A principios de abril de 2024, poca gente conocía a Juan Carlos Peinado. Su nombre saltó a la fama cuando el 24 de abril se supo que había abierto una causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, tras una denuncia de Manos Limpias. Una decisión que desembocó en los cinco días de reflexión en los que el presidente español se planteó dimitir, aunque al final decidió continuar. El lunes pasado, cinco días antes de su jubilación —este sábado el BOE ya publica su jubilación forzosa a los 72 años—, el polémico juez puso la rúbrica a su carrera enviando a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por tráfico de influencias y malversación.

Para sorpresa de nadie, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio por malversación y tráfico de influencias.Es la noticia del día y, a la vez, ya se daba por descontada. ¿Saben aquello que pasa cuando ya se acaban los capítulos de una serie, que los guionistas ahogan a los protagonistas con una acumulación de problemas? Pues estamos aquí: a la legislatura española le quedan meses, y la consigna de “El que pueda hacer, que haga” de Aznar trabaja a destajo. Noten que el juez que envía a juicio a la mujer de Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado, se jubila la semana que viene. Se va por la puerta grande, con una pieza de caza mayor. Porque una cosa es que Begoña Gómez tenga que responder ante la ley como todo el mundo, pero no todo el mundo está respondiendo ante la ley de la misma manera. Carlos Mazón, con cientos de muertos en la conciencia, sigue cobrando un sueldo de diputado. Sería enternecedor si no fuera patético oír ayer en TVE a un ministro de Sánchez, Óscar López, reconociendo que al principio del Procés, él no entendía lo que pasaba, y que ahora lo entiende todo.

Abro el Ara.cat y lo primero que veo son dos titulares que, yuxtapuestos, resultan aún más elocuentes que leídos por separado. “Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias”, dice el de la información firmada por Núria Orriols Guiu. “Mazón se sacude la responsabilidad y se niega a dar nuevas explicaciones en el Congreso sobre la dana”, dice el de la noticia que firma Andrea Zamorano.Además de tratar sobre la bituminosa política española, ambos tienen el elemento común del deber cumplido. El juez Peinado, convertido en icono de la justicia puesta al servicio de unos intereses políticos que no escaparían a la comprensión ni de un niño, se jubila el domingo y no quería hacerlo sin haber llevado a cabo el objetivo que se había propuesto (y, también podemos entenderlo así, al que se había comprometido): llevar a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, a juicio por una causa completamente inventada que ha tenido uno de los recorridos más estrafalarios y ridículos de la justicia española de los últimos diez años (y eso es decir mucho). Lo ha hecho tal como él quería: con un jurado popular, para incrementar la posibilidad de una sentencia condenatoria. La familia a la prisión: Begoña Gómez, David Sánchez y, si puede ser, Pedro Sánchez en persona. En su caso, por traidor a España. Este es el sueño húmedo actual de la derecha española, una revancha máxima contra unos agravios imaginarios. Es la misma derecha que de vez en cuando siente la necesidad de salvar España, aunque sea cargándose el estado de derecho o, directamente, a unos cuantos cientos de miles de ciudadanos como sucedió durante la Guerra Civil y la dictadura. Y es, también, la realización escrupulosa del mandato de Aznar: quien pueda hacer, que haga. Seguramente, Peinado no tendrá recompensa porque los esbirros no suelen tenerla, más allá de unas palmaditas en la espalda. Y la satisfacción del deber cumplido.También cumplió su deber Mazón, aguantando el escándalo de la desastrosa gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y de los 230 muertos que causó la negligencia de su gobierno, sin dimitir, sin convocar elecciones y propiciando una transición fácil con su segundo, Juanfran Pérez Llorca, de tal manera que la gestión de los treinta mil millones del Plan de Reconstrucción quedasen en manos del PP y de su gobierno. En contrapartida, le ha quedado un sueldo de expresidente, un escaño en las Cortes Valencianas donde puede ir a echarse la siesta si le apetece y una exculpación en toda regla del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que Mazón exhibía este lunes en su comparecencia en el Congreso como si fuera una licencia para matar. Y que abortó la investigación de la juez de Catarroja, como mínimo hasta que Mazón no pierda el aforamiento. El inepto y mentiroso tiene premio y protección; la mujer que hasta donde sabemos no ha hecho nada punible pero que está casada con el líder político equivocado corre el riesgo de ser condenada; el juez que la persigue tiene el aplauso de la horda neofranquista. La yuxtaposición explica bien, en efecto, el momento de degradación de la política y de la justicia en que nos encontramos.

El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a la mujer del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez. Así terminan más de dos años de instrucción judicial, cuestionada directamente por el Gobierno español y, a veces, por la propia judicatura. Este lunes, pocos días antes de su jubilación, el juez Peinado ha dictado el auto definitivo para sentar a Gómez en el banquillo de los acusados por delitos de malversación y tráfico de influencias. La mujer del presidente español será juzgada por jurado popular, nueve ciudadanos de Madrid elegidos al azar y, dependiendo del calendario, se podría realizar en paralelo a las elecciones generales de 2027.

