Trabajar en la red de embajadas y consulados españoles dista del idilio con que se asocia la diplomacia. Es lo que denuncia tanto el personal que trabaja para el Estado en el exterior como los representantes de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero y son usuarios de esta red. Todos ellos hace tiempo que batallan por una mejora de recursos ante el "colapso" que aseguran que viven en los servicios consulares. "Hay cabreo" con el ministerio, explican fuentes diplomáticas a el ARA, que denuncian la indiferencia por parte del gobierno español, a pesar de que desde el ministerio de Exteriores aseguren en este diario que están trabajando para redimensionar el servicio. El mismo ministro José Manuel Albares lo ha reivindicado este lunes en declaraciones a RAC1, si bien ha admitido las "necesidades" del servicio exterior después de años de "desatención".

Pedro Sánchez se ha propuesto ser la antítesis de Donald Trump, también en el caso del ataque de Estados Unidos a Irán. Aunque la Moncloa rechaza de plano el régimen iraní, se sitúa también a la misma distancia respecto a la ofensiva iniciada por los norteamericanos en Oriente Medio, ya que considera que no se puede avalar que la administración Trump se salte el derecho internacional. Una posición que dista del criterio del conjunto de la Unión Europea, más tibio, y sobre todo de Alemania, el Reino Unido y Francia,, que se han alineado directamente con los norteamericanos en contra de Irán. Este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha querido ser tajante y ha rechazado cualquier apoyo militar a Estados Unidos: "No se usan ni se usarán las bases norteamericanas de Rota y Morón de la Frontera para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas", ha dicho en Telecinco.

Prácticamente, diez años después del referéndum del Brexit, Gibraltar vuelve al mercado único, cae definitivamente la valla y, si bien sigue bajo soberanía británica, el Peñón cede el control fronterizo de puertos y aeropuertos a la policía española. El futuro de Gibraltar ya tiene una hoja de ruta legal definida según el texto completo del acuerdo entre Bruselas, Londres y Madrid, que los ministerios de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido acaban de hacer público esta mañana del jueves. La formulación legal –un texto de más de 1.000 páginas– pone negro sobre blanco el acuerdo político al que las tres capitales implicadas en la negociación, además de la propia Gibraltar, llegaron en junio del pasado año.

Donald Trump ha sacudido el orden mundial y ha consolidado una era –inaugurada por Vladimir Putin– en la que la ley del más fuerte rige las relaciones internacionales. Esto ha obligado a todos los estados, sobre todo a los aliados de la Unión Europea, a replantearse su rol. España no es una excepción, al contrario: desde la Moncloa son conscientes de este escenario cambiante y trabajan en una estrategia de fondo para que el presidente español marque un perfil propio en todas las crisis y, al mismo tiempo, intente ser influyente en la configuración de la política exterior europea. Todo ello en un contexto de desgaste en la política doméstica, donde trata de contrarrestar la agenda de la derecha con temas internacionales: este lunes habrá una muestra con la reunión después de casi un año con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el envío de las tropas a Ucrania.

Venezuela forma parte de la política española, no sólo por los miles de venezolanos que existen en el Estado –sobre todo en Madrid–, sino porque más allá de Gaza es uno de los debates internacionales que más tensiona al arco parlamentario. Este jueves en el Congreso de los Diputados se ha vuelto a poner en evidencia con la comparecencia extraordinaria del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha explicado su política en relación a la situación venezolana, y ha defendido no sólo el rol de "puente" de España con el país sino también el papel como mediador del expresidente español las críticas de la derecha y la extrema derecha durante toda la discusión pese a que la Fiscalía Antidroga se ha opuesto a investigarle por sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico venezolano. "Espero que le pidan perdón", ha reaccionado después la vicepresidenta española, María Jesús Montero.

Primer movimiento destacado de España en lo que se refiere al relato que mantenía hasta ahora sobre su pasado colonial. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconoció este viernes los "claroscuros" en la historia, admitiendo que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios". Lo ha expresado en Madrid durante la inauguración de una exposición titulada La mujer en México indígena, lo que permite leer estas palabras como un intento de acercamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que desde el inicio de su mandato ha insistido en varias ocasiones en que España debe pedir perdón por los excesos cometidos durante la colonización. La propia Sheinbaum respondió al ministro asegurando que la declaración de hoy es "muy importante" y la calificó de "primer paso".

