¿Quién es quién y qué se juzga en el juicio de la familia Pujol Ferrusola?

MadridEste lunes pone en marcha en la Audiencia Nacional el juicio de la década. A lo largo de seis meses, el tribunal deberá discernir si el dinero que la familia Pujol Ferrusola tenía en Andorra procedía de la deja del abuelo Florenci, como asegura el expresidente catalán desde la confesión de julio del 2014, o provenían de "pagos millonarios ilícitos" de empresarios a cambio de "favores políticos".

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A las diez de la mañana, todas las miradas estarán puestas en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y antes de empezar el juicio habrá un momento clave para el procedimiento: una videoconferencia a puerta cerrada para conectar con el domicilio de Jordi Pujol –que fue dado de alta el viernes de una neumonía– con el objetivo de evaluar su estado de salud. In situ, los magistrados tendrán que decidir si archivan la causa contra él, a raíz de los informes médicos que apuntan a un "deterioro cognitivo moderado". Seguidamente, será el turno de las cuestiones previas, en las que los abogados de las defensas alegarán una falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y argumentarán que el juicio debería estar en Catalunya. Además, habrá abogados que denunciarán las pruebas ilícitas que se han podido obtener durante la instrucción –en el marco de la llamada operación Catalunya– y otros apuntarán a que los hechos han prescrito, según apuntan fuentes jurídicas al ARA.

¿Qué se juzgará?

Tras una investigación de doce años, José de la Mata –que sustituyó a Pablo Ruz el tercer año de la instrucción– concluyó que la familia Pujol aprovechó su "posición privilegiada de ascendencia" en la "vida política, social y económica catalana" para "acumular un patrimonio desmedido" que estaba "directamente relacionado" con "percepciones". En opinión de la Fiscalía Anticorrupción, Jordi Pujol tejió una "red de clientelismo" en la que él y "empresarios afines" en Convergència "se repartían" los "excelentes beneficios" de concursos públicos que dependían de administraciones catalanas. Esto llevó al expresidente catalán a conseguir un patrimonio "ajeno a sus ingresos legales" que "tuvo que ocultar" a la Hacienda española ya la "sociedad catalana". El ministerio público pone números: del 2008 al 2012, las cuentas de la familia Pujol pasaron de 106.796 euros a 12,2 millones.

Así pues, el juez cree que la familia diseñó un "plan preconcebido" para ocultar "grandes sumas de dinero de origen desconocido" a través de una "clásica operativa" de blanqueo de capitales, liderada por el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que ingresaba las "sumas de dinero" a sus cuentas y les repartía entre sus cuentas. De hecho, apunta a que concurrían "todos los mecanismos" propios del blanqueo de capitales, como el uso de sociedades mercantiles instrumentales y de testaferros y la existencia de entregas de grandes cantidades de dinero en efectivo.

¿Qué alega la familia?

En julio del 2014, Jordi Pujol se vio obligado a difundir un comunicado para explicar que su padre, Florenci Pujol, le había dejado un depósito en Andorra porque veía un "futuro incierto" en su carrera política, reconociendo que "nunca" había encontrado el "momento adecuado" para regularizarlo. En el escrito de defensa, el abogado del expresidente catalán, Cristóbal Martell, insiste en este relato y alega que el dinero debía servir para "amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica" por el "riesgo político que asumía" su hijo.

La defensa de Pujol aseguraba que el fondo no tiene "ninguna relación" con "la alta función pública" que ejerció: "Nunca torció su recto y digno ejercicio. [...] No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad", recalcaba. Por contra, el juez José de la Mata no dio por buena esta versión y replicó que "no se ha aportado ningún elemento" que permita "contrastar su veracidad" y nadie ha aportado ninguna "explicación razonable y contrastable".

En 2015, cuando compareció en la comisión de investigación del Parlament, Jordi Pujol Ferrusola aseguró que no ha cobrado "nunca comisiones" de "nadie que haya trabajado con la administración pública". Posteriormente alegó que no puede "entreverse ni remotamente" un indicio de corrupción en la presidencia de su padre.

¿Quiénes son los acusados?

Hay diecinueve acusados. El gran nombre es el de Jordi Pujol y Soley, que fue presidente de la Generalidad de Cataluña de 1980 a 2003. Según el juez, él ostentaba el "liderazgo" de la organización criminal. Ahora bien, lo que se enfrenta a una pena más alta es Jordi Pujol Ferrusola, su hijo mayor, que seguía las "instrucciones" de su padre y tenía un "rol preeminente" al asumir la "dirección de toda la estrategia", según el juez instructor.