Después de las vacaciones y de una reanudación del curso político protagonizada por la crisis de Ceuta, los tribunales vuelven a la primera plana de la actualidad. Esta semana, Pedro Sánchez verá que dos directivos de Plus Ultra, la gerente del PSOE y el exdirector de la Guardia Civil desfilan por la Audiencia Nacional en las dos investigaciones que han cobrado más vuelo en las últimas semanas y que más le pueden hacer tambalear: las del caso de Koldo y de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué debe pasar los próximos días y semanas?

Un “antipartido” que “no se alinea con ninguna ideología” y que reniega del “régimen del 78” es el responsable de que la Audiencia Nacional esté investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de que, en paralelo, un juzgado de Madrid haya abierto una causa penal sobre la compra de el ático de lujo para Isabel Díaz Ayuso. Es Iustitia Europa, una formación conocida por intervenir como acusación popular en los casos judiciales del entorno del PSOE y que en 2027 dará el salto a las elecciones generales. “Somos transversales y defendemos que la solución a la corrupción ha de venir desde la sociedad civil. Después de casi cincuenta años, tenemos un problema grave en España y hay que alejarse de las ideologías de izquierdas y derechas”, defiende su presidente, Luis María Pardo, en conversación con el ARA.

Después de que la Audiencia de Madrid haya avalado que sea juzgada con jurado popular –a pesar de que le ha retirado dos delitos y le ha devuelto el pasaporte– y que Hazte Oír haya pedido trece años de prisión para ella, Begoña Gómez sacude el tablero y, según confirman a el ARA fuentes conocedoras, ha decidido cambiar de abogado. De esta manera, prescinde del letrado que la ha defendido a lo largo de toda la instrucción de dos años, Antonio Camacho, y ficha a Jaime Campaner, que también es el abogado de Josep Pujol Ferrusola.

Los progresistas se han impuesto a los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, han propuesto sancionar al juez Juan Carlos Peinado por una falta leve de desconsideración por haber insinuado que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir. Las diligencias informativas se abrieron hace un mes y ya en aquel primer momento el CGPJ quedó dividido porque los vocales conservadores alegaron que revisar las palabras del juez sobre las medidas cautelares no era competencia del CGPJ. Al principio, había sobre la mesa una posible falta grave, pero finalmente se ha reducido a leve. Este enroque de posiciones, que frenó el primer intento de llegar a un acuerdo, se ha mantenido hasta el final, pero el voto de calidad de Perelló –igual que en la votación inicial– ha deshecho el empate. La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora deberá decidir si sanciona al juez o no: le puede hacer una advertencia, imponerle una multa de hasta 500 euros o aplicarle ambos castigos.

Casi cada semana aparece una nueva imputación relacionada –más directamente o más indirectamente– con el PSOE. El último nombre que ha emergido es Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos del 2018 al 2023 y director del gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. Su nombre se suma a una larga lista de personas –con diferentes niveles de responsabilidad– presuntamente implicadas en catorce líneas de investigación abiertas. El primer condenado fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero hay un total de 50 cargos relacionados con el gobierno español o con el PSOE, miembros de la Guardia Civil y hombres que fueron de la máxima confianza de Sánchez que han acabado ante un juez. Son hasta 109 si contamos también los 59 empresarios, familiares y abogados –y otros perfiles– imputados en las diferentes causas abiertas.

Decisión relevante de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa que afecta a Begoña Gómez. Desde hacía semanas el gobierno español esperaba su pronunciamiento para que parara los pies al juez instructor, Juan Carlos Peinado, y finalmente la decisión ha llegado este jueves. ¿Qué ha decidido la sala? Los cinco magistrados ordenan retirar las medidas cautelares y devolverle el pasaporte –consideran que no hay riesgo de fuga "real" porque tiene arraigo familiar y fue una decisión "poco afortunada"–, pero avalan que la juzgue un jurado popular.

Juan Carlos Peinado duda de Begoña Gómez y vuelve a mover ficha. Después de que la mujer de Pedro Sánchez volara a Londres para asistir a la graduación de su hija, que fue el pasado viernes, el juez que la ha estado investigando durante dos años y le ha prohibido salir de España por riesgo de fuga, le da cinco días para que demuestre que utilizó el pasaporte solo para este viaje: “Requerirle que acredite que el pasaporte ha sido utilizado para el fin concreto para el cual se dejó sin efecto la medida cautelar”, apunta en una providencia a la que ha tenido acceso el ARA. Y añade que quiere comprobarlo para asegurarse de que no ha hecho “ningún acto” que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Cuatro semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, fichó a Antonio Viejo (Madrid, 1959) como secretario general de la administración de justicia. Durante dos años se encargó del “impulso, la dirección y el seguimiento” de “la modernización, la ordenación y la distribución de los recursos humanos y materiales” de la administración de justicia y las relaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial o con la Fiscalía. Estuvo al cargo hasta febrero de 2020, después de la conformación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unides Podem.

