La Audiencia de Barcelona ha ordenado ampliar la investigación sobre el caso Pegasus e imputar a tres directivos de NSO Group, la empresa israelí propietaria del software espía, y sus filiales en Luxemburgo. Se trata de la primera vez que directivos de la compañía tendrán que responder ante la justicia, según destaca la entidad Irídia. Fue precisamente ese centro de defensa de los derechos humanos el que señaló con nombres y apellidos al responsable de NSO Group mediante una ampliación de la querella por el espionaje a uno de los abogados clave de la judicialización del Proceso, Andreu Van den Eynde, que representa a varios encausados ​​de ERC.

En pleno escándalo por el Catalangate, el espionaje masivo a independentistas catalanes con el programa Pegasus, el presidente español, Pedro Sánchez, se comprometió con ERC a reformar la ley de secretos oficiales ya reforzar los controles sobre el CNI. del 2022. Esta semana pasada, los Mossos han acreditado el espionaje en el móvil del expresidente Pere Aragonès en algunos períodos sin autorización judicial, un caso por el que está siendo investigada la exdirectora del CNI, Paz Esteban. El caso es que ambas reformas quedaron en un cajón con el adelanto electoral y todavía no se han reactivado. Se trata de dos asignaturas pendientes del presidente español, que este lunes comparece para hacer balance del último año y sacar pecho de que, pese a la debilidad parlamentaria, su gobierno ha podido aprobar 21 leyes.

Ya hace dos años que el centro de investigación de Toronto CitizenLab destapó el espionaje a prácticamente unos setenta líderes y personas vinculadas al independentismo a través del software israelí Pegasus. Después de que el Centro Nacional de Investigación (CNI) reconociera algunos casos, como la vigilancia al expresidente Pere Aragonès, este viernes seis de las víctimas de espionaje del Catalangate han anunciado una querella conjunta contra el CNI, la Guardia Civil, Pegasus y Candiru a través de Sentinel Alliance, una asociación internacional fundada por afectados del software espía con el objetivo de "exponer y combatir el abuso". La agrupación se dio a conocer este viernes en Barcelona con presencia de Joan Arús, presidente y portavoz de Sentinel Alliance, y los abogados Xavier Muñoz y Alejandro Gámez. Los tres participaron en la querella, que se registrará próximamente en la Audiencia Nacional (AN) por presuntos delitos de revelación de secretos con el agravante de acceso sin consentimiento a información personal y otro agravante de pertenencia a un grupo criminal. La presentarán el propio Arús; el investigador de CitizenLab, Elies Campo; el empresario y activista Joan Matamala; y los empresarios e investigadores tecnológicos Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.

El escándalo Pegasus parecía en un punto muerto desde que la Fiscalía pidió hace medio año en la Audiencia de Barcelona que archivara la causa contra la ex directora del CNI Paz Esteban por el espionaje de Pere Aragonès. La Fiscalía considera que el ciberataque en el teléfono del entonces presidente de Catalunya con el software espía Pegasus se hizo con aval judicial, pero la Audiencia de Barcelona ha mantenido su imputación. Y ahora el caso Catalangate toma un nuevo empuje también a través de otra causa: el centro de defensa de los derechos humanos Irídia, después de dos años y medio de trabajo, ha señalado con nombres y apellidos a los responsables de la empresa NSO Group, propietaria de Pegasus, y de dos filiales europeas (OSY Technologies y Q Cyber Technologies), que considera implicados en el espionaje en el teléfono de uno de los abogados clave de la judicialización del Proceso, Andreu Van den Eynde.

Ya advertimos que el proceso para aprobar la ley de amnistía sería tortuoso, y el capítulo de la presentación de las enmiendas así lo demuestra. Por último, Junts ha aceptado la tesis de que era mejor retirar de la ley la excepción de los delitos de terrorismo, tanto para proteger a los CDR que pueden acabar siendo condenados por este delito como porque podía ser la excusa para declarar la norma inconstitucional. Pero el PSOE, que ya había pactado el grueso del redactado, no ve claro ese punto y se ha negado a ello. Eso sí, en enmiendas pactadas con ERC y con otros grupos, los socialistas se abren a introducir cambios menores de carácter técnico. Pero sólo eso.

