El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha inadmitido la querella del expresidente Carles Puigdemont contra el juez Joaquín Aguirre, ya jubilado, que fue el responsable de la instrucción del caso Volhov y la investigación sobre la supuesta trama rusa del Proceso. La querella le atribuía los presuntos delitos de prevaricación y malversación para abrir una nueva pieza separada en la que investigaba el entorno directo de Puigdemont cuando la Audiencia de Barcelona ya le había ordenado cerrar la instrucción del caso.

Con estos dos adjetivos ha definido Sandro Rosell en sede parlamentaria a la juez Carmen Lamela, que lo tuvo dos años en prisión por lo que resultó ser un montaje destinado a escarmentar al independentismo en una figura tan popular en la sociedad catalana como es la del presidente del Barça. Rosell ya había sido avisado por el gobierno de Rajoy, directamente. Tras la celebración del Concert per la Llibertat en el Camp Nou, en el verano del 2013, le hicieron llegar el siguiente mensaje: "Habrá un antes y un después". Y así fue. La policía patriótica centraba y la justicia remataba.

Vista desde Catalunya, la causa de la trama rusa del Proceso siempre fue un despropósito, un cuento para no dormir que pretendía relacionar el independentismo catalán con Vladimir Putin y, de paso, poner más difícil la aplicación de la amnistía en algunos dirigentes, puesto que se les podía acusar del delito de alta traición. Ahora, afortunadamente, es la propia Audiencia de Barcelona la que pone fin a un procedimiento lleno de irregularidades que el juez Joaquín Aguirre ha mantenido abierto durante años en contra de cualquier evidencia y resistiéndose a cerrar la instrucción. La decisión de la Audiencia no deja lugar a dudas, e incluso acusa al juez Aguirre de cometer un "fraude de ley". Ahora bien, que la causa haya quedado finalmente archivada y el juez señalado no quiere decir que no haya hecho daño a personas concretas y que no haya logrado alguno de sus objetivos.

Golpe de puerta a las teorías del juez Joaquín Aguirre sobre la alianza entre el independentismo catalán y la Rusia de Vladimir Putin. Los 10.000 soldados rusos, las diversas teorías reflejadas en autos judiciales y una investigación puesta en cuestión han quedado en nada después de que la Audiencia de Barcelona haya archivado este martes la trama rusa del Proceso. En una resolución que ha avanzado El Mundo ya la que también ha tenido acceso el ARA, la sección 21 de la Audiencia resuelve el recurso interpuesto por varios de los investigados de la pieza abierta sobre la supuesta injerencia del Kremlin y ha acordado su archivo. polémico juez de cometer un "fraude de ley" con sus argucias para continuar la investigación.

El juez Joaquín Aguirre ha alimentado la causa sobre la nueva trama rusa del Proceso con pruebas procedentes de la pieza que ya anuló la Audiencia de Barcelona. En un auto al que ha tenido acceso la agencia Efe, el magistrado apunta a que para "reactivar" la investigación sobre esta supuesta trama es "procedente" encargar otra vez a la Policía Nacional que utilice una copia íntegra de las actuaciones de la pieza inicial, además de una copia del contenido de los teléfonos móviles de varios de los investigados. Es decir, diligencias que ya fueron anuladas por la Audiencia de Barcelona.

La oposición a la ley de amnistía cuando está en manos de los tribunales tiene nombres y apellidos. ¿Quiénes son los magistrados que firman las resoluciones que ponen trabas a la aplicación de la norma?

Mientras la amnistía se abre paso con penas y trabajos por los distintos juzgados salvo para los líderes del Proceso, lo ocurrido con la causa de Tsunami Democrático que se investigaba en la Audiencia Nacional supera todos los límites del descrédito judicial. Todo el mundo sabía que las acusaciones por terrorismo no tenían ninguna base, pero que al final la causa haya caído por un error de forma (pedir la prórroga de la instrucción fuera de plazo) y no por efecto de la amnistía o por la corrección de una instancia superior hace pensar que, o bien Manuel García-Castellón es una persona incapacitada técnicamente para hacer de juez, o bien considera que ya ha cumplido la misión que tenía encomendada, que no era otra que torpedear el pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y los independentistas. La consecuencia más directa del archivo es que posibilitará el regreso a Catalunya de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de seis años en el exilio suizo. Y también de una serie de activistas como el periodista Jesús Rodríguez o Josep Campmajó, que se vieron implicados a última hora en ese montaje judicial.

El juez Joaquín Aguirre no tiró la toalla y dio un portazo a la amnistía para Carles Puigdemont. El instructor de la trama rusa sobre las presuntas vinculaciones del independentismo con el régimen de Vladimir Putin rechazó amnistiar al expresidente de la Generalitat ya los demás imputados y pidió al Tribunal Supremo que los investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal. Lo ha hecho en un auto avanzado por elAbc ya la que ha tenido acceso el ARA.