Si los últimos acontecimientos del siglo XXI no te tienen despistado o despistada, es que vives al margen de todo. Y si todavía te mueves con los códigos del siglo XX, ya puedes ponerte las pilas o el tsunami te cogerá por sorpresa. Porque en plena era de las fake news, intentar ajustar lo que sucede a la lógica de la realidad es una tarea inútil, tan inútil como intentar vivir sin conexión a internet.

Juan Carlos Peinado vuelve a defender a capa y espada haber retirado el pasaporte a Begoña Gómez y haberle impedido que salga de España para evitar que se fugue. Lo hace en un informe que ha presentado a la Audiencia de Madrid para responder al recurso de apelación de los abogados de la mujer de Pedro Sánchez contra las medidas cautelares. Él hace como si oyera llover y se “reafirma y reitera” en todas ellas. Hace dos días, otro juez, que le sustituyó, impidió que Gómez viajase a Turquía para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN, pero le permitió ir a Londres a la graduación de su hija. “No sería la primera ocasión en la que un presidente del gobierno de un estado miembro de la Unión Europea se escapa a un país del continente africano ante un procedimiento de una trama de corrupción”, sostiene Peinado en el escrito, al que ha tenido acceso el ARA.

Cuando me imaginaba que el amor era eterno y que todas las parejas envejecían cogidas de la mano, no solo las delicadas, dulces y admirables, y que se podía hacer como las de aquella canción que tanto me gustaba (“nunca dormiremos en camitas separadas”), el trabajo de primer ministro y esposa, o el de reina y consorte, viajando por el mundo, yendo a actos aburridos, me parecía divertido. “Qué rollo, hoy iremos a inaugurar tal cosa”, pensaba que se debían decir, listos, porque sabían que habría un “vestirse” para el trabajo, hacerlo, darse golpes por debajo de la mesa del banquete e ir al hotel, finalmente, por la noche. Decirse “peor es trabajar”.

Juan Carlos Peinado se ha quitado la presión de encima y se ha ido de vacaciones sin resolver la petición que le hizo Begoña Gómez de poder salir de España. El juez que ha tenido que mojarse ha acabado siendo Antonio Viejo Llorente, el mismo que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su decisión ha sido no permitir que la mujer de Pedro Sánchez viaje a Ankara para asistir a la cumbre de la OTAN, que se celebra del 7 al 8 de julio, fundamentalmente porque Turquía no pertenece a la Unión Europea y, por tanto, considera que una hipotética extradición sería más complicada. Ahora bien, sí que le permite desplazarse a Londres para asistir a la graduación de su hija, que será el viernes 10.

Primeras consecuencias de la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez, a quien el juez Juan Carlos Peinado ha retirado cautelarmente el documento y le ha prohibido salir del Estado, ha tenido que hacer una primera solicitud al magistrado para que se le levante la medida. En un escrito, al cual ha tenido acceso el ARA, Gómez le pide permiso para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN que se celebra del 7 al 10 de julio en Ankara, Turquía, y también para aprovechar el desplazamiento para asistir a la graduación de su hija, que se celebrará en Londres.

Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la vía para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, para argumentar que los escoltas de la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir. Pese al ruido mediático, el historial demuestra que sancionar a un magistrado es casi una quimera. Ejemplos recientes lo avalan: el CGPJ acabó archivando en 2024 el expediente a un juez que llamó "psicópata" al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y en febrero de 2026 la mayoría conservadora hizo la vista gorda con los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara, que llamaron "Barbigoña" a la esposa del presidente, amparándose en la libertad de expresión.

Se ha acabado el curso escolar, mañana es la verbena de San Juan y el verano ha comenzado en plena ola de calor, que nos recuerda que los vaticinios sobre las consecuencias del cambio climático en Cataluña se están cumpliendo puntualmente, por desgracia.Y con todo, la noticia de hoy no es esta, sino la del juez Peinado, que este fin de semana ha pedido el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer del presidente español, Pedro Sánchez. El juez considera (espérame el cubata) que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Miren si el juez Peinado la ha liado gorda que esta mañana el CGPJ se ha vuelto a reunir para ver si le abre un expediente.No hay duda alguna de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. Van detrás de ella. Quieren que dimita. Más aún, la quieren en la cárcel. A ver, la corrupción en el PSOE ya ha llevado a tres colaboradores de Sánchez a la cárcel, pero eso no es incompatible con el hecho de que Sánchez esté siendo objeto de una persecución política por parte de elementos del poder judicial, obedientes al grito de guerra aznariano “el que pueda hacer que haga”, que creen que tienen el deber corporativo y patriótico de impedir que la amnistía corrija lo que el Tribunal Supremo sentenció. Sobre todo porque gracias a la amnistía Sánchez ha conseguido gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. Y ya hace ocho años que es presidente. Y se les está haciendo eterno.