Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la vía para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, para argumentar que los escoltas de la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir. Pese al ruido mediático, el historial demuestra que sancionar a un magistrado es casi una quimera. Ejemplos recientes lo avalan: el CGPJ acabó archivando en 2024 el expediente a un juez que llamó "psicópata" al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y en febrero de 2026 la mayoría conservadora hizo la vista gorda con los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara, que llamaron "Barbigoña" a la esposa del presidente, amparándose en la libertad de expresión.

Se ha acabado el curso escolar, mañana es la verbena de San Juan y el verano ha comenzado en plena ola de calor, que nos recuerda que los vaticinios sobre las consecuencias del cambio climático en Cataluña se están cumpliendo puntualmente, por desgracia.Y con todo, la noticia de hoy no es esta, sino la del juez Peinado, que este fin de semana ha pedido el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer del presidente español, Pedro Sánchez. El juez considera (espérame el cubata) que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Miren si el juez Peinado la ha liado gorda que esta mañana el CGPJ se ha vuelto a reunir para ver si le abre un expediente.No hay duda alguna de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. Van detrás de ella. Quieren que dimita. Más aún, la quieren en la cárcel. A ver, la corrupción en el PSOE ya ha llevado a tres colaboradores de Sánchez a la cárcel, pero eso no es incompatible con el hecho de que Sánchez esté siendo objeto de una persecución política por parte de elementos del poder judicial, obedientes al grito de guerra aznariano “el que pueda hacer que haga”, que creen que tienen el deber corporativo y patriótico de impedir que la amnistía corrija lo que el Tribunal Supremo sentenció. Sobre todo porque gracias a la amnistía Sánchez ha conseguido gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. Y ya hace ocho años que es presidente. Y se les está haciendo eterno. 

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir el proceso para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga la causa de Begoña Gómez, por argumentar que los escoltas de la mujer del presidente español, Pedro Sánchez, podrían ayudarla a huir. Esta justificación, por la que el magistrado decidió retirarle el pasaporte como medida cautelar, es la razón por la que el órgano judicial ha decidido abrir un expediente. Según explican desde el CGPJ, las palabras del juez pueden constituir una "falta grave de desconsideración", prevista en el artículo 418.5 de la ley orgánica del poder judicial. Ahora habrá un promotor del expediente que después de diversas diligencias informativas decidirá si le abre definitivamente el expediente o dicta una resolución de archivo. Fuentes consultadas del CGPJ aseguran que hay otras quejas pendientes contra Peinado que se podrían analizar también esta misma semana.

No hay ninguna duda de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. La derecha y ultraderecha madrileñas (valga la redundancia) ya no están dispuestas a esperar ni un minuto más a que convoque elecciones. Por eso el juez (aguántame el cubata) considera que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Ya hace meses que lo escribimos aquí: al presidente socialista lo quieren en prisión.La derecha nacionalista española (disculpen otra vez la repetición) está rabiosa. ¿Por la amnistía y los indultos a los independentistas catalanes a cambio de la investidura? Sí, claro. Pero no por la bandera, que agitan farisaicamente, sino por el poder. Ocho años de presidencia socialista quiere decir ocho años sin controlar el BOE, con sus nombramientos y sus reales decretos. Desde Cataluña tenemos la perspectiva necesaria para entender que estamos asistiendo a un nuevo golpe de estado. Un golpe que no empezó con la ley de amnistía, en la que Sánchez tuvo el atrevimiento de corregir la sentencia del Supremo (y que, precisamente por eso, no se acaba de aplicar). La derecha no digirió la derrota del 2004 por las mentiras de Aznar cuando hubo los atentados de los trenes en Madrid, ni el Estatut del 2006, corregido por el Constitucional después de ser aprobado en referéndum. Aquella maniobra jurídica, y las que vinieron después con las causas por el 9-N y el 1-O, se parece bastante a esta decisión del juez pensada para atacar al ejecutivo desde un poder judicial desbocado. Y el PSOE estaba más que advertido de que, cuando conviene, no es más que la coartada necesaria para homologar España como una democracia con alternancia de partidos. Pero ahora la coartada se ha acabado. Ya se alternarán PP y Vox.