Les acompañarán los otros seis hijos –o hermanos–, que "seguían las instrucciones" de Jordi Pujol junior y se beneficiaron del dinero "directa y conscientemente". Además, se juzgará a Mercè Gironès, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, ya diez empresarios, acusados ​​de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales. Los empresarios intentarán explicar que las facturas que hacían en las empresas de Jordi Pujol junior no eran a cambio de adjudicaciones, sino que respondían a trabajos reales.

¿A qué penas se enfrentan?

Las acusaciones son la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La máxima pena que pide el ministerio público es para Jordi Pujol Ferrusola (29 años), seguido de Mercè Gironès (17 años) y Josep Pujol Ferrusola (14 años). Asimismo, solicita nueve años de cárcel para el expresident Pujol. Todos los miembros de la familia están acusados ​​de asociación ilícita –y no de organización criminal, que era la tesis del juez– y de blanqueo de capitales. Por este último delito, la Fiscalía pide una multa de 38,7 millones de euros, así como 8,1 millones de dólares, 2,7 millones de marcos alemanes y 95.000 libras esterlinas. Además, Mercè Gironès y sus hijos Josep y Jordi también están acusados ​​de falsificación de documento mercantil y delitos contra la hacienda pública. A los dos últimos les suma un delito de frustración de la ejecución.

Por su parte, la Abogacía del Estado se circunscribe a los presuntos delitos que hayan "ocasionado un perjuicio" a la hacienda pública y sólo acusa al primogénito, al que pide 25 años de cárcel, ya Mercè Gironès, a quien solicita 17 años y medio de cárcel. Les reclama que devuelvan 7,7 millones de euros supuestamente defraudados. Además reclama cuatro años de cárcel para Josep Pujol Ferrusola. En cambio, no acusa ni al expresidente catalán ni a ninguno de sus otros cinco hijos.

¿Quién les juzgará?

El presidente del tribunal será el progresista José Ricardo de Prada, al que se le achacan las frases más contundentes a la sentencia del caso Gürtel, que desembocó en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Hace un par de años, el senador del PP José Antonio Monago le acusó de haber perpetrado el "caso mayor de lawfarede España. En 2018 fue propuesto por el PSOE para formar parte del CGPJ, un nombre que el PP aceptó inicialmente, pero que acabó vetando.

La ponente será María Fernanda García Pérez, que fue el artífice de la sentencia sobre la caja B del PP, quien probó que José Luis Bárcenas tenía una contabilidad paralela al PP y que la reforma de la sede de Génova se pagó con dinero negro. Dio el salto a Madrid después de dos décadas en Jaén porque tenía "inquietud por progresar".

La tercera componente será la también progresista Ana Mercedes del Molino. En el pasado, participó en la instrucción del caso de las escuchas del Cesid y de los fondos reservados del ministerio del Interior, y recientemente formó parte del tribunal que juzgó la tragedia del Madrid Arena, que terminó con una condena de cuatro años de cárcel para el promotor de la fiesta de Halloween.

¿Quiénes serán los testigos?

A lo largo del juicio, declararán 255 testigos. La lista incluye a Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quien fue quien inicialmente denunció el caso. También fue quien, en una conversación en La Camarga que fue grabada por Método 3 y que acabó filtrada, reconoció a Alícia Sánchez-Camacho –que no tendrá que testificar– que el hijo del expresidente iba con bolsas de dinero a Andorra. La defensa desacredita su testimonio por cobro de fondos reservados.

Además, tendrán que declarar Ramon Espadaler –actual consejero de Justicia y consejero de Medio Ambiente con Pujol entre el 2001 y el 2003– y Salvador Milà –de ICV-EUiA, que fue su sucesor en la cartera–. Además, serán citados Jordi Puig –empresario y hermano de Felip Puig, ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas con Pujol– y dos responsables de la Banca Privada de Andorra.

¿Qué papel ha tenido la operación Cataluña?

Desde que estalló el caso Pujol, la sombra de sospecha de José Manuel Villarejo, el uso de la policía patriótica y la relación con eloperación Cataluña han sobrevolado la causa. De hecho, el comisario jubilado de la policía española fue quien animó a Vicky Álvarez a denunciar al primogénito. También está en cuestión el papel de la Banca Privada de Andorra que facilita información de las cuentas de la familia Pujol.

Asimismo, el ex-DAO de la policía española, Eugenio Pino, fue condenado por revelación de secretos de Jordi Pujol Ferrusola por haber entregado a la UDEF, al CNI y al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba el caso una memoria USB con información del primogénito sin advertir que tenía un "origen ilícito". El lápiz de memoria quedó excluido como prueba y esto evitó que la causa pudiera terminar anulada.

Doce años después de que estallara el caso, este lunes la familia Pujol se sienta en el banquillo.