La fortuna de los Pujol en Andorra provenía de la famosa herencia del abuelo Florenci o de comisiones ilegales a cambio de favores políticos? Es la gran cuestión que intenta dilucidarse en un juicio que ya lleva 24 sesiones y que ha hecho desfilar hasta ahora por la Audiencia Nacional 200 testigos. Los interrogatorios, con problemas técnicos recurrentes y repetidos vacíos de memoria, están versando especialmente sobre las operaciones que protagonizó Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión por cinco delitos. Muchos testigos han acreditado el papel del hijo mayor como intermediario: él ofrecía "muchas oportunidades de negocio" a empresarios –todo eran relaciones entre privados– y, a cambio, recibía una contraprestación si el proyecto acababa cuajando. Ahora bien, la Fiscalía Anticorrupción cree que los movimientos de dinero servían para enmascarar comisiones que respondían a una "red de clientelismo" que había tejido su padre desde la Generalitat. De momento, durante el juicio, este favoritismo no ha quedado acreditado.

La influencia de la operación Catalunya en el caso Pujol ha vuelto a irrumpir en la Audiencia Nacional. Después de la declaración de cuatro de los responsables de la policía patriótica, que hicieron oídos sordos, ha sido el turno de Joan Pau Miquel, que fue consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) y hace tiempo que denuncia presiones y coacciones de las cloacas del Estado para que revelara información bancaria que pudiera perjudicar al independentismo. Este martes, concretamente, ha relatado tres episodios: uno en Andorra con Celestino Barroso, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Andorra de 2014 a 2017 y tiene que declarar esta semana como testigo, y dos en Madrid con Marcelino Martín Blas, que era jefe de asuntos internos de la policía española y hace dos semanas admitió el encuentro, pero negó que le presionara para conseguir información bancaria de la BPA.

"Lo desconozco". Y así hasta 35 veces. El mando de la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) que elaboró los informes del caso Pujol ha reconocido hoy que podría haber cometido imprecisiones y equívocos en sus atestados. Después de declarar ayer durante más de cinco horas respondiendo a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, hoy las defensas lo han puesto contra las cuerdas durante seis horas para intentar desacreditar las hipótesis e inferencias que hizo en la veintena de informes que firmó. "Estamos viendo la torpeza", ha resumido Cristóbal Martell, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, en un momento de su interrogatorio. Cuando Pau Ferrer, abogado de cuatro de los hijos del expresidente de la Generalitat, le ha preguntado por la herencia del abuelo Florenci –que ayer el testigo puso en duda–, ha reconocido que buscó información en Google. Y en otros momentos también ha admitido que recurrió al famoso buscador. Tanto es así que Oriol Rusca, el abogado de Mercè Gironès –exmujer del primogénito–, se ha mofado de ello.

Cómo nació la investigación de las cuentas de la familia Pujol en Andorra? Es una de las grandes preguntas que la Audiencia Nacional intenta responder esta semana. Tras las declaraciones de la cúpula de la policía patriótica, que se hizo la desentendida sobre el origen de la información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat, ha sido el turno de Álvaro Ibáñez, el investigador de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF) que se encargó de los informes de la instrucción. Durante la declaración, que se ha alargado más de cinco horas, ha mantenido en todo momento la tesis que apuntala la Fiscalía Anticorrupción sobre las facturas falsas y la supuesta "influencia política" que ejercía el primogénito a cambio de comisiones. De entrada, ha quedado claro que todo ello se remonta a la denuncia que en 2012 hizo Vicky Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, que cobró fondos reservados y estuvo animada por José Manuel Villarejo.

Desde que el tribunal del juicio del caso Pujol aceptó que José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica declararan como testigos, había mucha expectación –más mediática que judicial– para saber qué explicarían. Tenían que responder sobre las maniobras que hicieron para obtener de manera ilícita información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat –que fue filtrada a El Mundo– y sobre la génesis de la causa penal –que arrancó hace más de diez años a raíz de una denuncia de Vicky Álvarez, examante del primogénito, animada por Villarejo. Sin embargo, los cuatro testigos que han declarado han aportado pocas concreciones y pocas certezas y, en cambio, han hecho una exhibición de evasivas y se han dedicado a sembrar muchas sombras de duda.

Durante el juicio a la familia Pujol Ferrusola que se celebra en la Audiencia Nacional desde noviembre, tendrán que declarar más de 200 testigos. El tribunal hace manos y mangas para ordenarlos, convocarlos y sacar el mayor provecho de las sesiones. Pero no está siendo tarea fácil. Las dificultades para conectar con los testigos –la mayoría declaran telemáticamente– y para localizarlos –hace unos días el tribunal reconoció que había una treintena en terreno desconocido– están sumando un plus de complicación en las vistas, que acaban teniendo un punto caótico. Y este jueves, en la decimosexta sesión, la metedura de pata ha sido convocar una testigo que no era realmente quien debía interrogarse.

