliminar el privilegio fiscal del Hard Rock a cambio de investir a Salvador Illa cayó como un cubo de agua fría en Salou y Vila-seca, los dos municipios que deben acoger este macroproyecto en el Camp de Tarragona. La reforma que entierra la rebaja fiscal al juego aprobada en 2014 para facilitar el aterrizaje del Hard Rock en Cataluña había que votar antes de finalizar el año. Sin embargo, la petición de Junts de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias por los "problemas de seguridad jurídica" que ve retrasará el cambio hasta, al menos, en enero -el organismo avaló el pasado viernes la proposición de ley de Esquerra y los comunes y aseguró que el texto "no vulnera el principio de seguridad jurídica"–. Sin embargo, la reforma tiene votos de sobra para salir adelante, porque la CUP también apoyará. Esto preocupa a una parte del territorio, que lamenta que el Gobierno haya accedido a modificar las condiciones de un proyecto que sigue atascado. Especialmente, después de que el PSC le situara como línea roja en las negociaciones de presupuestos del 2023 y del 2024 ante el gobierno de Pere Aragonès, que se vio obligado a asumirlo, y que le defendiera durante la campaña electoral desde Tarragona.

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El Parlament debatirá (y previsiblemente aprobará) en breve la ley registrada por ERC y los comunes para eliminar el privilegio fiscal del Hard Rock. Esto supondrá que, si llega a abrir, el casino de este macroproyecto en el Camp de Tarragona tributará lo mismo que tributa ahora cualquier otra sala de apuestas de su tamaño y no bajarán al 10% los tipos tributarios al juego, tal y como prevé la normativa vigente. Esquerra y los comunes presentaron esta medida, pactada con el PSC en el acuerdo de investidura, como la fórmula más fácil para enterrar el macroproyecto, argumentando que, con una fiscalidad sin privilegios, el proyecto sería inviable para los inversores. Sin embargo, el Gobierno no parece compartir esta tesis. No cree que el Hard Rock esté perdido.

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Tres noticias de Cataluña:

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El proyecto del Hard Rock fue el tropiezo definitivo para que Pere Aragonès adelantara las elecciones la pasada legislatura. ERC fue incapaz de convencer al PSC para que renunciara al proyecto y, con el macrocasino sobre la mesa, los comunes se desmarcaron definitivamente de los presupuestos. Pero todo ha cambiado después de las elecciones de mayo. Ahora es el PSC quien gobierna y el Hard Rock ha pasado a segundo plano para los socialistas. Este miércoles ha llegado el inicio del adiós definitivo del proyecto. En la sesión de control en el Parlament, los republicanos anunciaron la presentación esta misma semana de una proposición de ley para eliminar los beneficios fiscales del casino y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó su apoyo. Todo ello estaba acordado de entrada, ya que fue una de las condiciones de los republicanos para investir a Isla.

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El último tramo de la legislatura, el PSC tuvo la sartén por el mango en las negociaciones con el gobierno de ERC, a quien la salida de Junts del Ejecutivo abocó a tener que explorar alianzas con Salvador Illa para salvar leyes y presupuestos. Para obtener sus votos en las cuentas, los republicanos tuvieron que tragar proyectos que ideológicamente rechazaban: el casino del Hard Rock, la B-40 en el Vallès y abordar la ampliación del aeropuerto de Barcelona. El PSC argumentaba que traerían "prosperidad" a Catalunya, y durante la campaña del 12-M, se comprometió a impulsarlos desde la Generalitat si llegaba. Pero ahora que lo que está en juego es la investidura de Salvador Illa, se ha dado la vuelta a la tortilla y es el PSC quien ha tenido que bajar del burro para conseguir los votos de ERC y de los comunes, contrarios a estos macroproyectos. ¿Dónde se han movido los socialistas para que Isla sea presidente?

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El pacto para una nueva financiación que dé la clave de la caja en Catalunya ha centrado a los titulares sobre el acuerdo de ERC y PSC para investir a Salvador Illa. Ahora bien, el entendimiento incluye también medidas para impulsar el catalán, las selecciones deportivas catalanas y compromisos en materia de vivienda, educación e infraestructuras, una de las carpetas que más ha tensado la relación entre los republicanos y los socialistas a lo largo de la legislatura y que ha condicionado las negociaciones de los presupuestos de 2023 y 2024. Más allá de la letra pequeña sobre el nuevo acuerdo fiscal, ¿qué dice el documento hecho público este martes en materia sectorial?

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Noemí Llauradó (Reus, 1978) agota esta semana el primer año del segundo mandato como presidenta de la Diputación de Tarragona. En cinco años en el cargo, le ha tocado afrontar una pandemia sin precedentes, distintos incendios y una sequía que parecía crónica. Parece que ahora, por fin, el contexto da una tregua y este segundo mandato podrá servir para dejar terminadas algunas decisiones capitales para el Camp de Tarragona.

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Puestos a hablar en términos bíblicos, como ha hecho el señor Asens, el partido político que esté limpio de culpa que tire la primera piedra. Quiero decir que el festival de incoherencias abarca todo el arco parlamentario desde tiempo inmemorial. Pero que todos los partidos hayan hecho alguna vez algo contrario a lo que han dicho no es un eximente de nada, sino un motivo de desafección de la gente con sus políticos, sobre todo los de la izquierda por lo de la exigencia moral superior de sus votantes.

