Más de dos millones de catalanes reciben atención de entidades reunidas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social que confía en que el Parlamento apruebe, después de tres años, la ley del tercer sector que debe reconocer el trabajo que realizan profesionales y voluntariado. Desde mayo de 2025, Xavier Trabado Farré es su presidente en sustitución deEnric Morist, muerto repentinamente.

Pese a las buenas cifras de la economía y de un paro bajo, la pobreza ha crecido 0,8 puntos en el último año en Cataluña. Se rompe así la tendencia de una tímida reducción que arrancó en el 2021 gracias a la inyección de ayudas del escudo social aprobado a raíz de la crisis de la pandemia. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada este jueves por el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el 24,8% de la población catalana es pobre y vive con privaciones materiales. El empeoramiento social no ha sorprendido a las entidades y ONGs, que llevan meses notando un aumento de la demanda, incluso entre las personas que tienen un trabajo. El umbral de la pobreza se fija en ingresos inferiores de 13.800 euros para una sola persona y de 29.100 para dos adultos y dos criaturas, y, de hecho, la precariedad se está cebando especialmente entre los menores de 16 años.

"Te sientes una isla cuando migras, en medio de un océano de trámites". La frase la ha pronunciado Tatiana Cárdenas, recién nacionalizada española colombiana, para definir los déficits del sistema de acogida y los servicios de atención para la nueva inmigración. Con datos y entrevistas, un informe presentado este jueves por la Mesa del Tercer Sector coincide de lleno con sus palabras, calificando el sistema de caduco, demasiado rígido y burocrático para unas necesidades y perfiles tan diversos de las personas que llegan en esta ola migratoria que ha hecho que Catalunya haya alcanzado los ocho millones de habitantes.

No todas las personas que tienen derecho a recibir una prestación social la cobran. Algunos ni siquiera la piden porque o bien no saben que tienen derecho a ella o ni siquiera hacen la solicitud por desconocimiento. Es el fenómeno conocido como non take-up o brecha de cobertura, dejando a miles de personas vulnerables sin protección. Se calcula que en Cataluña el 79% de las familias con hijos que podrían recibir el complemento por infancia no lo reciben; el 18% de las personas que cumplen los requisitos para la renta garantizada de ciudadanía no se benefician, y un 66% de los potenciales usuarios del ingreso mínimo vital (IMV) tampoco.

A los prejuicios que señalan las mujeres feministas, las personas inmigrantes, pobres, gitanas o el colectivo LGBTIQ, hay que sumarle el impacto que representa la desinformación, las mentiras que se esparcen como la pólvora a través de perfiles virtuales. No es que las informaciones falsas sean un escenario moderno, pero en la última década se ha producido "un punto de inflexión", a partir del Brexit y de las primeras elecciones en las que se impuso Donald Trump en EE.UU.

Adiós multitudinario para Enric Morist, presidente de la Mesa del Tercer Sector, fallecido de un infarto a los 59 años el viernes 2 de mayo en Igualada. En el acto de despedida del activista, que durante dos décadas había sido coordinador de Cruz Roja Catalunya, se han reunido familiares, amigos, miembros de entidades sociales, así como una amplia representación política, encabezada por la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y buena parte de la cúpula directiva. También acudieron el expresidente Pere Aragonès y antiguos consejeros de diferentes gobiernos que habían tratado a Morist. La gran afluencia en el tanatorio de la capital anoiense este lunes ha obligado a realizar la ceremonia en el exterior, donde el sencillo féretro ha sido recibido con aplausos.

Las 3.000 entidades del tercer sector (desde las que se encargan de temas de infancia o pobreza, pasando por ocio o salud mental) superaron el pasado año la barrera de los dos millones de personas atendidas. Sin embargo, el crecimiento de la actividad no va acompañado de una financiación estable, y esta carencia condena a las asociaciones a endeudarse. Sin ir más lejos, el 41% de estas entidades están pendientes de que las administraciones públicas les paguen las partidas comprometidas, según las conclusiones del barómetro que ha presentado la Mesa del Tercer Sector de Cataluña con datos del ejercicio cerrado de 2023. deuda pública de ese año se incrementó un 5% respecto al 2021, siendo la Generalitat la administración más morosa, seguida de los ayuntamientos. "Esto provoca tensiones en la tesorería", sostiene Marta Campo, de la junta de la Mesa, entidad que hace de paraguas de entidades y federaciones. Para continuar con la actividad, las mayores entidades tienen musculatura para contratar pólizas de crédito con las que consiguen una línea de financiación para gestionar el día a día. Por el contrario, las más pequeñas deben buscar soluciones más drásticas, como el retraso de las actividades programadas, una solución que afecta directamente a los usuarios y la calidad del servicio.