Hace meses que la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, genera malestar entre las filas socialistas: lo consideran una "persecución" contra Gómez por el hecho de ser la mujer del jefe del ejecutivo estatal. Este fin de semana, sin embargo, Peinado también ha conseguido indignar a la policía y a parte de la judicatura por el argumento que usó para justificar la retirada del pasaporte a Gómez, una medida cautelar que había solicitado la acusación popular que capitanea la entidad ultra Hazte Oír. El magistrado consideró que había riesgo de fuga porque sus escoltas podrían ayudarla en una posible huida. Un argumento que hizo enfadar al cuerpo policial y que también puso en alerta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto es así que este lunes la comisión permanente de este órgano estudiará si expedientar a Peinado.

En un libro publicado a principios de año (Sobre el imperio de la ley), su autor, Javier Cremades, advierte sobre la fragilidad del estado de derecho.

El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte. El magistrado ha resuelto este sábado la petición de medidas cautelares que habían hecho las acusaciones populares en la audiencia del lunes. De esta manera, Gómez no podrá acompañar a Sánchez en los viajes internacionales. Además de la retirada del pasaporte, también le prohíbe salir del Estado y le obliga a presentarse cada quince días en el juzgado. Son las medidas que había pedido Hazte Oír, la entidad ultra que agrupa las acusaciones populares, porque consideraba que había riesgo de fuga. No había pedido, sin embargo, prisión preventiva. Peinado también acepta las mismas medidas cautelares para la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

Resulta complicado hablar de lawfare en los casos que acosan al PSOE por la multitud de pruebas y evidencias que se acumulan cada día, pero si hay uno que podría servir para ilustrar un caso de lawfare de manual sería el que afecta a la mujer del presidente español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado una instrucción surrealista, guiada por una evidente mala fe y hostilidad hacia Pedro Sánchez y su entorno. Por eso, todo el mundo daba por hecho que el pasado lunes, cuando Begoña Gómez fue citada para una vista, el juez procedería a comunicarle su procesamiento y la apertura del juicio oral. Sorprendentemente, sin embargo, cinco días después, el juez aún no ha comunicado su decisión, y ni siquiera ha dictaminado sobre la petición de la acusación popular de retirarle el pasaporte de forma preventiva, lo que alarga sin justificación el procedimiento.

Mientras todos estaba a la espera de que Juan Carlos Peinado decidiera si enviaba a Begoña Gómez a juicio y si le retiraba el pasaporte, el polémico juez ha hecho un movimiento inesperado y ha decidido abrir una nueva línea de investigación en la causa sobre la mujer de Pedro Sánchez. Es una pieza separada por los delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea por un contrato que fue adjudicado a una empresa de Juan Carlos Barrabés. En una providencia de poco más de 200 palabras, el magistrado se limita a citar el decreto de la Fiscalía Europea y evita hacer una mínima explicación de quién intervino. Es, pues, un primer paso muy embrionario. Cuatro horas después de que trascendiera, Peinado ha tenido que dictar una nueva resolución para "aclarar" que la pieza se abre "únicamente" respecto al empresario y, por tanto, deja fuera a la esposa del presidente español.