Ni las reticencias de Alemania ni las dudas expresadas por otros países: lo que está frenando la oficialidad del catalán en la Unión Europea es el PP. Así lo ha denunciado este viernes el presidente Salvador Illa desde Euskadi un día después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, tirara agua al vino a los planes del gobierno español con las lenguas cooficiales en Europa. "Si esto todavía no está resuelto es porque el PP ha hecho llamadas", ha dicho Illa en el marco de un desayuno informativo en Vitoria antes de reunirse con el lendakari, Imanol Pradales, para tratar temas como la reforma de la administración, la vivienda, la gestión de la inmigración y la economía social, además de comprometerse ambos gallego en Europa sea una realidad. "Y después nos golpeamos en el pecho a favor de España. ¿De qué España? ¿De la España en la que el catalán y el euskera son provincianos? [...] A mí esta España no me interesa, me interesa una España plural y diversa", ha añadido al desayuno.

Las Cortes Valencianas reprobarán al ministro de Exteriores español, J. Manuel Albares, "para despreciar al valenciano", según va anunciar el presidente valenciano, Carlos Mazón, que no para de chutar balones adelante, por lo que quien día pasa año empuja. Sin embargo, la nueva martingala mazonesca es un ejemplo especialmente retorcido (y especialmente preocupante) de cómo el cinismo y la mentira de ciertos discursos políticos acaban generando lo que conocemos como hechos alternativos: una versión de la realidad completamente falseada que aspira a presentarse como verdadera.

Por primera vez desde el inicio de la ofensiva israelí, Europa comienza a tener una voz firme para pedir que se detenga la barbarie contra los civiles en Gaza. España ha sido uno de los países más activos desde el principio. Lo reivindica el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una entrevista en la que analiza la situación en la Franja y también la guerra de Ucrania, además de la cuestión del catalán en Europa.

Coincidiendo con el primer aniversario del reconocimiento de Palestina, España ha acogido este domingo una reunión del llamado Grupo de Madrid, un conjunto de países europeos, árabes y musulmanes que apuestan por ambos estados como solución al conflicto de Oriente Próximo. Esta vez, sin embargo, el encuentro se ha llamado Madrid+, porque participan una veintena de países que no han ido tan allá y con invitados especiales como Brasil. Al inicio del encuentro, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado una propuesta para extender la lista de sanciones individuales a Israel y también en el ámbito de la Unión Europea "a quienes quieren hacer inviable la solución de ambos estados". También ha remarcado que Bruselas debería suspender el acuerdo de asociación con el estado liderado por Benjamin Netanyahu -esta semana la UE se ha abierto a estudiarlo– y ha pedido que todos los países decreten un embargo de armas contra Israel. En el Estado el Congreso de los Diputados ha empezado a tramitar una ley para hacerlo posible, aunque desde el mismo gobierno español se ha enfriado la iniciativa.

Un equipo de Francia y Reino Unido viajará la próxima semana a Ucrania para avanzar en un futuro envío de tropas de paz. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, antes de participar en Madrid en la cuarta reunión del G5+, un foro creado en noviembre para abordar la seguridad europea y la evolución de la guerra en Ucrania, y del que forman parte la Comisión Europea, Alemania, Polonia, Francia, Italia, España, Reino Unido y Ucrania. Esta vez Madrid ha podido presumir de albergar la cumbre en un momento clave de las negociaciones. Ahora bien, es sabido que existen ciertas discrepancias entre algunos de los países, como en la cuestión del envío de tropas de paz: para España, este debate es "prematuro", así como para Polonia, tal y como ha afirmado su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski.

Cuando estalló la crisis por la ley del sólo sí es sí, el gobierno español ofreció a Podemos que Irene Montero fuera designada embajadora en Chile. Tratar ese cargo, el nivel máximo dentro del escalafón de la carrera diplomática, como una fórmula "bonita" –según denunció la formación lila– para quitarse de encima a alguien, es una práctica habitual cuestionada desde hace años por miembros del cuerpo diplomático, formado por funcionarios del Estado que deben hacer oposiciones e ir acumulando méritos durante años para acceder a ellos. Otros ex ministros de Pedro Sánchez, a diferencia de Montero, aceptaron ese destino. Isabel Celaá, exministra de Educación y exportavoz del ejecutivo, es embajadora en el Vaticano; Héctor Gómez, ex ministro de Industria, lo es en la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y Miquel Iceta, extitular de Cultura, en la Unesco, con sede en París.