Si existe un factor que marca las probabilidades de ser pobre en Cataluña es el del origen. Haber nacido fuera de los límites de la Unión Europea casi multiplica por tres el riesgo de exclusión social, el término con el que la sociología define una vida marginal y con privaciones de necesidades básicas: el 52,7% de los extranjeros no comunitarios son pobres, frente al 20,7% de los nacidos en España, según el informe de los indicadores sociales Insocat, elaborado por la federación ECAS. Y si al lugar de nacimiento se le añade el factor del género, la fotografía de la pobreza tiene nombre de mujer, de mujer migrante.

Los ingresos del 20% de los catalanes que más ganan multiplican casi por cinco (por 4,6, exactamente) los del 20% de la población que menos ganan. Esta diferencia muestra la desigualdad social en Catalunya, una brecha que desde hace una década se mantiene en porcentajes similares. Si bien es cierto que existe una ligera mejora a partir de la pandemia, la tasa de pobreza está clavada en el 25% de la población. Todavía es más alta entre los menores de 18 años, que alcanza el 34%, y mucho más entre la población inmigrada, en la que sube hasta el 45%.

No hace ni 24 horas que Enric Morist (Igualada, 1965) sustituye a la veterana Francina Alsina al frente de la Mesa de las Entidades del Tercer Sector, una plataforma que reúne a 3.000 entidades y 37 federaciones sociales, que se dedican desde el ocio, a la salud mental o la atención a la vulnerabilidad y la discapacidad. En el currículo de Morist, que había sido expresidente de la organización, se destacan las dos décadas como responsable de Cruz Roja en Catalunya y la actual dirección de la Fundación Ayuda y Esperanza.

Relieve en la Mesa de Entidades del Tercer Sector. El activista Enric Morist es el nuevo presidente de la gran plataforma de asociaciones sociales y federaciones en sustitución de Francina Alsina, quien ha agotado los dos mandatos máximos. La de Morist ha sido una candidatura única en las elecciones para renovar la junta directiva, que se ha presentado como un órgano continuista con la labor de sus antecesores. Como diferencia, ahora han quedado fuera la Federación Catalana de Entidades Contra el Cáncer y la Fundación Pere Tarrés, mientras que, por el contrario, han conseguido un representante de Cohabitac (dedicada al derecho a la vivienda) y la Asociación San Juan de Dios de Cataluña.

En 25 años los mayores de 84 años representarán al 24% de los catalanes de más de 65 años –frente al actual 20%–. Esto significa, uno de cada cuatro. El envejecimiento y, en especial, el sobreenvejecimiento, junto con los nuevos modelos familiares, cuestionan el modelo actual de cuidados de las personas mayores, basado sobre todo en las residencias, sin olvidar el papel esencial que juegan las familias, en esencia las mujeres , ya que el 90% de las cuidadoras lo son. Por un lado, porque no existe previsión presupuestaria alguna que las plazas de geriatría aumenten al mismo ritmo que la vejez dependiente; y, por otro, por un nuevo perfil de ancianos que expresa la voluntad de mantenerse en su casa y no ingresar en ningún centro por no perder su autonomía personal.

Los resultados de las últimas elecciones europeas obligan a plantearse cómo combatir el discurso del odio que la extrema derecha y influencers populistas han logrado que se haga un agujero en las instituciones. Pero la pregunta es cómo frenar una narrativa que ataca derechos fundamentales y que se ha armado con mensajes simplistas que ya han empezado a penetrar en barrios con una alta exclusión social, donde han atraído a colectivos que, en realidad, están en su particular diana. Donde el nosotros [los locales, los occidentales] contra los otros [inmigrantes] no funciona, se ha explotado la defensa de unos valores supuestamente tradicionales que consagran a la familia y los roles de género convencional como pilares esenciales de la sociedad. Personas jóvenes y también inmigradas, gitanos o fieles de determinadas interpretaciones evangelistas e islámicas ultraconservadoras se han sentido atraídos por un discurso contra los derechos de las mujeres, lleno de LGTBI-fobia, antigitanismo y racismo.

Imagina que tus ingresos mensuales son de 710 euros y pagas 280 por un piso de alquiler. Puede parecer difícil, no sólo haber encontrado un alquiler tan asequible, sino llegar a fin de mes con poco más de 400 euros. Con esto tienes que cubrir el agua, la calefacción, la comida, la factura del móvil y, si te llega, alguna actividad de ocio para olvidar lo complicada que tienes la vida. Pero, por difícil que te lo parezca, un 7% de la población de Catalunya vive así o peor; es decir, por debajo del umbral de ingresos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Y, de ellos, casi la mitad sufren de sobrecarga financiera de la vivienda, destinando más de un 30% de sus ingresos al alquiler o hipoteca.