La vida política española tiene esta semana un calendario bastante explícito: ayer declaró ante el juez Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez; hoy declara en el Senado la directora general de la Guardia Civil por sus contactos con Leire Díez, y mañana tiene que declarar Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales por haber hecho de intermediario en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, a pesar de que el expresidente español ha pedido más días al juez para defenderse sobre el origen de las joyas, que ahora resulta que tienen un valor que asciende a más de un millón de euros. Es un momento infernal para el PSOE.El juez tiene que decidir si retira el pasaporte a Begoña Gómez, porque no quiere que salga de España porque cree que hay riesgo de fuga, mientras que de la investigación de la Guardia Civil sobre las cloacas del PSOE se desprende que Santos Cerdán ordenó aprobar todos los viajes de Leire Díez sin ninguna comprobación y que “nadie sabe qué pasaba en el despacho de Cerdán”. Contactos en Madrid me dicen que la mayoría de los ministres están desolados, y que Sánchez aguanta porque se lo juega la vida o, al menos, la libertad. La deriva catalana de este panorama ya la saben: Salvador Illa es íntimo de Sánchez y, ahora mismo, es el único dirigente socialista con peso en España.Y mientras tanto, ¿qué hace Illa? Ayer el president firmó un nuevo pacto de estos que tanto le gustan, esta vez con patronales y sindicatos, para relanzar la industria, de manera que dentro de tres años y medio, en 2030, la industria represente el 25% del PIB de Cataluña. Ahora no llega al 20% en una economía, como la nuestra, muy inclinada hacia el sector servicios.Cataluña es todavía un país industrial, y hace más de un siglo que lo empezó a ser. Quiero decir que hay realidades que no se improvisan, y ahora Illa vuelve a una narrativa muy pujolista de la Cataluña locomotora a través del crecimiento industrial. El viernes oí al presidente en La Seu d'Urgell, en el Encuentro Empresarial en el Pirineo. Les habló de aquella asociación de los Cuatro Motores para Europa de la época de Pujol, creada en 1988: Cataluña (Barcelona), Baden-Wurtemberg (Stuttgart), Lombardía (Milán) y Auvernia-Ródano-Alpes (Lyon). Illa habló a los empresarios de confianza, del valor de un sistema público de salud como el de Cataluña, e incluso del humanismo cristiano. Fue un discurso de normalidad institucional y constitucional, sin aventuras políticas, muy centrado en reverdecer el potencial económico del país a base de innovación, de apertura exterior y de exportaciones, en un tono que recordaba el de Pujol, con la diferencia de que han pasado 23 años desde que Pujol dejó de ser presidente. Illa habla del futuro económico del país como un convergente, quizás porque aspira a ganar la reelección desde la centralidad convergente, ahora que la rosa del puño está marchita y amenazada y que los herederos de Convergencia están atrapados con el líder aún en el exilio.Buenos días.

Un autobús de Hazte Oír pasa por delante de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla de Madrid anunciando la buena nueva: Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, procesada por cuatro delitos. Una decena de personas con banderas españolas y con pancartas de "Sánchez corrupto" gritan y aplauden a su paso, mientras una veintena de periodistas hacen guardia a las puertas del edificio con un amplio despliegue policial. Este lunes era un día clave para la causa judicial que afecta a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez: el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez en una audiencia previa a un posible juicio por jurado popular y, además, ha pedido a las partes si querían tomar medidas cautelares. Hazte Oír, que agrupa las acusaciones populares, ha reclamado retirar el pasaporte a la esposa del presidente y que no pueda salir del país porque cree que hay riesgo de fuga, además de la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y medidas económicas para que no utilice las empresas bajo sospecha. No ha pedido, sin embargo, prisión preventiva.

Era el 24 de abril de 2024, a las puertas de la campaña de las elecciones al Parlament de Catalunya, cuando Pedro Sánchez lanzó una bomba en las redes. Una carta a la ciudadanía en la que se confesaba "profundamente enamorado de su mujer" y se preguntaba si valía la pena seguir adelante después de saber que se habían abierto diligencias contra Begoña Gómez en un juzgado. Se tomó cinco días de reflexión, en los que fueron muchos los que dieron por hecho que dimitiría... pero se quedó. Decidió resistir. El lector se debe preguntar por qué ahora sale a colación este episodio, pero tiene una explicación: fue durante este período de reflexión que el juez Santiago Pedraz sitúa el inicio del nuevo frente judicial que desde este miércoles afronta el PSOE.