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El Hard Rock fue la línea roja de los comunes en la negociación de presupuestos, pero podría no serlo en las conversaciones entre los de Jéssica Albiach y el PSC para investir a Salvador Illa. Su candidato a las europeas, Jaume Asens, ha abierto la puerta a suavizar el veto en el macroproyecto que les llevó a tumbar los presupuestos de la Generalitat y, de paso, a precipitar las elecciones del 12 de mayo. Los comunes pasaron de ocho a seis diputados, pero siguen teniendo la clave para formar un Gobierno de izquierdas. Y es una carta que están dispuestos a jugar, bien para entrar en un hipotético Govern presidido por Salvador Illa, bien para acondicionarlo desde fuera: "Creo que no se puede ir a las negociaciones con líneas rojas. Es una mala práctica. Vas con exigencias y tu programa, pero los programas no pueden convertirse en tablas de Moisés inamovibles", ha dicho Asens este miércoles en una entrevista en SER Catalunya.

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Hace más de diez años que en Cataluña se debate sobre el macrocomplejo turístico que se quiere construir entre Salou y Vila-seca, pero cada vez hay más dudas que certezas sobre su viabilidad. Uno de los últimos interrogantes llegó el día antes de que empezara la campaña electoral, cuando trascendió que a finales de febrero, media hora antes de firmar el acuerdo de los presupuestos con el PSC, el Gobierno de Pere Aragonès había aprobado un acuerdo de Gobierno para permitir que La Caixa pudiera renegociar el precio de sus terrenos, que después tendrá que vender al Instituto Catalán del Suelo (que depende de la Generalitat) para que los revenga por el mismo valor a Hard Rock. El acuerdo anterior era del 2020 y, según explicó el presidente Pere Aragonès cuando se conoció la noticia, el cambio se hizo porque era necesario "actualizar características técnicas".

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Jugarse la última carta en el blackjack supone calcular un cúmulo de circunstancias. Juega el azar, claro, pero también la estadística. Como en una repetición electoral, puedes tener clara tu jugada, que dependerá de cómo la percibe la gente y la mano que tengan tus rivales. Si este domingo hay elecciones es por un cúmulo de circunstancias que nos llevan a hablar de los comunes, y de su rechazo a los presupuestos por no aceptar el Hard Rock. El partido que representa Jéssica Albiach –y que no sabemos exactamente si lo lidera ella o Ada Colau– jugó fuerte contra el macroproyecto y forzó el adelanto electoral: “Por supuesto que con el Hard Rock el presupuesto no saldrá adelante”, decía Albiach.

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En las semanas previas a la votación de los presupuestos fallidos que precipitó la convocatoria de elecciones, la mayor parte de los rivales políticos de los comunes daban por hecho que los de Jéssica Albiach acabarían bajando del burro y facilitarían su aprobación aunque el Gobierno no renunciara a salir adelante el Hard Rock. No fue así: los comunes aguantaron la posición hasta el final y rechazaron la última propuesta del ejecutivo, que incluía estudiar una posible moratoria a macroproyectos y reformas fiscales de la mano con el PSC. Lo que fue un revés en su momento –los sindicatos no escondieron el malestar por cómo acabó el sainete presupuestario– se ha convertido en una de las banderas electorales de los comunes, que precisamente arrancaron la campaña del 12-M en Reus, en la circunscripción de Tarragona. Es donde, por cierto, el partido está pugnando por mantener o incluso hacer crecer su escaño –y donde sus juventudes han aprovechado para repartir preservativos contra el macrocasino.

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Si yo fuera una nube tóxica de etileno, creo que podría llegar fácilmente de la petroquímica a los pulmones de un galés adicto a las máquinas tragaperras. Ahora hay un bosque mediocre bajo un sol de distopía climática, pero me imagino el día en que todos estos pinos serán ruletas y considero que el trayecto es perfectamente factible. Como barcelonés que va hacia abajo del país, una dirección poco recomendable, lo primero que me llama la atención sobre los terrenos que debe ocupar el Hard Rock es la sensación de amplitud. Desde el parking del santuario de la Virgen del Pineda, puedo ver los almacenes de gas color Chernobyl, los campos para el casino y el Shambala con un solo movimiento panorámico del cuello. Es el tipo de paisaje que enseguida imaginas a vista de dron. Cuanto más circulo por el sitio, más me siento dentro de una partida del Age of Empires en el momento exacto en el que te das cuenta de que has construido los edificios sin orden ni concierto y tu imperio ya no podrá ser bonito, pero debes seguir jugando y adaptándote si no quieres ser derrotado. Cuesta no empatizar con los especuladores.

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El no de los comunes a los presupuestos, debido al acuerdo entre ERC y el PSC sobre el Hard Rock, desató la convocatoria de elecciones por parte del presidente Pere Aragonès. Por eso, su primer acto de campaña ha sido en el Camp de Tarragona, concretamente en Reus, y ha tenido como hilo conductor las críticas al megacasino.

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