Las cuentas que la familia Pujol Ferrusola tenía en Andorra han protagonizado la decimotercera sesión del juicio que se celebra desde hace dos meses y medio en la Audiencia Nacional. El primogénito –que sigue asistiendo presencialmente a todas las jornadas– ha observado cómo el fiscal ponía en la diana movimientos entre sus cuentas bancarias y otras de Andbank, cuyos titulares aseguran no saber nada de estas transferencias. Algunos incluso no niegan que tuvieran cuentas en el país pirenaico. Es decir, la fiscalía ha llamado como testigos este lunes a personas que habrían enviado o recibido dinero de Jordi Pujol Ferrusola sin tener conocimiento.

Uno de los testigos más esperados de la semana en el juicio de la familia Pujol Ferrusola era el de Esteban Urreiztieta, subdirector deEl Mundo, el diario que en julio del 2014 publicó la captura de pantalla de las cuentas que tenían en Andorra Marta Ferrusola –la esposa del expresidente de la Generalitat– y cinco de sus hijos. Explicó que él no participó en la elaboración de la noticia, que estaba firmada por el periodista Fernando Lázaro, fallecido en junio del año pasado. Después de que el fiscal Fernando Bermejo obviara por completo el famoso "pantallazo", quien le ha puesto sobre la mesa ha sido el abogado del estado José Ignacio Ocio. Le ha preguntado directamente si el excomisario José Manuel Villarejo o la policía patriótica -sin llamarla así- fueron la fuente y el origen de aquella noticia. Y Urreiztieta ha contestado que él no las elaboró ​​la información: las conozco y, en el supuesto de conocerlas, no podría aportar ningún detalle", ha verbalizado.

Tras ocho sesiones en San Fernando de Henares, a 25 kilómetros de Madrid, el juicio a los Pujol se ha reanudado este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova. Y ha sido como una reentrada en la escuela: las defensas han tenido que cambiar de edificio para ir a buscar las togas, los abogados del Estado no sabían qué máquina de vending podían utilizar y el hombre de seguridad de la entrada ha tenido que preguntar a Jordi Pujol Ferrusola si él necesitaba toga. "Estamos dando vueltas como un hámster", rumiaba uno de los letrados antes de empezar. ¿Qué está pasando en las sesiones del juicio? Este lunes una de las operaciones que se han puesto sobre la mesa ha sido el vertedero de Tivissa.

Las comisiones que cobraba Jordi Pujol Ferrusola a cambio de intermediar en operaciones comerciales privadas fueron las protagonistas de la séptima sesión del juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat. Durante tres horas, hubo cinco operaciones que tuvieron especial importancia. Una de las destacadas, que ya apareció ayer, ha sido la ampliación de una refinería de Repsol en Cartagena. Martín Francisco Sicilia, director de la división de construcción de Técnicas Reunidas –que fue quien contrató Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales para este proyecto–, ha asegurado que no sabe nada de la intermediación del primogénito y ha afirmado que no intervino "nadie externo". El fiscal Fernando Bermejo le preguntó si en ese caso encajaba la existencia de una "intermediación privada". "En absoluto", contestó él. Jordi Pujol Ferrusola cobró 612.000 euros por esa operación.

El juicio a la familia Pujol avanza a buen ritmo. En dos horas este martes han declarado siete testigos que debían poner luz en cuanto a las comisiones que cobraba Jordi Pujol Ferrusola a cambio de intermediar en operaciones de compra privadas de Copisa –que estuvo presidida por Josep Cornadó, que se sienta en el banquillo por los acusados ​​por blanqueo de capitales y falsedad documental–. Según la instrucción del juez José de la Mata, pagó un total de 2,9 millones de euros en comisiones al hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Una de las declaraciones destacadas ha sido la de Orlando de Porrata-Doria, el consejero delegado de Copisa, quien ha hablado sobre la ampliación de la refinería de Repsol de Cartagena: el primogénito cobró 612.000 euros en tres facturas por informar de esta oportunidad de negocio. Sin contrato. "¿Por una llamada telefónica pagan 199.000 euros de honorarios?", se ha extrañado el fiscal Fernando Bermejo, en referencia a la primera de las tres facturas. "Estamos hablando de un contrato que supuso casi 36 millones de euros", ha dicho De Porrata-Doria. Y, al igual que hizo el lunes Jordi Puig –el hermano del exconseller Felip Puig–, ha reconocido que no hay ningún documento que lo acredite: "Jordi Pujol Ferrusola trabajaba habitualmente con otras secciones de nuestro grupo y era una persona de confianza. Por tanto, no se trabajaba con contrato", ha justificado.

El juicio de la familia Pujol Ferrusola se ha reanudado en la Audiencia Nacional lejos de los focos mediáticos. Sin fotógrafos y con sólo siete periodistas siguiéndolo desde San Fernando de Henares, comparecieron telemáticamente cinco testigos con una conexión que no siempre lo puso fácil para entenderlos. En persona, sólo había dos de los acusados: Jordi Pujol Ferrusola y el empresario Francesc Robert Ribes. Los testigos estrella fueron dos: Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de la familia, que relató qué ocurrió entre bambalinas después de que el 7 de julio El Mundo publicara una captura de pantalla con la información bancaria de los Pujol en Andorra; y el hermano del exconseller Felip Puig, Jordi Puig, quien admitió que no existió ningún "contrato formal" que acreditara lo que su empresa facturó en una sociedad del matrimonio del primogénito y Mercè Gironès.