Mientras Begoña Gómez confía en que la Audiencia de Madrid evite que se siente en el banquillo y continúa a la espera de que Juan Carlos Peinado tome una decisión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado un informe, al que ha tenido acceso el ARA, que puede ser beneficioso para sus intereses. Pero no del todo. De entrada, el instituto armado concluye que la cátedra de la Universidad Complutense que la mujer de Pedro Sánchez codirigía se creó legalmente. "Se nutre de diferentes colaboradores con un grado y carácter de participación diferente. [...] Todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Complutense y con la normativa común que le es aplicable", sostiene el documento, de 158 páginas. Además, alega que el Reglamento de creación de cátedras extraordinarias incluye la "posibilidad" de que, "excepcionalmente y por causas justificadas", se pueda designar como directora a alguien "sin vinculación laboral" con la universidad.

Después de que el juez instructor Juan Carlos Peinado haya cerrado la instrucción del caso y haya dejado a Begoña Gómez a un paso del juicio, es el turno de las acusaciones para solicitar la pena. Es lo que ha hecho este lunes la plataforma ultra Hazte Oír, que ejerce de acusación popular en el procedimiento junto con Manos Limpias, y que reclama 24 años de prisión por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso el ARA y que ha presentado la letrada de Hazte Oír al juzgado. Precisamente por la alta petición de pena privativa de libertad, pide retirarle el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez por riesgo de fuga.

Con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa en la otra punta del mundo, en una visita oficial a China, el juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción y ha enviado a Begoña Gómez a juicio. Lo hizo este lunes en un auto lleno de referencias históricas y literarias, poco habituales en el lenguaje jurídico. Como ha hecho durante toda la investigación, en el último auto Peinado demuestra tener mucho interés en vincularla a su marido, aunque el papel de Sánchez no forme parte de la instrucción. Hasta cuatro veces se refiere a ella como "la esposa de", e insiste en que la actividad profesional de Gómez experimentó un crecimiento notable una vez Sánchez llegó a la Moncloa.

El gobierno español acostumbra a ser prudente cuando se tiene que pronunciar sobre el poder judicial, pero hay dos excepciones: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que defendieron su inocencia hasta el final, y la causa de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que este lunes el juez Juan Carlos Peinado dejó a un paso de juicio. Este martes hasta tres ministros han hecho piña con la mujer de Pedro Sánchez y hasta han insinuado que hay persecución política. Aún más, se han reafirmado en que todo será corregido por instancias superiores. "Estamos en un estado de derecho y no en el régimen de Fernando VII", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en alusión a la referencia que Peinado hizo en su auto en que comparaba el gobierno español con un régimen absolutista.

La crónica política sigue siendo una crónica judicial, con los juicios que continúan a Jorge Fernández Díaz y la cúpula patriótica policial, a Ábalos y Koldo y a la familia Pujol.

Dos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales".

La Audiencia de Madrid ha lanzado un nuevo toque de atención a Juan Carlos Peinado. El juez que investiga a Begoña Gómez desde hace casi dos años sorprendió a todos el pasado mes de septiembre al decidir que la causa debería acabar ante un jurado popular –nueve ciudadanos elegidos al azar–. La esposa de Pedro Sánchez, su asesora en la Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés –con el apoyo de la Fiscalía– se opusieron y ahora la Audiencia de Madrid les da la razón. Considera que las resoluciones que dictó el instructor no tenían la "necesaria fundamentación" y no hacían un relato que incluya los "indicios verosímiles", lo que impide que las partes "conozcan de manera suficiente las razones de la decisión" y "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, anula cuatro resoluciones del juez Peinado. Ahora bien, esto no impide que el juez dicte una nueva interlocutoria bien argumentada para mantener su hoja de ruta.