Por primera vez, un cargo del Centro Nacional de Investigación (CNI) deberá dar explicaciones como investigado por el caso Pegasus, de espionaje político. Según ha avanzado Eldiario.es y ha confirmado el ARA, un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el espionaje en su teléfono móvil y ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, cesada en mayo del pasado año después de que estallara el llamado Catalangate.

Nueva amonestación a España por el espionaje con el programa Pegasus a unos sesenta independentistas, el caso conocido como Catalangate destapado en abril de 2022. Si en junio era el Parlamento Europeo quien daba un toque de atención al Estado por aquellos hechos, ahora es el Consejo de Europa quien se suma a las críticas por haber hecho uso de este software espía. Este organismo da toda la credibilidad a las denuncias de los afectados y avisa de que ha habido "graves implicaciones para los derechos humanos fundamentales de las personas atacadas", como "el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión". Lo que viene a decir es que, en aras de la "seguridad nacional", los estados no pueden hacer lo que quieran. Para rematarlo, pide un "moratoria" en el uso de estos programas espía hasta que exista una regulación europea precisa sobre cómo utilizarlos. No solo España sale maltrecha en el informe; también Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaiyán.

La justicia belga investiga al Estado por ciberespionaje a miembros de la ejecutiva de Plataforma per la Llengua. Después de detectar hasta cinco móviles en la organización, algunos de ellos de personas residentes en Bélgica, infectados con Pegasus o un software similar, la entidad de defensa y promoción del catalán presentó una querella penal en un tribunal de primera instancia de Bruselas que ha sido admitida a trámite, según ha explicado esta mañana en una rueda de prensa.

Hace medio año que el caso de espionaje al independentismo a través del programa Pegasus, el Catalangate, sacudió la política catalana e hizo tambalear las relaciones entre la Generalitat y el Estado. Pasado este tiempo, el tema ha quedado pendiente de la justicia –hay varias causas abiertas en Barcelona y en Madrid– y ha ido perdiendo presencia en el debate del día a día. Para intentar reactivar aunque sea la denuncia pública de los hechos, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, viaja este jueves a Bruselas. Ahí se reunirá con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, al que trasladará la "vulneración de derechos fundamentales" y reclamará que nadie dé la carpeta por "cerrada".

Este miércoles, 156 días después del estallido del Catalangate –el pasado domingo se cumplían cinco meses justos–, el Parlament ha constituido la comisión de investigación sobre el escándalo de espionaje al independentismo. La cámara ha escogido a Meritxell Serret (ERC) como presidenta, Albert Batet (Junts) como vicepresidente y Meritxell Vinyets (CUP) como secretaria. El objetivo de la iniciativa, en palabras de Serret, es "aclarar los hechos y falcar la defensa de los derechos fundamentales". Hay mucho trabajo por hacer, puesto que de momento hay más interrogantes que certezas sobre el caso. Para poner luz, el Parlament podrá pedir la comparecencia de los dirigentes del gobierno español y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a pesar de que, según el criterio del Consejo de Estado –que siguen siempre los cargos españoles–, solo están obligados a ir al Congreso. Rius, con todo, ha precisado que "la idea es citar a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas". Estas son las principales preguntas sin respuesta del Catalangate.

Òmnium Cultural ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales tanto por el Catalangate como por los casos de infiltraciones de policías y confidentes dentro de las organizaciones juveniles independentistas que se han conocido en las últimas semanas. El presidente de la entidad soberanista, Xavier Antich, ha denunciado las "graves vulneraciones del derecho a la intimidad y de asociación debido a la monitorización constante" al independentismo y ha advertido que agotarán todas las vías hasta llegar, si hace falta, a Estrasburgo. El primer paso del recorrido ha sido la presentación, este miércoles por la mañana, de un requerimiento administrativo dirigido al ministerio del Interior dando diez días al ministro Fernando Grande-Marlaska para que "detenga" estas prácticas.