Esta semana ha arrancado el juicio a la familia Pujol. En la sala de la Audiencia Nacional entre las intervenciones de las defensas destacó la de un abogado en particular. Se trata de Cristóbal Martell, que se encarga de defender al expresidente Jordi Pujol ya varios de sus hijos, entre ellos Jordi Pujol Ferrusola, el miembro de la familia a quien la Fiscalía pide más años de cárcel.

"¿Qué hago aquí?" "¿De qué me defiendo?" Son dos interrogantes que han planteado dos de los abogados de los empresarios acusados ​​en el juicio a la familia Pujol Ferrusola que resumen la impotencia expresada por el resto de las defensas durante la segunda sesión. Todas ellas han convergido en denunciar reiteradamente vulneraciones del derecho de defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías, de la tutela judicial efectiva y del principio acusatorio. Básicamente, creen que los hechos que les han llevado a juicio son inconcretos e indeterminados y que su descripción sólo puede conducir a la exoneración.

La familia está configurada por personas humanas. No hay dos personas iguales y, por lo tanto, entre los padres, entre los hermanos y entre los padres y los hermanos crecen y se desarrollan diferencias de potencial que constituyen complejos sistemas de poder y culminan en singulares relaciones de dependencia. La propia figura del hermano mayor es un clásico: se cree por delante de los demás y, al mismo tiempo, con derecho a sacar rendimiento de los padres (la figura del heredero consagrada en este país es una institucionalización perversa de esta realidad). Si la familia es numerosa, el juego se complica y las combinaciones de las fidelidades también. Existe una tendencia nada inocente a creer que por el interés de la familia todo está justificado. Y es en este contexto donde a menudo se pierde el principio de realidad y se despliega el nihilismo: todo está permitido. Y al mismo tiempo se configuran rivalidades y lealtades internas con la dialéctica padre-madre como hilo conductor.

A las siete y media de la mañana ya había periodistas esperando en la puerta de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El lugar, en medio de un polígono industrial, es poco gratificante: asfalto, camiones, naves industriales y rodeado de policías nacionales. También hace ese frío seco de la meseta central que obliga a llevar guantes, gorro y abrigo polar. Todos los cámaras esperan una imagen: la familia Pujol entrando en la Audiencia Nacional. Difícilmente los Pujol habrían imaginado, cuando el padre dejó la presidencia de la Generalitat hace 22 años, que acabarían asientos todos en el banquillo de los acusados ​​en Madrid. Los intocables no sólo dejaron de serlo, sino que se convirtieron en el tanto del Estado durante el Proceso. Un Proceso que ya no llena portadas de periódicos, pero que hoy ha vuelto a estar muy presente en la sesión de San Fernando de Henares.

"El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia". Pese a que los informes forenses desfavorables sobre su estado de salud lo desaconsejaban, la Audiencia Nacional se ha negado a exonerar a Jordi Pujol y Soley y ha decidido sacar adelante el juicio contra él. Sus siete hijos, la exmujer del primogénito y diez empresarios también se sientan en el banquillo de los acusados ​​en un juicio que llega cuatro años después de que concluyera la instrucción y que debe discernir si la fortuna que los Pujol tenían en Andorra procedía del abuelo Florenci o se engrosó con dinero procedente de comisiones ilegales. La Fiscalía acusa al expresidente de la Generalitat de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y pide nueve años de cárcel para él.

Este lunes pone en marcha en la Audiencia Nacional el juicio de la década. A lo largo de seis meses, el tribunal deberá discernir si el dinero que la familia Pujol Ferrusola tenía en Andorra procedía de la deja del abuelo Florenci, como asegura el expresidente catalán desde la confesión de julio del 2014, o provenían de "pagos millonarios ilícitos" de empresarios a cambio de "favores políticos".

A finales de noviembre debe empezar uno de los juicios que generan más expectativa de los últimos años. La familia Pujol, acusada de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental, se sentará ante un tribunal. Está por ver, sin embargo, si el expresidente Jordi Pujol asistirá presencialmente al juicio. Este viernes, según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA, el que fue presidente de Catalunya durante 23 años ha pedido a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud para decidir si le permite acudir a juicio.

La Audiencia Nacional señala el 10 de noviembre de 2025 para el juicio a la familia Pujol. Hace años que la instrucción se cerró y que se estaba pendiente hacer un agujero a esta causa, que no tiene acusados ​​en prisión preventiva y, por tanto, iba aplazándose. Pero finalmente se ha encontrado fecha. Dentro de un año se celebrará el juicio oral al expresidente de la Generalitat y sus hijos por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra la Hacienda pública. El tribunal prevé que sea un juicio muy largo y que acabe el 23 de abril del 2026, justamente el día de Sant Jordi, después de cincuenta sesiones.