Los comunes presentan una ley para tumbar los privilegios fiscales de Hard Rock
El grupo quiere que los casinos que ingresen más de 4,5 millones vuelvan a tributar al 55%
BarcelonaEn Catalunya los casinos pagan entre un 20% y un 55% de impuestos sobre los ingresos provenientes del juego, pero si algún día el Hard Rock llega a abrir sus puertas, ese porcentaje bajará hasta el 10%. Así lo prevé la cláusula aprobada en 2014 por el Parlament (con el acuerdo entre CiU y el PSC), que entrará en vigor "el día en que se inicien las actividades de juego y apuestas en el primer casino situado en el centro recreativo turístico de Vila-seca y Salou". Fue una de las concesiones del gobierno de Artur Mas a los promotores del Hard Rock para seducirlos para que el proyecto ―entonces, BCN World― aterrizara en el Camp de Tarragona cuando Eurovegas escogió irse a Madrid (donde nunca llegó a arrancar). Ahora los comunes plantean revertir esta rebaja fiscal a través de una proposición de ley a la que ha tenido acceso el ARA y que registrarán en la cámara catalana este viernes.
El Gobierno les pide que no tiren por la borda los presupuestos por un proyecto que lleva 10 años arrastrando y que, además, no tiene una mayoría parlamentaria en contra. Por el momento, el ejecutivo no ha tocado la tecla adecuada para hacer cambiar de posición a los comunes y el plazo para hacerlo se va agotando: en menos de dos semanas se votarán las enmiendas a la totalidad. Los de Jéssica Albiach siguen exigiendo que se descarte el macroproyecto, que por ahora está pendiente de un informe ambiental desde hace más de un año antes de aprobar el nuevo plan urbanístico.
La mesa impositiva que los comunes quieren mantener establece los siguientes porcentajes: un 20% de los ingresos del juego hasta los 1,2 millones de euros; un 35% hasta los 2,2 millones; un 45% hasta los 4,5 millones; y un tipo máximo del 55% sobre la recaudación de juego por los casinos con ingresos superiores a 4,5 millones. Presumiblemente, el macrocasino del Hard Rock se encontraría en el tramo más alto de la mesa. Esto supondría que tuviera que tributar al 55% en lugar del 10% si saliera adelante. Fuentes de los comunes consultadas por el ARA descartan que la ley sirva como pista de aterrizaje para un posible acuerdo con el Govern. De hecho, la rebaja impositiva es una condición clave para que Hard Rock se garantice los beneficios que prevé con esta inversión una vez adquiriera definitivamente los terrenos donde deben construir el complejo turístico y que el Incasòl tiene apalabrados con CriteriaCaixa por un precio en torno a los 130 millones. La Generalitat intervendría como intermediaria de esa compraventa.
Más presión contra el proyecto
Fuentes de los comunes explican que, con esta ley, quieren incrementar la presión contra un proyecto que sostienen que actuará de "chupador" de los recursos que los nuevos presupuestos destinen a la lucha contra la ludopatía, la inseguridad y la sequía. "Debemos avanzar hacia un modelo turístico sostenible, responsable, diversificado, justo y redistributivo rehuyendo de modelos que se sustenten en condiciones precarias, depredador ambiental y de recursos híbridos, generador de residuos", exponen en el texto de la proposición de ley.
¿Puede sacar adelante esta reforma sobre la tributación de los casinos? Difícil, si se mantienen las mayorías parlamentarias que hasta ahora han apoyado al Hard Rock, dado que la rebaja fiscal fue esencial para que sus promotores apostaran por quedarse en Catalunya. El PSC no ha aflojado la presión sobre el Govern hasta que se le han dado garantías de que el plan director urbanístico del Hard Rock saldrá adelante, lo que permitió, finalmente, el acuerdo de presupuestos entre socialistas y republicanos. Y Junts ha apoyado siempre el proyecto, como también lo han hecho Vox, Cs y el PP. Esto deja a los comunes ya la CUP como los dos únicos partidos que de forma vehemente se han manifestado en contra.
Esquerra, dividida sobre el proyecto, ha hecho suyo el argumento del Govern de que la aprobación del Hard Rock es inevitable porque deriva de las decisiones y compromisos cerrados por gobiernos anteriores. Sin embargo, en el último pleno el partido votó a favor de una propuesta de moratoria de los macroproyectos durante la sequía.