El día siguiente de estallar el caso de espionaje masivo contra el independentismo, el president Pere Aragonès anunció que presentaría una querella contra los responsables de los hechos. Esto se producirá en "las próximas horas", cuando el presidente tiene previsto formalizar esta querella contra dos destinatarios principales: la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus con el que se espió al independentismo. "Queremos una investigación ágil que evite la prescripción de los delitos. Se tiene que evitar la impunidad de los responsables de estos", ha explicado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Con el estallido del Catalangate, la indignación de la Generalitat hizo que anunciara la congelación de las relaciones con la Moncloa hasta que el gobierno español hubiera dado explicaciones y depurado responsabilidades por el caso de espionaje masivo al independentismo. A pesar de que esta congelación no se cumplió nunca al cien por ciento, las relaciones se retomarán este miércoles a la Moncloa con una reunión entre la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La Generalitat acudirá a la cita con un único punto en el orden del día: "abordar el bloqueo" en las relaciones entre los dos gobiernos a raíz del caso Pegasus. Un bloqueo que pone en peligro la gran estrategia de fondo del president Aragonès esta legislatura que es la del diálogo Generalitat-Estado para intentar resolver el conflicto político.

Los tribunales tendrán que ser los que diriman quién hay detrás del caso Pegasus, el espionaje a decenas de dirigentes independentistas, entre ellos el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y también de miembros del Gobierno español como el propio presidente Pedro Sánchez, pero las investigaciones avanzan a ritmo diferente. En Catalunya el juzgado de instrucción 32 de Barcelona parecía destinado a encabezar la gran macrocausa del Catalangate, pero las querellas de Òmnium Cultural, la ANC, ERC y la CUP han acabado dispersándose en cuatro juzgados diferentes, con el riesgo de que el caso acabe diluyéndose. En Madrid, en cambio, la Audiencia Nacional ha imprimido velocidad de crucero en la investigación por el espionaje en los móviles de Sánchez y también de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.

Lo que hoy se conoce como caso Pegasus, el espionaje político mediante el malware intrusivo de la empresa israelí NSO, empezó con el Catalangate. Y el Catalangate, hay que recordarlo, arrancó cuando se hizo público el espionaje en los teléfonos del expresidente del Parlamento y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y del dirigente de ERC en Barcelona Ernest Maragall. La intrusión en los móviles de Torrent y Maragall abrió una causa judicial en octubre de 2020, pero el Catalangate ha crecido con el descubrimiento de que también se espiaron a decenas de activistas, políticos, abogados y periodistas vinculados al independentismo, incluyendo al president, Pere Aragonès. Este escándalo se ha complicado todavía más, reconvirtiéndose en el caso Pegasus, con la sorpresiva admisión pública por parte del Gobierno español de que se había espiado a su presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y que se había intentado con el responsable de Agricultura, Luis Planas.

Parecía que el juzgado de instrucción 32 de Barcelona estaba llamado a ser el centro neurálgico de la investigación por el presunto espionaje masivo a políticos, abogados y activistas independentistas del Catalangate. Y más porque el juez ya había abierto hace un año y medio otra investigación por el presunto pirateo en los móviles del expresidente del Parlament y ahora conseller de Empresa, Roger Torrent, y del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. Pero el juzgado ya archivó esta causa provisionalmente hace unos días. Ahora también ha rechazado acumular las querellas presentadas por los miembros de la CUP y de Òmnium Cultural afectados, que han acabado fragmentadas en otros juzgados, con el riesgo de que acaben diluyéndose en el tiempo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado levantar el secreto de sumario sobre la investigación por el supuesto espionaje de los móviles del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, utilizando el software Pegasus. Además, el magistrado también ha citado como testigos para el 5 de julio a las 9 de la mañana al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El juez quiere tomar declaración a Bolaños como máximo responsable del departamento de Seguridad de La Moncloa. Calama abrió esta investigación a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado.

Amnistía Internacional (AI) es una de las organizaciones más activas en la lucha contra el espionaje a través de programas como Pegasus, que considera que vulneran los derechos humanos. De hecho, el software que internacionalmente se usa para detectar si un móvil está infectado por este virus desarrollado por la empresa israelí NSO salió precisamente de su centro de investigación. Ahora se ha sumado a las críticas contra el gobierno español a partir del Catalangate, y después de la comparecencia este jueves en el Congreso del presidente español, Pedro Sánchez, ha hecho público un decálogo de medidas para que la Moncloa no cierre en falso esta crisis.

El expresident Artur Mas (Barcelona, 1956) atiende al ARA después de la publicación de audios del excomisario José Manuel Villarejo que evidencian la fabricación de noticias falsas para perjudicarlo en 2012.