José Manuel Albares, el ministro de Exteriores español, se reunió el miércoles 4 de diciembre con la maltesa Roberta Metsola, presidenta del Europarlamento, para pedirle que el catalán, junto con el vasco y el gallego, pueda hablarse con normalidad en la Cámara. La Abogacía del Estado española, por su parte, ha elaborado un informe defendiendo la iniciativa. Conseguirlo es más fácil, sobre el papel, que la oficialidad del catalán en la UE, asunto que queda atascado y choca con las reticencias de algunos estados.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, hizo el lunes balance del cumplimiento de los acuerdos con el PSOE y, entre otras cosas, criticó que el gobierno español no había hecho lo suficiente para defender la oficialidad del catalán en Europa. Precisamente, el diario ARA pudo saber que el mismo día que Puigdemont hacía su comparecencia en Bruselas, este lunes, la Abogacía del Estado remitía a la secretaría de estado para la Unión Europea un informe jurídico donde se defiende que el Reino de España puede llegar a un acuerdo administrativo con el Parlamento Europeo para que se puedan utilizar con normalidad las lenguas oficiales españolas distintas del castellano, es decir, el catalán, el gallego y el vasco. Este informe se suma a otro, emitido en noviembre del año pasado, en el que la Abogacía del Estado defiende que es posible modificar el reglamento que fija el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión Europea para incluir el catalán, gallego y vasco sin necesidad de modificar los Tratados, lo que lo complicaría mucho más.

Nueva respuesta de Israel a España por el reconocimiento del estado palestino. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha anunciado la decisión de "cortar la conexión" entre la diplomacia española en el país hebreo y los palestinos y "prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios" a la población palestina en Cisjordania. A la espera de saber cómo se concretarán estas palabras, el gobierno español ya ha avanzado que protestará, sin descartar ninguna medida diplomática.

Como era previsible desde que el ministro José Manuel Albares hizo formalmente su petición el 17 de agosto, el catalán no se habrá convertido en una lengua oficial de las instituciones europeas durante la presidencia española del Consejo de la Unión. Ahora que la petición española está técnicamente atascada puede resultar oportuno reflexionar sobre las causas de este fracaso y las posibles alternativas que se vislumbran.

Pedro Sánchez no ha pagado por adelantado. A finales de mes terminará la presidencia española de turno de la Unión Europea y no se habrá cumplido el compromiso de convertir el catalán en la 25a lengua oficial de la Unión Europea. Quien quiera ver el vaso medio lleno se consolará diciendo que el gobierno español ha hecho todo lo que podía, pero no ha salido adelante. En cambio, quien conozca los mecanismos de la política internacional y la forma en que se relacionan los estados, tendrá dudas razonables sobre si el Reino de España ha jugado a fondo sus cartas para conseguir ese objetivo.

El posicionamiento de Pedro Sánchez a favor de la solución de ambos estados en el conflicto entre Israel y Palestina parece haber molestado, al final y muy concretamente, a dos agentes políticos: el gobierno de Israel (el gobierno de Netanyahu y sus aliados ultraderechistas) y la derecha/ultraderecha española. La Comisión Europea, en cambio, no parece haberse inmutado, tal vez porque existe sintonía entre su gobierno y el de España (entre Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez) a la hora de fijar ese posicionamiento. A estas alturas queda claro que Sánchez es un dirigente que improvisa poco, y que suele trabajar con riesgos calculados (al contrario de las acusaciones que se lanzan desde PP y Vox de ser un temerario y un iluminado). Las declaraciones del presidente español atan bien con el cambio de rumbo que ha hecho la Unión Europea al respecto: del apoyo sin fisuras que se dio a Netanyahu justo después de los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre se ha pasado a una postura más crítica con Israel, incidiendo en la necesidad de la ayuda humanitaria. Así la UE, sin descompasarse nunca de la Alianza Atlántica, ha contribuido a forzar la tregua de estos últimos días, que está a punto de terminar y tras la que Netanyahu ya ha avisado reiteradamente de que se reanudará la guerra.

No ha vencido las reticencias de algunos estados respecto a la oficialidad del catalán –Letonia y Finlandia las han expresado públicamente esta semana y otros muchos estados se mantienen expectantes– y no conseguirá que las instituciones europeas acepten incrementar las lenguas oficiales antes de que se agote el plazo para investir a Pedro Sánchez, tal y como le había exigido JxCat. Y, sin embargo, el gobierno español está satisfecho con las acciones que lleva semanas haciendo para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea y se muestra optimista que acabarán dando resultado. Este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que, de hecho, el gobierno español ya "ha cumplido" porque ha hecho la petición formal en la UE.

A primera hora del día, por los conductos reglamentarios, se daba a conocer la noticia del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, que no por previsible dejaba de ser un paso necesario para seguir con la parte difícil del acuerdo, los equilibrismos con los independentistas vascos (que negocian desde su habitual silencio) y los catalanes (que se pasan el día gesticulando y haciendo revuelo). El PP enseguida reaccionó con un tuit en el que intentaban hacer gracia sobre la "sorpresa" que les producía un acuerdo "contra todo pronóstico". En la misma línea lúdico-humorística, alguien dentro del PP ironizó sobre “la capacidad negociadora de Yolanda Díaz”, etc.