El 30 de enero, cuatro meses antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso, Juntos vetó la anterior versión del texto. Los de Carles Puigdemont tenían dudas de que blindara a todos los encausados ​​y querían introducir modificaciones en cuanto a los delitos de terrorismo y traición. El no de los junteros se produjo al día siguiente de que el juez Joaquín Aguirre abriera la puerta a investigar a Carles Puigdemont por este último delito en el marco de la trama rusa del Proceso. "Me han dicho que ayer se tumbó la ley de amnistía, que se tumbó por mí", se jactó el 31 de enero el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ​​según un audio publicado este lunes por diario rojo Aguirre vinculaba así la negativa de Junts a votar a favor de la amnistía en el primer intento de aprobarla en el pleno de la cámara baja, en su decisión de prorrogar seis meses la instrucción del caso Volhov. Una decisión que acabó tumbando la Audiencia de Barcelona.

La Audiencia de Barcelona parecía pararle los pies al juez Joaquín Aguirre, empeñado en encontrar conexiones entre Carles Puigdemont y Vladímir Putin, pero la nueva causa abierta por la trama rusa del Proceso demuestra todo lo contrario. Ante el movimiento del magistrado, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que se querellará contra Aguirre por prevaricación y también por malversación, al considerar que lleva años gastando dinero público en especulaciones sin fundamento. Lo ha explicado en una entrevista en Más 3/24, donde ha cargado contra el "delirio" del juez del caso Volhov. "La única trama rusa que se investigará es la del juez Aguirre y las personas que le están ayudando por ese delito de prevaricación, en concurso con un delito de malversación. En los próximos días presentaremos sin lugar a dudas una querella contra Aguirre" , ha recalcado Boye.

El juez protagonista de la investigación de la trama rusa del independentismo y del caso Negreira, Joaquín Aguirre, rechazó el escolta de los Mossos y se aferró exclusivamente a la Policía Nacional. Según ha avanzado El Español y confirmó el ARA, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tramite con el ministerio del Interior la petición de escoltas del cuerpo policial estatal, ya que no ve "oportuno" que le hagan el servicio los agentes de la policía catalana, que son los que en condiciones normales deberían hacerlo. De hecho, así lo remitió el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, quienes confirman que han recibido la petición, aunque señalan que corresponde a los Mossos.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ​​el juez Joaquín Aguirre, recibió el pasado jueves un falso paquete bomba que fue detectado antes de que llegara a su despacho de la Ciudad de la Justicia, según avanzó El Mundo y ha podido confirmar el ARA. Dentro del paquete, de tamaño similar a una caja de zapatos, había una estación meteorológica que simulaba ser un temporizador y justo debajo había un paquete más pequeño envuelto, que a simple vista parecía la carga explosiva.

El juez Aguirre ha reactivado este lunes la investigación de la trama rusa del Proceso y en los despachos de las defensas han saltado todas las alarmas. El instructor habla de la supuesta disposición de Rusia a dar "apoyo económico y militar" al independentismo para conseguir la "secesión" de España y, de rebote, la desestabilización de la Unión Europea, hechos que abren la puerta a imputar el delito de traición a los investigados de Volhov. Aparte de ser un delito con penas muy altas, hay otro hecho que hace relevante esta vía: la ley de amnistía que se aprobará este martes en el Congreso la excluye expresamente; en consecuencia, si saliera adelante, ni la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ni otros miembros de su entorno afectados por esta causa podrían beneficiarse. Y quién sabe si en la lista de investigados acabaría apareciendo el propio expresidente del Gobierno.

Manuel García-Castellón no está solo. En la cruzada que el magistrado que persigue al Tsunami Democrático ha iniciado contra la ley de amnistía se ha sumado el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y encargado de la investigación de caso Volhov. Este lunes debe prorrogado seis meses la instrucción sobre la trama rusa del Proceso, con el posible objetivo de terminar viendo un presunto delito de alta traición, excluido explícitamente de la norma que este martes se vota en el Congreso. García-Castellón y Aguirre han compartido documentación sobre las causas que investigan –la parte de Volhov que afectaba al Tsunami Democrático pasó a la Audiencia Nacional–, ahora se mueven ambos para torpedear la amnistía y también les relaciona su papel en la operación Cataluña. Aguirre por su proactividad y García-Castellón por su pasividad a la hora de investigarla.

Un día antes de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, la justicia reactiva la trama rusa del Proceso. El titular del juzgado número 1 de Barcelona, ​​Joaquín Aguirre, ha decidido alargar medio año más la investigación, según ha dictado en un auto que ha avanzado El Periódico ya la que ha tenido acceso el ARA. En la resolución, el juez insiste en que hay indicios claros de que afianzarían que Rusia estaba dispuesta a dar "apoyo económico y militar" al independentismo catalán para lograr la secesión de España. El país presidido por Vladimir Putin habría tenido interés en el Proceso por intentar "desestabilizar la Unión Europea", según Aguirre. Pero las defensas, que siempre han negado la veracidad de las tesis del juez, consideran que se trata de un movimiento por incorporar a la causa el delito de traición, que está explícitamente excluido ahora mismo de la amnistía. Es decir, la justicia vuelve a moverse en la línea de intentar driblar los efectos del olvido judicial.