El catalán, el Hard Rock y las demás claves del pacto ERC-PSC

BarcelonaEl pacto para una nueva financiación que dé la clave de la caja en Catalunya ha centrado a los titulares sobre el acuerdo de ERC y PSC para investir a Salvador Illa. Ahora bien, el entendimiento incluye también medidas para impulsar el catalán, las selecciones deportivas catalanas y compromisos en materia de vivienda, educación e infraestructuras, una de las carpetas que más ha tensado la relación entre los republicanos y los socialistas a lo largo de la legislatura y que ha condicionado las negociaciones de los presupuestos de 2023 y 2024. Más allá de la letra pequeña sobre el nuevo acuerdo fiscal, ¿qué dice el documento hecho público este martes en materia sectorial?

El catalán

Los acuerdos de PSC y Esquerra para mejorar el uso social del catalán y potenciarlo parten del reconocimiento de que Catalunya "es una nación con lengua propia y voluntad de proyectarse en el mundo". Ante los embates judiciales contra el modelo de escuela catalana, ambos partidos se comprometen a defender la inmersión lingüística como garantía de aprendizaje del catalán, después de que en los últimos años los socialistas se hayan decantado por avanzar hacia un modelo trilingüe. Se realizará, entre otros, con un departamento de Política Lingüística, como los republicanos habían defendido durante la campaña (el PSC se había mostrado partidario de que pasara a depender de Presidencia, como en la época de Pasqual Maragall). Sobre el catalán en la administración, instan a garantizar su uso, pero sin mencionar la ley de lenguas que acordaron impulsar a Pere Aragonès y Pedro Sáncheza en la última reunión oficial de la mesa de diálogo, en diciembre de 2023.

En cuanto a la acción exterior, los republicanos han logrado el compromiso de los socialistas de "consolidar y ampliar" la red de delegaciones al extranjero, mantener la consejería y la culminación del Cuerpo de Acción Exterior, una iniciativa impulsada bajo el mandato de la consejera Meritxell Serret. Hay que recordar que, durante la pasada legislatura, el PSC había planteado la necesidad de repensar y reducir esta red, potenciando las oficinas de la Generalitat en Bruselas.

Hard Rock e impuestos

En cuanto al Hard Rock, ambos partidos han acordado revertir el privilegio fiscal en el macrocasino previsto en la ley para cuando el complejo empiece a funcionar, una medida que los comunes ya pusieron sobre la mesa durante la negociación de presupuestos del 2024 y que, tal y como había apuntado el ARA, tenía todos los números para acabar siendo la pista de aterrizaje para a un pacto a tres. Ya entonces, comunes y republicanos defendían que si el impuesto al juego para los casinos se mantenía entre el 20% y el 55%, como prevé la ley, el Hard Rock sería inviable. En campaña, los socialistas se habían mostrado abiertos a estudiar una reforma de la fiscalidad en el juego, pero habrá que ver cómo lo justifican si finalmente esto hace decaer un proyecto que han defendido con uñas y dientes en el territorio y que exigieron a la negociación de los presupuestos fallidos de 2024. "Se hace necesario, en el actual contexto económico y social, hacer una apuesta por el turismo responsable y sostenible y por la descarbonización de la industria" en el Camp de Tarragona, recoge el acuerdo.

Sobre el aeropuerto de Barcelona, ​​que también había hecho chocar a ERC y PSC durante la legislatura, acuerdan que la Generalitat "pueda incidir" en su futuro, que se seguirá trabajando en una comisión técnica mixta. El compromiso es "transformar" y potenciar El Prat como aeropuerto internacional, reduciendo los vuelos cortos en favor de "una mayor conectividad de largo radio" y solucionando "los problemas de capacidad en horas punta" (todo ello, "respetando la biodiversidad" " de la Ricarda). Una propuesta que se asemeja más a la apuesta de ERC de abordar las actuales carencias de la infraestructura a través de la gestión que en la del PSC, Aena y el Estado de ampliar la tercera pista. Por otra parte, acuerdan crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya y modernizar el sistema aeroportuario catalán. "Este sistema debe contribuir a la reducción de emisiones y para ello se establecerá un máximo de emisiones anuales, que en ningún caso será superior al actual", recoge el acuerdo.

El otro sapo que se comen los socialistas es el plan piloto para la renta básica universal, medida estrella de la consejería de Presidencia de Laura Vilagrà que incluso tumbaron a los presupuestos del 2023 pese a haberlos pactado con el Govern y haciendo pinza con Junts, y contra el que han cargado en varias ocasiones. Socialistas y republicanos pactan mantener la oficina que se encargaba de ello y poner en marcha el plan piloto para evaluar si es posible implementar esta ayuda. En fiscalidad, PSC y Esquerra acuerdan mantener el impuesto de sucesiones y el de patrimonio (por tanto, ni bajarlos ni subirlos). Ahora bien, los socialistas heredarían una medida que la conselleria de Economía y Hacienda propuso para las cuentas fallidas de 2024: la rebaja del IRPF a las rentas menores de 35.000 euros.

Vivienda

PSC y Esquerra también han firmado sacar adelante una ley catalana del alquiler, después de que el Constitucional haya tumbado buena parte de las últimas normativas que han salido del Parlament, y una regulación sobre los alquileres de temporada y de habitaciones –que el PSC tumbó con Junts hace unos meses–. Además, de cara a los próximos seis años, se emplazan a construir 50.000 pisos nuevos en el marco de un programa de fomento de la vivienda "protegida" e incrementar los pisos de alquiler social. Si Isla gobierna, se compromete a mantener la gratuidad del I2, el vale escolar de 70 euros, la exclusión del concierto en las escuelas segregadas por sexo y el adelanto del calendario escolar, todas medidas impulsadas por el gobierno de Pere Aragonès. También han pactado inversiones en hospitales de toda Cataluña y mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, además de llegar a una inversión del 2% del presupuesto en cultura en 2025.

Igualdad

El pacto también recoge el compromiso del gobierno español de traspasar las Cercanías a la Generalitat, tal y como se pactó en la investidura de Pedro Sánchez y que debería empezar en 2025 con las primeras infraestructuras (las de la R1). En materia de agua, ambos partidos se emplazan a garantizar una inversión de 110 millones de euros en 24 plantas de agua regenerada según el calendario previsto para hacer frente a la sequía y acuerdan "no hacer ningún tipo de trasvase de agua del Ebro". En los últimos meses, el PSC se había abierto.

Según el acuerdo, un futuro gobierno de Illa tendrá, como el de Aragonès, un departamento de Políticas de Igualdad y Feministas –hay, sin embargo, un retoque en el nombre: ahora la conselleria es de Igualdad y Feminismos– y deberá mantener la gratuidad de los productos menstruales reutilizables, otra de las medidas estrella del gobierno de Aragonès en el último tramo de la legislatura. También se reforzarán los cuerpos de Mossos, Bomberos y Agentes Rurales.